Luego de la reciente visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se conoció que habrá cambios en el equipo encargado de supervisas las cuentas de la Argentina. La economista Joyce Wong reemplazará a Bikas Joshi como jefa de la misión para el país y tendrá bajo su tutela la revisión del acuerdo pactado con el organismo.

De origen portugués, Wong llegó al país en la comitiva que acompañó a Georgieva, se mantuvo con ella durante su estadía y la secundó en los recorridos por los principales destinos que tenía agendados: estuvo presente en la conferencia de prensa que brindó la titular del FMI en Economía, en la reunión con el presidente Javier Milei y en la visita a Vaca Muerta. También participó de la cena con distintos empresarios del denominado «círculo rojo».

Joyce Wong, Argentina y el acuerdo de Macri en 2018

Según se desprende de su perfil publicado en la web oficial del Fondo, Wong es doctora en Economía por la Universidad de Nueva York y sus áreas de investigación incluyen la desigualdad, el trabajo y las decisiones del ciclo de vida de los hogares.

En su nuevo rol reemplazará a Joshi, quien pasará a ser jefe de la misión del FMI en Chile en el marco del plan de rotación habitual que el organismo realiza con sus diferentes economistas. Pero no será el primer contacto con nuestro país para la portuguesa: anteriormente se desempeñó como economista del caso argentino durante el gobierno de Mauricio Macri y, según afirman, mantiene un conocimiento sobre la actualidad del reciente acuerdo.

Tras aquella participación con el equipo auditor de Roberto Cardarelli, se fue del FMI a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se desempeñó como asesora sénior. En aquel entonces continuó vinculada a investigaciones sobre algunos de los principales desafíos estructurales de América Latina.

Kristalina Georgieva, Luis Cubeddu y Joyce Wong durante la visita a Casa Rosada.

A su regreso al FMI pasó a ocupar un rol de mayor preponderancia. Se desempeñó como economista de mesa para Jamaica y varios países de Centroamérica en el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, para luego transformarse en economista senior en la División de Análisis y Estrategia Regional del Departamento de Oriente Medio y Asia Central del FMI.

Al igual que Joshi, Wong continuará reportando ante el venezolano Luis Cubeddu, subdirector de Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario. En el trabajo diario deberá articular con Max Alier, representante residente del FMI en Argentina y primer punto de contacto entre las autoridades del país y el organismo.

Joyce Wong, la nueva auditora de Argentina que tendrá a cargo la tercera revisión del acuerdo

Su desembarco coincidió con la reciente vista de Georgieva en la que respaldó el rumbo económico del gobierno argentino y descartó la posibilidad de otorgarles más fondos. «Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos», afirmó durante la conferencia de prensa en el Ministerio de Economía junto a Luis Caputo.

La economista búlgara analizó la situación económica que atraviesa el país y destacó que, pese a la incertidumbre global, la confianza del mercado «ha regresado», lo que se evidencia en la capacidad de las provincias y empresas privadas para acceder al endeudamiento.

Más allá de haber superado las metas del programa, Georgieva insistió en la importancia de acumular reservas para la estabilidad del plan y de lograr «que el crecimiento se pueda compartir mas ampliamente». En ese sentido, hizo hincapié en mejorar las condiciones financieras para que puedan tomar préstamos las «pequeñas empresas y familias», porque es necesario «crear puestos de trabajo y elevar el consumo».

Cumplida y aprobada la segunda revisión del acuerdo, Argentina deberá pasar un nuevo escrutinio. Wong deberá poner el ojo en la tercera revisión en la que se evaluará el cumplimiento de las metas hasta finales de junio. En caso de contar con luz verde, el Directorio Ejecutivo deberá discutir si habilita o no un nuevo desembolso por 636 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes a u$s869 millones.

El fuerte aumento de las ventas de vehículos eléctricos chinos en Argentina está favoreciendo la estrategia del presidente Javier Milei para contener la inflación, aunque contradice los esfuerzos de funcionarios de Estados Unidos por alejar a Buenos Aires de Pekín.

BYD Co. ingresó este año al grupo de las diez marcas con más ventas en la segunda mayor economía de Sudamérica, menos de un año después de desembarcar en el país, en septiembre pasado. Concesionarios de BYD, con grandes salas de exhibición iluminadas, están apareciendo en todo el territorio como parte de una ola de nuevos locales de marcas como BAIC, MG y Chery.

