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avanzan en varias provincias sistemas como el que la Justicia prohibió en la Ciudad

Comuna 13 CABA — Tue, 30 Dec 2025 08:46:41 +0000

Un reporte publicado en noviembre relevó la implementación de tecnologías de reconocimiento facial en América Latina y advirtió que la región está consolidada como un escenario de expansión de empresas que registran rostros y arman bases de datos ante pocas regulaciones y falta de información oficial.

En Argentina, a pesar de la suspensión del Sistema de Reconocimiento Facial para Prófugos (SRFP) de la Ciudad de Buenos Aires, siguen activos sistemas como el federal SIBIOS, el de la Municipalidad de Tigre y el de la provincia de Salta, mientras avanzan nuevos proyectos en Santa Fe, Mendoza y Quilmes.

El funcionamiento del SRFP ha sido de críticas que advierten sobre errores estructurales del sistema. Uno de los antecedentes más citados se remonta a 2019, cuando un ciudadano permaneció detenido durante casi una semana tras ser confundido con un prófugo que llevaba su mismo nombre, Guillermo Ibarrola.

El debate volvió a cobrar relevancia a fines del año pasado, ya en el plano nacional, cuando el gobierno de Javier Milei planteó el uso de tecnologías biométricas para identificar a manifestantes y aplicar sanciones como la quita de planes sociales. Una campaña empapeló la Ciudad a fines del año pasado para concientizar.

Reconocimiento facial y tecnologías de vigilancia en América Latina fue presentado por el consorcio Alsur, conformado por once organizaciones de la sociedad civil y el ámbito académico de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Paraguay y Panamá, relevó el uso de tecnologías de reconocimiento facial y vigilancia en la región desde 2021, con 83 iniciativas analizadas en 15 países. En Argentina, tomaron el caso de la Ciudad para compararlo con otras zonas y provincias para concluir que hay un avance de estas tecnologías que para muchos son consideradas de espionaje ciudadano.

El reconocimiento de prófugos está suspendido en la Ciudad. Foto: Reuters

“El estudio identifica un crecimiento sostenido de su adopción, especialmente en seguridad pública y control migratorio, y revela la dificultad de acceder a información oficial sobre estos proyectos”, advierten desde la publicación del reporte en su página.

El informe, basado en una investigación periodística y técnica, actualiza el estado de las tecnologías de vigilancia en América Latina desde 2021. Su objetivo es mapear las iniciativas de reconocimiento facial incorporadas a políticas públicas, identificar a los principales proveedores y analizar las dinámicas comerciales y geopolíticas detrás de la compra de estos sistemas, en un contexto regional marcado por baja regulación y escasa transparencia oficial.

“Un elemento central en ese proceso de resistencia tiene que ver con la urgente transparencia del lobby de las grandes empresas tecnológicas transnacionales que, como hemos visto en el caso de Brasil (PL 2338 de 2024) y más recientemente en Colombia (con la Ley de Salud Mental, que decidió no regular a las Big Tech), ha tenido la potencia de modular mecanismos de protección de derechos o eliminar elementos importantes de la conversación del todo, desde el impacto y regulación de los data centers en la lucha contra el cambio climático o las obligaciones de las empresas tecnológicas para la protección de las infancias en línea”, complementa Lucía Camacho, coordinadora de Políticas Públicas de la organización Derechos Digitales.

En esta nota, Xavier Ibarreche, coordinador del reporte de Alsur, Camila Di Lorenzo y Carolina Martínez Elebi, autoras, explican a Clarín cuáles fueron los principales hallazgos del estudio.

América Latina, vigilada

La vigilancia ciudadana, bajo investigación. Foto: AP

─¿Qué buscaron mostrar con este reporte?

─Xavier Ibarreche (XI): El propósito de la investigación fue actualizar el relevamiento que se había realizado en 2021 sobre las iniciativas de reconocimiento facial en la región e identificar los proveedores y las tendencias comerciales actuales en torno a las tecnologías de vigilancia en América Latina. En ese contexto, también se analizó el posicionamiento de los países de la región respecto al uso de este tipo de tecnologías dentro de una configuración más amplia de intereses geopolíticos y comerciales en expansión.

