La Cancillería argentina felicitó este lunes a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, por su triunfo en las elecciones del domingo y extendió el saludo al pueblo costarricense “por la ejemplar jornada cívica que llevó a cabo”.

Con 39 años, Fernández se impuso en los comicios presidenciales con el 50% de los votos, frente al 32% que consiguió Álvaro Ramos y el escueto 4% de Claudia Dobles.

Su triunfo representa una continuidad del oficialismo, referenciado en el actual mandatario Rodrigo Chaves. La futuro primera magistrada tiene simpatías por el líder de El Salvador, Nayib Bukele.

Argentina felicitó a la presidenta electa de Costa Rica

Tras conocerse los resultados, el Gobierno argentino emitió un comunicado de felicitación. “La Argentina y Costa Rica comparten principios y valores democráticos, en particular el compromiso con la libertad, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos”, indica el escrito.

Indica, además, que esos valores “sustentan una histórica relación de amistad, la cual continuará fortaleciéndose bajo los liderazgos del Presidente Javier Milei y la Presidente electa Laura Fernández”.

“La Argentina reafirma su disposición a seguir trabajando junto al nuevo Gobierno de Costa Rica en beneficio de los intereses comunes, así como de la seguridad y el crecimiento económico de la región”, finaliza el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

En tanto, el canciller Pablo Quirno compartió el documento y sumó: “Felicitaciones a la Presidente electa Laura Fernández y al pueblo de Costa Rica”.

Quirno afirmó: “La Argentina seguirá trabajando con el nuevo Gobierno y los socios regionales en favor de la libertad, la democracia y el crecimiento económico”.

Politóloga de 39 años, nacida en Puntarenas, una de las zonas más golpeadas por el avance del narcotráfico, Laura Fernández se formó académicamente en Costa Rica y desarrolló su carrera política bajo el liderazgo del presidente Rodrigo Chaves, de quien es considerada su principal heredera.

Especialista en políticas públicas, ocupó cargos clave durante la actual administración y se consolidó como la figura de continuidad del oficialismo. Se define como liberal en lo económico y conservadora en lo social, con un discurso confrontativo que le permitió imponerse en primera vuelta.

Bukele fue, de hecho, el primer jefe de Estado en felicitarla tras el triunfo. “Le deseo el mayor de los éxitos”, escribió en la red social X. En un video de campaña difundido semanas antes de la elección, Fernández había asegurado al mandatario salvadoreño que la seguridad seguiría siendo “una de las más altas prioridades” de su futura administración, en línea con los proyectos impulsados por Chaves.

Sus adversarios políticos la acusan de adoptar de manera oportunista el llamado “modelo Bukele”, valorado por su eficacia en la reducción de la violencia, pero cuestionado por organismos de derechos humanos debido a denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y torturas bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador.

La cúpula sindical argentina vive horas de presión desde varios frentes. Por un lado, los sectores más radicalizados piden un paro general por tiempo indeterminado para frenar la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, el triunvirato de la CGT tiene en cuenta la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional, que se reflejó en el escaso acatamiento de los últimos dos paros y en las dificultades de ciertos gremios poderosos para ejercer la fuerza de otros tiempos.

En los últimos días, la Unión Obrera Metalúrgica -una de las más afectadas por la crisis de la industria nacional- suspendió un paro en la planta de Acindar, que viene reduciendo su actividad y la planta de personal. Una situación similar ocurrió en una fábrica santafecina de productos lácteos, paralizada por falta de insumos. Es la evidencia de un tipo de acción sindical diferente al tradicional: lejos de enfocarse en temas que afectan al ingreso de asalariados altos, como el impuesto a las Ganancias, el reclamo de las bases es el cuidado de los puestos de empleo.

El líder del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, les reclamó a los nuevos triunviros de la CGT –Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo– que convocaran a un paro general para el 11 de febrero, cuando el Congreso empiece a tratar la controvertida ley de modernización laboral.

Más lejos fue el secretario general del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, quien se quejó sin ambigüedades sobre lo que considera una actitud prescindente por parte de la CGT: “No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores”, expresó el sindicalista. Y agregó que, si él fuera secretario general de la CGT, “convocaría a un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene”.

¿Confrontar o negociar?

Pero hay señales que indican que esa no es la postura mayoritaria. Más bien al contrario, hay una situación más calma de lo esperado en gremios que suelen movilizarse en esta época del año, como los docentes y los empleados estatales.

En la provincia de Buenos Aires, ambos sectores aceptaron la propuesta de Axel Kicillof, que ofreció un 1,5% de ajuste más un retroactivo a diciembre.

A nivel nacional, se está haciendo más notorio que nunca la divergecia entre ATE, que mantiene una postura combativa, y la de UPCN -perteneciente a la CGT- que prefiere la negociación. El propio gobierno no ocultó su intención de que los empleados estatales vuelvan a ser una variable del ajuste fiscal.

Las cifras del gasto público muestran que la masa salarial cayó un 9,4% en términos reales, y que la participación de los salarios públicos de la administración central, que hace un año era un 12,2% de los gastos corrientes, cayó a 11,2%.

En cuanto a la nueva ley de trabajo, la cúpula de la CGT, compuesta por dirigentes de la facción de “los Gordos”, ha manifestado su preferencia por la negociación.

En su discurso de asunción en la jefatura tripartita, en noviembre pasado, el dirigente del gremio asegurador, Jorge Sola, había dejado en claro cuál sería la prioridad a la hora de negociar.

 “No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales”, fue la definición del nuevo triunviro.

La representatividad sindical, cada vez más devaluada

Esas definiciones dejan en claro no sólo la discrepancia política o ideológica con la ley de modernización laboral sino, sobre todo, el temor a una “devaluación” en la representatividad y el poder de la dirigencia sindical.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno -en particular, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido- creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la “ultraactividad” -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

También se explora la vía judicial, como adelantó el secretario general de la Uocra -gremio de la construcción-, Gerardo Martínez, que se quejó por la falta de disposición al diálogo que muestra el gobierno.