La situación habría sido difícil de imaginar el año pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó a Milei con un paquete de US$20.000 millones para ayudar a su partido a ganar las elecciones legislativas de medio término. En ese momento, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró en televisión que Milei estaba “comprometido a sacar a China de Argentina”, aunque no se refirió específicamente al sector automotor.

Creció un 340% el patentamiento de autos eléctricos e híbridos en el primer semestre y ya representan el 15% del mercado

En la práctica, los vehículos chinos están entrando al mercado gracias a la apertura de la economía argentina impulsada por Milei. Su creciente presencia refleja la solidez de la relación comercial entre ambos países. Además, el miércoles el canciller argentino afirmó que el mandatario libertario planea viajar a Pekín en algún momento.

El gobierno implementó un cupo anual libre de aranceles para importar 50.000 vehículos eléctricos, equivalente a cerca del 10% del mercado de autos nuevos. Sin embargo, como parte del esquema estableció un límite relativamente bajo para el precio de los vehículos que califican para el beneficio, lo que en la práctica favorece a los fabricantes chinos.

“En cuanto a la relación con China, lo que es comercio exterior no es una línea roja de EE.UU.”, afirmó Patricio Giusto, profesor universitario y director del Observatorio Sino-Argentino. “Tiene que ver con el aperturismo que promueve Milei en la economía y uno de los sectores que estaba esperando que esto suceda para aprovecharlo eran los automóviles eléctricos chinos”.

En lo que va del año, solo BYD ha vendido más de 8.200 vehículos en Argentina, superando a Jeep, Honda y Nissan, aunque todavía por detrás de marcas consolidadas como Toyota y Volkswagen, según datos de la asociación de concesionarios ACARA. Si se suman las ventas de otras marcas chinas, esa cifra se duplica con creces.

Tesla, encabezada por el aliado de Milei, Elon Musk, todavía no cuenta con un concesionario propio en Argentina, aunque ya contrató a un gerente para iniciar sus operaciones en el país.

China también superó a Brasil como principal origen de las importaciones argentinas en lo que va del año. En 2025, las compras de productos chinos alcanzaron el nivel más alto en al menos cinco años, según datos del gobierno argentino.

BYD ya es un actor relevante en varios mercados de América Latina, donde fabrica vehículos en Brasil y sus modelos circulan desde Ciudad de México hasta São Paulo. Argentina ahora sigue esa tendencia regional mientras Milei abre la economía a una mayor competencia extranjera.

La estrategia también está dando resultados. El costo relativo de comprar un automóvil cayó 26% desde que Milei asumió la presidencia y los precios mensuales de los vehículos descendieron en junio en el área de Buenos Aires, algo poco habitual para un país que hasta hace poco enfrentaba una inflación cercana al 200%. Aunque sus adversarios políticos responsabilizan a Milei por el deterioro de la industria automotriz local —centrada principalmente en la fabricación de camiones—, el gobierno sostiene que la llegada de sedanes y SUV chinos forma parte de la solución y no del problema.

El cupo de importación de vehículos eléctricos “permitió que los argentinos puedan elegir entre una mayor variedad de autos, con diferente tecnología, y más baratos de mantener”, respondió en enero el ministro de Economía, Luis Caputo, a un crítico. Agregó que una red de estaciones de carga incentivará la producción local de camiones eléctricos. “En conclusión, ha sido una medida que ha beneficiado a todos los argentinos, y a la propia industria”.

El pragmatismo de Milei

La disposición de Milei a trabajar con China, aunque responde a una realidad política y económica, contrasta con el respaldo financiero recibido de la administración Trump y con sus frecuentes elogios a Washington. Incluso durante la campaña presidencial de 2023, al ser consultado sobre el comercio con China, respondió: “¿Usted comerciaría con un asesino?”.

Pero como presidente, la respuesta parece ser cada vez más afirmativa. Aunque suele destacar públicamente sus reuniones con empresarios estadounidenses, como el magnate tecnológico Peter Thiel y el empresario petrolero Harold Hamm, también ha elogiado a China como socio comercial. El país asiático sigue siendo uno de los principales destinos para las exportaciones argentinas de materias primas y brindó apoyo financiero al banco central argentino más de una década antes de que lo hiciera Estados Unidos.

