Las prepagas pueden ajustar cuotas por edad, pero la ley limita los aumentos para mayores de 65: así protege el bolsillo de los adultos mayores

18/10/2025 – 11:29hs

A medida que las personas envejecen, suelen necesitar más atención en salud. Sin embargo, muchos adultos mayores cuentan con ingresos reducidos, lo que dificulta afrontar los costos de una prepaga o incluso de una obra social privada. En este escenario, surge una pregunta clave: ¿cómo garantizar que quienes más necesitan asistencia médica puedan mantener su cobertura de manera sostenible y accesible?

Prepagas y adultos mayores: cómo regula la ley los aumentos después de los 65 años

La normativa vigente, a través del DNU70/2023, que eliminó el control estatal sobre los aumentos, posibilita que las prepagas fijen sus precios libremente, aunque establece límites a los aumentos de cuotas para personas mayores de 65 años.

Según la regulación, la edad no puede ser el único factor a la hora de calcular incrementos: también se considera la antigüedad del afiliado, buscando equilibrar la sostenibilidad del sistema con la protección del bolsillo de los adultos mayores.

El objetivo de estas disposiciones es doble. Por un lado, asegurar que los adultos mayores puedan mantener su cobertura sin que los aumentos se vuelvan prohibitivos. Por el otro, brindar previsibilidad a las prepagas para gestionar los costos asociados al envejecimiento de su población afiliada. De esta manera, se busca proteger tanto el derecho a la salud como la estabilidad financiera de los planes privados.

¿Pueden las prepagas cobrar lo que quieran a cualquier edad? 

Aunque muchas veces se cree que las prepagas pueden aumentar sus cuotas sin restricciones, la ley establece límites precisos. Según el artículo 17 de la Ley 26.682, el valor de la cuota correspondiente a la franja etaria más alta no puede superar tres veces el de la más baja.

En la práctica, esto significa que:

• Los afiliados mayores de 65 años con más de 10 años de antigüedad no deberían enfrentar aumentos por edad.
• Si la antigüedad es menor, la prepaga puede ajustar la cuota según la edad, pero debe respetar los máximos establecidos en la tabla oficial de aumentos publicada por la Superintendencia de Servicios de Salud (Resolución 2407/2023).

Prepagas y obras sociales: límites y notificaciones de aumentos para mayores de 65

Al momento de afiliarse, es importante que el usuario conozca cómo evolucionarán sus cuotas según los rangos etarios. Además, las prepagas están obligadas a notificar los aumentos de manera formal: primero a la Superintendencia, luego al afiliado con al menos 30 días de anticipación, y dentro de los cinco días posteriores a la publicación del IPC mensual.

Este mecanismo refleja un equilibrio curioso: aunque el Estado liberó el control de precios, la vinculación de los ajustes con el IPC sugiere una referencia implícita para mantener cierta coherencia económica.

La discusión detrás de estos límites es evidente: a medida que la edad avanza, las personas suelen “consumir más salud”, pero también cuentan con menos ingresos para afrontarla. La normativa intenta entonces garantizar que el derecho a la cobertura médica se mantenga sin que los aumentos por edad resulten prohibitivos.

En definitiva, la legislación intenta equilibrar dos necesidades esenciales: que los adultos mayores accedan a servicios médicos de calidad y que las prepagas mantengan la sustentabilidad de sus planes. Conocer los derechos y los límites a los aumentos de cuotas es clave para no perder cobertura cuando más se necesita.

Tras conocerse que el nivel de desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, pegaron un fuerte salto en Argentina y tocó máximos en 16 años, los analistas estiman que la pobreza se ubicó cerca del 55,5% en el primer trimestre de 2024, un nivel máximo en 20 años. Históricamente, con las sucesivas crisis económicas, Argentina toca nuevos picos de pobreza. Ahora, ante un nuevo contexto recesivo, vuelve a surgir la duda acerca de cuál será la cantidad de nuevos pobres que dejará este ciclo económico.

Sucede que, a medida que van pasando las crisis, los pisos de este indicador cada vez son más altos. El más alarmante fue el de 2002, a la salida de la Convertibilidad. Para analizar esta dinámica, es clave hacer un recorrido de cómo fue la relación entre pobreza y crisis en los 40 años de democracia:

