Aun dentro del turbulento panorama político actual y asumiendo incluso la hipótesis extrema de que ocurra lo peor en la principal coalición opositora —ante desacuerdos y virulentos intercambios entre figuras— cada sector seguirá subsistiendo con sus visiones y posturas que, entre muchos temas, incluyen las comunicaciones.

Partidos y coaliciones, identificados con distintos espacios (libertarios, bullrichistas, larretistas, radicales o versiones de la izquierda) participarán todos ellos como opositores en las próximas PASO y algunos afrontarán también las elecciones presidenciales.

En este sentido, iProfesional se propuso compendiar (y analizar) las propuestas de esos espacios opositores en temas de libertad de expresión, medios, telecomunicaciones (TIC).

Existen muchos inconvenientes para obtener declaraciones directas en esas cuestiones, aunque sean generales, de los precandidatos: prefieren reservarse para medios de alto impacto y hablar de temas más acuciantes (inflación, presión impositiva, inseguridad, corrupción) cuando no posicionarse en sus internas.

Sin embargo, iProfesional conversó con referentes especializados de sectores opositores —cuando los tienen, lo que no siempre parece ser el caso— para obtener indicios de las posturas y proyectos que estas fuerzas pueden llevar adelante si llegan al gobierno.

Mientras Juntos por el Cambio (JxC) debería todavía consensuar una propuesta entre los equipos técnicos y fundaciones de sus sectores, el espacio de Javier Milei —aunque es mucho más heterogéneo de lo que parece— no tiene ese problema y en él rige la visión ortodoxa de su líder. 

Por supuesto, ninguna posición explicitada o plataforma escrita de gobierno despejará la incógnita de hasta qué punto los partidos podrán o querrán aplicar esos planes. No hay políticos actuales que no sean elocuentes, asertivos o convincentes para prometer. 

Quizás es importante también analizar trayectorias, sus ideologías (implícitas o explícitas), sus entornos y otros elementos contextuales. Eso es lo que pretende esta nota, además de reseñar afirmaciones de los mismos precandidatos, asesores o especialistas.

Definiciones, generalidades y señales de Milei

Desde La Libertad Avanza, indicaron que no iban a formular declaraciones porque estaban “definiendo posiciones”. Fue además infructuosa la gestión para obtener declaraciones del candidato. La plataforma de Javier Milei no tiene referencias concretas a libertad de expresión, medios privados o públicos o pauta oficial.

Esto, a pesar que esa misma plataforma electoral es completa y detallada en cuanto a medidas expuestas en capítulos como “seguridad nacional” y, como podía preverse, en cuestiones fiscales o impositivas.

En su sección de “tecnología e infraestructura” dicha plataforma habla de turismo, pesca o aún de la “industria naval”, pero apenas se limita a postular “mejorar las comunicaciones”, “incentivar la inversión” en el sector y “allanar los impedimentos para la tecnología 5G”, una posición que no deja de tener casi ningún sector político.

También se habla de promover “unicornios tecnológicos, tecnología digital e inteligencia artificial”, posición que en el primer caso puede diferenciarlo del actual gobierno, pero no del resto de la oposición que no sea (realmente) de izquierda.

Por supuesto, la plataforma anticipa la “privatización de las empresas públicas deficitarias” —sin aclarar que haría con algunas superavitarias—, lo cual abarca a casi todas ellas y comprendería también a los medios públicos actuales, si es que se los considera empresas estatales convencionales.

La incertidumbre al respecto desaparece con las muy claras declaraciones de Milei: “voy a cerrar todos los medios públicos y voy a terminar con la pauta oficial, ya que me parece que robarle a la gente para propaganda política y condicionar periodistas vía la pauta oficial está mal”.

Sin embargo, parece no considerar eventuales medios públicos despojados de propaganda o seudoperiodismo como vehículos culturales-artísticos plurales (tal como en otro plano pueden ser el Teatro Colón, un museo estatal o la Biblioteca Nacional) para proveer expresiones que no genere el mercado.

Tampoco el funcionamiento de tales medios en zonas aisladas o sin potencial de rentabilidad, como posible único medio de comunicación de sus habitantes. Ni sugiere el uso mesurado, equitativo y no propagandístico de mensajes oficiales para campañas de salud o educación o para hacer conocer a ciudadanos derechos y obligaciones.

