En el marco del evento Argentina Week 2026, que se realizará entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York, el Gobierno aprovechará uno de los paneles principales para darle visibilidad internacional al proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. La exposición estará a cargo de Alejandro Núñez, presidente de Trenes Argentinos Cargas, quien contará con 15 minutos en el escenario para presentar el proyecto ante inversores, bancos y organismos multilaterales.

Según fuentes cercanas al Gobierno, el objetivo no será buscar oferentes directamente en ese ámbito, que tiene más de 300 invitados, sino “darle visibilidad al proyecto” y, en paralelo, avanzar en conversaciones con organismos de financiamiento internacional.

“Argentina ha hecho las cosas muy bien en términos económicos y estructurales, pero todavía no tiene muchos proyectos concretos para un público inversor internacional. Uno de los pocos que sí existen es la privatización de Belgrano Cargas”, señaló un entendido de la materia.

En ese marco, el Gobierno mantiene conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Financiera Internacional -brazo financiero del Banco Mundial- y la agencia federal Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. Además, en Nueva York estarán presentes bancos internacionales.

belgrano cargas.jpg

El financiamiento internacional buscaría rubricar la inversión de los futuros actores privados que tomen la concesión de la empresa. “Cada entidad privada presenta su propio modelo de negocio y se lo presenta a la institución financiera, que definirá monto a prestar, tasa y plazo”, explica la fuente en diálogo con Ámbito.

En paralelo, el equipo oficial organizará otro evento en el Consulado Argentino en Nueva York, con capacidad para 40 o 50 personas, orientado a cuadros técnicos de entidades financieras y analistas especializados.

“Argentina Week es un evento de muy alto rango; pero solo habrá 20 minutos para contar y darle visibilidad al proyecto. En el consulado es donde realmente habrá un intercambio más técnico”, entiende una fuente que tendrá participación especial en el evento.

El consorcio de cerealeras espera los pliegos para fines de marzo

La privatización contempla una inversión mínima obligatoria en vías cercana a los u$s800 millones entre los tres ramales, el Belgrano, el San Martín y el Urquiza. ¿Cuánto podrá conseguir el Gobierno de inversores internacionales? Aspira a obtener entre el 50% y el 70% del financiamiento de capital.

Los pliegos, según confirmaron, están terminados del lado técnico y atraviesan la etapa de revisión final. “Seguramente esté listo para publicarse a fines de marzo”, comentan a este medio. El objetivo es finalizar el proceso este año. “Tenemos que terminar el año con esto entregado al sector privado”, concluyeron.

En ese sentido, el presidente Javier Milei señaló en su discurso de la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso: “En un año tendremos toda la red experimentando su modernización más grande en más de un siglo”.

El modelo prevé fuertes inversiones durante los primeros seis años y una reducción progresiva de costos logísticos. El objetivo es que el tren pase de transportar del 5% al 20% de la carga en pocos años, con los ferrocarriles concentrados en trayectos cortos entre pueblos y estaciones ferroviarias.

La expectativa privada también incluye, en el mediano plazo, sumar el transporte de minerales como cobre, plata y litio del norte argentino.

Por el potencial del proyecto, y tras el cambio en el diseño original de la licitación para la habilitación de ofertas integrales por activos y operación, las grandes cerealeras no tardaron en aparecer para disputar la concesión de la empresa. Así, constituyeron legalmente el Consorcio Pro-Ferrocarril Belgrano, integrado por: Aceitera General Deheza (AGD), vocera del grupo, Dreyfus, Cargill, Asociación de Cooperativas Argentinas y Bunge, recientemente fusionada con Viterra.

Entre las cinco empresas representan el 85% de la carga actual del Belgrano Cargas, cuyo principal producto son cereales y oleaginosas con destino a los puertos del Gran Rosario.

El planteo del consorcio es directo: si concentran la carga y pueden incrementarla mediante inversión en vías y logística -incluidas estaciones- competirán por la concesión, considerando al Belgrano Cargas estratégico para mejorar competitividad internacional.

Actualmente, según remarcan, el costo por tonelada de un camión que traslada maíz desde Salta a Rosario es más caro que enviar esa tonelada por barco desde Rosario a Vietnam.

El grupo ya confirmó que competirá y se encuentra a la espera de la última versión del pliego.

El peso del acuerdo EEUU–Argentina en la presentación del proyecto

Una fuente vinculada al sector agroexportador plantea una explicación más profunda respecto de la presentación del plan de privatización en New York: el proyecto aterriza en territorio norteamericano en el marco de la acuerdo comercial firmado con Estados Unidos. “No me extrañaría que los pliegos pasen por Washington”, analiza.

