Los querellantes damnificados que han sido apartados de la causa, representados por los abogados Nicolás Oszust y Juan Grabois apelaron la decisión del juez Martínez De Giorgi.

La Sala I de la Cámara convocó a los damnificados para el 10 de agosto y luego de la audiencia los jueces deberán determinar si continúan o no como querellantes.

Para los querellantes, excluirlos en esta instancia equivaldría a consolidar el vacío de control e impulso del expediente. La causa solo sería investigada por el fiscal Eduardo Taiano, cuya labor es cuestionada por los damnificados.

El caso está en la Sala I integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La Sala está en proceso de renovación respecto de Bruglia y Bertuzzi, dos de los jueces que habían sido trasladados a ese tribunal durante el macrismo.

Bertuzzi continuaría en la sala ya que el gobierno envió su pliego al Congreso para convertirlo en titular en ese tribunal.

El juez Bertuzzi había sido trasladado a la Cámara Federal junto a Bruglia por el macrismo en en 2018. El presidente Javier Milei eligió a Bertuzzi y ya envió su pliego, junto al de Pablo Yadarola al Senado.

El 12 de agosto los pliegos de Yadarola y Bertuzzi serán tratados por la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta.

En tanto, Bruglia presentó un reclamo ante la CIDH, para continuar en el cargo. Este sería reemplazado en la Sala I por Yadarola.

Pero si para agosto no se da el recambio, el reclamo de los querellantes podría ser resuelto por la Sala con la actual composición.

La Cámara Federal es un tribunal clave que revisa decisiones sensibles vinculadas a casos de corrupción, y la Sala I debe resolver todo lo que concierne a la causa Libra.

Adorni, las inconsistencias y pedido de explicaciones

La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita recibió antes de la feria el informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), y así se completó la primera parte de la investigación que culmina con el requerimiento de justificación patrimonial.

Los primeros días de agosto el fiscal, con los números exactos, exigirá a Manuel Adorni que justifique las inconsistencias detectadas, y si las explicaciones no convencen los citará a una declaración indagatoria.

La causa ya sumó numerosa prueba, gastos que superan los 400 mil dólares, deudas por 335 mil dólares, consumos con tarjetas de crédito propias y con los plásticos que le facilitaban funcionarios y amigos del área de Comunicación del gobierno.

Pasaron por la fiscalía varios testigos que lo comprometieron, entre ellos uno clave: el contratista Matías Tabas que refaccionó la casa de Indio Cuá, y de cuyo teléfono apareció prueba determinante.

En el expediente figuran compras, gastos millonarios en viajes y adquisiciones lujosas como la ropa blanca por 8 millones de pesos, una cascada para la pileta de la casa en el country, proyectores para videojuegos.

La fiscalía también recibió respuestas de plataformas virtuales de criptomonedas en las que Adorni tuvo cuentas, Binance y Lemon Cash.

La causa de la Agencia Nacional de Discapacidad y un peritaje clave

El caso ANDIS cobrará impulso tras la feria. En el expediente está procesado su extitular Diego Spagnuolo, que se negó a aportar sus registros de voz para realizar un peritaje de los audios atribuidos a su persona.

Los audios revelan un presunto sistema de coimas, el direccionamiento de contratos y retornos de dinero. En las grabaciones se menciona a figuras del Gobierno como Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem, además de maniobras vinculadas al negocio de los medicamentos y las pensiones en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

El fiscal Franco Picardi pidió avanzar en la medida utilizando entrevistas públicas. La fecha de inicio de la pericia se pospuso ya que los especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se tomaron licencia en la feria.

El juez Ariel Lijo, a cargo del caso, le ordenó a la Gendarmería Nacional, que encabezará la medida, que fije nueva fecha de inicio, lo que ocurrirá en los próximos días.

En tanto, el juez deberá resolver sobre la segunda tanda de indagados por supuestas coimas en la compra de insumos de alto costo, entre los que también se encuentra Spagnuolo.

También se espera un fallo de la Sala II de la Cámara sobre la primera tanda de procesados que han apelado la medida.

Los procesamientos fueron dictados por el anterior juez del caso, Sebastián Casanello y alcanzaron a Spagnuolo, a Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, entre otros.

La Sala II es la que deberá resolver en este caso y en julio se quedó sin un juez, ya que Martín Irurzun cumplió 75 años y por ahora no logró que la justicia fallara a su favor, ni consiguió el acuerdo para continuar en su cargo por cinco años más. El gobierno ya activó los resortes para completar esa vacante clave.

Quienes deberán resolver sobre el caso son Roberto Boico y Eduardo Farah, pero si no se ponen de acuerdo deberán convocar a un tercer juez.