Gremios: una convocatoria que pierde peso

Pero la postura negociadora no es apenas una decisión estratégica: es también un reconocimiento de que la capacidad de movilización y presión sindical se encuentra en un punto bajo.

La jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de reforma laboral, tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. El gobierno aprovechó la situación para “ningunear” a los sindicalistas, argumentando que esa jornada había sido “un día normal”.

Y, sobre todo, en la cúpula sindical está fresco el recuerdo del fiasco de los últimos dos paros generales, que acentuaron esa imagen de debilidad.

El primero fue el 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

La ruptura llegó al extremo que, en los sectores más combativos, circulaba el chiste de que la sigla CGT quería decir, en realidad, “Confederación General de Twitter”, por la preferencia de los dirigentes de estar más activos con comunicados en las redes sociales que con medidas de protesta callejera.

Finalmente, ante la presión interna, y condicionados también por las críticas por su falta de apoyo al reclamo de los jubilados, los dirigentes de la CGT convocaron a un paro en abril del año pasado. Otra protesta con floja adhesión, dada la actividad de los colectivos. El resultado fue que sólo se sintió el acatamiento en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.

Javier Milei hizo jugar esa situación en su favor, argumentando que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que “se niegan a perder privilegios” y por eso se oponen a la agenda reformista.

Moyano se enfoca en los convenios

Esos paros fallidos contrastaron con las demostraciones de fuerza de la CGT cuando recién había asumido Milei, y el tema de la convocatoria era la oposición a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, algo que afectaba al núcleo de los gremios grandes, donde los promedios salariales son relativamente altos.

Pero cuando la convocatoria tiene un tinte más político, se vuelve a plantear el temor a la pérdida de representatividad. De hecho, el tema más comentado en los últimos paros fue la dificultad de convocar a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio. La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen “changas” en la absoluta informalidad.

Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas con la irrefutable frase de “si no voy a trabajar, no cobro el día”.

Esa situación hace que el desempleo creciente en sectores como la industria, lejos de ser un factor que favorezca las medidas de fuerza, pueda restar apoyo a la cúpula sindical. El gobierno usa los datos de la economía informal como argumento de que la actual ley de trabajo es anacrónica.

Mientras el debate por la reforma toma temperatura, Hugo Moyano decidió centrarse en un tema estratégico: atacar la política de Toto Caputo de “topear” los acuerdos salariales por la vía de no homologar convenios. Y, ante el repunte inflacionario, dijo que no hay condiciones para que se firmen acuerdos de seis meses, sino que se debe incluir revisiones más frecuentes.

Un round ganado para la defensa argentina en el juicio por YPF que se tramita en el juzgado del distrito sur de Nueva York, EE.UU. desde abril de 2015. En una pelea legal en el que la Argentina viene perdiendo todos los round por paliza acaba de dar vuelta una decisión que, en el pasado, había aprobado la propia jueza, Loretta Preska.

La jueza federal neoyorkina, Loretta Preska, resolvió suspender de forma temporal la orden que habilitaba a los demandantes, que administran las quiebras de las sociedades Petersen Energía; Petersen Energía Inversora que pertenecieron a la familia Eskenazi y Eton Park financiados por el fondo “buitre” Burford Capital, a investigar activos de YPF con el objetivo de avanzar en eventuales embargos, al conceder un planteo de la propia compañía para que se aguarde la definición de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la legalidad de tratar a la petrolera como un “alter ego” del Estado argentino.

La decisión supone un freno inmediato al denominado “discovery”, una instancia procesal que permitía a los fondos demandantes requerir información sensible para intentar demostrar que YPF no actúa de manera independiente del Estado nacional y, de ese modo, sortear la inmunidad soberana que protege a sus bienes en el exterior.

Uno de los analistas que siguen el caso, Sebastián Maril, director de Latam Advisor explicó en sus redes sociales, “Regalo navideño para YPF: Preska accede al pedido de la petrolera de suspender el discovery del alter ego, (búsqueda de activos para ser embargados), mientras la empresa apela la decisión que permitió dicho discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar. Esta orden no aplica al discovery contra otros activos soberanos, que continúa vigente”, explicó.

Esto significa que la decisión de la justicia estadounidense puede continuar indagando, buscando, activos embargables de otras compañías en las que el Estado argentino es dueño o partícipe en su capital accionario.

Y, lo que se intenta establecer es si organismos como el Banco Central, con el oro misterioso que está invertido en algún lugar de Europa, las empresas Aerolíneas Argentinas con sus aviones, los satélites de ARSAT, el material de Energía Argentina y, hasta, activos del Banco Nación, están funcionando como ejecutores de políticas del Estado nacional. Si así fuera, podrían ser embargados por la severa jueza.

El millonario litigio tiene como génesis en la publicitada reestatización de la petrolera, en el año 2012 bajo el gobierno de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía.

En ese momento, el fondo Eton Park era accionista minoritario de YPF, mientras que Burford Capital adquirió los derechos para litigar en la Justicia española tras la quiebra de las compañías Petersen, fundadas por la familia Eskenazi en ese país, y también accionistas de la petrolera argentina.

El juicio se sustancia en los EE.UU. porque la empresa petrolera cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el año 1993. Sus estatutos fueron presentados ante la  Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y según el artículo 7° de ese estatuto, cualquier comprador que adquiera más del 15% del capital accionario de la compañía está obligado a lanzar una OPA al resto de los accionistas. 

La OPA es una oferta pública de adquisición. Un mecanismo financiero mediante el cual un inversor o un grupo de inversores propone públicamente a los accionistas de una empresa cotizada la compra de sus acciones a un precio previamente establecido. Ese paso nunca fue dado por la administración kirchnerista y generó el millonario reclamo que sigue hasta el día de hoy.

Una multa millonaria para el Estado argentino

La jueza bajó el martillo en septiembre de 2023 y condenó a la Argentina a pagar el máximo posible al fondo Burford Capital – titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park, de un total de u$s16.000 millones. Además, los intereses se acumulan cada día que pasa sin que el país pague esa cifra por la estatización de la compañía, el país debe pagar u$s2,5 millones en intereses.