En ese acuerdo aparecen referencias a la participación de empresas estadounidenses para la inversión en sectores estratégicos e importación por parte de Argentina de bienes de capital usados, vehículos y partes.

Los puntos mencionados en el acuerdo son los siguientes:

• Argentina facilitará la inversión de empresas estadounidenses en sectores estratégicos, incluyendo: minerales críticos, energía (incluyendo hidrocarburos, energías renovables e infraestructura asociada) e infraestructura logística vinculada a exportaciones energéticas.
• Argentina otorgará trato no menos favorable que el otorgado a inversionistas nacionales o de terceros países, sujeto a su legislación interna.
• Las partes cooperarán para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas.

Y detalló una serie de compromisos específicos:

• Bienes Usados y Remanufacturados: Argentina, respecto de su prohibición de importación de bienes usados, eximirá bienes de capital adicionales, incluidos equipos de construcción, agrícolas y mineros y dispositivos médicos, mediante la modificación de la normativa relacionada con el Decreto 273/2025, y continuará trabajando con los Estados Unidos para ampliar el acceso al mercado para bienes remanufacturados.
• Vehículos Automotores y Partes: Argentina aceptará, conforme a sus leyes y reglamentos, vehículos y partes fabricados conforme a las Normas Federales de Seguridad Vehicular de EE.UU. (FMVSS) y estándares de emisiones de EE.UU., y vendidos en Estados Unidos, aceptando los procedimientos de cumplimiento estadounidenses sin requisitos adicionales de conformidad.

Según la fuente consultada, el Gobierno buscaría encuadrar la presentación de la privatización de Belgrano Cargas dentro de este esquema de infraestructura estratégica, junto con Urquiza, San Martín y Ferrosur (que conecta Vaca Muerta con Bahía Blanca). “El Gobierno está bastante urgido de lograr que esto salgan rápido por el famoso tema dólares”, afirmó.

Luis Caputo, ministro de Economía, señaló en recientes declaraciones que se avanzará en la privatización o concesión de empresas como AySA, Intercargo y Belgrano Cargas, y la venta de acciones de Transener. “Van a estar todas traccionando a partir de junio de este año” y “va a dar buen impulso a la economía”, aseguró.

Sin embargo, el cronograma tentativo que se analiza en el consorcio contempla la apertura de sobres y la revisión técnica entre agosto y octubre, con eventual adjudicación en noviembre. “Los dólares que lleguen quizás no se vean en 2026”, dijo una de las fuentes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este martes con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) en medio de las negociaciones en el Congreso para lograr las reformas laboral y tributaria. “Quedamos en repetirla periódicamente y en trabajar juntos para seguir bajando el costo argentino”, afirmó en sus redes sociales.

El titular del Palacio de Hacienda compartió en su cuenta de X una foto en la que se lo ve junto al presidente Martín Rappallini y la cúpula del organismo. “Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y la inversión“, detalló.

El encuentro se produjo en el medio del debate sobre la modificación de las leyes laborales que propone el Gobierno de Javier Milei. En tal sentido, Caputo aseguró haber acordado repetir la reunión “periódicamente”, con el fin de “hacer nuestra industria cada día más competitiva”.

Hace algunos días, Rapallini defendió el trabajo que realizó como miembro del Consejo de Mayo -uno de los organismos impulsores de la propuesta- y señaló su sanción como una de las prioridades para una presunta mejoría del mercado de trabajo nacional.

“Hay que ubicar la ley en un contexto en el cual hace 15 años que no se genera empleo formal. El sistema laboral argentino tiene un fracaso importante”, interpretó el dirigente industrial, que describió que en el mercado laboral subsiste la “alta litigiosidad, falta de empleabilidad e incentivos que no estaban enfocados en la productividad sino en generar conflictos judiciales a las empresas”.

La CGT se moviliza el 18 de diciembre contra la reforma laboral

La semana pasada, tras conocerse los detalles de la reforma, la CGT convocó una movilización que se llevará a cabo este 18 de diciembre a las 15 con epicentro en Plaza de Mayo. “Claramente nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este este proyecto de reforma laboral. Es una situación que, efectivamente, transita por la precarización laboral. Es un paso más a esa informalidad”, dijo Sola el jueves pasado.

