Una de las nuevas obsesiones del presidente Javier Milei es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), con el objetivo de replicar la finalidad de la autoridad monetaria de Perú, país que tiene estabilidad macroeconómica desde hace ya muchos años, pese a su constante inestabilidad política y sus problemas sociales. La independencia del organismo y la baja de la inflación como prioridad absoluta son los puntos centrales de la propuesta del Poder Ejecutivo, aunque en el mercado advierten que el comportamiento reciente de la entidad que conduce Santiago Bausili no pareciera respetar demasiado esas máximas.

La principal crítica del Gobierno hacia la Carta actual del BCRA apunta al artículo 3, modificado en 2012 por la entonces presidente de la institución, Mercedes Marcó del Pont. El mismo establece cinco finalidades para el organismo: la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo, el desarrollo económico y la equidad social.

En sus redes, Milei aseguró que aquella modificación fue una «declaración de ignorancia». «Por ende, no debería ser motivo de sorpresa la continua aceleración de la tasa de inflación, algo que se quebró desde 2024», profundizó.

La política monetaria de Perú, la referencia del Gobierno para bajar la inflación y acumular reservas

En ese sentido, el mandatario sostiene que hay que volver «a un solo objetivo factible, el de preservar el valor de la moneda». El ejemplo a seguir, según la visión oficial, es el del banco central peruano, que en el artículo 2 de su Ley Orgánica explicita que su finalidad es «preservar la estabilidad monetaria» y sus funciones son «regular la cantidad de dinero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar sobre las finanzas nacionales».

La semana pasada, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, expuso en una presentación en Córdoba los detalles del plan de estabilización llevado a cabo por Perú en 1990, ya que «resulta de interés para Argentina por la similitud de su punto de partida y su marco bimonetario, y el éxito del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en aumentar reservas«.

El economista, que ha formado parte de los equipos de trabajo del ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que el fortalecimiento de las reservas brutas del BCRP «refleja 35 años de esfuerzo» y que «no fue un proceso lineal». Al respecto, señaló que, en los primeros tres años (1990-1993), «la política económica contribuyó a acumular reservas moderadamente», fundamentalmente a partir de la repatriación de capitales.

Sin embargo, aclaró que la aceleración tanto en las reservas brutas, como en las netas, se dio una década después del inicio del plan, con las exportaciones, la mejora en los términos de intercambio y la desdolarización de ahorros como principales motores. Asimismo, señaló que «no se observa correlación estable entre la acumulación de reservas y el nivel de tipo de cambio real», una afirmación que busca refutar a aquellas voces locales que sostienen que el valor del dólar está atrasado.

Independencia y desaceleración inflacionaria: dos objetivos que el BCRA no siguió en lo que va de 2026

De todos modos, cabe destacar que son varios los países que le asignan a su autoridad monetaria una finalidad que va más allá de la estabilidad monetaria, sin que ello implique una tendencia al alza sostenida de los precios internos. Un ejemplo es la Fed de EEUU, el banco central más relevante del mundo, que tiene como lema «promover la maximización del empleo y la estabilidad de precios«.

El economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN), Federico Machado, recordó en diálogo con Ámbito que «en el primer semestre de 2026 el BCRA no tuvo como prioridad bajar la inflación». «Entre enero y junio se emitieron $15,5 billones para comprar reservas. Esto yo lo veo muy bien, pero va en contra de tener como único objetivo la estabilidad de precios», acotó.

Por su parte, el director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, celebró la intención de reforma de la Carta Orgánica, si los objetivo es dotar a la autoridad monetaria de mayor independencia y enfocarla en el objetivo inflacionario. «Es lo que hicieron la mayoría de los países del mundo y es lo que la bibliografía monetaria te aconseja. Después hay que ver el proyecto y cómo bajás eso a la praxis; es decir, qué régimen monetario implementás para que sea consistente con la nueva Carta Orgánica y fácilmente entendible por la población«, explicó a este medio.

No obstante, no es menor el hecho de que los miembros de la conducción actual del Central sean «hombres de Caputo», lo cual despierta algunas dudas sobre la posibilidad de que haya una verdadera autonomía del BCRA.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este martes con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) en medio de las negociaciones en el Congreso para lograr las reformas laboral y tributaria. «Quedamos en repetirla periódicamente y en trabajar juntos para seguir bajando el costo argentino», afirmó en sus redes sociales.

El titular del Palacio de Hacienda compartió en su cuenta de X una foto en la que se lo ve junto al presidente Martín Rappallini y la cúpula del organismo. «Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y la inversión«, detalló.

El encuentro se produjo en el medio del debate sobre la modificación de las leyes laborales que propone el Gobierno de Javier Milei. En tal sentido, Caputo aseguró haber acordado repetir la reunión «periódicamente», con el fin de «hacer nuestra industria cada día más competitiva».