Como si fuera poco, la jueza estadounidense decidió, en junio de este año, que el país deberá entregar el 51% de las acciones de la petrolera, del paquete que fue nacionalizado en 2012, como parte del proceso de resarcimiento por no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) en el momento de la expropiación.

Los abogados de la Argentina apelaron esta última sentencia y esa causa corre por carriles separados a la decisión que produjo el juzgado de Preska horas antes de la Navidad.

Se trata de la segunda buena noticia que recibe la administración de Javier Milei en torno al juicio por YPF. 

En octubre pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos realizó una audiencia considerada vital en el contexto de la apelación presentada por la Argentina contra el fallo por u$s16.100 millones dictado en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el caso Petersen Energía / Eton Park Capital Management vs. República Argentina y YPF S.A.

Los representantes de la Procuración del Tesoro de la Nación, afirmaron a iProfesional que la defensa argentina expuso sus argumentos “con claridad, convicción y determinación”, centrando su planteo en que el tribunal estadounidense interpretó de manera errónea el derecho argentino y basó su decisión en “una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias”.

La posición del país se apoyó en que el juicio no debería haberse tramitado en Nueva York, ya que todos los hechos cuestionados ocurrieron en Argentina, bajo leyes argentinas, y las operaciones involucradas se realizaron en pesos. Además, La defensa también sostuvo que la causa involucra materia de derecho público -y no comercial-, por lo que debería quedar amparada por la inmunidad soberana.

Los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson cuestionaron con dureza algunas posturas de los representantes de los fondos demandantes. Uno de ellos incluso planteó: “Si lo diéramos vuelta, si fuese Estados Unidos, ¿cómo nos sentiríamos si se juzgara en Argentina?”. 

El presidente Javier Milei llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para tratar, entre otros temas clave de la gestión, la reforma laboral o el Proyecto de Modernización Laboral que el Ejecutivo enviaría a consideración legislativa. Un borrador de dicho proyecto entró en circulación este viernes, y el mismo prevé la eliminación de varios regimenes especiales de trabajo. Esto incluye la derogación de la Ley de Teletrabajo (Ley N°27.555)

En caso de aprobarse el proyecto, ¿qué significa para quienes trabajan con esa modalidad? Quienes fueron contratados cuando la Ley de Teletrabajo estaba vigente, deberían poder hacer valer los derechos y obligaciones que determinaba esa normativa. 

A la vez, quienes a partir de la derogación de la ley 27.555 fuesen contratados para teletrabajar, pasarían a regirse por la ley laboral general, la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744) que también es modificada por el mencionado proyecto de ley. En ese caso, la modalidad a distancia pasaría a ser algo a negociar entre partes y no a depender de una ley específica de esa forma de trabajo remoto. 

Más aún, la reforma laboral, si se aprueba como figura en el documento difundido en el día de la fecha, también modificaría el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite al empleador hacer cambios en la forma y modalidad de la prestación del trabajo siempre que no altere modalidades esenciales del contrato ni cause perjuicio material o moral al empleado. Esto ya está vigente en la legislación laboral actual.

Qué dice la Ley de Teletrabajo

La Ley de Teletrabajo 27.555 consagra responsabilidades de trabajadores y empleadores en un contrato laboral con modalidad de desempeño a distancia total o parcial respecto de lugares distintos al establecimiento del empleador, mediante tecnologías de información y comunicación. Algunos de los puntos clave de la normativa son: 

• Derechos y obligaciones: Los teletrabajadores gozan de los mismos derechos que los presenciales (remuneración igual o superior, licencias, seguridad social); incluyen derecho colectivo a representación sindical, anexándolos a centros de trabajo presenciales.​
• Desconexión digital: Prohíbe contactar al trabajador fuera de jornada laboral o licencias; no se pueden exigir tareas ni comunicaciones extracurriculares, bajo pena de sanciones. Plataformas de control deben respetar horarios.​
• Jornada laboral: Debe pactarse por escrito, respetando límites legales/convencionales (por hora u objetivos); revocable unilateralmente por el trabajador, obligando al empleador a reubicarlo presencialmente.​
• Compensación de gastos: El empleador cubre incrementos en conectividad, energía u otros servicios por teletrabajo (exentos de Ganancias); provee herramientas/IT sin cargo.​
• Contrato y reversibilidad: Requiere acuerdo escrito; el empleador no puede imponerlo sin consentimiento, y el trabajador puede revertirlo con reubicación prioritaria.

Hasta el momento, la Ley de Teletrabajo sigue vigente y regula este tipo de vínculo laboral cuando desde el inicio se pacta esta modalidad y normativa en un contrato laboral. 

Teletrabajo y trabajo híbrido

Vale la pena aclarar que estos cambios, en caso de aprobarse la reforma tal como figura en el borrador, solo aplican a personas que estaban contratadas bajo el régimen de Teletrabajo y la ley 27.555.

No aplica en absoluto a quienes trabajan enmarcados en otros convenios o que fueron contratados bajo la LCT, y reciben de su empleador el beneficio de teletrabajo de manera voluntaria. Tampoco aplica a los plus (como pago de Internet) que negocian algunos convenios colectivos. 

Las personas contratadas bajo un convenio particular o que teletrabajan por acuerdo con la compañía en la que prestan tareas, no se verán impactadas en ese aspecto si se aprueba la reforma laboral como se plantea en este borrador. 

De acuerdo a un estudio dado a concoer por WTW en noviembre, el teletrabajo es el segundo beneficio más valorado por los empleados de grandes empresas y filiales de multinacionales, solo por detrás de la cobertura de salud. La gran mayoría de las compañías relevaas aplican el modelo híbrido y el 28% ofrece días de teletrabajo a todo el personal, el48% a los empleados que pueden hacer a distancia su trabajo, el 17% al personal fuera de convenio y el 7% solo al administrativo. 