Cristian Jerónimo marcó la cancha al advertir que la iniciativa oficial “es regresiva” y que no existe voluntad de generar un ámbito de negociación real. El dirigente del Sindicato del Vidrio insistió en que, sin una mesa formal con representación del mundo del trabajo, la CGT no acompañará ningún cambio que retroceda derechos adquiridos.

La semana pasada, la CGT también mantuvo una reunión con legisladores nacionales del peronismo para analizar la reforma laboral y la situación de los trabajadores del citrus y del sector avícola en Entre Ríos. Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Adán Bahl visitaron la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, donde se reunieron con Sola y Jerónimo, además de los dirigentes Carlos Molinari (Carne) y Pablo Flores (AEFIP).

Así es el proyecto de reforma laboral del Gobierno

La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo reescribió aspectos centrales de la legislación laboral vigente: define nuevas reglas para vacaciones, introduce la figura del banco de horas, modifica criterios de indemnizaciones, redefinió el régimen de despidos e incorpora cambios en procedimientos judiciales y administrativos vinculados al mundo del trabajo.

La reforma, según explicaron en el oficialismo, procura establecer un marco moderno que impacte sobre los sectores público y privado, generando lo que describen como un “reordenamiento” de la relación laboral.

El propósito declarado es adaptar la normativa a un esquema más flexible e incorporar herramientas consideradas “actualizadas” por los redactores del proyecto.

Gustavo Arengo, Ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que el Gobierno Nacional pretende revisar la cifra —estimada en unos $274.000 millones— que la Nación le adeuda a la Ciudad por la Coparticipación.

En diálogo con el programa Esta Mañana por Radio Rivadavia, Arengo explicó que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, “quiere volver a analizar ese monto”. Aun así, marcó diferencias respecto a lo sucedido durante la gestión del ex Presidente Alberto Fernández, destacando que actualmente si existe un canal de diálogo con la administración nacional.

En ese sentido, el Ministro recordó que “Alberto Fernández nos recortó la coparticipación de un día para el otro, en medio de un presupuesto que no tenía previsto afrontar ese recorte”. Frente a esto, valoró que “ahora, más allá de que el Gobierno de Javier Milei cree que el monto puede ser otro, seguimos trabajando en mesas de negociación”.

Reuniones en busca de un acuerdo

Arengo destacó que existieron encuentros entre Luis Caputo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para buscar una salida al conflicto, dado que los pagos establecidos en el acuerdo firmado el año pasado —para cumplir con la cautelar vigente— vienen registrando demoras.

Si bien remarcó que “la Nación continúa realizando las transferencias”, reconoció que “en los últimos meses se han concretado con cierto atraso”. Por eso, afirmó: “Cada vez que hay una demora, reclamamos los fondos”. Aún así, remarcó que las conversaciones con Nación avanzan “en buenos términos” con la intención de llegar a un entendimiento.

La semana pasada, el mismo Jorge Macri mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, donde le solicitó al Ejecutivo nacional que “normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026” debido a que, desde agosto, adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema.

En ese mismo encuentro, el jefe de Gobierno Porteño pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto del año próximo para “asegurar su continuidad” y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal.

Luego de la reunión, Macri calificó cómo positivo el acercamiento y aseguró que “seguirán trabajando para encontrar un entendimiento” respecto a la coparticipación y financiamiento.

Jorge Macri se reúne este martes con Luis Caputo para reclamarle por la coparticipación

Al ser consultado por la deuda total, detalló que “la obligación acumulada de este proceso ronda los US$200 millones” y que “la deuda previa asciende a cerca de US$6.000 millones, casi la mitad del presupuesto porteño”. Para graficarlo, señaló que equivale “a cuatro líneas F de subte”.

Colocación de deuda en el mercado internacional

El ministro Arengo se refirió acerca de la reciente colocación de bonos de la Ciudad, señalando que se produjo en un contexto positivo para el país, tras los buenos resultados del oficialismo nacional en las elecciones legislativas.

Subrayó que “la demanda por los bonos porteños fue muy elevada, triplicando el monto ofrecido”, lo que, dijo, refleja el renovado interés por activos argentinos y el ordenamiento fiscal en CABA. Explicó además que “esta colocación permitió reducir deuda y facilitó el acceso a financiamiento a tasas competitivas”, recordando que la última emisión de la Ciudad databa de 2016.

Finalmente, sostuvo que “es relevante que, aunque la emisión se destinó a refinanciar vencimientos de 2026 y 2027, una parte del cupón se pagará este año con recursos propios”, y anticipó que esto ayudará a financiar obras, entre ellas la línea F del subte.