Precisamente, en el campo cultural no resulta claro cómo la plataforma puede compatibilizar el prometido “respecto irrestricto al proyecto de vida del prójimo” con un Estado que “garantice estilos tradicionales de vida”, aunque puede tratarse de una concesión para satisfacer a sectores nacionalistas o aún confesionales de su agrupación.

Es cierto que los dirigentes políticos pueden cambiar (y de hecho lo hacen más de lo deseable) e incluso aprender de sus eventuales errores. Pero hoy día, la escasa tolerancia a la crítica por parte de Milei y varios de sus seguidores, con todo lo que eso implica, podría anticipar rumbos futuros.

El condicionamiento a medios para que no formulen ciertas preguntas (como el caso de La Gaceta de Tucumán), así como las demandas judiciales o maltratos a periodistas por sus opiniones (que normalmente no son parte de la discusión pública en la Argentina, aun cuando esas opiniones sean injustas o fuertes) parecen augurar un gobierno que manejará de modo similar la comunicación pública.

Se podría argumentar que se trata de modalidades extrañas a una democracia liberal, tal como se la entiende en el mundo occidental y que no se limite solo a un eventual liberalismo económico.

A pesar de contar con sus filas con economistas expertos —como Diana Mondino o Carlos Rodríguez—, Milei no ha dado a conocer si cuenta con referentes o especialistas en política de medios, telecomunicaciones o tratamiento, difusión o acceso de la información pública.

Milei sostiene que dar a conocer a esos referentes les ocasionaría problemas o serían prematuramente criticados o “difamados” por parte de “la casta” o “los medios”, (otra señal negativa en cuanto a un manejo futuro de la información pública). Pero podría ser simplemente que el espacio, al menos por ahora, carece de tales especialistas o incluso que se trate de temas que no le revistan mayor interés.

El sector de Patricia Bullrich y sus referentes

El exsecretario de Comunicaciones (TIC) en la gestión 2015-2019, Héctor Huici, integra los equipos técnicos de Patricia Bullrich —dirigidos por Federico Pinedo, quien también tiene entre sus especializaciones las telecomunicaciones— y trabaja en Fundación Pensar con el exministro de Modernización Andrés Ibarra.

En declaraciones “a título personal” para este medio dijo que debería derogarse el decreto 690/20 del actual gobierno. Esa norma declaró a las telecomunicaciones “servicio público” pese a ser prestaciones competitivas y estableció un control de precios. “Ha generado incertidumbre y desalentado la inversión”, señaló Huici.

También centró su atención en un tema no siempre abordado, pero que mueve miles de millones de pesos: el Fondo del Servicio Universal. Es el impuesto se cobra a los operadores de telecomunicaciones sobre el 1% de su facturación y que se destina a subsidios para proyectos de promoción de servicios TIC.

Expresó el referente que “debe ajustarse su uso a su finalidad legal: zonas de alto costo“ y para “beneficiar a personas de escasos recursos“ a acceder a las TIC.

Huici dijo que “es imperioso transparentar el proceso de adjudicación y hacerlo más competitivo para optimizar el uso de los fondos dándole más escala a los proyectos“. Pero opinó que “no debe haber restricciones en cuanto a los destinatarios de estos fondos”.

De hecho, se han denunciado aparentes direccionamientos a gran escala de esos subsidios a entidades afines al gobierno actual y al kirchnerismo, algunos incluso con poca o ninguna capacidad o experiencia en temas de telecomunicaciones. 

Según informó el periodista José Crettaz, por ejemplo, en 2020 el grupo El Hormiguero —una organización social barrial que se referencia en el diputado Máximo Kirchner— fue el octavo grupo que más dinero obtuvo de estos subsidios, casi un cuarto de lo que obtuvo toda la Provincia del Chaco.

Huici postuló también la “simplificación administrativa” en el sector: “hay que evitar duplicación de pedidos de informes [a los operadores] y eliminar autorizaciones previas [de servicios TIC] cuando el interés público no esté comprometido”.