─¿Cómo consiguieron la información?

─XI: La investigación se apoyó en un trabajo periodístico realizado entre fines de 2024 y comienzos de 2025. Partimos del mapeo regional que se había realizado en 2021 y lo actualizamos: revisamos qué iniciativas seguían vigentes, cuáles habían cambiado y qué iniciativas nuevas habían surgido. El proceso combinó un estudio de caso múltiple para revisar 38 iniciativas ya identificadas; una búsqueda y contraste de información en fuentes abiertas (medios, documentos oficiales y datos empresariales) para reconstruir cada caso; y una ampliación del alcance, que nos permitió incorporar 45 iniciativas nuevas en 15 países.

─¿Cómo lo bajaron a los casos concretos?

─Camila Di Lorenzo (CdL): Para cada país de la región armamos una ficha estructurada que fuimos completando con los datos sobre proveedores, el origen de la tecnología, el tipo de contratación y el estado de las iniciativas. A partir de herramientas de análisis y visualización de datos detectamos los principales vínculos entre empresas y patrones comerciales. Por último, entrevistamos a especialistas en prácticas comerciales para entender mejor cómo circulan estas tecnologías y contextualizar la información obtenida.

─¿Cuál es el país más “vigilado” y cuál el que -dirían- está más regulado?

XI: En el informe no señalamos específicamente cuál es “país más vigilado” ni un país con “mejor regulación”. Ahora bien, los datos recabados nos permiten inferir algunas tendencias. Por caso, Chile es el país de la región con más iniciativas activas, seguido de Brasil, que es el principal destino regional de tecnología de vigilancia de origen chino.

─¿En qué situación está la región de América Latina?

─En ese contexto, también podemos señalar que la región se posiciona como un mero receptor de tecnologías de vigilancia en donde las reglas no siempre están escritas, a diferencia de los jugadores globales quienes en apariencia sí tienen en claro cómo y con quiénes desean jugar. Además, cabe destacar que la suspensión judicial del sistema de reconocimiento facial en Ciudad de Buenos Aires marcó un precedente relevante respecto a las controversias detrás de la implementación de este tipo de tecnologías de vigilancia.

─¿Qué sucede con las regulaciones?

CdL: Los grandes jugadores están trazando nuevas reglas en la regulación comercial para el despliegue tecnológico. Países como Estados Unidos, China y los integrantes de la Unión Europea se muestran activos a través de regulaciones concretas. Sin embargo, los países de la América Latina no parecen estar mostrando el mismo interés en las agendas vinculadas al comercio de las tecnologías de la vigilancia porque lo perciben como asuntos poco relevantes y los debates regionales parecen estar enfocados en la comercialización de materias primas de productos agrícolas o mineros.

Argentina: avanza en otras provincias lo que se frenó en CABA

Un centro de monitoreo de la policía en Buenos Aires. Foto: Reuters

─¿Cuál es la situación de Argentina?

XI: El despliegue de tecnologías de la vigilancia en el espacio público se encuentra en expansión en la Argentina. Actualmente, en nuestro país hay seis iniciativas activas, cuando en 2021 se habían reportado sólo cuatro. Están activos sistemas como el federal SIBIOS, el de la Municipalidad de Tigre y el de la provincia de Salta y avanzan nuevos proyectos en Santa Fe, Mendoza y Quilmes.

─¿Cuáles son los casos destacados?

XI: Entre los casos más destacados está el Sistema de Reconocimiento Facial para Prófugos de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy se encuentra inactivo por una medida judicial por uso ilegítimo de datos biométricos y la presunta manipulación del sistema. Sin embargo, en los últimos años algunos municipios y provincias han avanzado con la incorporación de tecnologías de vigilancia bajo la premisa de la “prevención del delito”. Aunque la información oficial es relativamente accesible, se detectó cierta opacidad por parte de las administraciones públicas para acceder a detalles de contratación y funcionamiento, que sólo se pudieron confirmar a través de investigaciones periodísticas.

─¿Quiénes proveen esas tecnologías?

