Desde que el Gobierno dejó en claro que no tiene voluntad de intervenir en la crisis de morosidad bancaria por considerarlo «un problema entre privados» y por negarse a medidas que impliquen un subsidio, están lloviendo las propuestas sobre formas de llegar a una «solución de mercado».

Economistas, ex ministros, empresarios pyme, operadores financieros y consultores de inversión han esbozado propuestas para que, de manera voluntaria, los bancos y los acreedores lleguen a una fórmula de reperfilamiento que satisfaga a ambas partes, sin que impliquen un costo fiscal ni un subsidio cruzado.

Ya desde hace meses que ingresaron proyectos en el Congreso para abordar este tema, pero el Gobierno se ha negado a considerarlos, en el entendido de que van contra los principios liberales. El ministro de economía Luis Caputo hizo referencia al «riesgo moral» que supone el castigo a los buenos pagadores por el rescate de los deudores en problemas.

Concretamente, el Gobierno se negó a regular tasas máximas ni, mucho menos, a imponerles a los bancos la obligación de planes de reperfilamiento con extensión de plazos y condonación parcial de deudas.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, rechazó las insinuaciones de que un alivio en el régimen de encajes de los bancos -el dinero de ahorristas que obligatoriamente debe quedar inmovilizado- pudiera ser parte de esa solución.

«El encaje es una herramienta del Central que está pensado para preservar el riesgo de los depósitos. Tiene un impacto sobre la liquidez del sistema, pero no es algo que deba usarse para administrar liquidez», argumenta el funcionario. Y afirma que los bajos niveles que se aplicaban en gestiones anteriores tenían el objeto de compensar a los bancos para que pudieran ofrecer productos «que no eran de mercado».

Sin embargo, dio a entender que, sin poner dinero del BCRA, sí está dispuesto a acercar a ambas partes, ofreciendo soluciones para un reperfilamiento de las deudas privadas, con mayores plazos de pago.

Las propuestas del mercado para «salvar» a los deudores

Hay quienes aplauden la actitud del gobierno de mantenerse al margen. Para Carlos Rodríguez, ex viceministro de economía en los ’90 y ex asesor de Javier Milei, hay siempre un riesgo implícito en estos planes.

Si hay ayuda estatal, advierte Rodríguez, «hace que, para algunos, entrar en mora sea más atractivo (menos costoso) a medida que aumenta la mora agregada. Se crea un círculo vicioso entre la cartera en mora y las expectativas de intervención».

Por su parte, el consultor Salvador Di Stefano, sostiene que los planes de salvataje no ayudarán a los deudores sino a los bancos, a quienes ve como responsables de la situación.

«Mirá cómo los bancos aumentaron la brecha entre tasas activas y pasivas y le cargaron el costo de la mora a las personas que sacan crédito a partir de ahora. Así piensan reactivar el mercado: récord de brecha entre tasas. Después escuchamos a muchos decir ‘pobres los bancos’«, afirmó.

Su interpretación es que al subir la tasa activa al entorno de 140% recuperaron el capital prestado, «y hoy se disfrazan de buenos» con los planes de refinanciación. «No saben prestar, y las consecuencias la pagamos todos».

Pero ante el agravamiento de la crisis, están circulando propuestas con la ambición de solucionar el problema a nivel sistémico y no solamente en casos particulares.

Martín Redrado, ex presidente del BCRA, publicó un plan elaborado en Fundación Capital. Implica que ante una refinanciación, no habrá una degradación de la calificación crediticia. De esa manera, los bancos no deberán contabilizar esas deudas para sus balances, y quedan eximidas de elevar sus previsiones por riesgo de incobrabilidad. Para Redrado, esto daría a los bancos mayor margen para poder reperfilar el cobro.

En cuanto a los deudores, seguirían siendo calificados como «situación 1» -es decir, como si no estuvieran atrasados-. Eso también mejoraría sus condiciones de repago, aunque durante ese período no podrían solicitar nuevos préstamos.

