Los principales puertos del país permanecen paralizados luego de que el Gobierno nacional desregulara el servicio de practicaje y pilotaje mediante el Decreto 690/2026. Como respuesta a la medida, gran parte de los prácticos dejaron de aceptar nuevos servicios en rechazo a la norma impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según fuentes de la agroindustria, más de 150 buques permanecen detenidos a la espera de poder ingresar o salir de los puertos. «Los barcos están parados porque requieren la asistencia del práctico para moverse«, resumió una fuente ligada al negocio de la agroexportación.

En ese contexto, desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) señalaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas se encuentran momentáneamente interrumpidas debido a la «indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan», una situación que, advirtieron, podría generar dificultades de abastecimiento por inconvenientes en el transporte.

La interrupción alcanza las operaciones en los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, desde donde se desarrolla buena parte de la distribución de combustibles hacia todo el país. La situación también afecta a Caleta Córdova (Chubut), un punto clave para el traslado de petróleo crudo hacia las distintas refinerías.

Desde la entidad agregaron que trabajan junto con las empresas afectadas y las autoridades competentes para encontrar una solución que permita restablecer el normal funcionamiento de los puertos.

El conflicto por el cese de actividades

Ante este escenario, la Prefectura Naval Argentina comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de manera inmediata la prestación del servicio. El organismo advirtió que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que la interrupción de esa actividad podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no puede dictar una conciliación obligatoria porque, según explicaron fuentes oficiales, «técnicamente no existe un conflicto laboral«, sino una decisión individual de los prácticos de no aceptar nuevas prestaciones.

Esto se debe a que no se trata de un paro en sentido estricto: los prácticos son profesionales independientes, sin relación de dependencia ni un gremio que pueda ordenar un cese colectivo de actividades. En los hechos, la medida implica un freno a las nuevas contrataciones de practicaje, mientras que los servicios previamente programados continúan realizándose.

La tarea de los prácticos consiste en asesorar a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los buques en ríos, canales y puertos. Su intervención es obligatoria en gran parte de la navegación comercial debido a las características de la Hidrovía y de los accesos portuarios argentinos.

Qué modifica el decreto 690/2026

El decreto firmado por el presidente Javier Milei forma parte de la estrategia oficial para reducir el denominado «costo argentino» mediante la eliminación de regulaciones que, según el Gobierno, restringen la competencia y encarecen la actividad económica.

La nueva reglamentación reemplaza un régimen vigente desde 1991 y elimina una serie de requisitos que el Ejecutivo considera obsoletos. Entre otras modificaciones, crea un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la Prefectura Naval; permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores; elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales; dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) establezca tarifas máximas para el servicio y obliga a publicar los precios para fomentar la competencia.

Además, elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio e incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.

La medida despertó preocupación dentro de la Armada por su posible impacto en la seguridad de la navegación y en el funcionamiento del sistema de practicaje. También generó un fuerte rechazo entre las empresas del sector, que sostienen que el decreto le da luz verde al ingreso de buques y operadores extranjeros con una supervisión más flexible que la vigente hasta ahora, además de modificar el esquema tarifario y abrir el mercado a una mayor competencia.

La Cámara de Diputados ratificó la primera versión del proyecto de Ley de Bases y ahora solo queda aguardar su publicación en el Boletín Oficial para que empiece a regir. Entre otros puntos, le dará posibilidad al empleador, luego de obtener el aval de la parte trabajadora en un convenio colectivo, de conformar un fondo de cese para que se haga cargo del pago de la indemnización por antigüedad o despido.

En concreto, en el artículo 92 de la Ley de Bases se establece que «mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245° de la Ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional».

Y agrega que «los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la presente ley. En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina».

Fondo de cese de la UOCRA: cómo funciona el cobro de las indemnizaciones

El fondo de desempleo en la construcción funciona así: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El dinero es de libre disponibilidad.

El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.

