Un reporte publicado en noviembre relevó la implementación de tecnologías de reconocimiento facial en América Latina y advirtió que la región está consolidada como un escenario de expansión de empresas que registran rostros y arman bases de datos ante pocas regulaciones y falta de información oficial.

En Argentina, a pesar de la suspensión del Sistema de Reconocimiento Facial para Prófugos (SRFP) de la Ciudad de Buenos Aires, siguen activos sistemas como el federal SIBIOS, el de la Municipalidad de Tigre y el de la provincia de Salta, mientras avanzan nuevos proyectos en Santa Fe, Mendoza y Quilmes.

El funcionamiento del SRFP ha sido de críticas que advierten sobre errores estructurales del sistema. Uno de los antecedentes más citados se remonta a 2019, cuando un ciudadano permaneció detenido durante casi una semana tras ser confundido con un prófugo que llevaba su mismo nombre, Guillermo Ibarrola.

El debate volvió a cobrar relevancia a fines del año pasado, ya en el plano nacional, cuando el gobierno de Javier Milei planteó el uso de tecnologías biométricas para identificar a manifestantes y aplicar sanciones como la quita de planes sociales. Una campaña empapeló la Ciudad a fines del año pasado para concientizar.

Reconocimiento facial y tecnologías de vigilancia en América Latina fue presentado por el consorcio Alsur, conformado por once organizaciones de la sociedad civil y el ámbito académico de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Paraguay y Panamá, relevó el uso de tecnologías de reconocimiento facial y vigilancia en la región desde 2021, con 83 iniciativas analizadas en 15 países. En Argentina, tomaron el caso de la Ciudad para compararlo con otras zonas y provincias para concluir que hay un avance de estas tecnologías que para muchos son consideradas de espionaje ciudadano.

“El estudio identifica un crecimiento sostenido de su adopción, especialmente en seguridad pública y control migratorio, y revela la dificultad de acceder a información oficial sobre estos proyectos”, advierten desde la publicación del reporte en su página.

El informe, basado en una investigación periodística y técnica, actualiza el estado de las tecnologías de vigilancia en América Latina desde 2021. Su objetivo es mapear las iniciativas de reconocimiento facial incorporadas a políticas públicas, identificar a los principales proveedores y analizar las dinámicas comerciales y geopolíticas detrás de la compra de estos sistemas, en un contexto regional marcado por baja regulación y escasa transparencia oficial.

“Un elemento central en ese proceso de resistencia tiene que ver con la urgente transparencia del lobby de las grandes empresas tecnológicas transnacionales que, como hemos visto en el caso de Brasil (PL 2338 de 2024) y más recientemente en Colombia (con la Ley de Salud Mental, que decidió no regular a las Big Tech), ha tenido la potencia de modular mecanismos de protección de derechos o eliminar elementos importantes de la conversación del todo, desde el impacto y regulación de los data centers en la lucha contra el cambio climático o las obligaciones de las empresas tecnológicas para la protección de las infancias en línea”, complementa Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de la organización Derechos Digitales.

En esta nota, Xavier Ibarreche, coordinador del reporte de Alsur, Camila Di Lorenzo y Carolina Martínez Elebi, autoras, explican a Clarín cuáles fueron los principales hallazgos del estudio.

─¿Qué buscaron mostrar con este reporte?

─Xavier Ibarreche (XI): El propósito de la investigación fue actualizar el relevamiento que se había realizado en 2021 sobre las iniciativas de reconocimiento facial en la región e identificar los proveedores y las tendencias comerciales actuales en torno a las tecnologías de vigilancia en América Latina. En ese contexto, también se analizó el posicionamiento de los países de la región respecto al uso de este tipo de tecnologías dentro de una configuración más amplia de intereses geopolíticos y comerciales en expansión.

─¿Cómo consiguieron la información?

