La Libertad Avanza apunta a resolver el instrumento electoral que regirá el año que viene en los próximos dos meses. “Primero hay que atar un acuerdo con los gobernadores y con los partidos”, dijeron desde la Casa Rosada. Después, se buscará avanzar en el Congreso con la suspensión o eliminación de las PASO. El primer paso se tendrá que dar en el Senado, donde recaló la iniciativa.

El principal encargado para esa tarea es Diego Santilli, quien en los últimos días reanudó las reuniones con los gobernadores. Y, este jueves, encabezó un encuentro con los amarillos Cristian Ritondo y Fernando De Andreis para llegar a un acuerdo electoral. «Tenemos muchas posibilidades de llegar a un acuerdo con el PRO por el instrumento electoral», dijeron desde LLA.

Es cierto que las conversaciones recién comienzan, pero las intenciones libertarias, con Karina Milei a la cabeza, son eliminar las primarias para que la oposición, con el PJ a la cabeza, se quede sin una instancia ordenadora. Para eso, los votos del PRO, la UCR y de algunos gobernadores «dialoguistas» son decisivos.

En paralelo, el PJ inició una movida en el sentido opuesto. También esta semana, los popes del partido que conduce Cristina Kirchner mantuvieron un encuentro a puertas cerradas. La novedad fue que Axel Kicillof y Máximo Kirchner se vieron las caras después de meses de distanciamiento absoluto.

La bajada de línea del encuentro fue clara: “Los que apoyen la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener 4 años más de este infierno para la gente”. ¿Mensaje cifrado para los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz?

Mientras se negocian las PASO el Congreso continúa sesionando

En medio de este contexto atravesado por la previa a las elecciones, el Congreso sigue funcionando. Y el oficialismo tomó nota: luego del traspié con la Inviolabilidad de la propiedad privada, como dice Javier Mile, “las negras también juegan”.

Con la ley de Tierras se vio que la docilidad de los mandatarios provinciales no es la misma que mostraron tras el triunfo libertario en las elecciones del año pasado. Por eso, los proyectos que se envíen al Congreso, con los de Federico Sturzenegger a la cabeza, deberán pasar por el filtro de la mesa política. En otras palabras, de Karina Milei. No se comprarán problemas que puedan complicar al oficialismo en la previa al año electoral.

Así las cosas, en Diputados, Martín Menem va paso a paso. En primer término, el objetivo del presidente de la Cámara baja es sacar las leyes que tienen previstas tratar en el recinto el 26 de agosto. Nada menos que dos proyectos que hacen al relato del Presidente: la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal 2. También es probable que ese día se avance con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Diputados sesiona el 26 con proyectos económicos.

Diputados

Pero también, en el oficialismo están haciendo algunas concesiones a los gobernadores y bloques aliados. Así lo plantearon los jefes de las bancadas de buen trato con la Casa Rosada en el último encuentro que mantuvieron en el despacho de Menem para definir la agenda legislativa post receso invernal.

Por caso, se sumaría al temario de la sesión la baja al IVA de la mandioca, un proyecto que se dictaminó a último momento esta semana, a pedido de los misioneros que integran la bancada Innovación Federal. Lo propio podría ocurrir con una serie de proyectos que pasaron por la comisión Legislación General, que sirve como carta de presentación para los legisladores, cuando retornan a sus provincias.

Por ejemplo, aquel que declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de la República Argentina el 9 de julio de cada año. El gobernador de esa provincia, Jaldo, también se anota otro proyecto de ese tipo: el que declara a su provincia como la Capital Nacional del Ecoturismo.

De alguna manera, como reconocen en las filas libertarias, estos proyectos son una forma de “devolverles a los bloques el acompañamiento”. Gentileza de la casa.

Y hasta el oficialismo no descartaría hacerle otra concesión a los mandatarios provinciales, llegado el día de la sesión. Si los votos peligran, tienen un as bajo la manga: modificar el proyecto del Banco Central y especificar que el directorio debe contar con integrantes que representen a las diferentes provincias. “Los gobernadores están pidiendo mayor federalismo”, confirmaron fuentes libertarias.

