El Gobierno dio nuevos pasos en su plan de privatizaciones con avances concretos sobre AySA y el Belgrano Cargas, a travs de una resolucin y el Decreto 282/2026. Por un lado, defini el nuevo contrato de concesin de la empresa de agua, mientras que por otro estableci el destino de los fondos que se obtengan de la venta de activos ferroviarios.

En el caso de AySA, se oficializ un esquema de concesin por 30 aos, con opcin a una prrroga de 10, que incluye revisiones tarifarias cada cinco aos y la obligacin de presentar planes quinquenales con metas de inversin, mantenimiento del servicio. La compaa, que presta servicio a ms de 15 millones de personas en el AMBA, deber sostener un modelo sin subsidios, basado en el equilibrio econmico-financiero y la autosustentabilidad.

El contrato introduce un sistema centrado en el cumplimiento de objetivos e inversiones, con controles ms estrictos por parte del Estado y los entes reguladores —ERAS y APLA—, que tendrn facultades de auditora, revisin y sancin. El objetivo es mejorar la cobertura de agua potable y cloacas y acercarla a los niveles promedio de la regin en el menor plazo posible.

En paralelo, el Ejecutivo avanzar con la licitacin pblica del 90% del paquete accionario de AySA, actualmente en manos del Estado, mientras que el 10% restante quedar reservado para los trabajadores de la empresa.

Por otra parte, el Decreto 282/2026 estableci que los ingresos derivados de la venta de material rodante del Belgrano Cargas —como vagones y locomotoras— sern destinados a un fideicomiso especfico para financiar obras en la infraestructura ferroviaria. Estos fondos se canalizarn a travs de una cuenta fiduciaria vinculada al sistema creado por el Decreto 976/2001.

La norma tambin instruye al Ministerio de Economa a implementar las medidas necesarias para concretar la asignacin de esos recursos y autoriza a la Secretara de Transporte a incluir en los pliegos licitatorios la identificacin del material rodante que formar parte de las futuras concesiones de las lneas Belgrano, San Martn y Urquiza, junto con sus inmuebles aledaos.

Claves del nuevo esquema de privatizaciones

• Concesin de Aysa: Se estableci un contrato de 30 aos (con opcin a 10 ms) para la operacin de agua y cloacas.
• Revisin de tarifas: Los ajustes tarifarios en Aysa pasarn a ser quinquenales (cada 5 aos) en lugar de anuales.
• Venta de acciones: El Estado licitar el 90% del paquete accionario de Aysa; el 10% restante ser para los trabajadores.
• Financiamiento ferroviario: Los fondos por la venta de locomotoras y vagones del Belgrano Cargas irn a un fideicomiso para reparar vas.
• Sostenibilidad econmica: Ambas empresas debern operar sin subsidios estatales, cubriendo gastos con sus propios ingresos.
• Control estatal: El ERAS y la Agencia de Planificacin mantendrn auditoras estrictas sobre las metas de inversin de los privados.

En el marco del evento Argentina Week 2026, que se realizará entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York, el Gobierno aprovechará uno de los paneles principales para darle visibilidad internacional al proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. La exposición estará a cargo de Alejandro Núñez, presidente de Trenes Argentinos Cargas, quien contará con 15 minutos en el escenario para presentar el proyecto ante inversores, bancos y organismos multilaterales.

Según fuentes cercanas al Gobierno, el objetivo no será buscar oferentes directamente en ese ámbito, que tiene más de 300 invitados, sino “darle visibilidad al proyecto” y, en paralelo, avanzar en conversaciones con organismos de financiamiento internacional.

“Argentina ha hecho las cosas muy bien en términos económicos y estructurales, pero todavía no tiene muchos proyectos concretos para un público inversor internacional. Uno de los pocos que sí existen es la privatización de Belgrano Cargas”, señaló un entendido de la materia.

En ese marco, el Gobierno mantiene conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Financiera Internacional -brazo financiero del Banco Mundial- y la agencia federal Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. Además, en Nueva York estarán presentes bancos internacionales.

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El financiamiento internacional buscaría rubricar la inversión de los futuros actores privados que tomen la concesión de la empresa. “Cada entidad privada presenta su propio modelo de negocio y se lo presenta a la institución financiera, que definirá monto a prestar, tasa y plazo”, explica la fuente en diálogo con Ámbito.

En paralelo, el equipo oficial organizará otro evento en el Consulado Argentino en Nueva York, con capacidad para 40 o 50 personas, orientado a cuadros técnicos de entidades financieras y analistas especializados.