En el mercado automotor, el desembarco de BYD está transformando la percepción de los consumidores argentinos, acostumbrados durante décadas a comprar vehículos de marcas estadounidenses, europeas y japonesas.

“Pasamos de ser un país que veía a los autos chinos con prejuicios y como sinónimo de cosa barata y de pobre calidad y se empezó a descubrir que por mucho menos dinero accedías a autos modernos impresionantes de una tecnología superior”, afirmó Carlos Cristófalo, especialista del sector y director del sitio Autoblog Argentina. “Se quebró la brecha: El miedo de comprar un auto chino desapareció”.

Iker Rosales, vendedor de un concesionario de BYD en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero, asegura que cada día reciben entre 10 y 15 potenciales compradores.

“La gente se acerca con temor por la calidad”, explicó. “Pero cuando hacen el test drive ves como de repente les cambia la cabeza”.

Rosales fue despedido por la automotriz francesa Peugeot antes de incorporarse a BYD en enero.

“Para mí vinieron a instalarse y a destronar a los grandes”, afirmó.

LM

El empresariado argentino vive el actual momento político-económico como un cambio de época. En sus principales espacios de lobby, se apoya el rumbo emprendido por el gobierno de Javier Milei y, sobre todo, su agenda de reformas, aunque la mayoría de los sectores ligados al mercado interno sufran en lo cotidiano el impacto del modelo. En ese marco, y con el objetivo de prefigurar el país que ejecutivos y empresarios sueñan para las próximas décadas, IDEA lanzó su 62° Coloquio.

El evento se realizará en Mar del Plata, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, bajo el título “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. La intención, según señalan sus organizadores, es “debatir qué necesita Argentina para tener 20 años de estabilidad y crecimiento” a tasas del 3% o 4%, algo que consideran asequible.

El encuentro reunirá a directivos de empresas y dirigentes políticos, y contará con invitados internacionales, quienes expondrán sobre algunos de los procesos de estabilización que atravesaron otros países sobre los que IDEA estuvo posando la lupa, como Israel, Perú, Chile, Uruguay, Australia, Irlanda y Polonia.

Por encargo de la organización, un grupo de economistas estudió esos casos (de características y procesos distintos) en busca de detectar algunas decisiones comunes que “permitieron convertir la estabilidad en crecimiento sostenido”. Los organizadores enfatizaron algunas: el equilibrio fiscal, la institucionalidad, la continuidad en el tiempo de los marcos regulatorios y el fortalecimiento educativo.

Aún no está confirmada la participación de los funcionarios de primera línea que fueron invitados, entre otros, el Presidente, el Ministro de Economía y el Canciller. Javier Milei, Luis Caputo y Pablo Quirno tienen previsto viajar a París para la edición del Argentina Week que el Gobierno organiza para esa misma semana.

Los organizadores del coloquio apuntan a que puedan participar de todas formas, ya sea por videoconferencia o a través de un mensaje grabado, como ocurrió con Caputo el año pasado. La que sí dio su visto bueno es la senadora Patricia Bullrich. También fue invitado el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aunque por el momento declinó el convite, señalan desde IDEA, donde igualmente destacan que mantienen diálogo con el dirigente opositor.

La transformación y las tensiones

“Trabajamos para detectar las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad. El desafío es transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo e integrado al mundo”, dijo Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO del Grupo Galicia.

Los organizadores celebran, en gran medida, el modelo de país y el programa macroeconómico emprendido por Milei. En particular, destacan la agenda de reformas libertaria, que en buena medida se basó en los habituales planteos de las usinas de pensamiento del círculo rojo. Entre ellas, la flexibilización laboral, las desregulaciones, la apertura comercial y, ahora, los cambios en la carta orgánica del Banco Central.

De todas maneras, reconocen que hay importantes sectores de la economía que sufren el impacto del actual modelo. Los datos oficiales lo reflejan: desde noviembre de 2023, cerraron 28.262 empresas en términos netos. “Estamos transitando un proceso de transformación económica, pero ese proceso no está libre de tensiones”, afirmó Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, y sostuvo que el empresariado debe reclamarles a los gobiernos políticas de alivio fiscal para la producción argentina y, a su vez, mejorar la competitividad intraempresa. “La mejor política productiva es eliminar impuestos distorsivos y ampliar la base de recaudación, atacando la informalidad”, coincidieron Mignone y Kon a la hora de sintetizar la posición de IDEA.