En un clima en el que los gobernadores harán valer cada voto, sobre todo porque todavía no se cerró ningún acuerdo electoral que los obligue a posicionarse de uno u otro lado de la grieta, La Libertad Avanza se las ingenia para avanzar con su agenda de cara a la segunda mitad del año.

Para empezar, en Diputados, tras los cortocircuitos que generó el capítulo de Tierras en el Senado, ni siquiera definieron cuándo comenzar a tratar Inviolabilidad de la propiedad privada. Ahora, las miradas están puestas en el 26.

Pero además, falta un mes exacto para que el Presidente presente el proyecto del Presupuesto 2027. Tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para hacerlo. Y, al igual que el año pasado, el Gobierno tiene previsto sancionarlo. No sería una buena señal para los mercados quedarse sin la “ley de leyes”, y menos en la previa a un año electoral.

Javier Milei va al Congreso

En ese contexto en el que todavía el futuro de las primarias es incierto, está claro que el Presupuesto servirá como moneda de cambio, al igual que los ATN, para sumar adhesiones de los gobernadores en los proyectos que restan tratar en el Congreso. En especial, para que adhieran a la suspensión/eliminación de las PASO.

Milei iría al Congreso a presentar el Presupuesto 2027.

Presidencia

Todo indica que, al igual que en su primer intento, el propio Milei asista al Congreso a presentar el proyecto. “Es el mejor comunicador por escándalo”, dicen en las filas libertarias, aunque todavía no es oficial. De confirmarse, seguro sea una nueva excusa para apelar al uso de la Cadena Nacional.

Por lo pronto, Patricia Bullrich tiene varios proyectos pendientes. Más allá de la reforma electoral, resta avanzar con la nueva ley de Sociedades, el Súper RIGI, los cambios al Régimen de Zona Fría. Este último también está en manos de Santilli, que, para atraer votos, promete una resolución para crear un régimen de Zona Cálida y así sumar algunos adeptos.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei que introdujo múltiples cambios a la ley de Inteligencia y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) recibió este lunes un amplio rechazo de parte de organizaciones de Derechos Humanos. Aseguran que la reforma «pone en riesgo garantías constitucionales básicas» al afectar la libertad y privacidad de los ciudadanos, flexibilizar los límites legales a la inteligencia interior y habilitar el espionaje político. Piden al Congreso que lo rechace.

El 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 que empuja cambios estructurales en la organización, funciones y conducción del sistema. En los considerandos, indican que la reforma apunta a eliminar superposiciones normativas, ordenar competencias, fortalecer los controles internos y mejorar la articulación entre organismos, en un contexto marcado por nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas.

Uno de los cambios más relevantes – que generó fuertes críticas por parte de la oposición – es el que dispone que los agentes de inteligencia estén habilitados para realizar detenciones. El decreto también establecerá una Comunidad Informativa que buscará nutrir a la SIDE con datos relevantes producidos por organismos estatales que no forman parte del sistema de inteligencia en sentido estricto.

Las críticas de Amnistía Internacional Argentina y ONGs al DNU de la SIDE

Organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional Argentina, Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Greenpeace, entre otras, firmaron un documento en el que plasmaron sus cuestionamientos a los cambios implementados por Nación «de forma unilateral» -durante el receso parlamentario y sin una ley debatida en el Congreso nacional- que, entre otros puntos, «modifica la manera en la que el Estado puede vigilarte y así afecta directamente tu libertad, tu autonomía y tu privacidad».

«El DNU obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control», por lo que el ciudadano no tiene forma de saber cómo son usados sus datos personales, agregan. Para las ONG, el decreto se transforma en «una herramienta para realizar vigilancia masiva» que, en escenario de «filtraciones frecuentes» de datos, se vuelve «más peligrosa» ante la falta de una política pública adecuada de seguridad de la información.