Hace algunos días, Rapallini defendió el trabajo que realizó como miembro del Consejo de Mayo -uno de los organismos impulsores de la propuesta- y señaló su sanción como una de las prioridades para una presunta mejoría del mercado de trabajo nacional.

“Hay que ubicar la ley en un contexto en el cual hace 15 años que no se genera empleo formal. El sistema laboral argentino tiene un fracaso importante”, interpretó el dirigente industrial, que describió que en el mercado laboral subsiste la “alta litigiosidad, falta de empleabilidad e incentivos que no estaban enfocados en la productividad sino en generar conflictos judiciales a las empresas”.

La CGT se moviliza el 18 de diciembre contra la reforma laboral

La semana pasada, tras conocerse los detalles de la reforma, la CGT convocó una movilización que se llevará a cabo este 18 de diciembre a las 15 con epicentro en Plaza de Mayo. «Claramente nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este este proyecto de reforma laboral. Es una situación que, efectivamente, transita por la precarización laboral. Es un paso más a esa informalidad», dijo Sola el jueves pasado.

Cristian Jerónimo marcó la cancha al advertir que la iniciativa oficial “es regresiva” y que no existe voluntad de generar un ámbito de negociación real. El dirigente del Sindicato del Vidrio insistió en que, sin una mesa formal con representación del mundo del trabajo, la CGT no acompañará ningún cambio que retroceda derechos adquiridos.

La semana pasada, la CGT también mantuvo una reunión con legisladores nacionales del peronismo para analizar la reforma laboral y la situación de los trabajadores del citrus y del sector avícola en Entre Ríos. Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Adán Bahl visitaron la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, donde se reunieron con Sola y Jerónimo, además de los dirigentes Carlos Molinari (Carne) y Pablo Flores (AEFIP).

Así es el proyecto de reforma laboral del Gobierno

La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo reescribió aspectos centrales de la legislación laboral vigente: define nuevas reglas para vacaciones, introduce la figura del banco de horas, modifica criterios de indemnizaciones, redefinió el régimen de despidos e incorpora cambios en procedimientos judiciales y administrativos vinculados al mundo del trabajo.

La reforma, según explicaron en el oficialismo, procura establecer un marco moderno que impacte sobre los sectores público y privado, generando lo que describen como un “reordenamiento” de la relación laboral.

El propósito declarado es adaptar la normativa a un esquema más flexible e incorporar herramientas consideradas “actualizadas” por los redactores del proyecto.

Gustavo Arengo, Ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que el Gobierno Nacional pretende revisar la cifra —estimada en unos $274.000 millones— que la Nación le adeuda a la Ciudad por la Coparticipación.

En diálogo con el programa Esta Mañana por Radio Rivadavia, Arengo explicó que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, “quiere volver a analizar ese monto”. Aun así, marcó diferencias respecto a lo sucedido durante la gestión del ex Presidente Alberto Fernández, destacando que actualmente si existe un canal de diálogo con la administración nacional.

En ese sentido, el Ministro recordó que “Alberto Fernández nos recortó la coparticipación de un día para el otro, en medio de un presupuesto que no tenía previsto afrontar ese recorte”. Frente a esto, valoró que “ahora, más allá de que el Gobierno de Javier Milei cree que el monto puede ser otro, seguimos trabajando en mesas de negociación”.

Reuniones en busca de un acuerdo

Arengo destacó que existieron encuentros entre Luis Caputo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para buscar una salida al conflicto, dado que los pagos establecidos en el acuerdo firmado el año pasado —para cumplir con la cautelar vigente— vienen registrando demoras.

Si bien remarcó que “la Nación continúa realizando las transferencias”, reconoció que “en los últimos meses se han concretado con cierto atraso”. Por eso, afirmó: “Cada vez que hay una demora, reclamamos los fondos”. Aún así, remarcó que las conversaciones con Nación avanzan “en buenos términos” con la intención de llegar a un entendimiento.

La semana pasada, el mismo Jorge Macri mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, donde le solicitó al Ejecutivo nacional que “normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026” debido a que, desde agosto, adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema.

En ese mismo encuentro, el jefe de Gobierno Porteño pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto del año próximo para “asegurar su continuidad” y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal.

Luego de la reunión, Macri calificó cómo positivo el acercamiento y aseguró que “seguirán trabajando para encontrar un entendimiento” respecto a la coparticipación y financiamiento.

Jorge Macri se reúne este martes con Luis Caputo para reclamarle por la coparticipación

Al ser consultado por la deuda total, detalló que “la obligación acumulada de este proceso ronda los US$200 millones” y que “la deuda previa asciende a cerca de US$6.000 millones, casi la mitad del presupuesto porteño”. Para graficarlo, señaló que equivale “a cuatro líneas F de subte”.

