El decreto firmado por el presidente Javier Milei que introdujo múltiples cambios a la ley de Inteligencia y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) recibió este lunes un amplio rechazo de parte de organizaciones de Derechos Humanos. Aseguran que la reforma “pone en riesgo garantías constitucionales básicas” al afectar la libertad y privacidad de los ciudadanos, flexibilizar los límites legales a la inteligencia interior y habilitar el espionaje político. Piden al Congreso que lo rechace.

El 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 que empuja cambios estructurales en la organización, funciones y conducción del sistema. En los considerandos, indican que la reforma apunta a eliminar superposiciones normativas, ordenar competencias, fortalecer los controles internos y mejorar la articulación entre organismos, en un contexto marcado por nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas.

Uno de los cambios más relevantes – que generó fuertes críticas por parte de la oposición – es el que dispone que los agentes de inteligencia estén habilitados para realizar detenciones. El decreto también establecerá una Comunidad Informativa que buscará nutrir a la SIDE con datos relevantes producidos por organismos estatales que no forman parte del sistema de inteligencia en sentido estricto.

Las críticas de Amnistía Internacional Argentina y ONGs al DNU de la SIDE

Organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional Argentina, Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Greenpeace, entre otras, firmaron un documento en el que plasmaron sus cuestionamientos a los cambios implementados por Nación “de forma unilateral” -durante el receso parlamentario y sin una ley debatida en el Congreso nacional- que, entre otros puntos, “modifica la manera en la que el Estado puede vigilarte y así afecta directamente tu libertad, tu autonomía y tu privacidad”.

“El DNU obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”, por lo que el ciudadano no tiene forma de saber cómo son usados sus datos personales, agregan. Para las ONG, el decreto se transforma en “una herramienta para realizar vigilancia masiva” que, en escenario de “filtraciones frecuentes” de datos, se vuelve “más peligrosa” ante la falta de una política pública adecuada de seguridad de la información.

“El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia”, prosigue el texto que cuenta también con el acompañamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, quienes indican que el organismo de inteligencia podrá “pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan“.

Congreso detención marcha

Actividad de la SIDE y más poder a los agentes de inteligencia

Otro aspecto del DNU que concentró críticas de parte de las ONG es el rol de los agentes y de sus actividades. “El decreto establece que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición”, lo que implica que “no vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos”. Asimismo, el carácter encubierto “puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado”. Y aclaran: “No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla”.

Tras la difusión del decreto, otro punto que aunó cuestionamientos fue la facultad que se le otorga a los miembros de la SIDE para realizar aprehensiones. Las ONG vincularon tales prácticas a la pérdida de garantías constitucionales de épocas pre democráticas en Argentina.

“Por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tienen poder para detenerte. La SIDE puede proceder a la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”, señalaron. Por ese motivo, afirman que se deja “habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación”, lo cual transforma a los servicios de inteligencia “en una especie de policía secreta y sin control”.

El DNU también habilita a que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales” sin especificar cuáles serán, qué criterios se utilizarán ni que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría. Para las ONG, es “un retroceso histórico peligroso” ya que les quita de encima a las FFAA el control civil sobre su accionar y permite el involucramiento de los militares en temas de seguridad interior, algo que “durante décadas Argentina trabajó para separar”. “Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil”, remarcaron críticamente.

El riesgo democrático sobre el espionaje político y los “enemigos internos”

Pero, para las ONG, eso no es todo. El DNU también amplía “de manera significativa” el concepto de contrainteligencia. Aquellas prácticas que hasta ahora estaban prohibidas, pasan a estar habilitadas. “Pasa a incluir la prevención de acciones de infiltración, espionaje, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades públicas, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general, incluso en ‘abordajes multidimensionales’ de actores estatales y no estatales”, de manera que las restricciones para que las agencias de inteligencia no puedan hacer tareas de inteligencia política “se vuelven irrelevantes”.

En los hechos, consideran que se trata de una flexibilización de “los límites legales a la inteligencia interior” que “habilita el espionaje político en nombre de la contrainteligencia”, cuestión que podría ser utilizada contra opositores o minorías. En ese sentido, recuerdan que en diciembre circuló un presunto Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en el que se identificaban como “enemigos internos” a anarquistas, pueblos originarios, ambientalistas y periodistas que “desinformaran” o “deslegitimaran” al Gobierno.

Manifestación Senado Congreso

De efectivizarse de tal manera, las organizaciones de DDHH no dudan en marcarlo como un “grave riesgo” para “los derechos de libertad de expresión, de asociación y de petición a las autoridades”. “Reclamar por una ley (como la de Glaciares o Fondos para Discapacidad) nos convierte en un objetivo de inteligencia y pasibles de ser espiados, infiltrados y hasta detenidos”, advierten.

En cuanto a la legalidad del DNU, aseguran que es “manifiestamente inconstitucional”. Además, consideran que “rompe consensos básicos, amplía el margen de discrecionalidad estatal, debilita los controles y posibilita prácticas que creíamos superadas” y al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener “es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia”.

