Desde que el Gobierno dejó en claro que no tiene voluntad de intervenir en la crisis de morosidad bancaria por considerarlo «un problema entre privados» y por negarse a medidas que impliquen un subsidio, están lloviendo las propuestas sobre formas de llegar a una «solución de mercado».

Economistas, ex ministros, empresarios pyme, operadores financieros y consultores de inversión han esbozado propuestas para que, de manera voluntaria, los bancos y los acreedores lleguen a una fórmula de reperfilamiento que satisfaga a ambas partes, sin que impliquen un costo fiscal ni un subsidio cruzado.

Ya desde hace meses que ingresaron proyectos en el Congreso para abordar este tema, pero el Gobierno se ha negado a considerarlos, en el entendido de que van contra los principios liberales. El ministro de economía Luis Caputo hizo referencia al «riesgo moral» que supone el castigo a los buenos pagadores por el rescate de los deudores en problemas.

Concretamente, el Gobierno se negó a regular tasas máximas ni, mucho menos, a imponerles a los bancos la obligación de planes de reperfilamiento con extensión de plazos y condonación parcial de deudas.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, rechazó las insinuaciones de que un alivio en el régimen de encajes de los bancos -el dinero de ahorristas que obligatoriamente debe quedar inmovilizado- pudiera ser parte de esa solución.

«El encaje es una herramienta del Central que está pensado para preservar el riesgo de los depósitos. Tiene un impacto sobre la liquidez del sistema, pero no es algo que deba usarse para administrar liquidez», argumenta el funcionario. Y afirma que los bajos niveles que se aplicaban en gestiones anteriores tenían el objeto de compensar a los bancos para que pudieran ofrecer productos «que no eran de mercado».

Sin embargo, dio a entender que, sin poner dinero del BCRA, sí está dispuesto a acercar a ambas partes, ofreciendo soluciones para un reperfilamiento de las deudas privadas, con mayores plazos de pago.

Las propuestas del mercado para «salvar» a los deudores

Hay quienes aplauden la actitud del gobierno de mantenerse al margen. Para Carlos Rodríguez, ex viceministro de economía en los ’90 y ex asesor de Javier Milei, hay siempre un riesgo implícito en estos planes.

Si hay ayuda estatal, advierte Rodríguez, «hace que, para algunos, entrar en mora sea más atractivo (menos costoso) a medida que aumenta la mora agregada. Se crea un círculo vicioso entre la cartera en mora y las expectativas de intervención».

Por su parte, el consultor Salvador Di Stefano, sostiene que los planes de salvataje no ayudarán a los deudores sino a los bancos, a quienes ve como responsables de la situación.

«Mirá cómo los bancos aumentaron la brecha entre tasas activas y pasivas y le cargaron el costo de la mora a las personas que sacan crédito a partir de ahora. Así piensan reactivar el mercado: récord de brecha entre tasas. Después escuchamos a muchos decir ‘pobres los bancos’«, afirmó.

Su interpretación es que al subir la tasa activa al entorno de 140% recuperaron el capital prestado, «y hoy se disfrazan de buenos» con los planes de refinanciación. «No saben prestar, y las consecuencias la pagamos todos».

Pero ante el agravamiento de la crisis, están circulando propuestas con la ambición de solucionar el problema a nivel sistémico y no solamente en casos particulares.

Martín Redrado, ex presidente del BCRA, publicó un plan elaborado en Fundación Capital. Implica que ante una refinanciación, no habrá una degradación de la calificación crediticia. De esa manera, los bancos no deberán contabilizar esas deudas para sus balances, y quedan eximidas de elevar sus previsiones por riesgo de incobrabilidad. Para Redrado, esto daría a los bancos mayor margen para poder reperfilar el cobro.

En cuanto a los deudores, seguirían siendo calificados como «situación 1» -es decir, como si no estuvieran atrasados-. Eso también mejoraría sus condiciones de repago, aunque durante ese período no podrían solicitar nuevos préstamos.

Hay otras propuestas similares, que se debaten entre ejecutivos de los bancos. Uno de los más activos en las redes propone que el BCRA determine una refinanciación general para los deudores en «situación 3» -atraso mayor a 90 días- y que el saldo se establezca en UVA más una tasa máxima de 10%, con un plazo máximo de 60 meses. Se agregaría la eximición en el pago de IVA, Ingresos Brutos y otros impuestos municipales, que en estos casos no implicarían un costo fiscal. Y hasta hay propuestas para que los buenos pagadores tengan una condonación de la última cuota.

Para aliviar las tasas de interés de los nuevos créditos, se propone que se abandone el actual régimen de previsionamiento de incobrabilidad, y que en su lugar se cree un fondo generado por los ingresos de las deudas reperfiladas.

El dólar, ¿parte de la solución?