“Argentina Week es un evento de muy alto rango; pero solo habrá 20 minutos para contar y darle visibilidad al proyecto. En el consulado es donde realmente habrá un intercambio más técnico”, entiende una fuente que tendrá participación especial en el evento.

El consorcio de cerealeras espera los pliegos para fines de marzo

La privatización contempla una inversión mínima obligatoria en vías cercana a los u$s800 millones entre los tres ramales, el Belgrano, el San Martín y el Urquiza. ¿Cuánto podrá conseguir el Gobierno de inversores internacionales? Aspira a obtener entre el 50% y el 70% del financiamiento de capital.

Los pliegos, según confirmaron, están terminados del lado técnico y atraviesan la etapa de revisión final. “Seguramente esté listo para publicarse a fines de marzo”, comentan a este medio. El objetivo es finalizar el proceso este año. “Tenemos que terminar el año con esto entregado al sector privado”, concluyeron.

En ese sentido, el presidente Javier Milei señaló en su discurso de la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso: “En un año tendremos toda la red experimentando su modernización más grande en más de un siglo”.

El modelo prevé fuertes inversiones durante los primeros seis años y una reducción progresiva de costos logísticos. El objetivo es que el tren pase de transportar del 5% al 20% de la carga en pocos años, con los ferrocarriles concentrados en trayectos cortos entre pueblos y estaciones ferroviarias.

La expectativa privada también incluye, en el mediano plazo, sumar el transporte de minerales como cobre, plata y litio del norte argentino.

Por el potencial del proyecto, y tras el cambio en el diseño original de la licitación para la habilitación de ofertas integrales por activos y operación, las grandes cerealeras no tardaron en aparecer para disputar la concesión de la empresa. Así, constituyeron legalmente el Consorcio Pro-Ferrocarril Belgrano, integrado por: Aceitera General Deheza (AGD), vocera del grupo, Dreyfus, Cargill, Asociación de Cooperativas Argentinas y Bunge, recientemente fusionada con Viterra.

Entre las cinco empresas representan el 85% de la carga actual del Belgrano Cargas, cuyo principal producto son cereales y oleaginosas con destino a los puertos del Gran Rosario.

El planteo del consorcio es directo: si concentran la carga y pueden incrementarla mediante inversión en vías y logística -incluidas estaciones- competirán por la concesión, considerando al Belgrano Cargas estratégico para mejorar competitividad internacional.

Actualmente, según remarcan, el costo por tonelada de un camión que traslada maíz desde Salta a Rosario es más caro que enviar esa tonelada por barco desde Rosario a Vietnam.

El grupo ya confirmó que competirá y se encuentra a la espera de la última versión del pliego.

El peso del acuerdo EEUU–Argentina en la presentación del proyecto

Una fuente vinculada al sector agroexportador plantea una explicación más profunda respecto de la presentación del plan de privatización en New York: el proyecto aterriza en territorio norteamericano en el marco de la acuerdo comercial firmado con Estados Unidos. “No me extrañaría que los pliegos pasen por Washington”, analiza.

En ese acuerdo aparecen referencias a la participación de empresas estadounidenses para la inversión en sectores estratégicos e importación por parte de Argentina de bienes de capital usados, vehículos y partes.

Los puntos mencionados en el acuerdo son los siguientes:

• Argentina facilitará la inversión de empresas estadounidenses en sectores estratégicos, incluyendo: minerales críticos, energía (incluyendo hidrocarburos, energías renovables e infraestructura asociada) e infraestructura logística vinculada a exportaciones energéticas.
• Argentina otorgará trato no menos favorable que el otorgado a inversionistas nacionales o de terceros países, sujeto a su legislación interna.
• Las partes cooperarán para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas.

Y detalló una serie de compromisos específicos:

• Bienes Usados y Remanufacturados: Argentina, respecto de su prohibición de importación de bienes usados, eximirá bienes de capital adicionales, incluidos equipos de construcción, agrícolas y mineros y dispositivos médicos, mediante la modificación de la normativa relacionada con el Decreto 273/2025, y continuará trabajando con los Estados Unidos para ampliar el acceso al mercado para bienes remanufacturados.
• Vehículos Automotores y Partes: Argentina aceptará, conforme a sus leyes y reglamentos, vehículos y partes fabricados conforme a las Normas Federales de Seguridad Vehicular de EE.UU. (FMVSS) y estándares de emisiones de EE.UU., y vendidos en Estados Unidos, aceptando los procedimientos de cumplimiento estadounidenses sin requisitos adicionales de conformidad.