Colocación de deuda en el mercado internacional

El ministro Arengo se refirió acerca de la reciente colocación de bonos de la Ciudad, señalando que se produjo en un contexto positivo para el país, tras los buenos resultados del oficialismo nacional en las elecciones legislativas.

Subrayó que “la demanda por los bonos porteños fue muy elevada, triplicando el monto ofrecido”, lo que, dijo, refleja el renovado interés por activos argentinos y el ordenamiento fiscal en CABA. Explicó además que “esta colocación permitió reducir deuda y facilitó el acceso a financiamiento a tasas competitivas”, recordando que la última emisión de la Ciudad databa de 2016.

Finalmente, sostuvo que “es relevante que, aunque la emisión se destinó a refinanciar vencimientos de 2026 y 2027, una parte del cupón se pagará este año con recursos propios”, y anticipó que esto ayudará a financiar obras, entre ellas la línea F del subte.

FN

Después de arrasar en las elecciones y ganar robustez en el Congreso, el Gobierno analiza la letra chica de una reforma laboral, incluida entre las transformaciones de «primer» y «segundo grado» previstas en el Pacto de Mayo durante el primer año de administración libertaria. Desde los gremios afirman que no se presentó una propuesta concreta en el marco del Consejo de Mayo y se atribuyen el bloqueo del capítulo laboral del decreto 70/2023 (fue suspendido por la Justicia).

El presidente Javier Milei tildó el régimen actual de «anacrónico» y propuso una nueva reglamentación en la que los empleadores y los trabajadores del sector informal puedan «acordar» y formalizar la relación. Las palabras del libertario surgieron un día después de las elecciones, aunque son cambios que el Gobierno analiza desde antes del gran evento de la democracia.

Un nuevo régimen laboral. ¿Cómo sería? En principio se analizan dos variantes: que el convenio de empresa tenga prioridad sobre el convenio de actividad o que, como ocurre actualmente, el convenio de actividad prevalezca, permitiendo que el de empresa solo pueda mejorar las condiciones del primero. Sin embargo, esta segunda opción es la que rige hoy, donde el piso de aumento lo establece la paritaria sectorial, mientras que el empleador puede otorgar mejoras adicionales según su situación. En definitiva, el trabajador queda cubierto con un incremento mínimo garantizado, aunque las empresas con más margen pueden mejorar las condiciones.

Si bien el proyecto de ley no es mismo que el presentado por la diputada de LLA Romina Diez, desde el oficialismo aseguran que podría servir como punto de partida, en línea con lo que ya se había contemplado en la vieja Ley Bases. No obstante, dado que esa iniciativa incluía indemnizaciones en cuotas y un aumento en la cantidad de horas laborales, entre otros cambios, el Gobierno remarca que no se incorporará ninguna medida que afecte derechos adquiridos de los trabajadores, según enfatizó el propio secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La reforma laboral -que estaría finalizada el 15 de diciembre- prevé que los convenios por empresa “ajusten sus cláusulas a las realidades de cada compañía, sus trabajadores y la región donde desarrolla su actividad económica”.

Para ello, afirman que se requiere una “modernización laboral” que debe darse en el marco del diálogo con empresarios y gremios. Sin embargo, estos últimos sostienen que las reuniones en torno al Consejo de Mayo no incluyeron una propuesta concreta. Lejos de eso, remarcan que solo se planteó la intención de ratificar las modificaciones previstas en el decreto 70/2023, que la propia CGT logró frenar mediante una cautelar.

«Cordero podrá decirle al empresariado lo que quiere escuchar en IDEA, pero para plantear una reforma de esta característica tienen que hablar con los gobernadores y la parte sindical”, insiste una alta fuente del sector, que niega que exista algo más que trascendidos de prensa y la exposición del titular de la Secretaría de Trabajo en el coloquio.

Paritarias previstas en la reforma laboral

Dentro de los puntos que analiza el Gobierno se encuentra la figura de «salario dinámico» que está atado al mérito del trabajador y la productividad de cada empresa. Si bien se presenta como uno de los ejes centrales de la modernización laboral, los aumentos por mérito de cada trabajador y la productividad actualmente existen, solo que los convenios colectivos funcionan como una red de contención, evitando remuneraciones por debajo de lo pactado.

De esta manera, el Gobierno busca incorporar objetivos de rendimiento y resultados en las negociaciones colectivas, acuerdos de empresa o individuales. La intención también sería dejar atrás la indexación de las remuneraciones por inflación que aún rige en varias negociaciones sectoriales.

Como el ancla salarial es una de las variables que utiliza el Gobierno para contener la inflación -junto con el control del tipo de cambio-, en el relevamiento mensual de 21 convenios colectivos de trabajo (CCT) que realiza CP-Consultores se observa que, en casi todos los meses de 2025, las paritarias quedaron por debajo de la inflación.