El empresario Gustavo Lazzari, referente del sector pyme, publicó un proyecto que toma al dólar como parte de la solución. La idea es que el capital de la deuda se convierta a dólares y se pague en hasta 24 meses, a una tasa de bonos Treasury más 4% -a precios de hoy, implicaría una tasa de 8,6%-.

Para los intereses devengados impagos, propone la amortización en 10 cuotas anuales, que se computen como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias. Lazzari admite que habría un costo fiscal, pero advierte que en la situación actual seguirá la caída de clientes, que no podrán pagar refinanciaciones «impúdicas».

«Es reemplazar los contratos a tasas exorbitantes, moneda blanda y plazos cortos por un esquema más racional y compatible con el desenvolvimiento económico», sintetiza el empresario, que es cercano al equipo económico del gobierno. 

La culpa del «rolleo» de deuda

En tanto, el consultor Christian Buteler pone la lupa sobre la relación de la crisis de morosidad y la política monetaria contractiva del gobierno. «La solución es de mercado, lo que no implica que el gobierno no deba hacer nada, al contrario. El gobierno debe dejar de rolear la deuda por sobre el 100% del vencimiento, si es que tiene superávit, para que el excedente de pesos produzca una caída en las tasas».

La crítica alude a la política del ministro Caputo, que en las licitaciones del Tesoro no se limita a renovar los montos de deuda pública que vencen, sino que emite nuevos bonos en exceso, para retirar liquidez del mercado. Varios analistas dijeron que la consecuencia de esa estrategia es una restricción del capital disponible para el crédito, lo cual presiona al alza de las tasas de interés.

Otros analistas estimaron que el costo fiscal de la «mano dura» de Caputo equivale a 2,9% del PBI, por los premios de las nuevas emisiones de bonos. Es un número que duplicaría el nivel previsto de superávit primario para este año.

Lo que ya están haciendo los bancos

Desde la oposición se habla de «tasas usurarias» y de la necesidad de que haya una medida oficial para solucionar una crisis que ya pasó a ser estructural. La irregularidad en los pagos en el segmento de familias ya afecta al 12,7% en el sector bancario, pero llega al 16% si, además, se toma en cuenta al crédito no bancario, como el de las billeteras digitales, las financieras no bancarias, las financiaciones de las propias cadenas retail y los prestamistas informales.

Y uno de los argumentos que se plantean como respuesta al gobierno es que, de hecho, el subsidio desde los buenos pagadores hacia los que están en mora ya está ocurriendo. El síntoma de esa situación sería el ensanchamiento de la brecha entre las tasas pasivas y las activas, que se encuentra en uno de sus puntos máximos.

Hablando en números, a los ahorristas se les paga un 20% por el dinero que colocan en plazo fijo -es decir, una tasa real negativa frente a la inflación- mientras que a quienes toman préstamos se les cobra muy por encima de 100% por el costo financiero total. Y, fuera del sistema bancarios, las tasas pueden llegar al 800% cuando se agregan los punitorios a los morosos.

En el segmento de los bancos, ya se están poniendo en práctica planes para ayudar a que los morosos regularicen la situación, aunque todavía se está lejos de superar la crisis.

En la banca estatal hay refinanciaciones en planes de hasta 96 cuotas -ocho años- con ajuste según el Coeficiente de Variación Salarial, para los casos de atrasos con la tarjeta de crédito.

También hay bancos que aplican cuotas fijas, con plazos de hasta 36 meses. No es extraño que las negociaciones sean personales, de manera que las tasas y plazos pueden ser variables, según el nivel de ingresos y la gravedad de la mora. Claro que, en todos estos casos, se trata de deudores con ingresos fijos y trabajos asalariados del sector formal.

De todas formas, los economistas apuntan que se necesita una participación del gobierno, al menos en un rol de coordinación, porque las propuestas de los bancos tomadas de manera individual pierden eficacia para mejorar la situación del sistema en su conjunto.

En un desarrollo que marca un vuelco en las complejas negociaciones financieras entre Wall Street y el gobierno argentino, los principales bancos estadounidenses involucrados en el préstamo de hasta u$s20.000 millones acordaron asumir la garantía del crédito, utilizando como colateral activos de la System Open Market Account (SOMA) de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Esta decisión, que podría acelerar los anuncios, representa un retroceso para las entidades financieras, que hasta hace semanas presionaban al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para que el Departamento del Tesoro de EEUU asumiera el riesgo soberano argentino.

El giro, confirmado a Ámbito por fuentes cercanas a las negociaciones en Nueva York y Washington, surge en el contexto de un salvataje bilateral que busca estabilizar el frente cambiario y, sobre todo, despejar los nubarrones a propósito de la capacidad de pago de la Argentina.