CdL: En Argentina detectamos que entre los proveedores de tecnologías de la vigilancia hay un mix entre proveedores extranjeros y locales. De acuerdo con la información recopilada Argentina recibe tecnologías de vigilancia de empresas con origen en cuatro países distintos como Cuba, Japón, Francia y Canadá. Entre los proveedores locales se destaca una empresa que, de acuerdo a la información relevada, se posiciona como la gran ganadora en lo que se refiere a sistemas de videovigilancia al sumar en los últimos años nuevos clientes subnacionales como municipios.

─¿Se discute a nivel público?

CdL: Nuestro país está lejos de dar el debate político sobre el uso de este tipo de tecnologías en el espacio público. Por caso, no se está poniendo en discusión qué papel jugamos en el mapa geopolítico vinculado a los intereses comerciales alrededor de estas tecnologías de la vigilancia.

Monitoreo ciudadano en diversos puntos. Foto: Xinhua

─¿Cuál es el problema principal de la “vigilancia” en democracia, qué derechos se ven afectados?

Carolina Martínez Elebi (CME): El principal problema de la vigilancia en democracia es que altera la forma en que se supone que funciona el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. En lugar de partir de la confianza y de la protección de derechos instala una mirada de sospecha permanente. La vigilancia masiva afecta derechos que son la base de la vida en sociedad. Primero, la privacidad, que es lo más obvio, pero también la libertad de expresión y de reunión: es muy difícil participar, manifestarse o incluso circular con tranquilidad cuando sabés que podés quedar registrado en una base de datos sin haber hecho nada. A eso se suma la no discriminación, ya que estos sistemas suelen reproducir sesgos y errores que terminan afectando más a ciertos grupos que a otros.

─¿Qué otras garantías están en juego?

CME: También están en juego garantías básicas como el debido proceso y la presunción de inocencia. Cuando un sistema te identifica antes que cualquier evidencia, lo que se invierte es el sentido mismo de la Justicia. En una democracia, la vigilancia debe ser excepcional, debe estar regulada y estar rodeada de controles estrictos. Si se vuelve parte del paisaje, termina restringiendo libertades, profundizando desigualdades y reduciendo el espacio cívico. Y eso es exactamente lo contrario de lo que una democracia debería garantizar.

─¿Cómo se compatibiliza el derecho a la privacidad con el hecho de que los sistemas de reconocimiento facial son eficientes, en muchos casos, para identificar a prófugos, criminales, pedófilos, presos, etc.?

CME: El debate no es cómo equilibrar privacidad y reconocimiento facial. Esta tecnología, aplicada a la vigilancia, es incompatible con los estándares interamericanos porque requiere identificar y registrar de manera indiscriminada a toda la población. Eso vulnera necesidad y proporcionalidad, y afecta privacidad, libertad de expresión y reunión, no discriminación y presunción de inocencia. Además, está demostrado que no es una herramienta tan eficiente: produce errores sistemáticos y falsos positivos que impactan especialmente en grupos vulnerados.

─¿Qué alternativas hay?

CME: Aunque se argumente que sirve para identificar prófugos, existen alternativas de investigación mucho menos intrusivas (como la investigación policial focalizada, las medidas con orden judicial o el uso de cámaras tradicionales sin identificación automática) que no requieren vigilar masivamente a personas inocentes. La seguridad en democracia tiene que sostenerse sin sacrificar derechos ni habilitar prácticas de vigilancia generalizada. Por eso, más que “compatibilizar”, lo que corresponde es prohibir el reconocimiento facial para vigilancia en espacios públicos.

Video

“Reconoceme”, contra el reconocimiento facial

Autores

Xavier Ibarreche (coordinador) es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cuenta con cursos de posgrado aplicados a políticas públicas en telecomunicaciones, inteligencia artificial y big data territorial por la Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones (AADT), la Universidad de San Andrés (UDESA) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), respectivamente.

