Iniciará acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional, luego de que el Gobierno promulgara la norma pero suspendiera su aplicación por decreto

22/10/2025 – 14:35hs

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional, luego de que el Gobierno promulgara la Ley de Financiamiento Universitario pero suspendiera su aplicación por decreto.

La decisión se produce tras la publicación del Decreto 759/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei ordenó promulgar la Ley 27.795, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso determine de qué partidas presupuestarias se financiará su implementación. El Ejecutivo se amparó en el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que toda norma que implique erogaciones debe prever expresamente su fuente de financiamiento.

Reclamo por el cumplimiento efectivo de la ley

La UBA anunció que acudirá a la Justicia con el objetivo de que se garantice la asignación de los recursos previstos por la ley y el cumplimiento pleno de sus disposiciones. En su resolución, el Consejo Superior sostuvo que el decreto presidencial «altera el sistema republicano de frenos y contrapesos consagrado en la Constitución Nacional y vulnera la voluntad soberana del Congreso», que había insistido en la aprobación de la norma tras el veto presidencial.

Asimismo, la universidad advirtió que la suspensión de la ley «afecta derechos constitucionales vinculados al sistema universitario público», impidiendo que las instituciones accedan al financiamiento y a la recomposición salarial contemplados por la normativa.

Una ley clave para el sistema universitario

La Ley de Financiamiento Universitario establece un esquema integral de recursos para las universidades nacionales, con el objetivo de garantizar su sostenimiento y el pago de salarios actualizados para docentes y trabajadores no docentes. También prevé fondos para becas estudiantiles, programas de investigación, infraestructura y tecnología, así como la actualización automática de los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con estimaciones oficiales, la implementación de la ley demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026.

«Una crisis presupuestaria sin precedentes»

En un comunicado posterior, la UBA denunció que el sistema universitario atraviesa «una crisis presupuestaria sin precedentes», agravada por la falta de actualización de los fondos y la pérdida de poder adquisitivo del personal.

Según la institución, la prórroga del Presupuesto 2023 quedó «rápidamente desfasada frente a la inflación», lo que provocó que en 2024 los salarios docentes y no docentes perdieran más del 40% de su poder de compra. En lo que va de 2025, agregaron, los aumentos salariales fueron muy inferiores a la inflación medida por el INDEC, profundizando el deterioro de los ingresos del sector.

La casa de estudios recordó que la ley vetada y luego promulgada por insistencia del Congreso tiene por objetivo «garantizar la continuidad y el fortalecimiento del sistema universitario público en todo el país», por lo que su suspensión «solo agrava la crisis institucional y económica que enfrentan las universidades nacionales».

El Consejo Superior de la UBA destacó que el financiamiento adecuado no solo es esencial para pagar salarios y mantener la infraestructura, sino también para sostener la investigación, la formación académica y las carreras estratégicas que el país necesita para su desarrollo.

«La no ejecución de esta ley constituye un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina«, concluyó la resolución.