Inicialmente, instituciones como J.P. Morgan, Citigroup, Bank of America y Goldman Sachs habían condicionado su participación a un «backstop» explícito del gobierno estadounidense, citando la calificación especulativa de la deuda argentina por agencias como Moody’s y S&P.

Sin embargo, ante la reticencia de Bessent a comprometer fondos públicos sin aprobación del congreso estadounidense y para evitar fricciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los bancos optaron por internalizar el aval mediante mecanismos colaterales vinculados a la SOMA.

Garantías de los propios bancos en la Reserva Federal

La System Open Market Account (SOMA), que administra el portafolio de valores del Tesoro estadounidense adquirido por la Fed en operaciones de mercado abierto, ofrece un colchón de liquidez superior a los u$s280.000 millones en activos, incluyendo bonos y Derechos Especiales de Giro (SDR) del FMI.

Bajo este esquema, los bancos podrían transferir «securities» del «Exchange Stabilization Fund (ESF)» –el fondo de estabilización del Tesoro con activos flexibles– hacia la SOMA, permitiendo colateralizar hasta el 50% del préstamo en caso de incumplimiento.

Esta maniobra, detallada en la Quarterly Refunding Statement del Tesoro emitida recientemente, incluye recompras de hasta u$s38.000 millones en títulos «off-the-run», inyectando liquidez sin requerir nuevos desembolsos fiscales directos.

En los hechos, la SOMA constituye el núcleo del portafolio de la Reserva Federal de Estados Unidos, un conjunto de activos –principalmente valores del Tesoro y de agencias hipotecarias– adquiridos a través de operaciones de mercado abierto para ejecutar la política monetaria y regular la liquidez en el sistema financiero.

El dato es que su gestión operativa recae en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la institución regional más influyente del Sistema de la Fed, encargada de llevar a cabo las transacciones de compra y venta de «securities» en nombre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), con el fin de influir en las tasas de interés y la oferta de reservas bancarias.

Este banco, que supervisa además a las instituciones financieras clave de la Segunda Distrito Federal (Nueva York y partes del noreste), opera bajo una estructura híbrida público-privada: sus accionistas son los bancos miembros del distrito, como J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup, que poseen acciones no transferibles equivalentes a buena parte de su capital y reservas, recibiendo dividendos fijos, lo que ilustra la interdependencia entre el sector privado y la autoridad monetaria central.

Cambio en la estrategia: las razones del Fondo

El giro contrasta con la dinámica inicial de octubre, cuando los bancos, liderados por el CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, ejercieron una presión sostenida sobre Bessent. En entrevistas con Bloomberg TV, el pasado 21 de octubre, el secretario del Tesoro describió el swap bilateral de u$s20.000 millones –anunciado el 20 de ese mes y aún inactivo en su totalidad– como un «mecanismo para estabilizar el peso argentino, activable solo cuando sea necesario».

Dimon llegó a afirmar en Reuters que el préstamo «puede que no sea necesario» gracias a las reformas de Javier Milei, «que redujeron la inflación y podrían atraer hasta u$s100.000 millones en capital extranjero». No obstante, la pausa en las discusiones finales por falta de garantías sólidas –demandando colateral en activos argentinos o avales externos– forzó la reconfiguración actual.

Este acuerdo híbrido también busca sortear tensiones con el FMI, principal acreedor de la Argentina, que exige prioridad como acreedor multilateral. La directora gerente, Kristalina Georgieva, reiteró en su cuenta de «X» el apoyo al «sólido programa económico» de Milei, anclado en disciplina fiscal y acumulación de reservas, pero rechazó cualquier subordinación que diluya su prioridad como ejecutora de la deuda.

En esta línea, la senadora Elizabeth Warren, por su parte, cuestionó en octubre el rol de los bancos, tildando el esquema de «subsidio a Wall Street» en medio de riesgos de shutdown gubernamental. Su oficina solicitó respuestas de Bessent y del presidente de la Fed de Nueva York hasta el 12 de noviembre, destacando la opacidad en el uso de fondos públicos para respaldar préstamos privados.

Para el gobierno de Javier Milei, este préstamo –a tasas estimadas del 7-9% para plazos de 5-7 años– representa un alivio inmediato ante reservas netas en niveles muy bajos y un riesgo país en 650 puntos básicos. Incluso Milei, quien viajó a Miami el último cinco de noviembre para el American Business Forum, habría tenido una conversación, según trascendió, sobre el particular con el propio Dimon.

No obstante, es probable que el monto final del préstamo bancario sea incluso inferior al anunciado inicialmente, con un mínimo estimado de u$s5.000 millones según proyecciones de analistas de Wall Street, quedando lejos de los u$s20.000 millones originales y reflejando la menor urgencia percibida por figuras como Dimon ante el avance de las reformas locales.