Camila Di Lorenzo es Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Cuenta con estudios de posgrado en economía y comunicación políticas, incluyendo una Maestría en Economía Política con mención en Economía Argentina y una Diplomatura en Comunicación Política y Opinión Pública, ambas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Carolina Martínez Elebi es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cursó el Programa de Derecho de Internet y Tecnologías de las Comunicaciones (DITC) del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad (CETyS) de la Universidad de San Andrés (UDESA).

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Luis Caputo busca rediscutir la deuda de Coparticipación a la Ciudad

Comuna 13 CABA — Wed, 19 Nov 2025 19:48:00 +0000

Gustavo Arengo, Ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que el Gobierno Nacional pretende revisar la cifra —estimada en unos $274.000 millones— que la Nación le adeuda a la Ciudad por la Coparticipación.

En diálogo con el programa Esta Mañana por Radio Rivadavia, Arengo explicó que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, “quiere volver a analizar ese monto”. Aun así, marcó diferencias respecto a lo sucedido durante la gestión del ex Presidente Alberto Fernández, destacando que actualmente si existe un canal de diálogo con la administración nacional.

En ese sentido, el Ministro recordó que “Alberto Fernández nos recortó la coparticipación de un día para el otro, en medio de un presupuesto que no tenía previsto afrontar ese recorte”. Frente a esto, valoró que “ahora, más allá de que el Gobierno de Javier Milei cree que el monto puede ser otro, seguimos trabajando en mesas de negociación”.

Reuniones en busca de un acuerdo

Arengo destacó que existieron encuentros entre Luis Caputo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para buscar una salida al conflicto, dado que los pagos establecidos en el acuerdo firmado el año pasado —para cumplir con la cautelar vigente— vienen registrando demoras.

Si bien remarcó que “la Nación continúa realizando las transferencias”, reconoció que “en los últimos meses se han concretado con cierto atraso”. Por eso, afirmó: “Cada vez que hay una demora, reclamamos los fondos”. Aún así, remarcó que las conversaciones con Nación avanzan “en buenos términos” con la intención de llegar a un entendimiento.

La semana pasada, el mismo Jorge Macri mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, donde le solicitó al Ejecutivo nacional que “normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026” debido a que, desde agosto, adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema.

En ese mismo encuentro, el jefe de Gobierno Porteño pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto del año próximo para “asegurar su continuidad” y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal.

Luego de la reunión, Macri calificó cómo positivo el acercamiento y aseguró que “seguirán trabajando para encontrar un entendimiento” respecto a la coparticipación y financiamiento.

Jorge Macri se reúne este martes con Luis Caputo para reclamarle por la coparticipación

Al ser consultado por la deuda total, detalló que “la obligación acumulada de este proceso ronda los US$200 millones” y que “la deuda previa asciende a cerca de US$6.000 millones, casi la mitad del presupuesto porteño”. Para graficarlo, señaló que equivale “a cuatro líneas F de subte”.

Colocación de deuda en el mercado internacional

El ministro Arengo se refirió acerca de la reciente colocación de bonos de la Ciudad, señalando que se produjo en un contexto positivo para el país, tras los buenos resultados del oficialismo nacional en las elecciones legislativas.

Subrayó que “la demanda por los bonos porteños fue muy elevada, triplicando el monto ofrecido”, lo que, dijo, refleja el renovado interés por activos argentinos y el ordenamiento fiscal en CABA. Explicó además que “esta colocación permitió reducir deuda y facilitó el acceso a financiamiento a tasas competitivas”, recordando que la última emisión de la Ciudad databa de 2016.

Finalmente, sostuvo que “es relevante que, aunque la emisión se destinó a refinanciar vencimientos de 2026 y 2027, una parte del cupón se pagará este año con recursos propios”, y anticipó que esto ayudará a financiar obras, entre ellas la línea F del subte.

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estos son los candidatos a jefe de Gobierno en Ciudad de Buenos Aires

Comuna 13 CABA — Sun, 25 Jun 2023 03:53:11 +0000

A falta de menos de dos meses para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), conocé a los principales candidatos para competir en el territorio porteño.

Los frentes políticos que formarán parte de estas Elecciones 2023 ya presentaron sus listas definitivas ante la Justicia Electoral y, de esta forma, quedaron definidos los candidatos que irán por la jefatura de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires para suceder a Horacio Rodríguez Larreta.