La mayoría (39%) se decanta por 3 días a la semana de presencialidad, y otro 22% solo acude a la oficina dos días. Luego hay un 12% que define el régimen de teletrabajo de común acuerdo con el empleado, y otro 12% en donde es variable de acuerdo a la posición. Las demás compañías de la muestra de WTW no optan por el modelo híbrido. 

La consultora preguntó en octubre si había planes de cambiar los esquemas actuales de asistencia y el 71% dijo que no. Del 21% que lo está analizando, y el 8% que tiene el plan de cambiar, el 65% solo adicionaría un día más de presencialidad a la semana en caso de concretar la modificación.

Nuevamente, la reforma laboral no impactaría en estos acuerdos entre empresas y empleados que realizan teletrabajo ni en los acuerdos por convenio que incluyen plus por realizar tareas a distancia. Solamente se derogaría hacia adelante la posibilidad de contratar bajo la Ley de Teletrabajo 27,555. 

En un desarrollo que marca un vuelco en las complejas negociaciones financieras entre Wall Street y el gobierno argentino, los principales bancos estadounidenses involucrados en el préstamo de hasta u$s20.000 millones acordaron asumir la garantía del crédito, utilizando como colateral activos de la System Open Market Account (SOMA) de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Esta decisión, que podría acelerar los anuncios, representa un retroceso para las entidades financieras, que hasta hace semanas presionaban al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para que el Departamento del Tesoro de EEUU asumiera el riesgo soberano argentino.

El giro, confirmado a Ámbito por fuentes cercanas a las negociaciones en Nueva York y Washington, surge en el contexto de un salvataje bilateral que busca estabilizar el frente cambiario y, sobre todo, despejar los nubarrones a propósito de la capacidad de pago de la Argentina.

Inicialmente, instituciones como J.P. Morgan, Citigroup, Bank of America y Goldman Sachs habían condicionado su participación a un “backstop” explícito del gobierno estadounidense, citando la calificación especulativa de la deuda argentina por agencias como Moody’s y S&P.

Sin embargo, ante la reticencia de Bessent a comprometer fondos públicos sin aprobación del congreso estadounidense y para evitar fricciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los bancos optaron por internalizar el aval mediante mecanismos colaterales vinculados a la SOMA.

Garantías de los propios bancos en la Reserva Federal

La System Open Market Account (SOMA), que administra el portafolio de valores del Tesoro estadounidense adquirido por la Fed en operaciones de mercado abierto, ofrece un colchón de liquidez superior a los u$s280.000 millones en activos, incluyendo bonos y Derechos Especiales de Giro (SDR) del FMI.

Bajo este esquema, los bancos podrían transferir “securities” del “Exchange Stabilization Fund (ESF)” –el fondo de estabilización del Tesoro con activos flexibles– hacia la SOMA, permitiendo colateralizar hasta el 50% del préstamo en caso de incumplimiento.

Esta maniobra, detallada en la Quarterly Refunding Statement del Tesoro emitida recientemente, incluye recompras de hasta u$s38.000 millones en títulos “off-the-run”, inyectando liquidez sin requerir nuevos desembolsos fiscales directos.

En los hechos, la SOMA constituye el núcleo del portafolio de la Reserva Federal de Estados Unidos, un conjunto de activos –principalmente valores del Tesoro y de agencias hipotecarias– adquiridos a través de operaciones de mercado abierto para ejecutar la política monetaria y regular la liquidez en el sistema financiero.

El dato es que su gestión operativa recae en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la institución regional más influyente del Sistema de la Fed, encargada de llevar a cabo las transacciones de compra y venta de “securities” en nombre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), con el fin de influir en las tasas de interés y la oferta de reservas bancarias.

Este banco, que supervisa además a las instituciones financieras clave de la Segunda Distrito Federal (Nueva York y partes del noreste), opera bajo una estructura híbrida público-privada: sus accionistas son los bancos miembros del distrito, como J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup, que poseen acciones no transferibles equivalentes a buena parte de su capital y reservas, recibiendo dividendos fijos, lo que ilustra la interdependencia entre el sector privado y la autoridad monetaria central.

Cambio en la estrategia: las razones del Fondo

El giro contrasta con la dinámica inicial de octubre, cuando los bancos, liderados por el CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, ejercieron una presión sostenida sobre Bessent. En entrevistas con Bloomberg TV, el pasado 21 de octubre, el secretario del Tesoro describió el swap bilateral de u$s20.000 millones –anunciado el 20 de ese mes y aún inactivo en su totalidad– como un “mecanismo para estabilizar el peso argentino, activable solo cuando sea necesario”.

Dimon llegó a afirmar en Reuters que el préstamo “puede que no sea necesario” gracias a las reformas de Javier Milei, “que redujeron la inflación y podrían atraer hasta u$s100.000 millones en capital extranjero”. No obstante, la pausa en las discusiones finales por falta de garantías sólidas –demandando colateral en activos argentinos o avales externos– forzó la reconfiguración actual.

Este acuerdo híbrido también busca sortear tensiones con el FMI, principal acreedor de la Argentina, que exige prioridad como acreedor multilateral. La directora gerente, Kristalina Georgieva, reiteró en su cuenta de “X” el apoyo al “sólido programa económico” de Milei, anclado en disciplina fiscal y acumulación de reservas, pero rechazó cualquier subordinación que diluya su prioridad como ejecutora de la deuda.

En esta línea, la senadora Elizabeth Warren, por su parte, cuestionó en octubre el rol de los bancos, tildando el esquema de “subsidio a Wall Street” en medio de riesgos de shutdown gubernamental. Su oficina solicitó respuestas de Bessent y del presidente de la Fed de Nueva York hasta el 12 de noviembre, destacando la opacidad en el uso de fondos públicos para respaldar préstamos privados.

Para el gobierno de Javier Milei, este préstamo –a tasas estimadas del 7-9% para plazos de 5-7 años– representa un alivio inmediato ante reservas netas en niveles muy bajos y un riesgo país en 650 puntos básicos. Incluso Milei, quien viajó a Miami el último cinco de noviembre para el American Business Forum, habría tenido una conversación, según trascendió, sobre el particular con el propio Dimon.

