En el marco del evento Argentina Week 2026, que se realizará entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York, el Gobierno aprovechará uno de los paneles principales para darle visibilidad internacional al proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. La exposición estará a cargo de Alejandro Núñez, presidente de Trenes Argentinos Cargas, quien contará con 15 minutos en el escenario para presentar el proyecto ante inversores, bancos y organismos multilaterales.

Según fuentes cercanas al Gobierno, el objetivo no será buscar oferentes directamente en ese ámbito, que tiene más de 300 invitados, sino “darle visibilidad al proyecto” y, en paralelo, avanzar en conversaciones con organismos de financiamiento internacional.

“Argentina ha hecho las cosas muy bien en términos económicos y estructurales, pero todavía no tiene muchos proyectos concretos para un público inversor internacional. Uno de los pocos que sí existen es la privatización de Belgrano Cargas”, señaló un entendido de la materia.

En ese marco, el Gobierno mantiene conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Financiera Internacional -brazo financiero del Banco Mundial- y la agencia federal Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. Además, en Nueva York estarán presentes bancos internacionales.

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El financiamiento internacional buscaría rubricar la inversión de los futuros actores privados que tomen la concesión de la empresa. “Cada entidad privada presenta su propio modelo de negocio y se lo presenta a la institución financiera, que definirá monto a prestar, tasa y plazo”, explica la fuente en diálogo con Ámbito.

En paralelo, el equipo oficial organizará otro evento en el Consulado Argentino en Nueva York, con capacidad para 40 o 50 personas, orientado a cuadros técnicos de entidades financieras y analistas especializados.

“Argentina Week es un evento de muy alto rango; pero solo habrá 20 minutos para contar y darle visibilidad al proyecto. En el consulado es donde realmente habrá un intercambio más técnico”, entiende una fuente que tendrá participación especial en el evento.

El consorcio de cerealeras espera los pliegos para fines de marzo

La privatización contempla una inversión mínima obligatoria en vías cercana a los u$s800 millones entre los tres ramales, el Belgrano, el San Martín y el Urquiza. ¿Cuánto podrá conseguir el Gobierno de inversores internacionales? Aspira a obtener entre el 50% y el 70% del financiamiento de capital.

Los pliegos, según confirmaron, están terminados del lado técnico y atraviesan la etapa de revisión final. “Seguramente esté listo para publicarse a fines de marzo”, comentan a este medio. El objetivo es finalizar el proceso este año. “Tenemos que terminar el año con esto entregado al sector privado”, concluyeron.

En ese sentido, el presidente Javier Milei señaló en su discurso de la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso: “En un año tendremos toda la red experimentando su modernización más grande en más de un siglo”.

El modelo prevé fuertes inversiones durante los primeros seis años y una reducción progresiva de costos logísticos. El objetivo es que el tren pase de transportar del 5% al 20% de la carga en pocos años, con los ferrocarriles concentrados en trayectos cortos entre pueblos y estaciones ferroviarias.

La expectativa privada también incluye, en el mediano plazo, sumar el transporte de minerales como cobre, plata y litio del norte argentino.

Por el potencial del proyecto, y tras el cambio en el diseño original de la licitación para la habilitación de ofertas integrales por activos y operación, las grandes cerealeras no tardaron en aparecer para disputar la concesión de la empresa. Así, constituyeron legalmente el Consorcio Pro-Ferrocarril Belgrano, integrado por: Aceitera General Deheza (AGD), vocera del grupo, Dreyfus, Cargill, Asociación de Cooperativas Argentinas y Bunge, recientemente fusionada con Viterra.

Entre las cinco empresas representan el 85% de la carga actual del Belgrano Cargas, cuyo principal producto son cereales y oleaginosas con destino a los puertos del Gran Rosario.

El planteo del consorcio es directo: si concentran la carga y pueden incrementarla mediante inversión en vías y logística -incluidas estaciones- competirán por la concesión, considerando al Belgrano Cargas estratégico para mejorar competitividad internacional.

