La cúpula sindical argentina vive horas de presión desde varios frentes. Por un lado, los sectores más radicalizados piden un paro general por tiempo indeterminado para frenar la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, el triunvirato de la CGT tiene en cuenta la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional, que se reflejó en el escaso acatamiento de los últimos dos paros y en las dificultades de ciertos gremios poderosos para ejercer la fuerza de otros tiempos.

En los últimos días, la Unión Obrera Metalúrgica -una de las más afectadas por la crisis de la industria nacional- suspendió un paro en la planta de Acindar, que viene reduciendo su actividad y la planta de personal. Una situación similar ocurrió en una fábrica santafecina de productos lácteos, paralizada por falta de insumos. Es la evidencia de un tipo de acción sindical diferente al tradicional: lejos de enfocarse en temas que afectan al ingreso de asalariados altos, como el impuesto a las Ganancias, el reclamo de las bases es el cuidado de los puestos de empleo.

El líder del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, les reclamó a los nuevos triunviros de la CGT –Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo– que convocaran a un paro general para el 11 de febrero, cuando el Congreso empiece a tratar la controvertida ley de modernización laboral.

Más lejos fue el secretario general del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, quien se quejó sin ambigüedades sobre lo que considera una actitud prescindente por parte de la CGT: “No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores”, expresó el sindicalista. Y agregó que, si él fuera secretario general de la CGT, “convocaría a un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene”.

¿Confrontar o negociar?

Pero hay señales que indican que esa no es la postura mayoritaria. Más bien al contrario, hay una situación más calma de lo esperado en gremios que suelen movilizarse en esta época del año, como los docentes y los empleados estatales.

En la provincia de Buenos Aires, ambos sectores aceptaron la propuesta de Axel Kicillof, que ofreció un 1,5% de ajuste más un retroactivo a diciembre.

A nivel nacional, se está haciendo más notorio que nunca la divergecia entre ATE, que mantiene una postura combativa, y la de UPCN -perteneciente a la CGT- que prefiere la negociación. El propio gobierno no ocultó su intención de que los empleados estatales vuelvan a ser una variable del ajuste fiscal.

Las cifras del gasto público muestran que la masa salarial cayó un 9,4% en términos reales, y que la participación de los salarios públicos de la administración central, que hace un año era un 12,2% de los gastos corrientes, cayó a 11,2%.

En cuanto a la nueva ley de trabajo, la cúpula de la CGT, compuesta por dirigentes de la facción de “los Gordos”, ha manifestado su preferencia por la negociación.

En su discurso de asunción en la jefatura tripartita, en noviembre pasado, el dirigente del gremio asegurador, Jorge Sola, había dejado en claro cuál sería la prioridad a la hora de negociar.

 “No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales”, fue la definición del nuevo triunviro.

La representatividad sindical, cada vez más devaluada

Esas definiciones dejan en claro no sólo la discrepancia política o ideológica con la ley de modernización laboral sino, sobre todo, el temor a una “devaluación” en la representatividad y el poder de la dirigencia sindical.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno -en particular, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido- creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la “ultraactividad” -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

También se explora la vía judicial, como adelantó el secretario general de la Uocra -gremio de la construcción-, Gerardo Martínez, que se quejó por la falta de disposición al diálogo que muestra el gobierno.

Gremios: una convocatoria que pierde peso

Pero la postura negociadora no es apenas una decisión estratégica: es también un reconocimiento de que la capacidad de movilización y presión sindical se encuentra en un punto bajo.

La jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de reforma laboral, tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. El gobierno aprovechó la situación para “ningunear” a los sindicalistas, argumentando que esa jornada había sido “un día normal”.

Y, sobre todo, en la cúpula sindical está fresco el recuerdo del fiasco de los últimos dos paros generales, que acentuaron esa imagen de debilidad.

El primero fue el 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

La ruptura llegó al extremo que, en los sectores más combativos, circulaba el chiste de que la sigla CGT quería decir, en realidad, “Confederación General de Twitter”, por la preferencia de los dirigentes de estar más activos con comunicados en las redes sociales que con medidas de protesta callejera.

Finalmente, ante la presión interna, y condicionados también por las críticas por su falta de apoyo al reclamo de los jubilados, los dirigentes de la CGT convocaron a un paro en abril del año pasado. Otra protesta con floja adhesión, dada la actividad de los colectivos. El resultado fue que sólo se sintió el acatamiento en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.

