La norma garantiza que la cuota a pagar por el deudor hipotecario tomará en cuenta el índice mensual que de más bajo entre el coeficiente de variación salarial basado en la “Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC que mide la inflación promedio”.

Se aprobó la Ley Olimpia, que penaliza la “sextorsión”

Con dictamen mayoritario, ingresó al recinto la Ley Olimpia que busca modificar la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género para tipificar la violencia digital -a través de la extorsión y difusión no consentida de material sexual- como delito penal. A su vez, la normativa habilita a los jueces a la remoción del contenido íntimo del entorno digital.

La propuesta, consensuada entre propuestas de las diputadas bonaerenses de Mónica Macha (Frente de Todos) y de Danya Tavela (UCR), obtuvo media sanción con 191 votos afirmativos, 2 negativos y 1 abstención. “Esta es una ley de época porque tiene que ver con el crecimiento de este tipo de violencia, de acosos, de hostigamiento que ocurren a partir de los espacios digitales, de redes sociales, del uso del internet”, argumentó Tavela.

Un estudio de Amnistía Internacional relevó que 1 de cada 3 mujeres sufrió violencia digital en redes sociales; el 59% de las mujeres durante este tiempo fue objeto de mensajes sexuales o misóginos; un 36% de esas mujeres sufrió ataques de pánico, estrés o ansiedad o se retiró de las redes producto de la violencia que recibió.

“Hay líneas de mercado sexual de fotos de mujeres sin su consentimiento y este tipo de violencia contamina la vida de las personas”, apuntó Macha y explicó que “la llamamos ley Olimpia por la joven mexicana víctima de un video privado viralizado sin su consentimiento que cuando denunció le dijeron que no estaba penalizado y que se relaciona con la ley Belem, una niña que se suicidó por la violencia en las redes digitales”.

El bloque de Javier Milei se opuso a dos proyectos aprobados por unanimidad

Tres referencias electorales de La Libertad Avanza, Javier Milei, Victoria Villarruel (ambos integran la fórmula presidencial) y Carolina Píparo (precandidata a gobernadora bonaerense) se opusieron en bloque a dos propuestas consecutivas: la declaración de Monumento Histórico Nacional del Parque de la Constitución, en la provincia de Santa Fe; y la Regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico.

Ambos proyectos obtuvieron media sanción con 197 votos a favor y 3 votos en contra. Si cuentan con mayoría en el Senado, serán ley. Ni Milei, ni Villarruel ni Píparo tomaron la palabra en el recinto para argumentar su rechazo.

El Parque de la Constitución Nacional es una intervención urbana, ubicada en un predio de 17 hectáreas de la ciudad de Santa Fe, que conmemora los principios de federalismo y república que rigieron la sanción de la Carta Magna nacional, el 1° de mayo de 1853. La propuesta fue presentada por el diputado radical santafesino Juan Martín.

Por su parte, la profesionalización de acompañantes terapéuticos, impulsada por la diputada radical cordobesa Soledad Carrizo, tiene como objeto establecer el marco general del ejercicio de la profesión, abordando intervenciones de trabajadores con matrícula habilitante que faciliten rehabilitaciones y reinserción en el ámbito comunitario. Además, contempla la promoción -por parte del Ejecutivo Nacional- de carreras de esta especialidad en la Educación Superior.

Fracasó en el intento de Juntos por el Cambio de derogar la Ley de Alquileres

“¿Qué les parece si derogamos hoy, ya, todos juntos?”. Así concluyó su discurso el diputado nacional Hernán Lombardi, de Juntos por el Cambio, en un pedido de apartamiento del reglamento legislativo cuando se debatía en el recinto parte de la agenda de proyectos consensuadas para este miércoles. Su objetivo: derogar la Ley N° 27.551, conocida como Ley de Alquileres.

Se trataba de una propuesta que no había pasado por ninguna comisión y fue ingresada en la misma jornada. Sin embargo, la votación posterior contó con 113 votos negativos contra 102 afirmativos, cuando las mociones especiales requieren del 75% de acompañamientos dentro del recinto. Por lo tanto, continúa la Ley de Alquileres vigente.

Desde su cuenta oficial de Twitter, la agrupación Inquilinos Agrupados criticó el pedido de Juntos por el Cambio, señalando que “una vez más el mercado fracasa en su intento por derogar la ley de alquileres. Sigan participando, los inquilinos y las inquilinas vamos a seguir peleando para que el acceso a la vivienda vuelva a ser un derecho”. “La oposición patalea y llora porque no pudo derogar la ley de alquileres y el mercado inmobiliario los va a retar”. agregó.

Posteriormente, en el mismo recinto, el diputado Mario Negri anunció que consiguió consensuar una sesión en la Cámara de Diputados para “el miércoles 23 de agosto a las 12 horas, con el objeto de considerar los proyectos y dictámenes con estado parlamentario referidos a la Ley de Alquileres“.