FN

Después de arrasar en las elecciones y ganar robustez en el Congreso, el Gobierno analiza la letra chica de una reforma laboral, incluida entre las transformaciones de “primer” y “segundo grado” previstas en el Pacto de Mayo durante el primer año de administración libertaria. Desde los gremios afirman que no se presentó una propuesta concreta en el marco del Consejo de Mayo y se atribuyen el bloqueo del capítulo laboral del decreto 70/2023 (fue suspendido por la Justicia).

El presidente Javier Milei tildó el régimen actual de “anacrónico” y propuso una nueva reglamentación en la que los empleadores y los trabajadores del sector informal puedan “acordar” y formalizar la relación. Las palabras del libertario surgieron un día después de las elecciones, aunque son cambios que el Gobierno analiza desde antes del gran evento de la democracia.

Un nuevo régimen laboral. ¿Cómo sería? En principio se analizan dos variantes: que el convenio de empresa tenga prioridad sobre el convenio de actividad o que, como ocurre actualmente, el convenio de actividad prevalezca, permitiendo que el de empresa solo pueda mejorar las condiciones del primero. Sin embargo, esta segunda opción es la que rige hoy, donde el piso de aumento lo establece la paritaria sectorial, mientras que el empleador puede otorgar mejoras adicionales según su situación. En definitiva, el trabajador queda cubierto con un incremento mínimo garantizado, aunque las empresas con más margen pueden mejorar las condiciones.

Si bien el proyecto de ley no es mismo que el presentado por la diputada de LLA Romina Diez, desde el oficialismo aseguran que podría servir como punto de partida, en línea con lo que ya se había contemplado en la vieja Ley Bases. No obstante, dado que esa iniciativa incluía indemnizaciones en cuotas y un aumento en la cantidad de horas laborales, entre otros cambios, el Gobierno remarca que no se incorporará ninguna medida que afecte derechos adquiridos de los trabajadores, según enfatizó el propio secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La reforma laboral -que estaría finalizada el 15 de diciembre- prevé que los convenios por empresa “ajusten sus cláusulas a las realidades de cada compañía, sus trabajadores y la región donde desarrolla su actividad económica”.

Para ello, afirman que se requiere una “modernización laboral” que debe darse en el marco del diálogo con empresarios y gremios. Sin embargo, estos últimos sostienen que las reuniones en torno al Consejo de Mayo no incluyeron una propuesta concreta. Lejos de eso, remarcan que solo se planteó la intención de ratificar las modificaciones previstas en el decreto 70/2023, que la propia CGT logró frenar mediante una cautelar.

“Cordero podrá decirle al empresariado lo que quiere escuchar en IDEA, pero para plantear una reforma de esta característica tienen que hablar con los gobernadores y la parte sindical”, insiste una alta fuente del sector, que niega que exista algo más que trascendidos de prensa y la exposición del titular de la Secretaría de Trabajo en el coloquio.

Paritarias previstas en la reforma laboral

Dentro de los puntos que analiza el Gobierno se encuentra la figura de “salario dinámico” que está atado al mérito del trabajador y la productividad de cada empresa. Si bien se presenta como uno de los ejes centrales de la modernización laboral, los aumentos por mérito de cada trabajador y la productividad actualmente existen, solo que los convenios colectivos funcionan como una red de contención, evitando remuneraciones por debajo de lo pactado.

De esta manera, el Gobierno busca incorporar objetivos de rendimiento y resultados en las negociaciones colectivas, acuerdos de empresa o individuales. La intención también sería dejar atrás la indexación de las remuneraciones por inflación que aún rige en varias negociaciones sectoriales.

Como el ancla salarial es una de las variables que utiliza el Gobierno para contener la inflación -junto con el control del tipo de cambio-, en el relevamiento mensual de 21 convenios colectivos de trabajo (CCT) que realiza CP-Consultores se observa que, en casi todos los meses de 2025, las paritarias quedaron por debajo de la inflación.

Aunque lo inverso ocurre en algunos meses de los promedios de incrementos salariales del INDEC: aumentan por encima de la inflación, y CP explica que esto se debe a los aumentos superiores a los previstos en las paritarias para los cargos jerárquicos y en los sectores que atraviesan una mejor situación. A modo de ejemplo, los salarios registrados (públicos y privados) subieron un 2,2% en julio, mientras que la inflación fue del 1,9%.