No obstante, es probable que el monto final del préstamo bancario sea incluso inferior al anunciado inicialmente, con un mínimo estimado de u$s5.000 millones según proyecciones de analistas de Wall Street, quedando lejos de los u$s20.000 millones originales y reflejando la menor urgencia percibida por figuras como Dimon ante el avance de las reformas locales.

El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, pagó durante años los impuestos inmobiliarios de tres departamentos en el estado de Florida cuyas valuaciones superan los 2 millones de dólares, propiedades que nunca declaró como funcionario público ante la Oficina Anticorrupción (OA), según surge de nueva documentación pública oficial del condado de Miami-Dade que obtuvo LA NACION.

Esos documentos oficiales muestran que Vázquez abonó los impuestos a título personal, con cheques electrónicos (“e-checks”) emitidos a su nombre, sobre tres propiedades ubicadas en las avenidas Brickell números 495 y 1060 de Miami, y en Collins número 17.475 de Sunny Isles, en el extremo sudeste de Estados Unidos. Según dos fuentes con acceso a las actuaciones judiciales, todavía no está comprobado si Vázquez declaró esos inmuebles y/o el entramado societario utilizado ante el organismo para el cual trabaja: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).

Vázquez administra dos de esas propiedades en Florida –la tercera la vendió–, mediante un esquema de sociedades offshore que controla desde hace trece años. Esas compañías, de acuerdo a la documentación disponible, continúan activas. La estructura abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para controlar los inmuebles en Miami.

LA NACION, en una investigación conjunta con el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), reveló la existencia de esas tres propiedades en diciembre pasado, lo que generó la apertura de una investigación judicial por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos.

La pesquisa quedó primero en manos del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Rívolo, quien requirió exhortos a Estados Unidos y varios paraísos fiscales. En septiembre Vázquez hizo una presentación a partir de la cual logró que el expediente pasara al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Guillermo Marijuán (que ya instruían otra causa sobre él).

La investigación judicial se encuentra ahora en pleno desarrollo, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. El juez ordenó múltiples medidas que solicitó el Ministerio Público Fiscal; es decir, Marijuán y dos fiscalías especializadas: las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Designado en octubre de 2024 por el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, al asumir Vázquez colocó en puestos estratégicos a su pareja y a colegas de su confianza del área de fiscalización, varios de los cuales habían acumulado cuestionamientos por su rol dentro de la AFIP durante las investigaciones sobre Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros íconos kirchneristas.

LA NACI0N consultó al funcionario desde el jueves. Le envió una serie de preguntas escritas, a través de una vocera, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Cuáles son los inmuebles

Funcionario desde 1990 de la por entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Vázquez se convirtió con el paso de los años en un referente clave del área de inteligencia fiscal del ente recaudador y director de la estratégica Regional Sur Metropolitana entre 2009 y 2016, período en el que afrontó denuncias penales; entre otras, por un operativo contra el Grupo Clarín durante el apogeo del kirchnerismo.

Fue también durante el kirchnerismo cuando Vázquez adquirió los tres inmuebles en Miami. Los compró entre 2013 y 2015, a nombre de la firma Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, según surge de documentos oficiales de esa ciudad. Meses después, Vázquez reconfiguró la estructura y las tres propiedades quedaron bajo las órbitas de Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, dos sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

La ley de ética pública, de 1999, obliga a los funcionarios estatales a presentar una declaración jurada al año en la que consten todas las propiedades y bienes a su nombre o a los de su familia inmediata.

El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp adquirió la unidad 3504 en el complejo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por 710.000 dólares. Un día después, esa misma sociedad compró otro departamento, en el 1060 de la avenida Brickell, por 350.000 dólares. Y en 2015, Pompeya Group Corp compró la tercera propiedad, la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles Beach, por 980.000 dólares.

Según la documentación tributaria y registral que obtuvo LA NACION, el primer inmueble es un condominio de 140 metros cuadrados. El 29 de noviembre de 2014 figura que “Andrés E. Vázquez” pagó 13.649,91 dólares en concepto de “Real Estate Property Tax” con el echeck 15-070721; en 2015, “Andrés Edgardo Vázquez” pagó 14.051,70 con el echeck 16-113095; y en 2016 fueron 13.798,24 con el echeck 17-022080, práctica que continuó hasta que a partir de 2019 Alcorta Group se encargó del pago anual.

Según esa misma documentación, el segundo inmueble está tasado hoy en 419.200 dólares. Y el mismo día de 2014, 29 de noviembre, y con el mismo echeck que usó para pagar la propiedad anterior -el 15-070721-, “Andrés E. Vázquez” pagó 8077,24 dólares en concepto de “Real Estate Property Tax”. Y también figuró por su nombre completo al abonar las obligaciones en 2015 y 2016, siempre con cheques electrónicos.

El tercer inmueble, en tanto, se trata de un condominio de 136 metros cuadrados y en 2019 fue puesto otra vez en el mercado con una valuación de 1.190.000 dólares. Como en las anteriores dos propiedades, “Andrés Edgardo Vázquez” figura como el que pagó el impuesto inmobiliario con echecks entre 2016 y 2018, para luego figurar Alcorta Corp.

De Vázquez a los inmuebles

Los registros tributarios del condado de Miami no son el único eslabón que conecta a Vázquez con los tres inmuebles. En la sociedad Panchy Ventures Limited aparece en los registros junto a Silvia Ivone Rodríguez –su primera esposa, también funcionaria de la AFIP–, con un título de copropiedad con derecho de supervivencia, y un paquete de 50.000 acciones que repartieron entre ambos por mitades, hasta que la sociedad se disolvió en 2022.

En la sociedad Galanthus Capital Limited, Vázquez figura como único director de la compañía creada por el bufete Trident Trust, que lo categorizó como cliente de riesgo por su condición de funcionario público y “Persona Políticamente Expuesta (PEP)“, por lo que abrió un legajo de ”debida diligencia reforzada“. En ese legajo constan la fotocopia de su pasaporte, su email personal y una dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, la misma que obra en su pasaporte.