Según la fuente consultada, el Gobierno buscaría encuadrar la presentación de la privatización de Belgrano Cargas dentro de este esquema de infraestructura estratégica, junto con Urquiza, San Martín y Ferrosur (que conecta Vaca Muerta con Bahía Blanca). “El Gobierno está bastante urgido de lograr que esto salgan rápido por el famoso tema dólares”, afirmó.

Luis Caputo, ministro de Economía, señaló en recientes declaraciones que se avanzará en la privatización o concesión de empresas como AySA, Intercargo y Belgrano Cargas, y la venta de acciones de Transener. “Van a estar todas traccionando a partir de junio de este año” y “va a dar buen impulso a la economía”, aseguró.

Sin embargo, el cronograma tentativo que se analiza en el consorcio contempla la apertura de sobres y la revisión técnica entre agosto y octubre, con eventual adjudicación en noviembre. “Los dólares que lleguen quizás no se vean en 2026”, dijo una de las fuentes.

13 de febrero 2026 – 18:35

La medida de fuerza fue anunciada por el Frente de Sindicatos Unidos, que agrupa a ATE, UOM, Aceiteros y las dos CTA, entre otros.

El Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) anunció este viernes la convocatoria a un nuevo paro general con movilización al Congreso de la Nación para cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

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Luego de la masiva marcha de la CGT del miércoles pasado, gremios alistan los cañones y se preparan para salir a la calle en rechazo del proyecto de “modernización laboral” que recibió media sanción en el Senado.

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El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, uno de los impulsores del frente, llamó a “construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores” para lograr “voltear la ley” o “al menos que se empantane su tratamiento”. “No es una utopía”, afirmó.

Además de ATE, el FRESU está integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros, Luz y Fuerza, el Centro de Patrones, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), CTERA y las CTA de los Trabajadores y de los Argentinos.

El sindicalista aseguró que el Gobierno libertario “tomó nota” en las últimas horas de que en la sociedad “crece la conciencia sobre la gravedad de esta norma” y de “los perjuicios que acarreará rápidamente en el mundo laboral”.

Por ese motivo, convocó al paro y movilización gremial para “frenar la corrupción y los sobornos en Diputados”. “El miércoles había más valijas en el Congreso que en la Terminal de Retiro en época de vacaciones”, denunció.

Aguiar anunció que el gremio de estatales avanzará en la convocatoria a las “instancias orgánicas” para ratificar la medida de fuerza, con el objetivo de planificar su implementación para cuando Diputados defina la fecha de tratamiento.

Los haberes públicos volvieron a ser el segmento más perjudicado: subieron solo 1% nominal durante diciembre y sufrieron una pérdida de 1,8% del poder adquisitivo. En tanto, los privados aumentaron un 2,5%, experimentando una caída real del 0,3%, según el cálculo de Ámbito en base a los datos del INDEC. Los ingresos de estos últimos trabajadores se retrotrajeron “a niveles de septiembre-octubre de 2024”, precisó el economista Gabriel Caamaño.

En la medición interanual, los salarios registrados en su totalidad cerraron 2025 con una caída real del 2,1%. Subieron 28,8% nominal frente a una inflación de 31,5%. Aunque esta baja interanual se explica exclusivamente por el retroceso del último cuatrimestre, cuando el poder adquisitivo se hundió 2,5% real.

El pronunciado descenso de los últimos cuatro meses del año se explicó por la aceleración inflacionaria, ya que -tal como explicó a este medio el sociólogo Daniel Schteingart– los haberes se actualizan por la inflación pasada, que en general es más baja que la del mes corriente. “Por ese motivo caen los salarios reales. También cuando se desaceleran los precios suele ocurrir lo inverso”, subrayó el especialista.

Teniendo en cuenta este punto, vale aclarar que en 2024 los salarios ganaron poder adquisitivo. Sin embargo, si se toma como referencia noviembre de 2023 -cuando se produjo el salto inflacionario del 25% tras la devaluación del Gobierno de Javier Milei- se observa una caída real del poder adquisitivo. Se trata únicamente de una diferencia en la base de comparación, ya que la pérdida real y abrupta de los salarios se dio en el último mes del año.