─XI: La investigación se apoyó en un trabajo periodístico realizado entre fines de 2024 y comienzos de 2025. Partimos del mapeo regional que se había realizado en 2021 y lo actualizamos: revisamos qué iniciativas seguían vigentes, cuáles habían cambiado y qué iniciativas nuevas habían surgido. El proceso combinó un estudio de caso múltiple para revisar 38 iniciativas ya identificadas; una búsqueda y contraste de información en fuentes abiertas (medios, documentos oficiales y datos empresariales) para reconstruir cada caso; y una ampliación del alcance, que nos permitió incorporar 45 iniciativas nuevas en 15 países.

─¿Cómo lo bajaron a los casos concretos?

─Camila Di Lorenzo (CdL): Para cada país de la región armamos una ficha estructurada que fuimos completando con los datos sobre proveedores, el origen de la tecnología, el tipo de contratación y el estado de las iniciativas. A partir de herramientas de análisis y visualización de datos detectamos los principales vínculos entre empresas y patrones comerciales. Por último, entrevistamos a especialistas en prácticas comerciales para entender mejor cómo circulan estas tecnologías y contextualizar la información obtenida.

─¿Cuál es el país más “vigilado” y cuál el que -dirían- está más regulado?

XI: En el informe no señalamos específicamente cuál es “país más vigilado” ni un país con “mejor regulación”. Ahora bien, los datos recabados nos permiten inferir algunas tendencias. Por caso, Chile es el país de la región con más iniciativas activas, seguido de Brasil, que es el principal destino regional de tecnología de vigilancia de origen chino.

─¿En qué situación está la región de América Latina?

─En ese contexto, también podemos señalar que la región se posiciona como un mero receptor de tecnologías de vigilancia en donde las reglas no siempre están escritas, a diferencia de los jugadores globales quienes en apariencia sí tienen en claro cómo y con quiénes desean jugar. Además, cabe destacar que la suspensión judicial del sistema de reconocimiento facial en Ciudad de Buenos Aires marcó un precedente relevante respecto a las controversias detrás de la implementación de este tipo de tecnologías de vigilancia.

─¿Qué sucede con las regulaciones?

CdL: Los grandes jugadores están trazando nuevas reglas en la regulación comercial para el despliegue tecnológico. Países como Estados Unidos, China y los integrantes de la Unión Europea se muestran activos a través de regulaciones concretas. Sin embargo, los países de la América Latina no parecen estar mostrando el mismo interés en las agendas vinculadas al comercio de las tecnologías de la vigilancia porque lo perciben como asuntos poco relevantes y los debates regionales parecen estar enfocados en la comercialización de materias primas de productos agrícolas o mineros.

─¿Cuál es la situación de Argentina?

XI: El despliegue de tecnologías de la vigilancia en el espacio público se encuentra en expansión en la Argentina. Actualmente, en nuestro país hay seis iniciativas activas, cuando en 2021 se habían reportado sólo cuatro. Están activos sistemas como el federal SIBIOS, el de la Municipalidad de Tigre y el de la provincia de Salta y avanzan nuevos proyectos en Santa Fe, Mendoza y Quilmes.

─¿Cuáles son los casos destacados?

XI: Entre los casos más destacados está el Sistema de Reconocimiento Facial para Prófugos de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy se encuentra inactivo por una medida judicial por uso ilegítimo de datos biométricos y la presunta manipulación del sistema. Sin embargo, en los últimos años algunos municipios y provincias han avanzado con la incorporación de tecnologías de vigilancia bajo la premisa de la “prevención del delito”. Aunque la información oficial es relativamente accesible, se detectó cierta opacidad por parte de las administraciones públicas para acceder a detalles de contratación y funcionamiento, que sólo se pudieron confirmar a través de investigaciones periodísticas.

─¿Quiénes proveen esas tecnologías?