Hay otras propuestas similares, que se debaten entre ejecutivos de los bancos. Uno de los más activos en las redes propone que el BCRA determine una refinanciación general para los deudores en «situación 3» -atraso mayor a 90 días- y que el saldo se establezca en UVA más una tasa máxima de 10%, con un plazo máximo de 60 meses. Se agregaría la eximición en el pago de IVA, Ingresos Brutos y otros impuestos municipales, que en estos casos no implicarían un costo fiscal. Y hasta hay propuestas para que los buenos pagadores tengan una condonación de la última cuota.

Para aliviar las tasas de interés de los nuevos créditos, se propone que se abandone el actual régimen de previsionamiento de incobrabilidad, y que en su lugar se cree un fondo generado por los ingresos de las deudas reperfiladas.

El dólar, ¿parte de la solución?

El empresario Gustavo Lazzari, referente del sector pyme, publicó un proyecto que toma al dólar como parte de la solución. La idea es que el capital de la deuda se convierta a dólares y se pague en hasta 24 meses, a una tasa de bonos Treasury más 4% -a precios de hoy, implicaría una tasa de 8,6%-.

Para los intereses devengados impagos, propone la amortización en 10 cuotas anuales, que se computen como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias. Lazzari admite que habría un costo fiscal, pero advierte que en la situación actual seguirá la caída de clientes, que no podrán pagar refinanciaciones «impúdicas».

«Es reemplazar los contratos a tasas exorbitantes, moneda blanda y plazos cortos por un esquema más racional y compatible con el desenvolvimiento económico», sintetiza el empresario, que es cercano al equipo económico del gobierno. 

La culpa del «rolleo» de deuda

En tanto, el consultor Christian Buteler pone la lupa sobre la relación de la crisis de morosidad y la política monetaria contractiva del gobierno. «La solución es de mercado, lo que no implica que el gobierno no deba hacer nada, al contrario. El gobierno debe dejar de rolear la deuda por sobre el 100% del vencimiento, si es que tiene superávit, para que el excedente de pesos produzca una caída en las tasas».

La crítica alude a la política del ministro Caputo, que en las licitaciones del Tesoro no se limita a renovar los montos de deuda pública que vencen, sino que emite nuevos bonos en exceso, para retirar liquidez del mercado. Varios analistas dijeron que la consecuencia de esa estrategia es una restricción del capital disponible para el crédito, lo cual presiona al alza de las tasas de interés.

Otros analistas estimaron que el costo fiscal de la «mano dura» de Caputo equivale a 2,9% del PBI, por los premios de las nuevas emisiones de bonos. Es un número que duplicaría el nivel previsto de superávit primario para este año.

Lo que ya están haciendo los bancos

Desde la oposición se habla de «tasas usurarias» y de la necesidad de que haya una medida oficial para solucionar una crisis que ya pasó a ser estructural. La irregularidad en los pagos en el segmento de familias ya afecta al 12,7% en el sector bancario, pero llega al 16% si, además, se toma en cuenta al crédito no bancario, como el de las billeteras digitales, las financieras no bancarias, las financiaciones de las propias cadenas retail y los prestamistas informales.

Y uno de los argumentos que se plantean como respuesta al gobierno es que, de hecho, el subsidio desde los buenos pagadores hacia los que están en mora ya está ocurriendo. El síntoma de esa situación sería el ensanchamiento de la brecha entre las tasas pasivas y las activas, que se encuentra en uno de sus puntos máximos.

Hablando en números, a los ahorristas se les paga un 20% por el dinero que colocan en plazo fijo -es decir, una tasa real negativa frente a la inflación- mientras que a quienes toman préstamos se les cobra muy por encima de 100% por el costo financiero total. Y, fuera del sistema bancarios, las tasas pueden llegar al 800% cuando se agregan los punitorios a los morosos.

En el segmento de los bancos, ya se están poniendo en práctica planes para ayudar a que los morosos regularicen la situación, aunque todavía se está lejos de superar la crisis.