Al tomar como base noviembre de 2023 (llegada de Milei al Ejecutivo), la caída de los salarios es aún más pronunciada: todo el universo de registrados bajó 7,1% real. Pero desagregando los sectores, el público perdió 17,03% de su poder adquisitivo, mientras que los privados solo cedieron 1,55%.

Salarios del SIPA

La Secretaría de Trabajo informó este miércoles que el salario real de los trabajadores asalariados en el sector privado cayó 0,5% en diciembre, según una proyección elaborada en base a información parcial. De esta manera, los ingresos en este segmento acumularon cuatro meses consecutivos a la baja, en línea con los datos del INDEC.

Con estos números, los salarios cerraron 2025 con una merma interanual del 2% y quedaron más de 3% por debajo del nivel de febrero de 2025. “En comparación con noviembre de 2023, muestra un aumento del 1%, pero considerando el IPC corregido por la actualización de la canasta en función de la ENGHo 2017/18, presenta una caída del 3,5%”, señaló LCG.

¿Cuánto cayeron los salarios con el IPC actualizado?

Otra de las polémicas gira en torno al IPC del INDEC en base a la canasta de bienes y servicios de 2017/18, que el Gobierno de Javier Milei decidió no publicar y que desencadenó la salida de Marco Lavagna del ente.

“Es necesario aclarar que esta pérdida de salario real sería mayor si el Gobierno no hubiera decidido continuar la estimación de la inflación minorista con el IPC de 2004/05, en lugar de hacerlo con el oficial de 2017/18, que el propio Gobierno reconoció”, subrayó el economista Pablo Ferrari.

Según precisaron a este medio desde Vectorial, la pérdida del poder adquisitivo del sector público habría sido del 22,6% con la ENGHo 2017/18 durante 2025, mientras que los privados habrían caído un 8,1%.

Estas variaciones podrían explicar la percepción de una caída aún mayor del poder adquisitivo de los trabajadores. Cabe destacar que el índice actualizado del IPC contenía un mayor peso de los servicios y menor de los bienes, lo cual genera una disparidad entre la estructura de gasto de los hogares de años atrás y la que representan actualmente.

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El proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación contempla, además de la baja de la edad de imputabilidad, la creación de “institutos especializados de detención”. Cómo funcionarán, qué objetivos perseguirán y quiénes estarán a cargo de los establecimientos.

El presidente Javier Milei, junto con los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora Patricia Bullrich, trazaron los lineamientos de la iniciativa que será tratada el miércoles en la Cámara de Diputados y que, entre sus principales objetivos, apunta a reducir a trece años la edad mínima de punibilidad.

El texto ingresó en las últimas horas a los despachos legislativos, pero aún no tiene el respaldo necesario para ser aprobado, ya que, como informó Ámbito, sectores de la oposición cuestionan el umbral etario propuesto por La Libertad Avanza (LLA). De no mediar cambios, correrá riesgo de ser rechazado.

Sin embargo, el oficialismo negocia voto a voto para que sea aprobado antes de que finalice el período de sesiones extraordinarias, el cual concluirá a finales de febrero. Entre los puntos salientes del texto, también se propone la creación de institutos de detención para menores.

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Creación de Institutos de detención para menores

El Capítulo 8 marca los principios generales sobre los que, en caso de ser sancionado, deberá sustentarse la reglamentación e implementación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, plantea que el adolescente detenido “deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención”, separado de la sección de los adultos.

El establecimiento carcelario debe ser adecuado para el tratamiento de menores y contar con personal especializado en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal. Además, determina que “deberá ser dirigido por personal capacitado”, aunque no especifica el tipo y nivel de capacitación.

La creación de los institutos perseguirá el objetivo de mantener a los adolescentes alojados en secciones diferentes de aquellas en las que se encuentran personas mayores de edad. Según plantea el texto oficial, deberán ser alojados “en módulos especiales”.

Las reglas y criterios de detención de adolescentes

Cada lugar de alojamiento estarán regidos por una serie de reglas. Por un lado, ningún adolescente imputado o condenado podrán tener contacto con personas detenidas mayores de edad. Recién podrán ser trasladados a establecimientos penitenciarios para adultos una vez que alcance la mayoría de edad y mientras aún no hubiere concluido la pena establecida.

También remarcan que los lugares de detención de adolescentes deberán contar, en lo posible, con módulos separados organizados en base a una serie de criterios. Se mencionan por un lado las características personales y condiciones de salud del detenido, su edad (debiéndose procurar el respeto de las franjas etarias), la identidad cultural y educativa y la naturaleza cautelar o punitiva de la privación de la libertad.