Javier Milei hizo jugar esa situación en su favor, argumentando que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que “se niegan a perder privilegios” y por eso se oponen a la agenda reformista.

Moyano se enfoca en los convenios

Esos paros fallidos contrastaron con las demostraciones de fuerza de la CGT cuando recién había asumido Milei, y el tema de la convocatoria era la oposición a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, algo que afectaba al núcleo de los gremios grandes, donde los promedios salariales son relativamente altos.

Pero cuando la convocatoria tiene un tinte más político, se vuelve a plantear el temor a la pérdida de representatividad. De hecho, el tema más comentado en los últimos paros fue la dificultad de convocar a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio. La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen “changas” en la absoluta informalidad.

Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas con la irrefutable frase de “si no voy a trabajar, no cobro el día”.

Esa situación hace que el desempleo creciente en sectores como la industria, lejos de ser un factor que favorezca las medidas de fuerza, pueda restar apoyo a la cúpula sindical. El gobierno usa los datos de la economía informal como argumento de que la actual ley de trabajo es anacrónica.

Mientras el debate por la reforma toma temperatura, Hugo Moyano decidió centrarse en un tema estratégico: atacar la política de Toto Caputo de “topear” los acuerdos salariales por la vía de no homologar convenios. Y, ante el repunte inflacionario, dijo que no hay condiciones para que se firmen acuerdos de seis meses, sino que se debe incluir revisiones más frecuentes.

Desde el Poder Ejecutivo ven con buenos ojos la buena voluntad del sindicalismo para lograr consensos. La reunión será a agenda abierta, con la reglamentación del capítulo laboral de la ley Bases en el centro de la escena.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, celebró la “actitud loable” de la CGT para confirmar una mesa de diálogo para debatir la implentación del capítulo referido a la reforma laboral de la ley Bases. El encuentro tripartito, en el que participarán autoridades del Gobierno, el sindicalismo y los empresarios, se realizará el próximo martes al mediodía, según adelantó el funcionario.

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En declaraciones de este domingo a radio Rivadavia, Cordero confirmó al convocatoria del Gobierno a las partes interesadas y remarcó que el temario será amplio, con “agenda abierta”.

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Reunión entre el Gobierno, la CGT y los empresarios para discutir la reforma laboral de la ley Bases

“La CGT pidió una reunión, es una actitud loable” enfatizó el funcionario de la cartera que integra Capital Humano. Según detalló, la decisión de la central obrera surgió tras la reunión que mantuvo con autoridades de la Secretaría de Trabajo.

La reunión se realizará el próximo martes 16 de julio al mediodía, confirmó Cordero hoy. Al mismo tiempo, adelantó cuáles serán los temas de discusión en la mesa de diálogo.

“Es una mesa de contenido abierto, la CGT traerá algunos temas. Están viendo la reglamentación de la ley Bases” expresó el secretario de Trabajo.

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La CGT irá a la reunión con el Gobierno y empresarios.

Destacó además la actitud de diálogo y consenso de la CGT: “El paro paraliza, la gente no quiere más paro. Los representants gremiales son personas que tienen una responsabilidad enorme en la generación de empleo y el cuidado de los trabajadores”.

Por otra parte, Cordero defendió la ley Bases y señaló que la norma “en sí misma genera empleo” y agregó: “Espero que la Justicia pueda interpretar esto. el cepo para la contratación se terminó con la ley Bases”.

Sergio Massa y la CGT sellaron ayer una alianza signada por la mutua conveniencia: para el candidato será un instrumento clave de militancia en los lugares de trabajo así como de proyección territorial y labor de fiscalización en todo el país; para la central obrera se trata de un compromiso de protección al salario y de fortalecimiento de las obras sociales sindicales, dos ejes que el también ministro de Economía tiene entre sus deudas incumplidas. El juramento mutuo de fidelidad se concretó en un acto plagado de simbolismo peronista en la sede de la organización, ante su Consejo Directivo y en presencia de un inusual plenario de secretarios generales que incluso propició el reencuentro de Hugo y Pablo Moyano.

Estadio

La visita de Massa colmó el salón Felipe Vallese y fue el preludio de un acto comprometido por la CGT el 8 de agosto en el estadio Arena de Malvinas Argentinas, pautado como cierre de campaña a cielo abierto de Unión por la Patria. En la “mesa chica” de la central evaluaban la visita de ayer como el episodio de mayor volumen político en la campaña del oficialismo tras la nominación del tigrense como candidato de unidad. También se jactaban de haber instaurado el slogan de Massa como “candidato de los trabajadores”.