Los cuatro ejes del próximo Coloquio de IDEA

El coloquio se basa en cuatro ejes temáticos: estabilidad, el mundo, competitividad y desarrollo, que fueron definidos a partir del trabajo de unos 50 CEOs y sus equipos técnicos. En primero de los ejes, “se debatirá sobre las condiciones necesarias para consolidar la estabilidad como un proceso que integra tres dimensiones: macroeconómica, institucional y el compromiso de sostener, en el tiempo, determinadas políticas de Estado”.

Luego, en el eje de “El mundo” se analizarán las principales “megatendencias que están redefiniendo el escenario global”. Entre ellas, IDEA destacó la reconfiguración geopolítica, el impacto de la inteligencia artificial y la tecnología, los cambios demográficos, la transformación energética y las nuevas dinámicas del capital y la inversión.

En el vertical de “Competitividad” se enfatizarán en los aspectos que consideran necesarios para mejorar la competitividad de las empresas argentinas, como infraestructura, logística, cambios tributarios y la transformación de las propias compañías.

Por último, el eje de “Desarrollo” se enfocará en “cómo combinar crecimiento económico con desarrollo humano” y versará sobre educación, mercado laboral e informalidad.

“Pensar el desarrollo a 20 años requiere preguntarnos qué país queremos construir y con qué talento vamos a hacerlo posible. El crecimiento sostenido también se apoya en la capacidad de un país de formar, atraer y retener capital humano relevante”, argumentó Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

El Gobierno nacional redefinió cómo se calculan los aportes sindicales en los convenios colectivos de trabajo. El Decreto 612/2026, publicado este lunes 20 de julio en el Boletín Oficial, establece que las horas extra, el aguinaldo, los bonos y otros pagos no habituales ya no formarán parte de la base de cálculo.

La medida aterriza un capítulo clave de la Ley de Modernización Laboral. Hasta ahora, la falta de precisión normativa generaba interpretaciones dispares entre empleadores y sindicatos sobre qué conceptos salariales debían incluirse en ese cálculo.

El objetivo del Ejecutivo es dar certeza jurídica antes de la homologación de nuevos acuerdos colectivos, evitando que se amplíe la base de cálculo de manera discrecional y se eleven los costos laborales.

Con esta reglamentación, el Gobierno también impone mayores exigencias de transparencia. Los sindicatos deberán administrar por separado los fondos con destino social, asistencial, previsional o cultural que aporten los empleadores.

Qué conceptos salariales quedan excluidos del cálculo de aportes sindicales

El decreto establece que la base de cálculo estará integrada únicamente por el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador y las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual previstas en los convenios colectivos.

Quedan afuera todos los pagos que no cumplan esos tres requisitos: normalidad, habitualidad y periodicidad mensual. La lista de conceptos excluidos incluye:

• Horas extras
• Premios y bonos
• Participación en las ganancias
• Sueldo Anual Complementario (aguinaldo)
• Plus vacacional
• Sumas no remunerativas
• Cualquier otro pago que no sea normal, habitual y mensual

Esta enumeración busca cerrar el margen de interpretación que, según el Gobierno, permitía que algunos sindicatos incluyeran conceptos extraordinarios en la base de cálculo durante las negociaciones colectivas.

Según los fundamentos del decreto, la intención es evitar que se generen mayores costos laborales para empleadores y trabajadores por interpretaciones que amplíen discrecionalmente la base de cálculo en el marco de las negociaciones colectivas.

Qué obligaciones nuevas tienen los sindicatos con los fondos de empleadores

La reglamentación reafirma que las contribuciones acordadas por los empleadores en favor de los sindicatos deben destinarse exclusivamente a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales que beneficien directamente a los trabajadores.

Para garantizar ese destino, los gremios estarán obligados a llevar una administración especial y separada de esos recursos respecto del resto de su patrimonio. Deberán contar con documentación diferenciada que permita una mayor trazabilidad de los fondos.

Esta exigencia de transparencia busca facilitar el control de legalidad previo a la homologación de convenios colectivos, según sostiene el Poder Ejecutivo en los fundamentos del decreto.

