Al momento del cambio de gestión, en diciembre del año pasado el Gobierno nacional tenía bajo su órbita un total de 2.308 obras en ejecución a lo largo del país, las cuales representaban una inversión de casi $310.000 millones. En ese entonces, salvo las que estaban en un avanzado estado de ejecución, la gran mayoría ha quedado paralizada.

Y la realidad es que, aunque ya se firmaron 20 convenios con gobernadores para el traspaso de los proyectos al ámbito provincial, tanto empresas como funcionarios de los distintos distritos consultados dicen que la situación con respecto a la ejecución de obras no se ha modificado.

De hecho, según señaló a Ámbito el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Guillermo Weiss, “este año está perdido”. “Todo sigue igual, no hay nada”, señaló el empresario ante la consulta de si los convenios provinciales firmados hasta acá habían logrado destrabar la situación de parálisis.

“Para empezar de nuevo, como mínimo el Gobierno tiene que poner unos $400.000 millones (que son los pagos pendientes) y estar dispuestos a poner como mínimo otros $400.000 millones más para retomar”, dijo Weiss al describir el escenario.

Según indica un informe del ex Ministerio de Obras Públicas, la mayor cantidad de obras está en la provincia de Buenos Aires, con 899 proyectos en ejecución. La segunda es Córdoba con 197, tercera Entre Ríos con 148 y cuarta está Santa Fe con 144 proyectos.

Al llegar al poder, en el marco de las políticas para obtener superávit fiscal, el presidente Javier Milei decidió dejar de financiar la inversión. La mayor parte de los proyectos se estaban llevando adelante mediante convenios con las provincias. Éstas presentaban la obra, y en general el Gobierno nacional ponía el financiamiento. Estas obras son las que ahora se han estado negociando con los gobernadores para que las continúen ellos con sus propios presupuestos.

Provincias recurren a otros financiamientos

Al inicio de la nueva gestión libertaria, los mandatarios provinciales pidieron al Gobierno central que les permitiera acudir directamente a financiamiento de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM) para continuar. Otros distritos tratan de seguir con sus propios recursos presupuestarios. Pero la realidad es que este año es probable que no cambie nada y haya que esperar al 2025. De los acuerdos firmados, la mayoría transfirió el gasto pero no el dinero.

Weiss explicó que las obras de financiamiento nacional que siguen adelante en el país son muy pocas. “En las provincias grandes se ha seguido con aquellas que originariamente estaban proyectadas con recursos propios sin convenios con la Nación”, indicó.

De las obras frenadas actualmente, hay en Conectividad e Infraestructura Vial unas 514, en Gestión Integrada del Recurso Hídrico, unas 1.031, y en Infraestructura Urbana, Rural y del Cuidado unas 763, según datos del ex ministerio de Obras Públicas.

De acuerdo con información de la Oficina de presupuesto del Congreso (OPC), en el primer semestre, la inversión real directa se contrajo en un 83,9% a raíz de la reducción de las erogaciones por parte de la Dirección Nacional de Vialidad (-93,3%) y la reducción de las obras de desarrollo de infraestructura hidráulica (-96,2%), entre otras erogaciones.

Según pudo averiguar Ámbito, Vialidad Nacional estaría tratando de avanzar en el recapado de unas 120 rutas a lo largo del país, para lo cual se requeriría de unos $240.000 millones. Las cifras que se manejan en estos casos son muy importantes. En el caso de la Nación ese tipo de gasto explicaría el superávit fiscal de un mes, mientras que para una provincia de las más pobres es inviable.

Se sabe que Santa Fe estaba buscando financiamiento en Kuwait y en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). San Juan por su lado consiguió fondos del BID para un tramo de la ruta 40 que la une con Mendoza y Jujuy dinero del BEI dinero para un punto de acopio para la gestión de residuos.

Luego de confirmar su presencia en el Pacto de Mayo, Gustavo Weiss -titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC)– le pidió al Gobierno nacional un cambio de rumbo. Las declaraciones del empresario tienen dos contextos: una deuda de $400.000 millones que tiene el Estado con el sector y el creciente distanciamiento del Grupo de los Seis con la administración de Javier Milei.

Weiss consideró que “la recesión económica que estamos atravesando es consecuencia del ajuste económico que el Gobierno ha aplicado porque era inviable seguir con esa inflación”. Si bien entendió que “esto había que hacerlo, con virtudes y defectos” apuntó que “el rebote en V no es inminente. Se necesita otro plan. Un plan de desarrollo que complemente el plan de ajuste”.

“Si no conseguimos inversiones no hay ninguna posibilidad de que el estándar de la vida de los argentinos mejore”, agregó el dirigente de la construcción, que pidió poner el foco en la “estabilidad macroeconómica” y en el “desarrollo de una moneda fuerte“: “Tenemos que analizar con sentido crítico qué es lo que hemos hecho mal en este largo período con gobiernos de distintos signos”.

Entrevistado en AM 750, ratificó que estará en San Miguel de Tucumán el próximo lunes junto a los presidentes de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Grinman y de la Asociación de Bancos Argentinos, Javier Bolzico. “El Pacto de Mayo habla de políticas de Estado, cosas que los argentinos deberíamos consensuar. En líneas generales deberíamos estar de acuerdo”, sostuvo.