En la banca estatal hay refinanciaciones en planes de hasta 96 cuotas -ocho años- con ajuste según el Coeficiente de Variación Salarial, para los casos de atrasos con la tarjeta de crédito.

También hay bancos que aplican cuotas fijas, con plazos de hasta 36 meses. No es extraño que las negociaciones sean personales, de manera que las tasas y plazos pueden ser variables, según el nivel de ingresos y la gravedad de la mora. Claro que, en todos estos casos, se trata de deudores con ingresos fijos y trabajos asalariados del sector formal.

De todas formas, los economistas apuntan que se necesita una participación del gobierno, al menos en un rol de coordinación, porque las propuestas de los bancos tomadas de manera individual pierden eficacia para mejorar la situación del sistema en su conjunto.

La Unión Cívica Radical de Córdoba atraviesa una nueva crisis interna que amenaza con terminar en los tribunales. El legislador provincial Dante Rossi, referente de los sectores opositores dentro del partido, denunció un intento de “perpetuación en el poder” por parte de la conducción actual y advirtió que recurrirá a la Justicia si se avanza con la extensión de los mandatos. La disputa estalló tras la convocatoria a un Congreso Partidario virtual para este sábado 11 de julio a las 10 de la mañana.

La conducción local, encabezada por el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, decidió activar el encuentro partidario de manera sorpresiva. Para los sectores críticos, la urgencia del oficialismo radical no responde a una cuestión administrativa, sino a un cálculo político vinculado con los próximos turnos electorales. En ese esquema también aparece el espacio del diputado Rodrigo de Loredo, señalado por la oposición interna como uno de los actores centrales de la maniobra.

Rossi y los sectores que lo acompañan sostienen que la prórroga de autoridades busca consolidar una conducción cerrada y condicionar el rumbo político del radicalismo cordobés. Además, advierten que detrás del movimiento podría existir una aproximación cada vez más explícita hacia la Casa Rosada y hacia el esquema político de La Libertad Avanza.

El Congreso virtual que encendió la interna radical

El oficialismo radical cordobés busca tratar la continuidad de las actuales autoridades, pero la oposición interna cuestiona tanto el contenido como la metodología elegida. Para los críticos, definir una prórroga mediante una instancia remota reduce el debate político y acelera una decisión de fuerte impacto institucional.

Dante Rossi fue uno de los dirigentes que reaccionó con mayor dureza. El legislador provincial considera que la conducción intenta blindarse frente a una interna que viene creciendo desde hace tiempo.

La línea interna que encarnan Ferrer y De Loredo tiene correlato legislativo en Córdoba. Dentro de la Unicameral, dirigentes como Alejandra Ferrero y Matías Pablo Gvozdenovich, presidente del bloque de la UCR, aparecen asociados a ese armado.

Para la oposición interna, el problema de fondo es la pérdida de identidad. El radicalismo cordobés quedó atrapado entre alianzas sucesivas, derrotas electorales y una creciente dificultad para construir una propuesta propia. Por eso, el Congreso de este sábado no será leído solo como una instancia estatutaria, sino como una definición sobre el rumbo político del partido.

El peso de la historia: del retroceso electoral al fantasma de 2001

La crisis actual se inscribe en una decadencia prolongada del radicalismo cordobés. La UCR no gobierna la provincia desde 1999, cuando concluyó la gestión de Ramón Bautista Mestre. Ese retroceso territorial se profundizó en 2019, cuando el partido también perdió el control de la intendencia de la ciudad de Córdoba, uno de sus bastiones históricos.

A nivel nacional, el antecedente que todavía pesa sobre el partido es la experiencia de la Alianza encabezada por Fernando de la Rúa. Su gobierno terminó de manera abrupta en diciembre de 2001, en medio de una crisis económica, social e institucional que dejó una marca profunda en la memoria política argentina.