Aunque lo inverso ocurre en algunos meses de los promedios de incrementos salariales del INDEC: aumentan por encima de la inflación, y CP explica que esto se debe a los aumentos superiores a los previstos en las paritarias para los cargos jerárquicos y en los sectores que atraviesan una mejor situación. A modo de ejemplo, los salarios registrados (públicos y privados) subieron un 2,2% en julio, mientras que la inflación fue del 1,9%.

El Gobierno asegura que “el incremento salarial dinámico propone que el salario básico remunerativo se complemente con componentes variables vinculados al desempeño, la productividad y la eficacia”. De esta manera, plantea que la remuneración funcione como un “motor de mejora continua, con incentivos reales tanto para el trabajador como para la empresa”.

Además, destacan que «un sistema puramente solidario, donde todos perciben lo mismo sin importar el esfuerzo o los resultados, desincentiva la productividad y promueve la mediocridad». «El objetivo es eliminar rigideces que frenan la creación de empleo, simplificando procesos y modernizando normas, manteniendo y fortaleciendo los derechos esenciales de los trabajadores», resumen.

Aspectos evaluados para incluir en la reforma

Entre las reformas mencionadas por el Presidente, que podrían discutirse dentro de los convenios colectivos de trabajo, se encuentran:

• Digitalización de los procesos de registro.
• Eliminación de trabas burocráticas.
• Libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte.
• Implementación de bancos de horas.

Carlos Maslatón fue el primero de los testigos en declarar en la casusa que investiga una presunta venta de candidaturas en La Libertad Avanza, espacio liderado por Javier Milei. Si bien el abogado ya había hablado públicamente del tema, en esta oportunidad ratificó ante la Justicia que recibió denuncias sobre pedidos de dinero a cambio de candidaturas por parte de «operadores» del partido.

Aportó nombres y casos puntuales y aseguró que implementaron un sistema de «franquiciado político». «Se busca gente con capacidad contributiva, no por idoneidad ni capacidad política«, agregó Maslatón ante el fiscal federal con competencia electoral Ramiro González, el encargado de llevar adelante la investigación.

El abogado, exaliado de Milei, dijo que por su «perfil social alto» en redes sociales se contactaron con él para denunciar los pedidos de dinero a cambio de un lugar en las listas.

«Si no pagan y se hace una publicación con Milei, se encargan de decir que esa publicidad no es cierta. Así mataron a la militancia. Yo llamo a esto franquiciado político, el que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato. Tengo versiones que hay gente que pagó el canon y no integró las listas«, denunció ante el fiscal.

En cuanto a los denunciantes de este delito, Maslatón dio ejemplos como el de «una persona que se identificó como Dr. Pablo Bonalpech, abogado del foro de Morón, quien está a disposición, el candidato le paga semanalmente a Sebastián Pareja 300.000 pesos durante los últimos cinco meses. Nadie de los que concretó lo va a reconocer».

Además, mencionó a «Silvina Soria, de Avellaneda», quien le escribió «diciendo que se va del movimiento porque le pidieron 60.000 dólares para ser candidata» en ese distrito y que en Chaco, un exmilitante Martín Piccato, le dijo que «estuvieron vendiendo las candidaturas», relató como otro de los numerosos casos que nombró de pedidos de dinero.

Milei y Maslatón: cuál fue el punto de quiebre en la relación

En su declaración, Maslatón también contó cuál era su vínculo con Javier Milei. Relató que se acercó a él en en sus tiempos de militancia juntos pero decidió irse cuando empezó a discutirse la estrategia electoral de 2023. Señaló que propuso «utilizar la base militante para construir estructura» pero «primó otro criterio«.

«Ahí se produce una escisión donde yo también decido irme. Le propuse ir a las PASO y él lo rechazó. No quería ir a las PASO, quería manejar todo él«, expresó en alusión a Milei.

El grupo de jóvenes que fundó el Partido Libertario, señaló Maslatón, «quedó descartado, hoy no componen la alianza de La Libertad Avanza«.

Cómo continuará la investigación por venta de candidaturas

Para el próximo martes y en el contexto de la investigación preliminar que abrió la fiscalía, se citó a la legisladora porteña Rebeca Fleitas, a la exmilitante de LLA Mila Zurbriggen y al empresario Juan Carlos Blumberg, quienes realizaron denuncias públicas de diverso tenor contra Milei y su partido, como la supuesta venta de candidaturas.

González abrió una investigación preliminar ante la «gravedad institucional» de las denuncias conocidas en los últimos días «a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral».

Tras conocerse la decisión judicial, Milei, aseguró que va a «denunciar» a aquellos que acusaron a su agrupación de vender candidaturas en dólares, pero reiteró que si alguien desea ocupar un lugar en las listas del espacio «debe cubrir el financiamiento» de la fuerza política.