«El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia», prosigue el texto que cuenta también con el acompañamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, quienes indican que el organismo de inteligencia podrá «pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan«.

Congreso detención marcha

Actividad de la SIDE y más poder a los agentes de inteligencia

Otro aspecto del DNU que concentró críticas de parte de las ONG es el rol de los agentes y de sus actividades. «El decreto establece que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición», lo que implica que «no vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos». Asimismo, el carácter encubierto «puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado». Y aclaran: «No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla».

Tras la difusión del decreto, otro punto que aunó cuestionamientos fue la facultad que se le otorga a los miembros de la SIDE para realizar aprehensiones. Las ONG vincularon tales prácticas a la pérdida de garantías constitucionales de épocas pre democráticas en Argentina.

«Por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tienen poder para detenerte. La SIDE puede proceder a la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial», señalaron. Por ese motivo, afirman que se deja «habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación», lo cual transforma a los servicios de inteligencia «en una especie de policía secreta y sin control».

El DNU también habilita a que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre «organizaciones no estatales» sin especificar cuáles serán, qué criterios se utilizarán ni que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría. Para las ONG, es «un retroceso histórico peligroso» ya que les quita de encima a las FFAA el control civil sobre su accionar y permite el involucramiento de los militares en temas de seguridad interior, algo que «durante décadas Argentina trabajó para separar». «Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil», remarcaron críticamente.

El riesgo democrático sobre el espionaje político y los «enemigos internos»

Pero, para las ONG, eso no es todo. El DNU también amplía «de manera significativa» el concepto de contrainteligencia. Aquellas prácticas que hasta ahora estaban prohibidas, pasan a estar habilitadas. «Pasa a incluir la prevención de acciones de infiltración, espionaje, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades públicas, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general, incluso en ‘abordajes multidimensionales’ de actores estatales y no estatales», de manera que las restricciones para que las agencias de inteligencia no puedan hacer tareas de inteligencia política «se vuelven irrelevantes».

En los hechos, consideran que se trata de una flexibilización de «los límites legales a la inteligencia interior» que «habilita el espionaje político en nombre de la contrainteligencia», cuestión que podría ser utilizada contra opositores o minorías. En ese sentido, recuerdan que en diciembre circuló un presunto Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en el que se identificaban como «enemigos internos» a anarquistas, pueblos originarios, ambientalistas y periodistas que “desinformaran” o «deslegitimaran» al Gobierno.

Manifestación Senado Congreso

De efectivizarse de tal manera, las organizaciones de DDHH no dudan en marcarlo como un «grave riesgo» para «los derechos de libertad de expresión, de asociación y de petición a las autoridades». «Reclamar por una ley (como la de Glaciares o Fondos para Discapacidad) nos convierte en un objetivo de inteligencia y pasibles de ser espiados, infiltrados y hasta detenidos», advierten.

En cuanto a la legalidad del DNU, aseguran que es «manifiestamente inconstitucional». Además, consideran que «rompe consensos básicos, amplía el margen de discrecionalidad estatal, debilita los controles y posibilita prácticas que creíamos superadas» y al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener «es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia».

Para concluir, las organizaciones civiles aseguraron que el decreto no es «de necesidad y urgencia» por lo cual no cumple con la exigencia de la Constitución para su dictado. «No hay circunstancias excepcionales que impidan al Congreso sancionar leyes, y es claro que reformas tan trascendentes como éstas, lejos de ser adoptadas de manera unilateral, deberían realizarse cuando hay acuerdos entre diversas fuerzas políticas», afirmaron. De manera que llamaron a los legisladores a que sea discutido y anulado: «El Congreso debe rechazar este decreto».

Además de las ONG mencionadas, firmaron el documento la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas / CAJE, Democracia en Red, Fundación SES; Campaña Argentina por el Derecho a la Educaciòn (CADE); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps); Fundación para el Desarrollo Humano Integral; Fundación Protestante Hora de Obrar; Xumek- Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos; Fundación Cambio Democrático; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF); Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES); Consciente Colectivo; Fundación Huésped y Federación Ecuménica de Cuyo (FEC).