Desde entonces, la UCR buscó reconstruirse mediante alianzas con otras fuerzas. Primero lo hizo con el PRO dentro de Cambiemos y Juntos por el Cambio, y más recientemente distintos sectores radicales comenzaron a mostrar vínculos políticos y legislativos con La Libertad Avanza.

En Córdoba, esa discusión tiene nombres propios. Rodrigo de Loredo y Oscar Aguad aparecen como referentes de una línea radical que mantuvo cercanía con proyectos de centroderecha y derecha en los últimos años.

Alianzas, identidad y el vínculo con La Libertad Avanza

El señalamiento más fuerte de los sectores críticos apunta a la orientación política actual de la conducción cordobesa. Para Rossi y sus aliados, la UCR corre el riesgo de convertirse en un actor subordinado al oficialismo nacional o en un socio menor de La Libertad Avanza. Esa lectura explica la resistencia a una prórroga de mandatos que, según denuncian, podría consolidar una estrategia definida sin debate interno real.

El vínculo con el Gobierno nacional aparece como uno de los puntos más sensibles. Distintos sectores del radicalismo han acompañado iniciativas legislativas de Javier Milei o mantuvieron posiciones funcionales a la agenda libertaria. Para la oposición interna, ese comportamiento erosiona el perfil histórico de la UCR y dificulta su reconstrucción como fuerza con identidad propia.

La discusión también atraviesa el futuro electoral. Si la conducción actual logra extender sus mandatos, llegará con mayor control interno a las definiciones de candidaturas, alianzas y posicionamientos provinciales.

Producto de la apertura de importaciones, la actividad metalúrgica atraviesa uno de sus peores momentos, solo comparable a la que experimentó durante la cuarentena por el coronavirus. En septiembre registró una caída interanual de 5,2% y retrocedió 1,1% respecto a agosto. Como consecuencia, el uso de la capacidad instalada está en su nivel más bajo desde junio de 2020.

Los datos se desprenden del informe mensual del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. En lo que va del año, el sector apenas acumuló un crecimiento de 0,7% respecto al año pasado. De esta manera, la producción se encuentra 18% por debajo de sus niveles máximos recientes y 30% por debajo de sus picos históricos.

En este sentido, el presidente de la cámara metalúrgica, Elio Del Re, advirtió que «la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, en niveles casi idénticos a un año muy malo como fue 2024, lo que refleja la parálisis de la actividad». Y enfatizó: «Necesitamos que la producción argentina se vuelva a tener en cuenta, porque si no afectará los niveles de empleo”.

El empleo sectorial registró una caída interanual de 3,2% y retrocedió 0,3% respecto a agosto. Sin embargo, fuentes de ADIMRA adelantaron a Ámbito que “todavía no repercutió en el desempleo” de manera completa. “Es un sector (80% pyme) que retarda todo lo posible en echar gente, están capacitados, en blanco, son de su ciudad. Hay un ‘gap’ de tiempo ahí que se sentirá más a fin de año”, plantearon.

El impacto provincial y la expectativa hacia delante

A nivel provincial, ningún distrito se salvó. Todos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en agosto. Santa Fe (-3,5%) volvió a terreno negativo tras ocho meses consecutivos de crecimiento, mostrando una marcada desaceleración.

Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%) también mostraron descensos, revirtiendo los avances del primer semestre. Buenos Aires (-6,2%) continuó con el desempeño más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, sin señales de estabilización.

Las expectativas para los próximos meses tampoco son alentadoras. El 77,5% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá, mientras que el 90,2% no proyecta aumentos en su dotación de personal e incluso anticipa reducciones.

El peligro de la apertura importadora

Desde la cámara empresarias cuestionaron la falta de “tasas para financiarse”, pero sobre todo la “apertura indiscriminada en sectores ultra competitivos, como maquinaria agrícola, que se agrava por la decisión de voltear la normativa que puso (Domingo) Cavallo en 1995 para importar maquinaria usada ”.