El Gobierno asegura que “el incremento salarial dinámico propone que el salario básico remunerativo se complemente con componentes variables vinculados al desempeño, la productividad y la eficacia”. De esta manera, plantea que la remuneración funcione como un “motor de mejora continua, con incentivos reales tanto para el trabajador como para la empresa”.

Además, destacan que “un sistema puramente solidario, donde todos perciben lo mismo sin importar el esfuerzo o los resultados, desincentiva la productividad y promueve la mediocridad”. “El objetivo es eliminar rigideces que frenan la creación de empleo, simplificando procesos y modernizando normas, manteniendo y fortaleciendo los derechos esenciales de los trabajadores”, resumen.

Aspectos evaluados para incluir en la reforma

Entre las reformas mencionadas por el Presidente, que podrían discutirse dentro de los convenios colectivos de trabajo, se encuentran:

• Digitalización de los procesos de registro.
• Eliminación de trabas burocráticas.
• Libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte.
• Implementación de bancos de horas.

Carlos Maslatón fue el primero de los testigos en declarar en la casusa que investiga una presunta venta de candidaturas en La Libertad Avanza, espacio liderado por Javier Milei. Si bien el abogado ya había hablado públicamente del tema, en esta oportunidad ratificó ante la Justicia que recibió denuncias sobre pedidos de dinero a cambio de candidaturas por parte de “operadores” del partido.

Aportó nombres y casos puntuales y aseguró que implementaron un sistema de “franquiciado político”. “Se busca gente con capacidad contributiva, no por idoneidad ni capacidad política“, agregó Maslatón ante el fiscal federal con competencia electoral Ramiro González, el encargado de llevar adelante la investigación.

El abogado, exaliado de Milei, dijo que por su “perfil social alto” en redes sociales se contactaron con él para denunciar los pedidos de dinero a cambio de un lugar en las listas.

“Si no pagan y se hace una publicación con Milei, se encargan de decir que esa publicidad no es cierta. Así mataron a la militancia. Yo llamo a esto franquiciado político, el que recibe la franquicia paga un canon por el uso de la imagen, símbolo y el derecho a ser candidato. Tengo versiones que hay gente que pagó el canon y no integró las listas“, denunció ante el fiscal.

En cuanto a los denunciantes de este delito, Maslatón dio ejemplos como el de “una persona que se identificó como Dr. Pablo Bonalpech, abogado del foro de Morón, quien está a disposición, el candidato le paga semanalmente a Sebastián Pareja 300.000 pesos durante los últimos cinco meses. Nadie de los que concretó lo va a reconocer”.

Además, mencionó a “Silvina Soria, de Avellaneda”, quien le escribió “diciendo que se va del movimiento porque le pidieron 60.000 dólares para ser candidata” en ese distrito y que en Chaco, un exmilitante Martín Piccato, le dijo que “estuvieron vendiendo las candidaturas”, relató como otro de los numerosos casos que nombró de pedidos de dinero.

Milei y Maslatón: cuál fue el punto de quiebre en la relación

En su declaración, Maslatón también contó cuál era su vínculo con Javier Milei. Relató que se acercó a él en en sus tiempos de militancia juntos pero decidió irse cuando empezó a discutirse la estrategia electoral de 2023. Señaló que propuso “utilizar la base militante para construir estructura” pero “primó otro criterio“.

“Ahí se produce una escisión donde yo también decido irme. Le propuse ir a las PASO y él lo rechazó. No quería ir a las PASO, quería manejar todo él“, expresó en alusión a Milei.

El grupo de jóvenes que fundó el Partido Libertario, señaló Maslatón, “quedó descartado, hoy no componen la alianza de La Libertad Avanza“.

Cómo continuará la investigación por venta de candidaturas

Para el próximo martes y en el contexto de la investigación preliminar que abrió la fiscalía, se citó a la legisladora porteña Rebeca Fleitas, a la exmilitante de LLA Mila Zurbriggen y al empresario Juan Carlos Blumberg, quienes realizaron denuncias públicas de diverso tenor contra Milei y su partido, como la supuesta venta de candidaturas.

González abrió una investigación preliminar ante la “gravedad institucional” de las denuncias conocidas en los últimos días “a fin de determinar si los sucesos recopilados infringen la normativa que regula el proceso electoral”.

Tras conocerse la decisión judicial, Milei, aseguró que va a “denunciar” a aquellos que acusaron a su agrupación de vender candidaturas en dólares, pero reiteró que si alguien desea ocupar un lugar en las listas del espacio “debe cubrir el financiamiento” de la fuerza política.