El presidente Javier Milei está ante una encrucijada que pone en vilo la relación con los Estados Unidos. El gobierno norteamericano de Donald Trump le exige que, en forma “prioritaria”, el país cumpla con la Ley de Patentes y el respeto al derecho de propiedad intelectual a cambio de firmar un acuerdo comercial bilateral para bajar aranceles a productos argentinos y conceder cupos de exportación de carne.
Según pudo saber iProfesional de altas fuentes oficiales, el “Informe 301” del representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, le reclamó a la Argentina derogar resoluciones que impiden la vigencia de la Ley de Patentes de 1995, especialmente en el sector de medicamentos y agroquímicos donde los laboratorios locales copian fórmulas y las comercializan sin pagar derechos.
En el Informe 301 que emite la USTR (United States Trade Representative), que dirige Greer, señala que la Argentina está primera en la lista de vigilancia prioritaria. Es decir, es el caso más preocupante para la USTR.
Lo que pide derogar es la Resolución Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre “las pautas para el examen de Patentabilidad de las solicitudes de Patentes sobre Invenciones Químico-Farmacéuticas”.
Pero también el Informe 301 exigió terminar con la venta de marcas falsificadas en las ferias de La Salada y del barrio de Once. Además, instó a combatir la piratería informática y adherir al Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperación de Patentes, PCT en inglés), que firmaron 100 países y sólo quedaron afuera países como Venezuela y China. También recomienda sumar funcionarios al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (IMPI) para acelerar los trámites de patentación, que se demoran bajo pretexto de falta de gente.
Una fuente del Gobierno admitió a iProfesioonal: “La negociación está paralizada y estancada en la ley de patentes y la Argentina estudia qué hacer“. De este punto sensible depende el alineamiento automático de Milei con Trump.
Federico Sturzenegger y Pablo Quirno, a cargo de las negociaciones con EE.UU.
Fuentes diplomáticas señalaron a iProfesional que ahora la negociación está en manos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y del canciller Pablo Quirno, recién asumido. Desde el año pasado, Sturzenegger había firmado un proyecto de decreto para derogar tres resoluciones de 2012 del gobierno de Cristina Kirchner, que bloqueaban la Ley de Patentes de 1995 sancionada durante el gobierno de Carlos Menem y el vicepresidente Carlos Ruckauf.
Pero Sturzenegger siempre fue frenado por Milei, su hermana, Karina Milei, y su asesor especial Santiago Caputo, padrino político del ministro de Salud, Mario Lugones, de una estrecha relación con la industria de laboratorios local.
El conflicto expone al gobierno de Milei a una de sus mayores contradicciones: el “punto 1” del Pacto de Mayo, que levantó como bandera y negocia con los gobernadores, es la “inviolabilidad de la propiedad privada“.
El reclamo de la USTR y de Greer, mano derecha de Trump, es el respeto a la “propiedad intelectual”. Sin Ley de Patentes los laboratorios extranjeros no pueden patentar sus medicamentos o agroquímicos en el país y, por lo tanto, si los comercializan, la industria local lo copia y le quita mercado.
De otra manera, podrían comercializarlo con exclusividad hasta que caduca la patente (entre 10 y 20 años) y solo entonces los competidores locales podrían comercializarlo. Los laboratorios argentinos argumentan que conspira contra el precio y el abastecimiento de los productos y que la vigencia de la ley barrería con miles de empleos.
“Las negociaciones son confidenciales, pero todo lo que reclaman los Estados Unidos está contenido en el Informe 301 del USTR, que es público, y es lo que más les preocupa”, señalaron en el Palacio San Martín.
Se refería al Informe sobre Derechos de Propiedad Intelectual que realiza anualmente el USTR (United States Trade Representative) y que está subido a internet.
Qué consigue Milei si Argentina cumple con la Ley de Patentes que exige EE.UU.
De que la Argentina cumpla esos requisitos depende el avance y el tenor del acuerdo comercial bilateral con el amigo Trump. Con ese acuerdo Milei busca bajar los aranceles recíprocos para 150 productos, reducir el arancel de 50% impuesto al acero y al aluminio (que exportaba Argentina hasta esa suba) y la mayor exportación de carne a EE.UU.
“El Gobierno está viendo cómo salvar este reclamo de EE.UU. porque es un punto muy conflictivo”, señalan en la Cancillería. “Son los temas que más le preocupan en términos comercio y de barreras no arancelarias con nuestro país y consideran que nuestro país es la prioridad porque es donde encuentran temas más serios”, señalaron fuentes.
El informe de 92 páginas señala, al inicio, que “una sólida protección y aplicación de la propiedad intelectual (PI) es esencial para promover la inversión en innovación”, que “no solo promueve el crecimiento económico sostenible y apoya la creación de empleo, sino que también es fundamental para responder a los desafíos ambientales”.
La PI, señala, “ofrece incentivos para la investigación y el desarrollo en este importante sector, incluso a través de la investigación universitaria”. De allí las exigencias y lo señala: “Una protección y aplicación inadecuadas de la PI en los mercados extranjeros desalientan una mayor inversión”.
“La protección de la PI desempeña un papel importante al proporcionar incentivos para el desarrollo y la comercialización de nuevos medicamentos“, señala el 301.
Para el informe, se recibió información de 100 países socios comerciales y allí se dividió la Lista de Vigilancia Prioritaria o en la Lista de Vigilancia (a secas) o no figurar en el 301, o sea no tener observaciones del USTR.