Las ausencias sindicales fueron pocas y justificadas en general por viajes o paritarias. Participó el grueso del Consejo Directivo y el triunvirato en pleno con Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano. El trío no había compartido escenario ni siquiera cuando la central conmemoró el Día del Trabajador el 2 de mayo en el estadio de Defensores de Belgrano. Junto a Massa arribaron al edificio de Azopardo 802 su compañero de fórmula, Agustín Rossi, el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, jefe formal de la campaña del oficialismo, y Julián Domínguez, enlace de los candidatos con el sindicalismo.

Al hablar ante la concurrencia el propio Massa se juramentó como futuro “presidente de los trabajadores” y les prometió: “nunca me van a ver metido abajo de la mesa cuando haya problemas; nunca me van a ver empujando a los trabajadores fuera de la mesa de negociación”. También dijo confiar en que en su eventual administración se volverá al “50 y 50” en relación a la paridad alcanzada durante el gobierno de Cristina de Kirchner entre la participación del capital y el trabajo en la distribución de la renta.

El postulante admitió que en la gestión de Alberto Fernández, y en la propia como responsable de Economía, “los salarios no se recuperaron como tendrían que haberse recuperado” pero aseguró que ese proceso se obtendrá en caso de imponerse Unión por la Patria. En igual sentido se expresó respecto de las obras sociales, para las que prometió dar marcha atrás con “regulaciones que benefician a cuatro vivos y perjudican” a las prestadoras sindicales. No lo dijo explícitamente pero el mensaje fue dirigido a los gremialistas que administran obras sociales masivas y sufren la competencia de “sellos de goma” de sindicatos de menor porte que se asocian a grandes prepagas para absorber a trabajadores jóvenes con mejores salarios.

Sobre ambos compromisos Massa tiene más deudas que cumplimientos en los once meses y medio que lleva como ministro de Economía. El salario perdió de manera sistemática contra la inflación, al menos el mínimo, vital y móvil y buena parte del que negocian gremios y empresarios en paritarias, y los anuncios del Gobierno a favor de las obras sociales con supuestos desembolsos inminentes no pasaron de la declamación en los últimos meses. Pero incluso con ese panorama, y sobre todo con el contraste ofrecido por los candidatos de Juntos por el Cambio y por Javier Milei, a Massa le bastó para ser ayer una figura estelar para los dirigentes asociados a la CGT.

Discurso

El candidato les pidió a los dirigentes un despliegue militante en las empresas y los puestos de trabajo. Para eso dedicó buena parte de su discurso a remarcar la noción de “para atrás” asociada a la oposición en base a la gestión de gobierno de Cambiemos. Recordó que en aquella administración “llegaron a pagar Ganancias 2,7 millones de trabajadores contra menos de un millón en la actualidad”, mencionó el deterioro de los ingresos de los jubilados y puso énfasis, en base a la sede, en las “intervenciones de los gremios” como una metodología de aquella administración. “Dicen que el trabajo es un costo pero no un instrumento de transformación para la vida”, añadió.

Antes, Rossi exploró la misma línea al señalar que “nunca como ahora la derecha dijo lo que iba a hacer si ganaba” y enumeró como amenazas las eventuales eliminaciones de las indemnizaciones, las vacaciones y el aguinaldo. Y agregó: “O defendemos los derechos de los trabajadores con los votos o los defendemos en las calles, como en Jujuy”.

El acto contó con la apertura de Daer, quien ofició de anfitrión de la fórmula y les aseguró a los postulantes: “queremos que ustedes dos conformen la fórmula que represente a los trabajadores de la República Argentina”. “Desde la CGT trabajamos muchísimo por la unidad del movimiento obrero y la unidad política de todo el campo popular” apuntó el gremialista, quien el fin de semana había admitido una pésima cosecha de candidatos de esa extracción en las listas para el Congreso pero con la salvedad: “pusimos la fórmula presidencial”.

La CGT montó un acto en la puerta de su sede con la participación de varios centenares de afiliados de gremios. También debió organizar un mecanismo de acreditación de dirigentes y periodistas que completaron las instalaciones como hacía años que no sucedía. El antecedente más cercano fue la recepción a Alberto Fernández recién triunfado en las elecciones presidenciales en noviembre de 2019.