En el caso de la Uocra se le retiene a cada trabajador entre el 12 y el 8 por ciento del sueldo (varía según la antigüedad) y se atesora en un fondo que se abre al término del vínculo laboral independientemente del tiempo que haya durado. Milei pretende que entren en este sistema las compañías de seguros privadas, pero no dejó en claro quién haría el aporte, si el empleador o el empleado.

La idea es bastante similar a la que quiso impulsar Mauricio Macri. En el proyecto de ley que no pudo avanzar en el Congreso, se establecía que el trabajador tendría el derecho a percibir los fondos una vez que el empleador le haya comunicado de forma fehaciente la decisión de extinguir la relación.

En ese momento, la empresa deberá enviarle una copia de la comunicación al instituto a cargo de la administración del fondo.

Una vez recibido el telegrama de despido, el instituto tendrá cuatro dí­as hábiles para depositar los fondos.

El trabajador podrá retirar el total o podrá disponer de ellos de manera parcial y periódica. En ese interí­n, el monto será capitalizado por el instituto.

Si el administrador del fondo no abona, el dependiente puede intimar -bajo amenaza de realizar acciones legales- tanto a dicho ente como a su empleador.

Si la empresa incumple total o parcialmente sus obligaciones con el fondo, quedará excluido total o parcialmente de la cobertura, y podrá ser objeto de reclamo por parte del trabajador.

Es probable que uno de los sindicatos que se sume a esta posibilidad sea Comercio ya que, a fines del año pasado, su titular, Armando Cavalieri, le pidió precisiones al Gobierno sobre el nuevo fondo de cese laboral y que junto a las cámaras empresarias de la actividad buscan avanzar con la incorporación de ese esquema al convenio colectivo de la actividad, que involucra a más de 1,3 millón de trabajadores.

El sindicalista remarcó que «no queremos más casos como el de Garbarino» y recordó que cientos de empleados de la extinta firma «no pudieron cobrar de forma completa sus indemnizaciones» y que se deben «prevenir los numerosos juicios y situaciones como la lamentable experiencia de los trabajadores de Garbarino».

Reforma laboral: qué otros cambios se aprobaron Poder Ejecutivo

Registración laboral y tercerización

La Ley Bases establece la validez legal de la registración del trabajador «por cualquiera de las personas humanas o jurídicas intervinientes». Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral.

Despido discriminatorio

La reforma precisa que será discriminatorio el despido originado por motivos de, entre otros, raza, religión, opinión política o gremial, sexo, género, orientación sexual, caracteres físicos o discapacidad.

La prueba del acto discriminatorio queda a cargo de quien lo invoque y si la motivación discriminatoria fuese acreditada en sede judicial, la sentencia impondrá al empleador el pago de una indemnización adicional, que oscilará, según la gravedad del acto, entre el 50% y el 100% de la indemnización por antigüedad de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero el despido discriminatorio no viabilizará en ningún caso un escenario de reinstalación.

Eliminación de multas

El proyecto deroga todas las multas por falta de registro o registro deficiente de la relación laboral. También quedan derogadas la multas por registración irregular y por falta de pago de las indemnizaciones por despido sin causa.

A su vez, desaparecen las multas relativas a la falta de entrega de los certificados de servicios y remuneraciones y la omisión del ingreso de los aportes retenidos al trabajador.

Además, se modifica el período de prueba, que pasa de tres a meses en general, y que puede extenderse por convenio colectivo hasta un año en microempresas de menos de cinco trabajadores, y a ocho meses en empresas de seis a cien trabajadores, manteniéndose las reglas antifraude y las previstas para abuso del empleo del período de prueba.

Para el caso de maternidad, se asegura la estabilidad de la mujer trabajadora en el período específico de embarazo. Se crea la figura del micro emprendimiento de un trabajador autónomo con hasta cinco colaboradores independiente, que deberá contar con un sistema de pago de aportes y contribuciones. Se prohíbe dividir empresas en grupos de 5 o 6 colaboradores. En el régimen de trabajo agrario permanente de prestación continua, se habilita el régimen indemnizatorio de la LCT y el período de prueba, y la bolsa de trabajo se transforma en optativa.