• Crisis de hiperinflación (1989): la pobreza llegó al 46,3%. Con la llegada del menemismo, la inflación encontró un piso del 23% tras la estabilización mediante la Convertibilidad.
• Crisis de la convertibilidad (2002): luego del estallido político-social del 2001 y con la profundización de preocupante situación económica la pobreza se disparó al 74,6% y la indigencia alcanzó al 31,4% de la población. Con la estabilización del kirchnerismo el indicador encontró un piso entorno al 25%. Sin embargo, durante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la pobreza volvió a crecer, pero en 2017, ya en el gobierno de Mauricio Macri, volvió a estar en torno al 25,7%.
• Crisis financiera/de deuda (2018): tras la baja de la pobreza en 2017 que se logró gracias a la baja de la inflación, volvió a elevarse la cantidad de personas en situación de pobreza y, en 2019, llegó al 35,5%.
• Crisis de la pandemia del coronavirus (2020): lejos de mejorar esa situación, producto de la impetuosa pandemia de coronavirus, ya en el gobierno de Alberto Fernández, la pobreza alcanzó al 42% de la población y la indigencia al 10,5%, debido al parate de la actividad. Sin embargo, con la reactivación, algo descendió ese dato hasta el 37,3% en 2021, pero pronto volvió a crecer. Fernández dejó un país con un 148,2% de inflación, una pobreza del 41,7% y una indigencia del 11,9%.

Pobreza en la era Milei

La pobreza en Argentina subió en 2024 y se ubicó en el 55,5% en el primer trimestre del año, según estimaron datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Al extrapolarlo, esto implica que alcanzó a unas 25 millones de personas, de las cuales el 17,5% (8 millones) se encuentra bajo el umbral de indigencia, según precisó el economista y director del Observatorio, Agustín Salvia.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informará el dato de pobreza recién en septiembre, aunque los datos son del primer semestre, o sea, incluyen tanto el primer trimestre como el segundo.

La pobreza básicamente es la radiografía de un país con indicadores económicos totalmente rojos: aumento del desempleo, ya que entre enero y marzo se perdieron 150.000 puestos de trabajo, según explicó el economista Daniel Schteingart. Además, con salarios extremadamente bajos, con caídas de 14% entre diciembre y abril, y una fuerte baja del consumo de 7,7% interanual en mayo.

Pobreza en los niños

A esto se suma el dato desgarrador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de que unos 10 millones de chicas y chicos en Argentina comen menos carne y lácteos en comparación con el año pasado por falta de dinero. Además, añade que los ingresos de casi la mitad de los hogares en los que viven niñas y niños no alcanzan para cubrir gastos básicos de alimentación, salud y educación.

Además, desde UNICEF, advirtieron sobre los recortes en gastos dirigidos a niñez y adolescencia, que muestran una caída del 25% en términos reales. Esto se da en un contexto en el que el Gobierno retuvo más de 5.000 toneladas de alimentos en dos galpones del Ministerio de Capital Humano, que, tras un revés judicial que motivó la denuncia del dirigente Juan Grabois, informó que entregará los productos a escuelas vulnerables con la ayuda de CONIN, el Ejército y el Ministerio de Defensa. Ahora, esa batalla inició un nuevo capítulo con la denuncia de venta de leche en polvo en plataformas de “e-commerce” de la que estaba destinada a ese fin. Asimismo, aún no hay novedades sobre la distribución de esos alimentos por parte del oficialismo.

¿Quién pagó el ajuste?

El pasado 10 de diciembre, con la llegada de Javier Milei al sillón de Rivadavia, todos los índices de la economía quedaron supeditados al equilibrio fiscal. Tal es así, que en los primeros cinco meses de gobierno acumula un superávit primario superior al 1% del PIB y uno financiero de 0,4% del PIB, según el Ministerio de Economía. Sin embargo, este saldo positivo se dio a costa de una fuerte licuación de jubilaciones y pensiones, recorte de subsidios y una mayor recaudación del impuesto PAIS.

En ese sentido, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió al Gobierno sobre los recortes en partidas sociales. Es que, en los hechos, las jubilaciones, que venían en un piso muy bajo, y con la devaluación del 54% se hundieron, aunque con la modificación de la ley de movilidad previsional por decreto que realizó Milei, los haberes de los adultos mayores comenzaron a recuperarse en mayo. Sin embargo, en el empalme perdieron 8 puntos, que son los que pretende devolverle el Congreso con la modificación de la norma.

Pobreza e indigencia: perspectivas para 2024

En medio de un escenario recesivo, la baja de la pobreza para fines de 2024 dependerá de que la inflación continúe en un sendero de desaceleración, de que comiencen a llegar inversiones y se reactive la economía, según precisó Salvia. “Pero no sabemos cuánto más durará esta recesión. Si la inflación no baja por los ajustes de tarifas y no se genera inversión, la pobreza seguirá cercana al 50% y la indigencia en el 15%”, añadió.

“Para que baje la pobreza, debería ceder la inflación y generarse nuevos puestos de trabajo con salarios que crezcan por encima del IPC, al igual que los programas sociales. Así, para fin de año, la proyección de la pobreza estaría en un piso cercano al 38%/40% y la indigencia del 12%, siempre y cuando se genere un contexto de baja de inflación y reactivación económica”, evaluó Salvia.