La medida entró en vigencia el mismo día de su publicación, el 20 de julio, y constituye un nuevo avance en la implementación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Con este decreto, el Ejecutivo busca uniformar el criterio de cálculo de aportes sindicales para todos los futuros acuerdos colectivos, cerrando un vacío normativo que generaba disputas en las negociaciones entre empleadores y sindicatos.

Reforma laboral: qué cosas fueron cambiando en estos meses que está vigente

Ante la vuelta del plantel tras la final del Mundial, el Ejecutivo analiza opciones para facilitar el traslado de los hinchas. Qué implica cada medida

19/07/2026 – 18:35hs

La expectativa por el regreso de la Selección Argentina tras la final frente a España en el Mundial paraliza al país. Con el plantel listo para emprender el retorno a Buenos Aires, tras caer en el juego decisivo, la atención pública no solo está puesta en las decisiones administrativas que pueda tomar el Gobierno nacional. En las últimas horas, los rumores sobre una medida oficial para permitir que los hinchas acompañen la llegada de los jugadores crecieron en las redes sociales.

Frente a este escenario de fervor popular, en la Casa Rosada se analizan herramientas legales para atenuar el impacto de la jornada laboral de mañana y permitir una movilización masiva y ordenada. Decretar un descanso no es un proceso lineal y cada variante implica consecuencias muy distintas para los trabajadores de los diferentes sectores. La gran duda entre empleados, comerciantes y estudiantes es cuál será la figura jurídica elegida si el Ejecutivo decide intervenir.

Diferencias entre feriado nacional, día no laborable y asueto

La opción de máxima y que genera mayor impacto económico es el feriado nacional. Esta medida tiene aplicación obligatoria tanto para el sector público como para el privado. Si el Gobierno determina esta opción, rigen las pautas del descanso dominical: la mayoría de las actividades cierran y, en caso de que un empleador requiera que su personal trabaje, deberá abonar una remuneración doble por esa jornada.

Por el contrario, la figura del día no laborable plantea un escenario diferente para el sector privado, ya que el descanso es optativo para el empleador. Si una empresa decide abrir, el empleado está obligado a asistir a cumplir sus tareas y el pago de esa jornada es simple, sin ningún tipo de plus. Si el empleador decide cerrar, el día se abona igualmente como jornada normal. La única excepción obligatoria donde no se trabaja suele ser en bancos, seguros y dependencias públicas.

Finalmente, la alternativa más frecuente para el Estado en este tipo de situaciones es el asueto administrativo. Esta es una disposición dictada por el Poder Ejecutivo que posee un alcance limitado, ya que afecta principalmente al personal de la administración pública nacional. Los empleados estatales quedan eximidos de concurrir a sus puestos, pero no tiene vigencia obligatoria para el sector privado, comercios ni escuelas, los cuales continúan con su ritmo habitual.

Cuándo se define qué hará el Gobierno tras la final de Argentina

Se espera que Javier Milei defina cómo será la jornada laboral de este lunes para los argentinos. Desde el Gobierno saben que pese a la derrota la gente se volcará a las calles para recibir a la Scaloneta de Lionel Messi y agradecerle por la etapa más dorada de la historia albiceleste.

Hace cuatro años, tras la locura de Qatar millones de personas salieron a las calles y el micro de la Selección no pudo arribar donde tenía previsto para el agazajo final. Ahora la alternativa más fuerte es que el plantel se aloje en el predio de Ezeiza y que desde allí partan en helicópteros para saludar desde el mítico balcón de Casa Rosada, aunque esto terminará de definirlo el plantel.

La Cancillería argentina felicitó este lunes a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, por su triunfo en las elecciones del domingo y extendió el saludo al pueblo costarricense «por la ejemplar jornada cívica que llevó a cabo».

Con 39 años, Fernández se impuso en los comicios presidenciales con el 50% de los votos, frente al 32% que consiguió Álvaro Ramos y el escueto 4% de Claudia Dobles.

Su triunfo representa una continuidad del oficialismo, referenciado en el actual mandatario Rodrigo Chaves. La futuro primera magistrada tiene simpatías por el líder de El Salvador, Nayib Bukele.

Argentina felicitó a la presidenta electa de Costa Rica

Tras conocerse los resultados, el Gobierno argentino emitió un comunicado de felicitación. «La Argentina y Costa Rica comparten principios y valores democráticos, en particular el compromiso con la libertad, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos», indica el escrito.