La reconocida simpatía futbolística de Vázquez aportó un último dato que lo ata al entramado. Identificado con el club Huracán, su correo electrónico privado alude a ese club (”La Quema”), y los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a esa institución: el estadio de Huracán queda sobre la avenida Alcorta, en el barrio de Pompeya.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/andres-vazquez-jefe-de-la-dgi-pago-con-cheques-a-su-nombre-impuestos-de-tres-condominios-en-miami-nid07112025/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPNTY3MDY3MzQzMzUyNDI3AAGnHHfb3TNngnK9siXUA669_vVu_nNWT_HlxOhaiLV8VBRrPkPDXN5V8kQ0t08_aem_on8MHIyT_GoY-dFtFiMD-w

La nota original fue publicada en LA NACION.

El presidente Javier Milei está ante una encrucijada que pone en vilo la relación con los Estados Unidos. El gobierno norteamericano de Donald Trump le exige que, en forma “prioritaria”, el país cumpla con la Ley de Patentes y el respeto al derecho de propiedad intelectual a cambio de firmar un acuerdo comercial bilateral para bajar aranceles a productos argentinos y conceder cupos de exportación de carne.

Según pudo saber iProfesional de altas fuentes oficiales, el “Informe 301” del representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, le reclamó a la Argentina derogar resoluciones que impiden la vigencia de la Ley de Patentes de 1995, especialmente en el sector de medicamentos y agroquímicos donde los laboratorios locales copian fórmulas y las comercializan sin pagar derechos.

En el Informe 301 que emite la USTR (United States Trade Representative), que dirige Greer, señala que la Argentina está primera en la lista de vigilancia prioritaria. Es decir, es el caso más preocupante para la USTR.

Lo que pide derogar es la Resolución Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre “las pautas para el examen de Patentabilidad de las solicitudes de Patentes sobre Invenciones Químico-Farmacéuticas”.

Pero también el Informe 301 exigió terminar con la venta de marcas falsificadas en las ferias de La Salada y del barrio de Once. Además, instó a combatir la piratería informática y adherir al Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperación de Patentes, PCT en inglés), que firmaron 100 países y sólo quedaron afuera países como Venezuela y China. También recomienda sumar funcionarios al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (IMPI) para acelerar los trámites de patentación, que se demoran bajo pretexto de falta de gente.

Una fuente del Gobierno admitió a iProfesioonal: “La negociación está paralizada y estancada en la ley de patentes y la Argentina estudia qué hacer“. De este punto sensible depende el alineamiento automático de Milei con Trump.

Federico Sturzenegger y Pablo Quirno, a cargo de las negociaciones con EE.UU.

Fuentes diplomáticas señalaron a iProfesional que ahora la negociación está en manos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y del canciller Pablo Quirno, recién asumido. Desde el año pasado, Sturzenegger había firmado un proyecto de decreto para derogar tres resoluciones de 2012 del gobierno de Cristina Kirchner, que bloqueaban la Ley de Patentes de 1995 sancionada durante el gobierno de Carlos Menem y el vicepresidente Carlos Ruckauf.

Pero Sturzenegger siempre fue frenado por Milei, su hermana, Karina Milei, y su asesor especial Santiago Caputo, padrino político del ministro de Salud, Mario Lugones, de una estrecha relación con la industria de laboratorios local.

El conflicto expone al gobierno de Milei a una de sus mayores contradicciones: el “punto 1” del Pacto de Mayo, que levantó como bandera y negocia con los gobernadores, es la “inviolabilidad de la propiedad privada“.

El reclamo de la USTR y de Greer, mano derecha de Trump, es el respeto a la “propiedad intelectual”. Sin Ley de Patentes los laboratorios extranjeros no pueden patentar sus medicamentos o agroquímicos en el país y, por lo tanto, si los comercializan, la industria local lo copia y le quita mercado.

De otra manera, podrían comercializarlo con exclusividad hasta que caduca la patente (entre 10 y 20 años) y solo entonces los competidores locales podrían comercializarlo. Los laboratorios argentinos argumentan que conspira contra el precio y el abastecimiento de los productos y que la vigencia de la ley barrería con miles de empleos.

“Las negociaciones son confidenciales, pero todo lo que reclaman los Estados Unidos está contenido en el Informe 301 del USTR, que es público, y es lo que más les preocupa”, señalaron en el Palacio San Martín.

Se refería al Informe sobre Derechos de Propiedad Intelectual que realiza anualmente el USTR (United States Trade Representative) y que está subido a internet.

Qué consigue Milei si Argentina cumple con la Ley de Patentes que exige EE.UU.

De que la Argentina cumpla esos requisitos depende el avance y el tenor del acuerdo comercial bilateral con el amigo Trump. Con ese acuerdo Milei busca bajar los aranceles recíprocos para 150 productos, reducir el arancel de 50% impuesto al acero y al aluminio (que exportaba Argentina hasta esa suba) y la mayor exportación de carne a EE.UU.

“El Gobierno está viendo cómo salvar este reclamo de EE.UU. porque es un punto muy conflictivo”, señalan en la Cancillería. “Son los temas que más le preocupan en términos comercio y de barreras no arancelarias con nuestro país y consideran que nuestro país es la prioridad porque es donde encuentran temas más serios”, señalaron fuentes.

El informe de 92 páginas señala, al inicio, que “una sólida protección y aplicación de la propiedad intelectual (PI) es esencial para promover la inversión en innovación”, que “no solo promueve el crecimiento económico sostenible y apoya la creación de empleo, sino que también es fundamental para responder a los desafíos ambientales”.

La PI, señala, “ofrece incentivos para la investigación y el desarrollo en este importante sector, incluso a través de la investigación universitaria”. De allí las exigencias y lo señala: “Una protección y aplicación inadecuadas de la PI en los mercados extranjeros desalientan una mayor inversión”.

“La protección de la PI desempeña un papel importante al proporcionar incentivos para el desarrollo y la comercialización de nuevos medicamentos“, señala el 301.