CdL: En Argentina detectamos que entre los proveedores de tecnologías de la vigilancia hay un mix entre proveedores extranjeros y locales. De acuerdo con la información recopilada Argentina recibe tecnologías de vigilancia de empresas con origen en cuatro países distintos como Cuba, Japón, Francia y Canadá. Entre los proveedores locales se destaca una empresa que, de acuerdo a la información relevada, se posiciona como la gran ganadora en lo que se refiere a sistemas de videovigilancia al sumar en los últimos años nuevos clientes subnacionales como municipios.

─¿Se discute a nivel público?

CdL: Nuestro país está lejos de dar el debate político sobre el uso de este tipo de tecnologías en el espacio público. Por caso, no se está poniendo en discusión qué papel jugamos en el mapa geopolítico vinculado a los intereses comerciales alrededor de estas tecnologías de la vigilancia.

─¿Cuál es el problema principal de la “vigilancia” en democracia, qué derechos se ven afectados?

Carolina Martínez Elebi (CME): El principal problema de la vigilancia en democracia es que altera la forma en que se supone que funciona el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. En lugar de partir de la confianza y de la protección de derechos instala una mirada de sospecha permanente. La vigilancia masiva afecta derechos que son la base de la vida en sociedad. Primero, la privacidad, que es lo más obvio, pero también la libertad de expresión y de reunión: es muy difícil participar, manifestarse o incluso circular con tranquilidad cuando sabés que podés quedar registrado en una base de datos sin haber hecho nada. A eso se suma la no discriminación, ya que estos sistemas suelen reproducir sesgos y errores que terminan afectando más a ciertos grupos que a otros.

─¿Qué otras garantías están en juego?

CME: También están en juego garantías básicas como el debido proceso y la presunción de inocencia. Cuando un sistema te identifica antes que cualquier evidencia, lo que se invierte es el sentido mismo de la Justicia. En una democracia, la vigilancia debe ser excepcional, debe estar regulada y estar rodeada de controles estrictos. Si se vuelve parte del paisaje, termina restringiendo libertades, profundizando desigualdades y reduciendo el espacio cívico. Y eso es exactamente lo contrario de lo que una democracia debería garantizar.

─¿Cómo se compatibiliza el derecho a la privacidad con el hecho de que los sistemas de reconocimiento facial son eficientes, en muchos casos, para identificar a prófugos, criminales, pedófilos, presos, etc.?

CME: El debate no es cómo equilibrar privacidad y reconocimiento facial. Esta tecnología, aplicada a la vigilancia, es incompatible con los estándares interamericanos porque requiere identificar y registrar de manera indiscriminada a toda la población. Eso vulnera necesidad y proporcionalidad, y afecta privacidad, libertad de expresión y reunión, no discriminación y presunción de inocencia. Además, está demostrado que no es una herramienta tan eficiente: produce errores sistemáticos y falsos positivos que impactan especialmente en grupos vulnerados.

─¿Qué alternativas hay?

CME: Aunque se argumente que sirve para identificar prófugos, existen alternativas de investigación mucho menos intrusivas (como la investigación policial focalizada, las medidas con orden judicial o el uso de cámaras tradicionales sin identificación automática) que no requieren vigilar masivamente a personas inocentes. La seguridad en democracia tiene que sostenerse sin sacrificar derechos ni habilitar prácticas de vigilancia generalizada. Por eso, más que “compatibilizar”, lo que corresponde es prohibir el reconocimiento facial para vigilancia en espacios públicos.

Xavier Ibarreche (coordinador) es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cuenta con cursos de posgrado aplicados a políticas públicas en telecomunicaciones, inteligencia artificial y big data territorial por la Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones (AADT), la Universidad de San Andrés (UDESA) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), respectivamente.

Camila Di Lorenzo es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Cuenta con estudios de posgrado en economía y comunicación políticas, incluyendo una Maestría en Economía Política con mención en Economía Argentina y una Diplomatura en Comunicación Política y Opinión Pública, ambas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Carolina Martínez Elebi es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cursó el Programa de Derecho de Internet y Tecnologías de las Comunicaciones (DITC) del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de San Andrés (UDESA).