En cuanto al espectro radioeléctrico, vehículo indispensable para las comunicaciones inalámbricas —incluyendo el 5G— “su adjudicación debe priorizar la inversión y no la recaudación. Agregó que “hay que facilitar el despliegue de infraestructura simplificando o eliminando normas locales que atentan contra un servicio de regulación federal”.

Asimismo, señaló Huici, “la carga impositiva del sector debe ser revisada en forma urgente tan pronto lo permita el déficit fiscal”, mientras que la compañía mayorista estatal ARSAT de provisión de enlaces troncales por fibra óptica y satélite debe tener en su opinión un rol de promoción, pero “subsidiario”.

Patricia Bullrich, por su parte, dijo recientemente en la señal TN que si bien Argentina debe jugar con las democracias occidentales, Estados Unidos se quedó atrás en el desarrollo del 5G. Y que otros países ofrecen soluciones más baratas para su implementación, lo que se interpreta como la no imposición de vetos a la controvertida tecnología china.

Medios y libertad de expresión en el sector bullrichista

Desde el sector de Hernán Lombardi —referente de Bullrich en medios y temas expresivos, pero también un todoterreno de alta densidad política— no se obtuvieron respuestas. 

Pero si se analiza su gestión pasada en medios públicos, pueden recordarse programas donde editores de diarios de todas las líneas editoriales (desde La Nación a Página/12) discutían pluralmente, a la misma Hebe de Bonafini insultar a Mauricio Macri y aun a los “cocineros argentinos” mofándose del entonces mandatario.

Fueron hechos bastante inusuales, si bien esos medios en la historia argentina nunca dejaron de ser —en mayor o menor medida— voceros gubernamentales (y de destemplada propaganda en el kirchnerismo o bastante sesgados hoy). También resultaron costosos lugares para ubicar amigos políticos, aportando poco al pluralismo o a la calidad de contenidos.

La gestión de Lombardi fue ferozmente combatida por el kirchnerismo, a través de sindicatos y figuras políticas, quienes con desdén calificaban actos de pluralismo como mero “marketing”, a la rotación o cese de comunicadores y programas (dinámica típica de cualquier medio para trazar su perfil) como “censura” o “persecución ideológica” y a la intención de controlar sus enormes déficits y despilfarro como “vaciamiento”.

Existió también el caso de la agencia Télam: un recorte de personal y periodistas de un medio claramente sobredimensionado, en el que se denunciaron “injusticias” con algunos profesionales, mostró los inconvenientes para adoptar este tipo de medidas.

Lombardi dijo hace poco que los medios públicos “deben vivir de sus propios recursos“ y los justificó entre otros casos para “zonas de frontera”. Sin embargo, parece haber radicalizado su posición ya que de no ser así “habrá que ver si se cierran”.

Una referente como la extitular del Enacom y actual directora por la oposición, Silvana Giudici, integra también el grupo bullrichista. Exradical y especializada en medios antes que en telecomunicaciones, defiende igualmente la libertad de expresión en el sentido que la entienden el PRO y JxC en general.

Sin embargo, puede tener posturas más “intervencionistas” (en cuotas o subsidios de contenidos, gravámenes y hasta alguna aprehensión por la participación de las telefónicas en medios) antes que las más bien filoliberales que predominan en el sector bullrichista.

Todo esto puede llevar a cortocircuitos durante una eventual gestión. No es una mera conjetura, ya que algo de eso —aun con bastante sordina— fue lo que aconteció por momentos entre el regulador Enacom y la Secretaría de Comunicaciones (TIC) durante la gestión de 2015-2019.

Así, las tensiones y confrontaciones internas no ya dentro de JxC sino de cada uno de sus componentes —en este caso el ya histórico PRO, pero también en la UCR y hasta el pequeño sector de Ricardo López Murphy— pueden ir más allá de una sana competencia, ya que se evidencian hasta subsectores dentro de las mismas líneas internas de cada partido integrante de la coalición.

Todo dependerá de cómo se administren las diferencias (o las apetencias por cargos, dándole este punto alguna razón a Milei). Como casi todo en la Argentina de los próximos meses, habrá que esperar y ver.

(Próxima nota: Rodríguez Larreta, los radicales y la izquierda)