Maquinaria Agrícola, que había liderado el crecimiento desde comienzos de año, profundizó su desaceleración con una contracción de 4,8% interanual, confirmando el cambio de tendencia iniciado en agosto. En el resto de las categorías, Autopartes lideró las caídas con un derrumbe de 10,8%, seguido por Fundición (-9,7%) y Bienes de Capital (-3,1%). El único sector en terreno positivo fue Carrocerías y Remolques, con un avance de 5,4%.

En cuanto al uso de la capacidad instalada, el pico durante la gestión de Javier Milei se observó durante diciembre pasado, con 52,5%. Sin embargo, ese mismo mes ocurrieron dos hechos que perjudicaron al sector: el fin del impuesto PAIS, que abarató las importaciones, y la flexibilización del régimen de pequeñas compras internacionales. Desde entonces, el uso de capacidad instalada fue decreciendo hasta los niveles actuales.

“Encima, sin poder exportar con dólar planchado”, se lamentaron desde el sector metalúrgico. Las exportaciones de bienes metalúrgicos alcanzaron u$s445 millones, una caída de 6,2% respecto al mismo mes de 2024.

En agosto —último dato disponible— las importaciones de productos metalúrgicos totalizaron u$s2.281 millones, un incremento interanual de 28,4% en dólares y de 55,4% en toneladas. Por su parte, las compras al exterior crecieron a una tasa promedio de 4,8% mensual desde junio de 2024, cuando tocaron su nivel más bajo.

El auge de las importaciones de bienes de capital

Consultado por Ámbito, Del Re comentó que «en los últimos meses se observa un incremento significativo de las importaciones metalúrgicas generalizado, siendo maquinaria y equipos, productos eléctricos y otros bienes intermedios» las principales categorías. Sobre este punto, comentó que «la mayor parte de estas importaciones proviene de países como China y Brasil, lo que genera un fuerte impacto para la producción local».

Los datos oficiales respaldan eso. De acuerdo a los datos del Ministerio de Economía, durante el tercer trimestre de 2025 las importaciones de bienes de capital productivo (BKP) alcanzaron los u$s3.483 millones. Se trata de un crecimiento interanual del 77,2% y de 42,9% contra el mismo trimestre de 2023. Al segmentar el valor importado, el rubro asociado al transporte lideró la demanda con un 43% de participación, seguido por los BKP de uso específico (34%) y, por último, los BKP de uso general (23%).

“A nivel de producto se destacaron las importaciones de aviones y demás vehículos aéreos, vehículos automóviles para el transporte de mercancías, tractores, topadoras y excavadoras e instrumental y aparatos de medicina y cirugía”, explicó el informe realizado por la secretaría de política económica.

El Mercosur, principalmente por la industria brasileña, se consolidó como el principal proveedor de las compras totales, con una participación del 28% del valor total, motorizado por su alta participación en los BKP asociados al transporte, que representó 47% del total.

Por su parte, para las categorías de uso específico y uso general, el principal origen fue China, con 40% y 35%, del total, respectivamente. “Este modelo de libre mercado te lleva a China. En este momento ya están todos (los empresarios) comprando en la feria de Cantón”, reconoció a este medio una fuente con fluidos contactos con empresas importadoras.

Mientras, un importante ejecutivo desestimó que la situación actual se trate de un “boom” de importaciones. “Es simplemente una sensación por el exceso de oferta y variedad que tenemos en la góndola y que hace veinte años no tenemos”. Sobre este punto, consideró que se trata de “un efecto que el gobierno estuvo buscando para que el precio se desplome”.

La crisis post-cierre de listas arrecia en Unión por la Patria, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, recién ungido como precandidato a la vicepresidencia ya convocó a una reunión con todos los ministros. Pero algunas de las figuras más relevantes del Gobierno, en el contexto de conflicto interno, todavía no confirmaron su asistencia. Sí estarán el flamante precandidato presidencial, Sergio Massa y el presidente Alberto Fernández.