Indica, además, que esos valores «sustentan una histórica relación de amistad, la cual continuará fortaleciéndose bajo los liderazgos del Presidente Javier Milei y la Presidente electa Laura Fernández».

«La Argentina reafirma su disposición a seguir trabajando junto al nuevo Gobierno de Costa Rica en beneficio de los intereses comunes, así como de la seguridad y el crecimiento económico de la región», finaliza el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En tanto, el canciller Pablo Quirno compartió el documento y sumó: «Felicitaciones a la Presidente electa Laura Fernández y al pueblo de Costa Rica».

Quirno afirmó: «La Argentina seguirá trabajando con el nuevo Gobierno y los socios regionales en favor de la libertad, la democracia y el crecimiento económico».

Politóloga de 39 años, nacida en Puntarenas, una de las zonas más golpeadas por el avance del narcotráfico, Laura Fernández se formó académicamente en Costa Rica y desarrolló su carrera política bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Chaves, de quien es considerada su principal heredera.

Especialista en políticas públicas, ocupó cargos clave durante la actual administración y se consolidó como la figura de continuidad del oficialismo. Se define como liberal en lo económico y conservadora en lo social, con un discurso confrontativo que le permitió imponerse en primera vuelta.

Bukele fue, de hecho, el primer jefe de Estado en felicitarla tras el triunfo. “Le deseo el mayor de los éxitos”, escribió en la red social X. En un video de campaña difundido semanas antes de la elección, Fernández había asegurado al mandatario salvadoreño que la seguridad seguiría siendo “una de las más altas prioridades” de su futura administración, en línea con los proyectos impulsados por Chaves.

Sus adversarios políticos la acusan de adoptar de manera oportunista el llamado “modelo Bukele”, valorado por su eficacia en la reducción de la violencia, pero cuestionado por organismos de derechos humanos debido a denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y torturas bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador.

La cúpula sindical argentina vive horas de presión desde varios frentes. Por un lado, los sectores más radicalizados piden un paro general por tiempo indeterminado para frenar la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, el triunvirato de la CGT tiene en cuenta la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional, que se reflejó en el escaso acatamiento de los últimos dos paros y en las dificultades de ciertos gremios poderosos para ejercer la fuerza de otros tiempos.

En los últimos días, la Unión Obrera Metalúrgica -una de las más afectadas por la crisis de la industria nacional- suspendió un paro en la planta de Acindar, que viene reduciendo su actividad y la planta de personal. Una situación similar ocurrió en una fábrica santafecina de productos lácteos, paralizada por falta de insumos. Es la evidencia de un tipo de acción sindical diferente al tradicional: lejos de enfocarse en temas que afectan al ingreso de asalariados altos, como el impuesto a las Ganancias, el reclamo de las bases es el cuidado de los puestos de empleo.

El líder del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, les reclamó a los nuevos triunviros de la CGT –Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo– que convocaran a un paro general para el 11 de febrero, cuando el Congreso empiece a tratar la controvertida ley de modernización laboral.

Más lejos fue el secretario general del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, quien se quejó sin ambigüedades sobre lo que considera una actitud prescindente por parte de la CGT: «No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores», expresó el sindicalista. Y agregó que, si él fuera secretario general de la CGT, «convocaría a un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene».

¿Confrontar o negociar?

Pero hay señales que indican que esa no es la postura mayoritaria. Más bien al contrario, hay una situación más calma de lo esperado en gremios que suelen movilizarse en esta época del año, como los docentes y los empleados estatales.

En la provincia de Buenos Aires, ambos sectores aceptaron la propuesta de Axel Kicillof, que ofreció un 1,5% de ajuste más un retroactivo a diciembre.

A nivel nacional, se está haciendo más notorio que nunca la divergecia entre ATE, que mantiene una postura combativa, y la de UPCN -perteneciente a la CGT- que prefiere la negociación. El propio gobierno no ocultó su intención de que los empleados estatales vuelvan a ser una variable del ajuste fiscal.

Las cifras del gasto público muestran que la masa salarial cayó un 9,4% en términos reales, y que la participación de los salarios públicos de la administración central, que hace un año era un 12,2% de los gastos corrientes, cayó a 11,2%.

En cuanto a la nueva ley de trabajo, la cúpula de la CGT, compuesta por dirigentes de la facción de «los Gordos», ha manifestado su preferencia por la negociación.