Con el cierre de listas consumado de cara a los comicios, se intensificó la definición de candidatos. Tanto Unión por la Patria como Juntos por el Cambio y Libertad Avanza ya tienen los principales nombres de sus competidores. Sin embargo, con miras a las elecciones PASO se aguarda por la confirmación de varios postulantes.

Es en este contexto que siete candidatos buscarán la gobernación de la Capital Federal que dejará el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta.

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Elecciones 2023: los candidatos a jefe de Gobierno porteño

Unión por la Patria, por su parte, consiguió la unidad en el territorio porteño: el diputado nacional Leandro Santoro será el candidato del peronismo porteño y se desestima así la interna con “El Cadete” Pedro Rosemblat, integrante del Frente Patria Grande y Nito Artaza, quien había sido elegido por Daniel Scioli para representarlo en la disputa de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Juntos por el Cambio, en contraposición, irá a una competencia interna entre los distintos partidos que componen a la coalición opositora: Jorge Macri, candidato elegido del PRO, se verá las caras con Martín Lousteau, de la Unión Cívica Radical (UCR) y Roberto García Moritán, el legislador porteño y referente de Republicanos Unidos.

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Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, presentó una lista unificada en todo el país y, sin divisiones internas, tendrá al youtuber Ramiro Marra, que buscará entorpecer los votos de Juntos por el Cambio.
Myriam Bregman, una de las precandidatas presidenciales del Frente de Izquierda, eligió a Jorge Adaro, secretario gremial de Ademys, como competidor en la jefatura de gobierno porteña.
Gabriel Solano, también precandidato por el Frente de Izquierda, tendrá en su boleta a Vanina Biasi, diputada nacional del Partido Obrero (PO) y referente nacional de la agrupación de mujeres Plenario de Trabajadoras.
El Nuevo Mas, fuerza que se presentará por fuera del Frente de Izquierda pero que tendrá a Manuela Castañeira como precandidata a presidenta, inscribió a Héctor Heberling en la lista de la Ciudad de Buenos Aires.

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Milei reveló quién será su candidato en la Ciudad de Buenos Aires

Comuna 13 CABA — Wed, 07 Jun 2023 23:31:00 +0000

El libertario y su principal referente en CABA realizaron una caminata en Lugano. Duras críticas a Rodríguez Larreta y a Lousteau

Por iProfesional

07/06/2023 – 20,31hs

Javier Milei volvió a la Ciudad de Buenos Aires acompañando al legislador porteño Ramiro Marra, a quien presentó como su candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El evento del que ambos participaron comenzó con una caminata desde Chilavert y Piedra Buena, en el barrio de Lugano, para luego dirigirse hacia el Club El Ideal, en Montiel y Chilavert.

En esos 400 metros, los dirigentes fueron abordados por una multitud de vecinos y comerciantes de la zona que les pedían fotos y los saludaban desde los balcones.

El economista libertario se desempeñó como arquero durante varios años en la primera división de futsal de la institución, por lo que la actividad fue coronada con la entrega de una placa por parte de su antiguo Director Técnico y sus ex compañeros de equipo.”Hemos pasado momentos lindos y hemos salido campeones”, declaró el ex DT.

El candidato a presidente también recordó “los momentos lindos que me tocó pasar defendiendo los tres palos. El lugar está lleno de hermosos recuerdos. Muchos éxitos y felicidad tuve acá”, rememoró.

Ramiro Marra, el candidato de Milei en la Ciudad

Tras presentar a Marra como candidato a jefe de Gobierno, Milei destacó: “Un placer estar con el queridísimo Ramiro Marra. Somos la línea fundadora de LLA. Las cabezas más visibles fuimos Ramiro, Victoria y yo”.

“Cuando empezamos dijeron que los liberales eran muy atractivos para la TV, pero no tienen votos. Después que no íbamos a formar partido, pero creamos LLA. Seguían diciendo que no pasaríamos las paso, que perderíamos contra el voto en blanco, que perderíamos contra la izquierda. Terminamos sacando 17 puntos en las generales”, exclamó mientras el público cantaba “la casta tiene miedo”.

El candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro queridísimo @RAMIROMARRA.La libertad avanza y no para de avanzar.pic.twitter.com/1zWbEd2Wv9
— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) June 7, 2023

“Los ataques y difamaciones no cesaron. Hay una obsesión sobre nuestro espacio. Y en ese contexto nos dijeron que una persona sola en la Cámara no iba a poder hacer nada. Vaya si hicimos ruido”, apuntó.

“Gracias a la maravillosa idea de mi hermana, terminamos estando en todos los diarios del mundo por el sorteo de la dieta; luego hicimos actos multitudinarios en el interior. Nosotros no nos metimos acá para guiar corderos, nos metimos para despertar leones. Estamos enfrentando a la casta cara a cara para sacarlos”, declaró Milei.

Milei cuestionó a Rodríguez Larreta por “entregar la Ciudad al radicalismo”

“Hoy aparece información sobre cómo funciona la lógica del siniestro en CABA”, dijo el economista Javier Milei en referencia a Horacio Rodrìguez Larreta y los medios de comunicación. Sobre ello continuó: “A pesar de las operaciones y mentiras nos hemos puesto de pie. Si miran las encuestas del FDT estamos segundos. Si miran las de Cambiemos también nos muestran segundos”, señaló.

“Si entramos a la segunda vuelta vamos a ganar las elecciones”, exclamó frente a su militancia. Por su parte, Ramiro Marra destacó la “alegría de volver a caminar la Ciudad junto a Javier, esta es la primera de muchas caminatas que vamos a hacer con Javier en esta campaña. Las ideas liberales ya ganaron y ahora queremos terminar con la casta política”.

Fue precisamente en la Comuna 8, que incluye a Lugano, Soldati y Villa Riachuelo, donde Milei tuvo una de sus mejores performance durante las elecciones del 2021, donde alcanzó casi el 15% de los votos, superado solo por la Comuna 9.

“La Comuna 8 fue la que más nos acompañó en la campaña de 2021, ahora decidimos volver a la Ciudad desde acá. Lo que pasó en el sur de la ciudad es un ejemplo de lo que va a pasar este año. Lo dicen los números y lo dice la gente, podemos dejar terceros al Frente de Todos, tanto en nación como en ciudad. Es una muestra de que las ideas de la libertad ya ganaron”, señaló el aspirante a ocupar el edificio de Uspallata.

Ramiro Marra es presidente del bloque de La Libertad Avanza en la legislatura bonaerense.

Sobre la interna del oficialismo porteño aseguró que “lo de Juntos por el Cambio es una farsa. Larreta le quiere entregar la capital al radicalismo de la mano de Lousteau, hizo todo para que los radicales ganen la ciudad y para que continúe el mismo modelo socialista que impuso durante toda su gestión”.

En el acto también estuvieron presentes los legisladores Lucía Montenegro, Oscar Zago y Leonardo Saifert.

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la Ciudad devolverá lo que cobró de impuestos desde diciembre

Comuna 13 CABA — Thu, 04 May 2023 11:46:00 +0000

La Ciudad de Buenos Aires anunció este jueves que devolverá a los contribuyentes lo percibido en concepto de impuesto a las tarjetas de crédito. Se trata de una medida que confirmó Horacio Rodríguez Larreta y que, estiman, reintegrará unos $11.000 millones a aquellos usuarios que fueron alcanzados por ese tributo entre el 22 de diciembre de 2022 y el 10 de marzo de 2023.

Las acciones del Ejecutivo porteño están alineadas con su política de “alivio impositivo”, como el anuncio reciente donde trámites habituales para los ciudadanos tendrán “costo cero”, de ahora en más.

La Ciudad anunció que devolverá el impuesto de tarjetas de crédito

En la conferencia de prensa realizada en el barrio de Belgrano, Larreta estuvo junto al Jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel y el ministro de Hacienda Martín Mura.