Otro aspecto que contempla el proyecto tiene que ver con la atención médica, psicológica y psiquiátrica de los detenidos. En ese sentido, deberá garantizarse “el acceso a asistencia médica y psicológica a cargo de profesionales de la salud especializados en adolescentes”.

Asimismo, aclaran que, en caso de que el menor deba ser atendido fuera del establecimiento, solo “el tribunal competente podrá autorizar las salidas” del lugar de detención, a menos que existan condiciones “de urgencia” que también deberán ser notificadas al juzgado.

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Educación y capacitación laboral

El proyecto también refiere a las características de la detención, la cual deberá tener una serie de objetivos. Se deberá orientar a la educación del adolescente, pero también apuntará a brindar formación, ambos puntos enfocados en la “resocialización y reinserción social del adolescente”.

El artículo 31 pone énfasis sobre las actividades a las que deberá poder acceder el adolescente para formarse y capacitarse con miras a una salida laboral futura. “El adolescente privado de la libertad tendrá derecho a recibir formación y capacitación laboral a fin de lograr una futura inserción social y laboral”, señala.

Aclaran que deberá brindarse “en lo posible” una “amplia oferta de cursos y talleres” que le permitan elegir entre aquellos de acuerdo con sus intereses y capacidades.

Los establecimientos deberán contar con espacios que permitan promover actividades deportivas, culturales, religiosas y recreativas de acuerdo “a la preferencia del adolescente y recreativas” y que, al igual que los cursos profesionales, persigan el objetivo de lograr “una efectiva inclusión social” cuando el menor cumpla su condena.

Por último, el proyecto indica que los institutos deberán realizar un informe trimestral de cada adolescente a fin de conocer su situación durante el proceso de detención. El encargado de redactar y aprobar la evaluación será “el director del instituto especializado o de la sección separada de un establecimiento penitenciario” y deberá enviar las conclusiones a la autoridad judicial.

Tras una semana de cruces y cuestionamientos, el proceso ingresó este sábado en su etapa final: el sable ya arribó a la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, donde el presidente Javier Milei encabezará desde las 19 el acto central de entrega en el histórico Campo de la Gloria.

Según informó la Casa Rosada, la reliquia llegó al Convento de San Lorenzo, el mismo suelo donde se libró la batalla del 3 de febrero de 1813. “El Sable Corvo del General José de San Martín vuelve a pisar el lugar donde se forjó una de las gestas fundacionales de nuestra Patria, a la espera de la ceremonia de entrega al Regimiento de Granaderos”, señalaron desde el Gobierno.

Junto al Presidente, también viajará una comitiva presidencial entre los que se espera que se encuentren la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti; el ministro del Interior, Diego Santilli, además de funcionarios nacionales, provinciales y municipales.

En medio de la fuerte polémica, Javier Milei encabezará el acto de traslado del

El acto comenzará a las 19 en el parque histórico Campo de Gloria y también contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Leonardo Raimundo. El evento tendrá lugar en el sector cercano al histórico convento de San Carlos, escenario vinculado a la única batalla librada por el Libertador en territorio argentino.

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La logística comenzó a delinearse desde temprano y el sable fue retirado cerca de las 8:45 de su sitio en el Museo Histórico Nacional..

Milei partirá desde Buenos Aires en helicóptero junto a una reducida comitiva y el sable de San Martín, que fue retirado del Museo Histórico Nacional durante la mañana del sábado. El arribo está previsto para después de las 18, desde donde el mandatario se trasladará al predio central del acto.

Por primera vez, el sable original estará físicamente en San Lorenzo, el mismo territorio donde San Martín comandó el combate del 3 de febrero de 1813. Hasta ahora, la pieza se mantenía mayormente en Buenos Aires bajo custodia estatal.

El acto oficial buscará recrear un episodio fundacional en la historia argentina. En el Campo de la Gloria se representará el combate con tropas uniformadas de época, formaciones coreografiadas y maniobras que buscarán reproducir el desarrollo original de la batalla. La intención oficial es que la escenificación ocurra “en ese mismo momento, en ese mismo lugar”, subrayando la continuidad entre pasado y presente.

Tras la recreación, el Presidente ingresará al sector principal para protagonizar la entrega formal del sable al jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, teniente coronel Cristian Castellanos. Milei será el único orador de la jornada, sin intervenciones protocolares adicionales.