En su discurso de asunción en la jefatura tripartita, en noviembre pasado, el dirigente del gremio asegurador, Jorge Sola, había dejado en claro cuál sería la prioridad a la hora de negociar.

 «No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales», fue la definición del nuevo triunviro.

La representatividad sindical, cada vez más devaluada

Esas definiciones dejan en claro no sólo la discrepancia política o ideológica con la ley de modernización laboral sino, sobre todo, el temor a una «devaluación» en la representatividad y el poder de la dirigencia sindical.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno -en particular, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido- creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la «ultraactividad» -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

También se explora la vía judicial, como adelantó el secretario general de la Uocra -gremio de la construcción-, Gerardo Martínez, que se quejó por la falta de disposición al diálogo que muestra el gobierno.

Gremios: una convocatoria que pierde peso

Pero la postura negociadora no es apenas una decisión estratégica: es también un reconocimiento de que la capacidad de movilización y presión sindical se encuentra en un punto bajo.

La jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de reforma laboral, tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. El gobierno aprovechó la situación para «ningunear» a los sindicalistas, argumentando que esa jornada había sido «un día normal».

Y, sobre todo, en la cúpula sindical está fresco el recuerdo del fiasco de los últimos dos paros generales, que acentuaron esa imagen de debilidad.

El primero fue el 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

La ruptura llegó al extremo que, en los sectores más combativos, circulaba el chiste de que la sigla CGT quería decir, en realidad, «Confederación General de Twitter», por la preferencia de los dirigentes de estar más activos con comunicados en las redes sociales que con medidas de protesta callejera.

Finalmente, ante la presión interna, y condicionados también por las críticas por su falta de apoyo al reclamo de los jubilados, los dirigentes de la CGT convocaron a un paro en abril del año pasado. Otra protesta con floja adhesión, dada la actividad de los colectivos. El resultado fue que sólo se sintió el acatamiento en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.

Javier Milei hizo jugar esa situación en su favor, argumentando que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que «se niegan a perder privilegios» y por eso se oponen a la agenda reformista.

Moyano se enfoca en los convenios

Esos paros fallidos contrastaron con las demostraciones de fuerza de la CGT cuando recién había asumido Milei, y el tema de la convocatoria era la oposición a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, algo que afectaba al núcleo de los gremios grandes, donde los promedios salariales son relativamente altos.

Pero cuando la convocatoria tiene un tinte más político, se vuelve a plantear el temor a la pérdida de representatividad. De hecho, el tema más comentado en los últimos paros fue la dificultad de convocar a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio. La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen «changas» en la absoluta informalidad.

Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas con la irrefutable frase de «si no voy a trabajar, no cobro el día».

Esa situación hace que el desempleo creciente en sectores como la industria, lejos de ser un factor que favorezca las medidas de fuerza, pueda restar apoyo a la cúpula sindical. El gobierno usa los datos de la economía informal como argumento de que la actual ley de trabajo es anacrónica.

Mientras el debate por la reforma toma temperatura, Hugo Moyano decidió centrarse en un tema estratégico: atacar la política de Toto Caputo de «topear» los acuerdos salariales por la vía de no homologar convenios. Y, ante el repunte inflacionario, dijo que no hay condiciones para que se firmen acuerdos de seis meses, sino que se debe incluir revisiones más frecuentes.

Un round ganado para la defensa argentina en el juicio por YPF que se tramita en el juzgado del distrito sur de Nueva York, EE.UU. desde abril de 2015. En una pelea legal en el que la Argentina viene perdiendo todos los round por paliza acaba de dar vuelta una decisión que, en el pasado, había aprobado la propia jueza, Loretta Preska.

La jueza federal neoyorkina, Loretta Preska, resolvió suspender de forma temporal la orden que habilitaba a los demandantes, que administran las quiebras de las sociedades Petersen Energía; Petersen Energía Inversora que pertenecieron a la familia Eskenazi y Eton Park financiados por el fondo «buitre» Burford Capital, a investigar activos de YPF con el objetivo de avanzar en eventuales embargos, al conceder un planteo de la propia compañía para que se aguarde la definición de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la legalidad de tratar a la petrolera como un «alter ego» del Estado argentino.