Para el informe, se recibió información de 100 países socios comerciales y allí se dividió la Lista de Vigilancia Prioritaria o en la Lista de Vigilancia (a secas) o no figurar en el 301, o sea no tener observaciones del USTR.

La Lista de Vigilancia Prioritaria se dispuso en este orden:

• Argentina
• Chile
• China
• India
• Indonesia
• México
• Rusia
• Venezuela

La Lista de Vigilancia obtuvo estos miembros:

• Argelia
• Barbados
• Bielorrusia
• Bolivia
• Brasil
• Bulgaria
• Canadá
• Colombia
• Ecuador
• Egipto
• Guatemala
• Pakistán
• Paraguay
• Perú
• Tailandia
• Trinidad y Tobago
• Turquía
• Vietnam

Por eso, el primer país analizado del Informe 301 fue la Argentina, al igual que ocurrió en 2024, porque este informe se hace todos los años en los EE.UU.

Propiedad intelectual, patentes, competencia desleal y otros ítems del Informe 301

El reporte dice que el país “continúa presentando desafíos de larga data y bien conocidos para las industrias con un alto componente de propiedad intelectual (PI), incluidas las de Estados Unidos”. La protección de los derechos de PI en Argentina “sigue siendo un reto”, y “las partes interesadas denuncian una competencia desleal generalizada por parte de vendedores de bienes y servicios falsificados y pirateados”.

Añadió: “El mercado físico de La Salada en Buenos Aires fue identificado nuevamente como un mercado notorio en la Revisión de Mercados Notorios por Falsificación y Piratería de 2024 (Lista de Mercados Notorios) y continúan los pedidos en línea de productos falsificados a través de sus aplicaciones de redes sociales”. También lamenta que esos productos falsificados se comercializan “a través de vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once y otros mercados de Buenos Aires y del resto del país“.

En esa enorme lupa, Estados Unidos señala que “la policía argentina generalmente no actúa de oficio, y los procesos judiciales pueden estancarse y prolongarse en trámites burocráticos excesivos”. Asimismo, señala, “cuando un caso penal llega a sentencia firme, los infractores rara vez reciben penas con carácter disuasorio”.

El documento fue tajante: “Estados Unidos insta a Argentina a ratificar (firmar) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes” (Patent Cooperation Treaty)”.

Por otra parte, el reporte 301 atacó aquella Resolución Conjunta de 2012, que obstaculizó la Ley de Patentes, cuando subrayó que “una deficiencia clave en el marco legal de patentes sigue siendo la limitación excesivamente amplia de la materia patentable, incluidas las directrices de examen de patentes que rechazan automáticamente las solicitudes de patente para categorías de invenciones farmacéuticas que son patentables en otras jurisdicciones, y los requisitos de que los procesos para la fabricación de compuestos activos divulgados en una descripción sean reproducibles y aplicables a escala industrial”.

Se refiere sin nombrar las a las resoluciones que exigen requisitos excesivos a los laboratorios que quieren hacer uso de la Ley de Patentes, que Estados Unidos no pide cambiar sino poner en vigencia.

“Las partes interesadas también afirman que las limitaciones de Argentina a la patentabilidad de las innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva y sustancias naturales difieren del estándar en muchos otros países”, dijo. “Otro desafío constante para los sectores agroquímicos y farmacéuticos innovadores es la protección inadecuada contra el uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada, de datos de pruebas u otros datos generados para obtener la aprobación de comercialización de productos en dichos sectores”, criticó el informe.

Por otra parte, criticó que “el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) continúa operando con un número reducido de examinadores de patentes, y la escasez de recursos dificulta la contratación y retención de personal. En 2024, Argentina no aprobó ninguna legislación nueva para actualizar las leyes de propiedad intelectual”.

Y añadió que “Estados Unidos promueve propuestas legislativas que establezcan la responsabilidad de los propietarios y una aplicación más estricta de la ley en relación con la venta de productos infractores en mercados al aire libre como La Salada, así como la modificación de la legislación sobre propiedad intelectual”.

También destacó que en 2017, “Argentina creó formalmente el Comité Federal de Lucha contra el Contrabando, la Falsificación de Marcas y las Denominaciones”, pero el “Comité no se ha reunido desde 2019” y Estados Unidos “insta a Argentina a continuar con esta iniciativa y ampliarla para incluir la piratería en línea”.

“Las reformas al código penal presentadas al Congreso argentino, que incluyen ciertas sanciones penales por eludir las medidas de protección tecnológica, se encuentran estancadas”, observó. También lamenta que la Policía Federal y la Gendarmería incrementaron el número de operativos en 2024 dirigidos a la venta de productos falsificados, pero la actividad ilegal persiste en gran medida en Argentina ante la ausencia de medidas sistémicas.

Además, la USTR recomendó “la creación de una Fiscalía Federal Especializada en Propiedad Intelectual (IPI) y una unidad de aplicación de la ley altamente capacitada podría contribuir a combatir la piratería en línea y prevenir procesos judiciales prolongados con resoluciones contradictorias”. Señaló además que “Estados Unidos tiene la intención de monitorear el progreso en todos los asuntos pendientes e insta a Argentina a continuar sus esfuerzos para crear un entorno más atractivo para la inversión y la innovación”. Asimismo, dice, Estados Unidos alienta a Argentina a crear una “estrategia nacional de aplicación de la ley en materia de propiedad intelectual para mejorar la coordinación interinstitucional en las labores de aplicación de la ley y lograr un impacto sostenible y duradero en las infracciones de la propiedad intelectual”. Y anticipó que Estados Unidos seguirá colaborando a través del Foro de Innovación y Creatividad Estados Unidos-Argentina para el Desarrollo Económico, establecido en el marco del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Estados Unidos-Argentina (TIFA), para continuar el diálogo y la colaboración en estas áreas.

Iniciará acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional, luego de que el Gobierno promulgara la norma pero suspendiera su aplicación por decreto

22/10/2025 – 14:35hs

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional, luego de que el Gobierno promulgara la Ley de Financiamiento Universitario pero suspendiera su aplicación por decreto.