La presentación tuvo como eje las medidas de alivio económico para los contribuyentes de la Ciudad, Ahora se devolverá lo percibido en concepto de impuestos a las tarjetas de crédito, facturado entre el 22 de diciembre de 2022 y el 10 de marzo pasado.

TARJETAS DE CREDITO DEBITO.jpg

“Nadie merece pagar de su bolsillo el incumplimiento de un Gobierno nacional que se cree por encima de la ley y que no hace nada para resolver los problemas que sufrimos los argentinos”, sostuvo Rodríguez Larreta esta mañana.

Esta medida tiene lugar tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación, que ordenó al Gobierno nacional devolver los recursos de coparticipación que fueron quitados a la Ciudad para ser transferidos a la Provincia, para el pago de salarios de seguridad, entre otros ítems.

A raíz de ese conflicto, el Ejecutivo porteño tuvo el fallo favorable de la Corte y deberá recuperar esos fondos que le fueron retirados. A partir de esa operación es que la Ciudad avanzó con medidas de alivio impositivo.

El Jefe de Gobierno recordó que “el impuesto a las tarjetas de crédito fue de emergencia y se tuvo que implementar cuando el Gobierno nacional le quitó a la Ciudad los fondos de coparticipación de manera inconstitucional, inconsulta y arbitraria”.

El reclamo iniciado por la Ciudad derivó en que el 22 de diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictara un fallo obligando al Gobierno nacional a devolver una parte de los fondos.

“Creo que no hay antecedentes de un gobierno que, además de bajar impuestos, los devuelva a los ciudadanos. Esto es porque siempre trabajamos con una única prioridad, que es que puedas vivir cada día un poco mejor. De eso se trata gobernar, de buscar soluciones. Gobernar no es gritar, es arremangarse, meterse en el barro y trabajar. No es echar culpas, sino dar respuestas”, remarcó Rodríguez Larreta.

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Denuncian penalmente a la Ciudad por el uso de datos biométricos sin justificación racional

Comuna 13 CABA — Mon, 24 Apr 2023 02:57:55 +0000

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente por “violación de secretos” a las autoridades del Gobierno porteño por la presunta utilización de datos biométricos sin una “justificación racional”.

Presentaron una denuncia penal contra la Ciudad de Buenos Aires por el uso de datos biométricos sin justificación racional, según informó hoy el portal Comuna 13 CABA. La denuncia sostiene que la recolección de estos datos, que incluyen huellas dactilares y rasgos faciales, viola los derechos constitucionales y la privacidad de los ciudadanos.

La investigación fue realizada por el fiscal Sergio Rodríguez, quien el último jueves resolvió, en un expediente de 31 páginas, efectuar la denuncia penal por hechos que se encuadran en el de “acción pública previsto en el artículo 157” del Código Penal.

Ese artículo prevé penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que “revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”.

El viernes último, la causa fue sorteada y será el Juzgado Federal y Correccional N° 3 el que en adelante investigue los hechos.

En las actuaciones previas, el fiscal había consignado que tomó conocimiento a partir de notas periodísticas de posibles irregularidades en el “uso de datos biométricos por parte del Gobierno de la Ciudad” provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en el marco de un Convenio de Cooperación Técnica suscripto en febrero de 2019 entre ese organismo nacional y el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA.

En ese entonces, el Renaper estaba a cargo de Juan José D’Amico y al frente del ministerio de Justicia y Seguridad porteño se encontraba el hoy diputado nacional Diego Santilli, precandidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio.

En ese Convenio de Cooperación Técnica se estableció que el Renaper brindaría “información disponible en sus sistemas informáticos” para “identificar y/o verificar la identidad de las personas humanas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma”.

Pero en el mismo acuerdo se establecía que “se encontraba prohibida la utilización de la información brindada” para “fines distintos a los mencionados”.

En otro pasaje del documento, al que tuvo acceso Télam, el fiscal Rodríguez precisó que el delito de “violación de secretos” sanciona a todo aquel funcionario que “se introduce o penetra de cualquier forma a un banco de datos personales sin autorización, pero no especifica la manera de acceso, admitiéndose cualquier vía de ingreso”.