La propuesta lleva la firma de los diputados Mario Negri, Cristian Ritondo, Juan López, Carla Carrizo, Carlos Gutiérrez, Luis Di Giacomo, Javier Milei, Carlos Zapata, Paula Omodeo, Margarita Stolbizer, José Luis Espert, Marcelo Orrego y Alejandro Rodríguez.

En qué consiste el proyecto de ley para deudores de créditos UVA

La propuesta busca revaluar los criterios de adecuación de las cuotas, garantizando que los montos a pagar por el deudor hipotecario tomen como referencia a el índice mensual que dé más bajo entre el coeficiente de variación salarial basado en la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC, que mide la inflación promedio.

Además, se establece que la cuota a pagar no podrá exceder el 30% de los ingresos acreditados por los deudores. En tanto, para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023. A su vez, se establece que aquellos deudores que estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.

La iniciativa crea un “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” que tendrá como finalidad compensar los desbalances entre la cuota calculada en base a salarios y la estimada en base a la tasa UVA/UVI. El deudor deberá adherir de forma voluntaria al régimen para poder acceder a los beneficios del Fondo. En caso de que el deudor esté desempleado, este fondo especial se hará cargo de hasta tres cuotas.

El Banco Central hará un aporte mensual, “con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”, para el fondo compensador.

Sin embargo, la propuesta tiene como contraparte a otra que obtuvo un dictamen alternativo y fue creada por el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical), junto a un sector de la oposición que incluye a diputados del PRO y la Coalición Cívica.

¿Qué otros proyectos podrían debatirse Diputados?

Por su parte, también se encuentra en agenda el Plan de refinanciación de deudas respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); la derogación del régimen legal de trabajo de mujeres y niños; un acuerdo sobre Transporte Aéreo entre Argentina y Portugal; y la aprobación de cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros.

En el temario de la sesión también figura el Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos, que crea un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal. La producción orgánica está relacionada a un modelo de soberanía alimentaria más amigable con el medio ambiente y con mano de obra intensiva.

El oficialismo porteño formalizó este jueves en la Legislatura el anuncio realizado por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, acerca de la reducción de las alícuotas del Impuesto de Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires en sectores considerados como “claves” para la generación de trabajo.

La medida, que empezará a regir a partir del 1 de julio, sumó 36 votos positivos de los legisladores de Vamos Juntos, UCR-Evolución, Republicanos Unidos y La Libertad Avanza; y 21 en contra del Frente de Todos (FDT) y del Frente de Izquierda.

A fines de mayo, al anunciar la iniciativa, el jefe de Gobierno dijo que la medida implica una baja en la alícuota de Ingresos Brutos del 1,5% actual al 1% para la industria manufacturera, que incluye Alimentos y Bebidas, Indumentaria y Calzado, Metalurgia y Siderurgia, y Electrodomésticos, entre otros.

La Ciudad insiste por la coparticipación ante la Corte

También incluye una reducción del 2,5% al 2% para el sector de la construcción y la eliminación por completo de la alícuota del 0,75% que tiene el sector primario, dentro del cual se destacan Ganadería, Agricultura, Pesca y Extracción de Hidrocarburos.

No obstante, el arco opositor advirtió que la continuidad de los cambios aprobados en la Legislatura estará supeditada al fallo que emita la Corte Suprema de Justicia de la Nación frente al reclamo de la Ciudad por el redireccionamiento de los fondos coparticipables.

¿Quiénes y por qué se opusieron a la baja de Ingresos Brutos en CABA?

Al respecto, la legisladora FDT, Claudia Neira, dijo que “este es un proyecto condicionado porque establece que todo quedará sin efecto si es que existe un fallo contrario de la Corte a la Ciudad”.

Franco Vitali, también del FDT, cuestionó “la baja de impuestos a las empresas desarrolladoras” y pidió, en cambio, una disminución “que ayude de manera directa a la gente, como el tributo del ABL que se paga todos los meses”.

“Quieren hacer campaña diciendo que van a bajar impuestos”, aseguró el diputado de la oposición Matías Barroevateña, y agregó que “incentivar la construcción se pone de frente a los vecinos que piden que se pare con este modelo extractivista en la Ciudad”.

Tensión en la ciudad de Buenos Aires por el aumento de construcción de torres

En tanto, Gabriel Solano, del Frente de Izquierda, justificó su voto en contra al señalar que no comparte “ni los lineamientos ni los resultados que va a tener una reducción de impuestos hacia los sectores empresariales, entre ellos al de la construcción”.

Por su parte, el legislador oficialista y presidente de la Comisión de Presupuesto, Claudio Romero, dijo que durante los años de gestión de Rodríguez Larreta “nada estuvo improvisado” y precisó que el Ejecutivo “está llevando las tasas a lo que se planteó en 2017”. 

Lucio Lapeña, de UCR-Evolución, respaldó lo aprobado al indicar que “no va a haber progreso si no empezamos a solucionar el grave problema que tenemos para la generación de empleo”.

LdG / LM / ED