Para concluir, las organizaciones civiles aseguraron que el decreto no es “de necesidad y urgencia” por lo cual no cumple con la exigencia de la Constitución para su dictado. “No hay circunstancias excepcionales que impidan al Congreso sancionar leyes, y es claro que reformas tan trascendentes como éstas, lejos de ser adoptadas de manera unilateral, deberían realizarse cuando hay acuerdos entre diversas fuerzas políticas”, afirmaron. De manera que llamaron a los legisladores a que sea discutido y anulado: “El Congreso debe rechazar este decreto”.

Además de las ONG mencionadas, firmaron el documento la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas / CAJE, Democracia en Red, Fundación SES; Campaña Argentina por el Derecho a la Educaciòn (CADE); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps); Fundación para el Desarrollo Humano Integral; Fundación Protestante Hora de Obrar; Xumek- Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos; Fundación Cambio Democrático; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF); Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES); Consciente Colectivo; Fundación Huésped y Federación Ecuménica de Cuyo (FEC).

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza dijo en un congreso empresarial que el problema del Gobierno es que no quiere hacer ajuste fiscal

Por iProfesional

27/06/2023 – 21,04hs

El diputado nacional y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no tendrá problemas si él triunfa en las elecciones y se convierte en el próximo Presidente de la Nación ya que, según adelantó, el ajuste fiscal que promoverá será mayor al que solicita el organismo multilateral de crédito.

“El Fondo con nosotros no va a tener problema porque a nosotros el ajuste del Fondo nos parece light. Además, el ajuste se lo voy a cargar a la política. Esta vez pierden los chorros de la política“, advirtió.

Estas declaraciones del economista liberal fueron hechas al hablar en el Congreso Anual del Instituto Argentino De Ejecutivos De Finanzas (IAEF).

Respecto al conflicto con el FMI, en el que el Gobierno está renegociando el acuerdo firmado para flexibilizar los pagos, Milei expresó: “El problema de este gobierno es que no quiere hacer el ajuste fiscal y el FMI tiene un problema, en el caso de la Argentina, de deudor significativo“.

“¿Entonces qué van a hacer? Lo van a tratar de pasar para adelante para que sea lo menos traumático posible”, concluyó.

Sergio Massa: “Hay que pagarle al FMI para que no vuelva”

El precandidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó hoy que “una obsesión” que tiene que tener el próximo Gobierno es “juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al Fondo Monetario Internacional, sacarlo de la Argentina para no volver nunca más”.

Con respecto a industria de la construcción, Massa advirtió que fue “la principal víctima” del acuerdo con el FMI

“Una obsesión que tiene que tener el próximo Presidente, el que sea, es juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al Fondo Monetario Internacional y volver a sacarlo de la Argentina para no volver nunca más al Fondo“, enfatizó Massa.

Al disertar sobre “La economía Argentina: situación actual y perspectivas” en la nueva edición de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el ministro de Economía destacó: “Es parte de una discusión que tenemos los países de ingreso medio en vías de desarrollo a nivel global”.

“¿Qué significa ir al Fondo? Significa asumir metas, compromisos y obligaciones en términos de programa económico, significa ceder en parte tu autonomía para atarte a un programa que explica la capacidad de repago de tu país”, subrayó.

Con respecto a industria de la construcción, advirtió que fue “la principal víctima” del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, en 2019, año que culminó con apenas 300 obras públicas y menos de 250.000 trabajadores en el sector producto de la fuerte caída de la actividad por las restricciones presupuestarias impuestas.

En las próximas horas se conocerá el programa con el FMI

Al participar de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción en La Rural, Massa contrapuso que hoy la actividad está “privilegiada” por el actual modelo con la ejecución de 3.600 obras a nivel nacional, más de 450.000 trabajadores y el triple de contratistas que hace 4 años, es decir “más obras, más inversión y más actores de la economía real”.

El ministro de Economía señaló que en los próximos meses el objetivo es “cumplir el mayor nivel de inversión sin resignar la capacidad de desarrollo”, al resaltar el rol de la obra pública “en un país que tiene un destino de desarrollo fenomenal” y que “necesita de infraestructura”.

“Si soñamos un país, si creemos un país posible, si hacemos culto de la idea de unidad que pregonamos y trabajamos juntos sector público y sector privado la Argentina tiene un destino de desarrollo fenomenal”, afirmó el también precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).

Massa sostuvo que “se está tratando de saldar la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en dos trimestres, y en las próximas horas se va a conocer el programa con el organismo”. Dijo que este año “la Argentina perdió en un golpe 20.000 millones de dólares de un total de 100.000 millones de dólares de ingresos, por la sequía. Están los que dicen corta todo pero hay que ir cuidando los gastos y requiere planificación y ver cómo asumimos el esfuerzo compartido con las provincias”.