El programa continuará con un desfile de granaderos junto a la Fanfarria Alto Perú —la única banda militar montada del país— que interpretará marchas tradicionales mientras avanzan las formaciones a caballo. También participarán agrupaciones tradicionalistas de distintas provincias.

Desde el Gobierno anticipan un acto “muy emotivo”, centrado en la restitución simbólica de la custodia al cuerpo militar fundado por San Martín en 1812. Considerada una de las reliquias más relevantes de la historia argentina, la pieza pasará oficialmente del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos, en el marco del decreto firmado por Milei.

La polémica alrededor del sable corvo de San Martin

El martes 3 de febrero, el Gobierno oficializó el decreto 81 que dispuso el traslado del sable corvo desde el Museo Histórico Nacional (MHN) hacia el Regimiento de Granaderos a Caballo. Tras la publicación, herederos de Juan Manuel de Rosas presentaron recursos judiciales para frenar la medida, mientras que sectores de la oposición y miembros de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia también manifestaron su rechazo.

El episodio suscitó un gran polémica respecto al destino del sable corvo, ya que distintos sectores aducen que se está violando la voluntad de la familia Rosas, heredera del arma, que había decidido donarla en 1897 al Estado argentino.

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Cabe recordar que San Martín le legó su arma a Juan Manuel de Rosas como reconocimiento por su defensa de la soberanía en el conflicto armado con la flota anglo-francesa que tuvo como episodio destacado la batalla de La Vuelta de Obligado.

De hecho, en una carta de 1848, el Libertador escribe que Rosas había sabido “sostener el honor de la República” frente a las potencias europeas.

Sin embargo, el pasado jueves la Justicia desestimó la cautelar impulsada por los descendientes de Manuela Rosas. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 respondió al planteo realizado por Mercedes, María Rosa y Sebastián Terrero, quienes invocaron su condición de tataranietos de los herederos del sable y argumentaron que el traslado vulneraba el “destino del bien” fijado al momento de la donación al Estado.

El expediente quedó a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez, quien rechazó la suspensión provisoria pocos días antes del acto previsto para el 7 de febrero. En su resolución, consideró que no se encontraba acreditada la existencia de un “cargo” jurídico que obligara al Estado a conservar la pieza exclusivamente en el museo, además de señalar la falta de documentación para probar el vínculo directo de algunos demandantes.

“El estado inicial del proceso no reúne los requisitos legales aptos para hacer lugar a lo requerido”, afirmó el fallo. No obstante, la magistrada habilitó la investigación de fondo y dejó abierta la posibilidad de revisar la legalidad de la decisión más adelante.

Los descendientes de Rosas sostienen que el traslado afecta el derecho colectivo de acceso al patrimonio cultural. Mercedes Terrero calificó la decisión presidencial como “completamente errada” y alertó sobre el riesgo de limitar el acceso ciudadano.

Desde el Ministerio de Defensa, Carlos Presti respondió a las críticas y recordó que el Regimiento es Monumento Histórico Nacional. “Permanentemente. Las escuelas, los colegios, tiene visitas nacionales e internacionales y tiene también propiamente un museo muy moderno”, precisó.

El ministro sostuvo que una fundación trabaja para garantizar “las máximas condiciones de seguridad y de modernidad” y rechazó que el traslado implique restricciones. “Está abierto al público, está abierto a toda la ciudadanía”, remarcó.

En el plano local, el intendente Raimundo respaldó la decisión y valoró la presencia presidencial. “Valoramos mucho este gesto del presidente Milei, porque es el primer presidente en veinticinco años que se digna conmemorar en San Lorenzo el único combate de San Martín en suelo patrio”, afirmó. “Estamos orgullosos de que esté el presidente, lo vamos a recibir como corresponde”.

En paralelo, el Regimiento de Granaderos anunció en redes sociales que el sable podrá ser visitado por el público. “¡Vení a visitar el sable del Libertador! A partir de este domingo 8 de febrero, desde las 11 h, te esperamos en el histórico Cuartel de Palermo”. También informaron que abrirá de miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19, con entrada libre y gratuita.

El aplazo en la salida del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) dejó al descubierto que las estadísticas en la Argentina continúan -luego de 20 años- sumidas al Gobierno de turno. Tal es así que, en el afán de sostener el equilibrio de las cuentas públicas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) seguirá midiendo la principal variable de la economía con una canasta de bienes y servicios de 2003/2004 y no lo hará con la de 2017/2018, que más allá de que quedó vieja, refleja de una forma más certera el comportamiento de consumo de los argentinos.