La decisión supone un freno inmediato al denominado «discovery», una instancia procesal que permitía a los fondos demandantes requerir información sensible para intentar demostrar que YPF no actúa de manera independiente del Estado nacional y, de ese modo, sortear la inmunidad soberana que protege a sus bienes en el exterior.

Uno de los analistas que siguen el caso, Sebastián Maril, director de Latam Advisor explicó en sus redes sociales, «Regalo navideño para YPF: Preska accede al pedido de la petrolera de suspender el discovery del alter ego, (búsqueda de activos para ser embargados), mientras la empresa apela la decisión que permitió dicho discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar. Esta orden no aplica al discovery contra otros activos soberanos, que continúa vigente», explicó.

Esto significa que la decisión de la justicia estadounidense puede continuar indagando, buscando, activos embargables de otras compañías en las que el Estado argentino es dueño o partícipe en su capital accionario.

Y, lo que se intenta establecer es si organismos como el Banco Central, con el oro misterioso que está invertido en algún lugar de Europa, las empresas Aerolíneas Argentinas con sus aviones, los satélites de ARSAT, el material de Energía Argentina y, hasta, activos del Banco Nación, están funcionando como ejecutores de políticas del Estado nacional. Si así fuera, podrían ser embargados por la severa jueza.

El millonario litigio tiene como génesis en la publicitada reestatización de la petrolera, en el año 2012 bajo el gobierno de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía.

En ese momento, el fondo Eton Park era accionista minoritario de YPF, mientras que Burford Capital adquirió los derechos para litigar en la Justicia española tras la quiebra de las compañías Petersen, fundadas por la familia Eskenazi en ese país, y también accionistas de la petrolera argentina.

El juicio se sustancia en los EE.UU. porque la empresa petrolera cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el año 1993. Sus estatutos fueron presentados ante la  Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y según el artículo 7° de ese estatuto, cualquier comprador que adquiera más del 15% del capital accionario de la compañía está obligado a lanzar una OPA al resto de los accionistas. 

La OPA es una oferta pública de adquisición. Un mecanismo financiero mediante el cual un inversor o un grupo de inversores propone públicamente a los accionistas de una empresa cotizada la compra de sus acciones a un precio previamente establecido. Ese paso nunca fue dado por la administración kirchnerista y generó el millonario reclamo que sigue hasta el día de hoy.

Una multa millonaria para el Estado argentino

La jueza bajó el martillo en septiembre de 2023 y condenó a la Argentina a pagar el máximo posible al fondo Burford Capital – titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park, de un total de u$s16.000 millones. Además, los intereses se acumulan cada día que pasa sin que el país pague esa cifra por la estatización de la compañía, el país debe pagar u$s2,5 millones en intereses.

Como si fuera poco, la jueza estadounidense decidió, en junio de este año, que el país deberá entregar el 51% de las acciones de la petrolera, del paquete que fue nacionalizado en 2012, como parte del proceso de resarcimiento por no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) en el momento de la expropiación.

Los abogados de la Argentina apelaron esta última sentencia y esa causa corre por carriles separados a la decisión que produjo el juzgado de Preska horas antes de la Navidad.

Se trata de la segunda buena noticia que recibe la administración de Javier Milei en torno al juicio por YPF. 

En octubre pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos realizó una audiencia considerada vital en el contexto de la apelación presentada por la Argentina contra el fallo por u$s16.100 millones dictado en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el caso Petersen Energía / Eton Park Capital Management vs. República Argentina y YPF S.A.

Los representantes de la Procuración del Tesoro de la Nación, afirmaron a iProfesional que la defensa argentina expuso sus argumentos «con claridad, convicción y determinación», centrando su planteo en que el tribunal estadounidense interpretó de manera errónea el derecho argentino y basó su decisión en «una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias».

La posición del país se apoyó en que el juicio no debería haberse tramitado en Nueva York, ya que todos los hechos cuestionados ocurrieron en Argentina, bajo leyes argentinas, y las operaciones involucradas se realizaron en pesos. Además, La defensa también sostuvo que la causa involucra materia de derecho público -y no comercial-, por lo que debería quedar amparada por la inmunidad soberana.

Los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson cuestionaron con dureza algunas posturas de los representantes de los fondos demandantes. Uno de ellos incluso planteó: «Si lo diéramos vuelta, si fuese Estados Unidos, ¿cómo nos sentiríamos si se juzgara en Argentina?».