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza dijo en un congreso empresarial que el problema del Gobierno es que no quiere hacer ajuste fiscal

Por iProfesional

27/06/2023 – 21,04hs

El diputado nacional y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no tendrá problemas si él triunfa en las elecciones y se convierte en el próximo Presidente de la Nación ya que, según adelantó, el ajuste fiscal que promoverá será mayor al que solicita el organismo multilateral de crédito.

«El Fondo con nosotros no va a tener problema porque a nosotros el ajuste del Fondo nos parece light. Además, el ajuste se lo voy a cargar a la política. Esta vez pierden los chorros de la política«, advirtió.

Estas declaraciones del economista liberal fueron hechas al hablar en el Congreso Anual del Instituto Argentino De Ejecutivos De Finanzas (IAEF).

Respecto al conflicto con el FMI, en el que el Gobierno está renegociando el acuerdo firmado para flexibilizar los pagos, Milei expresó: «El problema de este gobierno es que no quiere hacer el ajuste fiscal y el FMI tiene un problema, en el caso de la Argentina, de deudor significativo«.

«¿Entonces qué van a hacer? Lo van a tratar de pasar para adelante para que sea lo menos traumático posible», concluyó.

Sergio Massa: «Hay que pagarle al FMI para que no vuelva»

El precandidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó hoy que «una obsesión» que tiene que tener el próximo Gobierno es «juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al Fondo Monetario Internacional, sacarlo de la Argentina para no volver nunca más».

Con respecto a industria de la construcción, Massa advirtió que fue «la principal víctima» del acuerdo con el FMI

«Una obsesión que tiene que tener el próximo Presidente, el que sea, es juntar todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al Fondo Monetario Internacional y volver a sacarlo de la Argentina para no volver nunca más al Fondo«, enfatizó Massa.

Al disertar sobre «La economía Argentina: situación actual y perspectivas» en la nueva edición de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), el ministro de Economía destacó: «Es parte de una discusión que tenemos los países de ingreso medio en vías de desarrollo a nivel global».

«¿Qué significa ir al Fondo? Significa asumir metas, compromisos y obligaciones en términos de programa económico, significa ceder en parte tu autonomía para atarte a un programa que explica la capacidad de repago de tu país», subrayó.

Con respecto a industria de la construcción, advirtió que fue «la principal víctima» del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, en 2019, año que culminó con apenas 300 obras públicas y menos de 250.000 trabajadores en el sector producto de la fuerte caída de la actividad por las restricciones presupuestarias impuestas.

En las próximas horas se conocerá el programa con el FMI

Al participar de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción en La Rural, Massa contrapuso que hoy la actividad está «privilegiada» por el actual modelo con la ejecución de 3.600 obras a nivel nacional, más de 450.000 trabajadores y el triple de contratistas que hace 4 años, es decir «más obras, más inversión y más actores de la economía real».

El ministro de Economía señaló que en los próximos meses el objetivo es «cumplir el mayor nivel de inversión sin resignar la capacidad de desarrollo», al resaltar el rol de la obra pública «en un país que tiene un destino de desarrollo fenomenal» y que «necesita de infraestructura».

«Si soñamos un país, si creemos un país posible, si hacemos culto de la idea de unidad que pregonamos y trabajamos juntos sector público y sector privado la Argentina tiene un destino de desarrollo fenomenal», afirmó el también precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP).

Massa sostuvo que «se está tratando de saldar la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en dos trimestres, y en las próximas horas se va a conocer el programa con el organismo». Dijo que este año «la Argentina perdió en un golpe 20.000 millones de dólares de un total de 100.000 millones de dólares de ingresos, por la sequía. Están los que dicen corta todo pero hay que ir cuidando los gastos y requiere planificación y ver cómo asumimos el esfuerzo compartido con las provincias».