Gustavo Weiss y la realidad del sector de la construcción

El titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) reconoció que “en la convención anual de la Cámara tratamos la problemática del sector y señalamos a Caputo las dificultades que atraviesa el sector”. “Le dijimos a Caputo cuál es nuestra opinión sobre lo que hay que hacer en esta situación”, reiteró.

“La estabilidad macroeconómica conlleva a recesión y es lo que está pasando. Lo importante es si esto va a mejorar en un plazo relativamente corto”, analizó, y opinó que “el éxito o fracaso del plan económico del Gobierno lo iremos viendo en el tiempo. No está garantizado el éxito”.

Asimismo, se lamentó porque “todos los países latinoamericanos en los últimos 40 años han crecido más que Argentina” y que “han conseguido derrotar la inflación”. “No veo una salida rápida, no está garantizado. Ojalá me equivoque”, finalizó.

Desplome interanual de la construcción: 32,6%

La actividad de la construcción presentó un desplome interanual del 32,6% pero encadenó su segunda mejora mensual consecutiva al trepar 6,2% versus abril, según el INDEC.

En cuanto a la producción de insumos para este sector, las caídas más grandes en términos anuales se observaron en artículos sanitarios de cerámica (-60,4%), hierro redondo y acero (-48,9%), asfalto (-47,8%), mosaicos graníticos y calcáreos (-47,2%) y pisos y revestimientos cerámicos (-41,8%). Solo las pinturas tuvieron una merma menor al 10%.

Más de 60 vecinos y vecinas del barrio porteño de Núñez denunciaron este miércoles severos daños estructurales en sus casas, como grietas de diverso tamaño en paredes internas y externas, hundimientos de pisos y riesgo de derrumbe, y los atribuyeron a la construcción reciente de dos torres de más de 40 pisos, que se suman a otras moles de cemento en la zona.

La situación salió a luz luego de que varios residentes de las viviendas afectadas por las roturas debieron abandonar sus casas por el peligro que se presentaba, mientras que otros sufrieron casos de fugas de gas dentro de los domicilios como consecuencia de la fractura de los caños, según relataron a Télam.

Todos los incidentes ocurrieron dentro del polígono delimitado por las calles Campos Salles, Tres de Febrero, Manuela Pedraza, Grecia y las avenidas Crisólogo Larralde y Del Libertador, en el cual se levantan varias torres, dos de las cuales están en una etapa de construcción avanzada para concretar el proyecto inmobiliario que se comercializa como “Quantum Bellini”.

“Dos torres de 42 y 33 pisos con increíbles vistas al río y a la ciudad, diseño y calidad constructiva premium”, es lo que ofrece la desarrolladora sobre los edificios sobre Del Libertador al 7400, los cuales fueron señalados por el grupo vecinal como los responsables, en gran parte, de la situación preocupante que atraviesan y que pone en riesgo sus viviendas.

Durante una recorrida por la zona, Télam constató la existencia de fisuras en paredes externas de las viviendas, desniveles en las veredas y hundimientos de las baldosas, pero también corroboró las grietas dentro de las casas, los desprendimientos de los azulejos y cantidad de puertas que no cierran más debido a los movimientos de la estructura.

Testimonios

María Elvira, que tiene su casa desde 2005 sobre Tres de Febrero, contó que realizó varios arreglos por la aparición de las grietas, pero advirtió que “todos los días se deteriora más”, por lo que pidió que “se detengan las obras y que alguien se haga cargo” de la situación porque -dijo- “nos vamos a dormir a la noche con el miedo que se nos caiga el techo encima”.

Por su parte, Alejandra, una vecina de Grecia al 3400, que vive en Núñez desde su infancia, coincidió en que no duermen tranquilos por el temor a que ocurra algo con sus propiedades o la de los vecinos y manifestó que “nunca” pensó que “iban a hacer este desastre en el barrio y encima que nadie nos dé una respuesta”.

El grupo barrial se conformó en los últimos meses con el nombre de “Vecinos afectados por el movimiento del suelo” cuando empezaron a darse cuenta de que los problemas edilicios no eran situaciones particulares, sino que ocurrían en toda la zona cercana a las torres.

Fue así como intercambiaron información y datos, y vincularon la construcción de las dos moles de cemento a los daños que iban registrando en sus hogares al punto que, en tres casos, las familias dejaron las viviendas por el miedo a un derrumbe y están a la espera del resultado de las obras de apuntalamiento.

Según explicaron, todos los perjuicios responden a que el emprendimiento inmobiliario -el tercero de la zona en los últimos dos años- incluyó una depresión de las napas subterráneas que derivaron en inconvenientes para el asentamiento de los inmuebles y que, entre sus consecuencias, tuvieron la aparición de las grietas como parte de esos movimientos.

“Queremos que nos muestren los estudios de factibilidad que posibilitaron la construcción de las dos torres y también un resarcimiento por los gastos que tenemos que hacer para poder seguir viviendo en nuestras casas porque no tenemos otro lugar al cuál ir”, agregó otra de las vecinas que explicó que la única respuesta oficial que tuvieron fue del área de Defensa Civil, desde donde les aconsejaron que abandonaran sus propiedades.

Fuentes del Gobierno porteño consultadas por Télam no ofrecieron información sobre el reclamo barrial y solo indicaron que es una “obra de un privado” que fue autorizada en 2018.

En tanto, representantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se acercaron al barrio para relevar las distintas situaciones; en tanto que también interviene en el tema la Comuna 13, que comprende al barrio de Núñez.