Sobre ese punto, observó que “el acceso/consultas” a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en el marco del citado convenio “parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados, por lo que podría calificárselos de ilegales”.

Reconocimiento facial

En 2019, se incorporó en CABA el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que se contrastaría con la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), pero “salvo orden judicial, se encontraba prohibido incorporar imágenes y registros de otras personas que no se encuentren registradas”, advirtió Rodríguez.

A partir del análisis de los datos, Rodríguez llegó a la conclusión que “existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del SRFP”.

“Tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos”, agregó.

Lo llamativo para Rodríguez es que hasta 2020 el Conarc tenía 40.000 registros de personas buscadas por el Poder Judicial, mientras que de los datos del Renaper se desprende que el número de consultas anuales del Ministerio de Justicia porteño fue 2.563.190 en 2019; 5.420.590 en 2020; 6.969.878 2021 y 3.367.330 en 2022.

Por lo tanto, el fiscal presentó la denuncia penal contra las autoridades del Gobierno porteño en la Justicia federal de la Capital, y además instó al Renaper a iniciar un sumario administrativo “a los fines de investigar las posibles irregularidades” y para efectuar las correcciones necesarias en el caso de advertirse errores o inconsistencias en la puesta en práctica del Convenio de Cooperación Técnica acordado febrero de 2019.

Datos

Entre las personas por las que el Gobierno porteño solicitó datos se encuentran la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman; el dirigente social Juan Grabois.

El fiscal Rodríguez relevó que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta (226 consultas), el desaparecido policía proteño Arshak Karhanyan (92 veces) y el presidente Alberto Fernández (76 consultas).

Pero también hay dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y personas afines al principal partido de la oposición: la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el diputado de Avanza la Libertad José Luis Espert; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; el diputado radical Facundo Manes y el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei.

Acerca de Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)

La Ley 24.946 Orgánica del Ministerio Público creó la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y delimitó sus competencias. Asimismo, la Ley 27.148 Orgánica del Ministerio Público Fiscal amplió las mismas y, mediante Resolución PGN N°2970/15 se dispuso su conversión en Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

La PIA integra la Procuración General de la Nación, como órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional. Se trata del personal que integra los organismos centralizados, descentralizados o entes en el que el Estado tiene participación; de modo que la Fiscalía no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de Gobierno provinciales o locales.

Son deberes y facultades de la PIA:

Promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación. En todos los supuestos, las investigaciones se realizarán por el solo impulso de la Procuraduría especializada y sin necesidad de que otra autoridad estatal lo disponga, sin perjuicio de ajustar su proceder a las instrucciones generales que imparta el Procurador General de la Nación;
Investigar los casos de su competencia o coadyuvar en las investigaciones cuando así se requiera, ejerciendo todas las funciones y facultades del Ministerio Público Fiscal previstas en el Código Procesal Penal y las leyes penales especiales
Efectuar investigaciones en toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la inversión dada a los mencionados recursos;
Denunciar ante la justicia competente, los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, sean considerados delitos. El ejercicio de la acción pública quedará a cargo de los fiscales competentes ante el tribunal donde quede radicada la denuncia. La PIA podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública, cuando los fiscales competentes antes mencionados tuvieren un criterio contrario a la prosecución de la acción;
Diseñar estrategias de investigación para casos complejos y coordinar con las fuerzas de seguridad federales y otras instituciones con actuación preventiva la articulación de la persecución penal con las actividades preventivas;
Planificar, juntamente con los titulares de las fiscalías de distrito y las direcciones generales correspondientes, la política de persecución penal, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Procurador General de la Nación;
Disponer enlaces y acciones interinstitucionales con organismos especializados en su materia, tanto nacionales como regionales o internacionales;
Proponer al Procurador General de la Nación capacitaciones, proyectos legislativos y reglamentarios, así como la celebración de convenios;
Elevar al Procurador General de la Nación el informe de su gestión y el estado de los procesos y poner en su conocimiento las investigaciones preliminares o genéricas que lleven adelante;
Responder los pedidos de informes que les formule el Procurador General de la Nación.

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