La Lista de Vigilancia Prioritaria se dispuso en este orden:
- Argentina
- Chile
- China
- India
- Indonesia
- México
- Rusia
- Venezuela
La Lista de Vigilancia obtuvo estos miembros:
- Argelia
- Barbados
- Bielorrusia
- Bolivia
- Brasil
- Bulgaria
- Canadá
- Colombia
- Ecuador
- Egipto
- Guatemala
- Pakistán
- Paraguay
- Perú
- Tailandia
- Trinidad y Tobago
- Turquía
- Vietnam
Por eso, el primer país analizado del Informe 301 fue la Argentina, al igual que ocurrió en 2024, porque este informe se hace todos los años en los EE.UU.
Propiedad intelectual, patentes, competencia desleal y otros ítems del Informe 301
El reporte dice que el país “continúa presentando desafíos de larga data y bien conocidos para las industrias con un alto componente de propiedad intelectual (PI), incluidas las de Estados Unidos”. La protección de los derechos de PI en Argentina “sigue siendo un reto”, y “las partes interesadas denuncian una competencia desleal generalizada por parte de vendedores de bienes y servicios falsificados y pirateados”.
Añadió: “El mercado físico de La Salada en Buenos Aires fue identificado nuevamente como un mercado notorio en la Revisión de Mercados Notorios por Falsificación y Piratería de 2024 (Lista de Mercados Notorios) y continúan los pedidos en línea de productos falsificados a través de sus aplicaciones de redes sociales”. También lamenta que esos productos falsificados se comercializan “a través de vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once y otros mercados de Buenos Aires y del resto del país“.
En esa enorme lupa, Estados Unidos señala que “la policía argentina generalmente no actúa de oficio, y los procesos judiciales pueden estancarse y prolongarse en trámites burocráticos excesivos”. Asimismo, señala, “cuando un caso penal llega a sentencia firme, los infractores rara vez reciben penas con carácter disuasorio”.
El documento fue tajante: “Estados Unidos insta a Argentina a ratificar (firmar) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes” (Patent Cooperation Treaty)”.
Por otra parte, el reporte 301 atacó aquella Resolución Conjunta de 2012, que obstaculizó la Ley de Patentes, cuando subrayó que “una deficiencia clave en el marco legal de patentes sigue siendo la limitación excesivamente amplia de la materia patentable, incluidas las directrices de examen de patentes que rechazan automáticamente las solicitudes de patente para categorías de invenciones farmacéuticas que son patentables en otras jurisdicciones, y los requisitos de que los procesos para la fabricación de compuestos activos divulgados en una descripción sean reproducibles y aplicables a escala industrial”.
Se refiere sin nombrar las a las resoluciones que exigen requisitos excesivos a los laboratorios que quieren hacer uso de la Ley de Patentes, que Estados Unidos no pide cambiar sino poner en vigencia.
“Las partes interesadas también afirman que las limitaciones de Argentina a la patentabilidad de las innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva y sustancias naturales difieren del estándar en muchos otros países”, dijo. “Otro desafío constante para los sectores agroquímicos y farmacéuticos innovadores es la protección inadecuada contra el uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada, de datos de pruebas u otros datos generados para obtener la aprobación de comercialización de productos en dichos sectores”, criticó el informe.
Por otra parte, criticó que “el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) continúa operando con un número reducido de examinadores de patentes, y la escasez de recursos dificulta la contratación y retención de personal. En 2024, Argentina no aprobó ninguna legislación nueva para actualizar las leyes de propiedad intelectual”.
Y añadió que “Estados Unidos promueve propuestas legislativas que establezcan la responsabilidad de los propietarios y una aplicación más estricta de la ley en relación con la venta de productos infractores en mercados al aire libre como La Salada, así como la modificación de la legislación sobre propiedad intelectual”.
También destacó que en 2017, “Argentina creó formalmente el Comité Federal de Lucha contra el Contrabando, la Falsificación de Marcas y las Denominaciones”, pero el “Comité no se ha reunido desde 2019” y Estados Unidos “insta a Argentina a continuar con esta iniciativa y ampliarla para incluir la piratería en línea”.
“Las reformas al código penal presentadas al Congreso argentino, que incluyen ciertas sanciones penales por eludir las medidas de protección tecnológica, se encuentran estancadas”, observó. También lamenta que la Policía Federal y la Gendarmería incrementaron el número de operativos en 2024 dirigidos a la venta de productos falsificados, pero la actividad ilegal persiste en gran medida en Argentina ante la ausencia de medidas sistémicas.
Además, la USTR recomendó “la creación de una Fiscalía Federal Especializada en Propiedad Intelectual (IPI) y una unidad de aplicación de la ley altamente capacitada podría contribuir a combatir la piratería en línea y prevenir procesos judiciales prolongados con resoluciones contradictorias”. Señaló además que “Estados Unidos tiene la intención de monitorear el progreso en todos los asuntos pendientes e insta a Argentina a continuar sus esfuerzos para crear un entorno más atractivo para la inversión y la innovación”. Asimismo, dice, Estados Unidos alienta a Argentina a crear una “estrategia nacional de aplicación de la ley en materia de propiedad intelectual para mejorar la coordinación interinstitucional en las labores de aplicación de la ley y lograr un impacto sostenible y duradero en las infracciones de la propiedad intelectual”. Y anticipó que Estados Unidos seguirá colaborando a través del Foro de Innovación y Creatividad Estados Unidos-Argentina para el Desarrollo Económico, establecido en el marco del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Estados Unidos-Argentina (TIFA), para continuar el diálogo y la colaboración en estas áreas.
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