Su par de Interior, Eduardo Wado de Pedro; que debió darse de baja de la contienda por el premio mayor un día después de lanzarse, aún no dijo si irá. Y desde el entorno de la líder de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, postulante a un asiento en Diputados que viene de defenderse, públicamente, de los dardos de Cristina Kirchner, dijeron que lo tiene en agenda.

Sí estará sentado a la mesa el canciller Santiago Cafiero, mano derecha del jefe de Estado y uno de los protagonistas de las trifulcas de los últimos días. Primero, por la resistencia del kirchnerismo a que integre las listas (al final ocupó el cuarto lugar). Y, después, por las versiones sobre el malestar del otro gran damnificado por el resultado de las negociaciones sobre las nóminas, Daniel Scioli, que se mantiene en silencio después de verse forzado a abandonar la carrera por el sillón de Rivadavia.

La cita está pautada para mañana a las 10, en la Casa Rosada. Y en los entornos de varios de los ministros, como el de Obra Pública, Gabriel Katopodis; el de Turismo, Matías Lammens; y el de Vivienda, Santiago Maggiotti, adelantaron que estarán. Pero algunos de los funcionarios que también son precandidatos nacionales aún no dieron el presente definitivo.

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La reunión del Gabinete, cuatro días días después de la presentación de candidatas, podría servir para amalgamar posiciones en el oficialismo; pero también para cristalizar la profundización de las divisiones que se evidenció durante las ultimas 48 horas. Es decir, en en el arranque extra oficial de la campaña para las PASO, cuando el frente UP se ve compelido a unificarse en los hechos para fortalecerse en la pelea contra la oposición, pero se encamina en la dirección exactamente contraria, con fuertes cruces entre los representantes de los distintos espacios.

El Gobierno del Frente de Todos no se caracterizó nunca por realizar reuniones de Gabinete de manera metódica. Cafiero, Juan Manzur y el propio Rossi imprimieron mecánicas de funcionamiento diferentes, que a su vez fueron variando según el momento político. Hasta ahora, fueron contados los encuentros de ministros que convocó el ex titular de Defensa, que asumió el rol en febrero, cuando el gobernador de Tucumán regresó a su provincia para ocuparse de la campaña local. En general, prefiere las reuniones bilaterales. Pero mañana será una jornada excepcional.

Los ministros se verán las caras 24 horas después de la escalada en el enfrentamiento entre Tolosa Paz, la dirigente con mayor exposición del espacio “moderado”, y Cristina Kirchner, que la cuestionó ayer públicamente por intentar avanzar con un armado propio en la Provincia contra Axel Kicillof. Además, aún están abiertas aún las heridas en el kirchnerismo camporista y cristinista por el revés que tuvo “Wado”, el ministro del Interior y candidato k que se presentó el jueves para competir por la Presidencia y fue relegado a la disputa legislativa a partir del nombramiento de Massa.

De Pedro, que está recalculando el tono de su campaña y su posicionamiento político, todavía no dijo si pondrá la cara mañana en el encuentro con sus pares del Gobierno, mientras la desconfianza en el mundo k está a flor de piel frente al titular de Hacienda, Massa, que fue nombrado como líder de la unidad, pero no termina de convencer a los mandos medios de ese sector de Unión por la Patria.

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Los reproches también complican a la tropa de Alberto Fernández, luego de que trascendiera el enojo del embajador en Brasil, Scioli, que no sólo fue dado de baja en la contienda por la Presidencia, sino que tampoco le dieron el lugar que supuestamente le ofrecía el kirchnerismo en la lista de Diputados. El canciller aclaró que “no hubo traición”. Pero el ex motonauta aún no dio su versión de las negociaciones.

En este escenario, el kirchnerismo especula con la posibilidad de contener a los desilusionados propios bajo el liderazgo del referente social Juan Grabois, que resiste abiertamente la candidatura de Massa, pero luego, hacia las Generales, podría volcarse por Massa con el argumento de evitar el mal peor que, lo dirán las urnas, será alguno de los candidatos de Juntos por el Cambio o Javier Milei, de La Libertad Avanza.

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