La decisión se produce tras la publicación del Decreto 759/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei ordenó promulgar la Ley 27.795, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso determine de qué partidas presupuestarias se financiará su implementación. El Ejecutivo se amparó en el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que toda norma que implique erogaciones debe prever expresamente su fuente de financiamiento.

Reclamo por el cumplimiento efectivo de la ley

La UBA anunció que acudirá a la Justicia con el objetivo de que se garantice la asignación de los recursos previstos por la ley y el cumplimiento pleno de sus disposiciones. En su resolución, el Consejo Superior sostuvo que el decreto presidencial “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos consagrado en la Constitución Nacional y vulnera la voluntad soberana del Congreso”, que había insistido en la aprobación de la norma tras el veto presidencial.

Asimismo, la universidad advirtió que la suspensión de la ley “afecta derechos constitucionales vinculados al sistema universitario público”, impidiendo que las instituciones accedan al financiamiento y a la recomposición salarial contemplados por la normativa.

Una ley clave para el sistema universitario

La Ley de Financiamiento Universitario establece un esquema integral de recursos para las universidades nacionales, con el objetivo de garantizar su sostenimiento y el pago de salarios actualizados para docentes y trabajadores no docentes. También prevé fondos para becas estudiantiles, programas de investigación, infraestructura y tecnología, así como la actualización automática de los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con estimaciones oficiales, la implementación de la ley demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026.

“Una crisis presupuestaria sin precedentes”

En un comunicado posterior, la UBA denunció que el sistema universitario atraviesa “una crisis presupuestaria sin precedentes”, agravada por la falta de actualización de los fondos y la pérdida de poder adquisitivo del personal.

Según la institución, la prórroga del Presupuesto 2023 quedó “rápidamente desfasada frente a la inflación”, lo que provocó que en 2024 los salarios docentes y no docentes perdieran más del 40% de su poder de compra. En lo que va de 2025, agregaron, los aumentos salariales fueron muy inferiores a la inflación medida por el INDEC, profundizando el deterioro de los ingresos del sector.

La casa de estudios recordó que la ley vetada y luego promulgada por insistencia del Congreso tiene por objetivo “garantizar la continuidad y el fortalecimiento del sistema universitario público en todo el país”, por lo que su suspensión “solo agrava la crisis institucional y económica que enfrentan las universidades nacionales”.

El Consejo Superior de la UBA destacó que el financiamiento adecuado no solo es esencial para pagar salarios y mantener la infraestructura, sino también para sostener la investigación, la formación académica y las carreras estratégicas que el país necesita para su desarrollo.

“La no ejecución de esta ley constituye un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina“, concluyó la resolución.

Las prepagas pueden ajustar cuotas por edad, pero la ley limita los aumentos para mayores de 65: así protege el bolsillo de los adultos mayores

18/10/2025 – 11:29hs

A medida que las personas envejecen, suelen necesitar más atención en salud. Sin embargo, muchos adultos mayores cuentan con ingresos reducidos, lo que dificulta afrontar los costos de una prepaga o incluso de una obra social privada. En este escenario, surge una pregunta clave: ¿cómo garantizar que quienes más necesitan asistencia médica puedan mantener su cobertura de manera sostenible y accesible?

Prepagas y adultos mayores: cómo regula la ley los aumentos después de los 65 años

La normativa vigente, a través del DNU70/2023, que eliminó el control estatal sobre los aumentos, posibilita que las prepagas fijen sus precios libremente, aunque establece límites a los aumentos de cuotas para personas mayores de 65 años.

Según la regulación, la edad no puede ser el único factor a la hora de calcular incrementos: también se considera la antigüedad del afiliado, buscando equilibrar la sostenibilidad del sistema con la protección del bolsillo de los adultos mayores.

El objetivo de estas disposiciones es doble. Por un lado, asegurar que los adultos mayores puedan mantener su cobertura sin que los aumentos se vuelvan prohibitivos. Por el otro, brindar previsibilidad a las prepagas para gestionar los costos asociados al envejecimiento de su población afiliada. De esta manera, se busca proteger tanto el derecho a la salud como la estabilidad financiera de los planes privados.

¿Pueden las prepagas cobrar lo que quieran a cualquier edad? 

Aunque muchas veces se cree que las prepagas pueden aumentar sus cuotas sin restricciones, la ley establece límites precisos. Según el artículo 17 de la Ley 26.682, el valor de la cuota correspondiente a la franja etaria más alta no puede superar tres veces el de la más baja.

En la práctica, esto significa que:

• Los afiliados mayores de 65 años con más de 10 años de antigüedad no deberían enfrentar aumentos por edad.
• Si la antigüedad es menor, la prepaga puede ajustar la cuota según la edad, pero debe respetar los máximos establecidos en la tabla oficial de aumentos publicada por la Superintendencia de Servicios de Salud (Resolución 2407/2023).

Prepagas y obras sociales: límites y notificaciones de aumentos para mayores de 65

Al momento de afiliarse, es importante que el usuario conozca cómo evolucionarán sus cuotas según los rangos etarios. Además, las prepagas están obligadas a notificar los aumentos de manera formal: primero a la Superintendencia, luego al afiliado con al menos 30 días de anticipación, y dentro de los cinco días posteriores a la publicación del IPC mensual.

Este mecanismo refleja un equilibrio curioso: aunque el Estado liberó el control de precios, la vinculación de los ajustes con el IPC sugiere una referencia implícita para mantener cierta coherencia económica.

La discusión detrás de estos límites es evidente: a medida que la edad avanza, las personas suelen “consumir más salud”, pero también cuentan con menos ingresos para afrontarla. La normativa intenta entonces garantizar que el derecho a la cobertura médica se mantenga sin que los aumentos por edad resulten prohibitivos.

En definitiva, la legislación intenta equilibrar dos necesidades esenciales: que los adultos mayores accedan a servicios médicos de calidad y que las prepagas mantengan la sustentabilidad de sus planes. Conocer los derechos y los límites a los aumentos de cuotas es clave para no perder cobertura cuando más se necesita.