Actualmente, según remarcan, el costo por tonelada de un camión que traslada maíz desde Salta a Rosario es más caro que enviar esa tonelada por barco desde Rosario a Vietnam.

El grupo ya confirmó que competirá y se encuentra a la espera de la última versión del pliego.

El peso del acuerdo EEUU–Argentina en la presentación del proyecto

Una fuente vinculada al sector agroexportador plantea una explicación más profunda respecto de la presentación del plan de privatización en New York: el proyecto aterriza en territorio norteamericano en el marco de la acuerdo comercial firmado con Estados Unidos. “No me extrañaría que los pliegos pasen por Washington”, analiza.

En ese acuerdo aparecen referencias a la participación de empresas estadounidenses para la inversión en sectores estratégicos e importación por parte de Argentina de bienes de capital usados, vehículos y partes.

Los puntos mencionados en el acuerdo son los siguientes:

• Argentina facilitará la inversión de empresas estadounidenses en sectores estratégicos, incluyendo: minerales críticos, energía (incluyendo hidrocarburos, energías renovables e infraestructura asociada) e infraestructura logística vinculada a exportaciones energéticas.
• Argentina otorgará trato no menos favorable que el otorgado a inversionistas nacionales o de terceros países, sujeto a su legislación interna.
• Las partes cooperarán para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas.

Y detalló una serie de compromisos específicos:

• Bienes Usados y Remanufacturados: Argentina, respecto de su prohibición de importación de bienes usados, eximirá bienes de capital adicionales, incluidos equipos de construcción, agrícolas y mineros y dispositivos médicos, mediante la modificación de la normativa relacionada con el Decreto 273/2025, y continuará trabajando con los Estados Unidos para ampliar el acceso al mercado para bienes remanufacturados.
• Vehículos Automotores y Partes: Argentina aceptará, conforme a sus leyes y reglamentos, vehículos y partes fabricados conforme a las Normas Federales de Seguridad Vehicular de EE.UU. (FMVSS) y estándares de emisiones de EE.UU., y vendidos en Estados Unidos, aceptando los procedimientos de cumplimiento estadounidenses sin requisitos adicionales de conformidad.

Según la fuente consultada, el Gobierno buscaría encuadrar la presentación de la privatización de Belgrano Cargas dentro de este esquema de infraestructura estratégica, junto con Urquiza, San Martín y Ferrosur (que conecta Vaca Muerta con Bahía Blanca). “El Gobierno está bastante urgido de lograr que esto salgan rápido por el famoso tema dólares”, afirmó.

Luis Caputo, ministro de Economía, señaló en recientes declaraciones que se avanzará en la privatización o concesión de empresas como AySA, Intercargo y Belgrano Cargas, y la venta de acciones de Transener. “Van a estar todas traccionando a partir de junio de este año” y “va a dar buen impulso a la economía”, aseguró.

Sin embargo, el cronograma tentativo que se analiza en el consorcio contempla la apertura de sobres y la revisión técnica entre agosto y octubre, con eventual adjudicación en noviembre. “Los dólares que lleguen quizás no se vean en 2026”, dijo una de las fuentes.

4 de febrero 2026 – 17:40

En medio de la polémica por la intromisión del Gobierno en el dato de IPC, también hay expectativa sobre qué pasará con los cambios planificados para el informe del mercado de trabajo.

La autarquía del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) quedó en el ojo de la tormenta a raíz de la renuncia de su titular Marco Lavagna, luego de que el Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo no aprobara el debut del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), que finalmente no se hará efectivo con el dato de inflación de enero tal como se esperaba. En su mensaje de despedida, el ahora exfuncionario resaltó que “quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso”, entre los que se destacan la modificación de las estadísticas de empleo para incluir los trabajos en plataformas.

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A casi 20 años de la intervención de Guillermo Moreno en el organismo, el Gobierno actual suma otro capítulo de intromisión de la política en las estadísticas públicas. En este caso, una variable tan sensible como la inflación, que se utiliza para medir el PBI, así como para actualizar contratos salariales y de alquileres, entre otras aplicaciones, no se va a modificar en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2018/18, sino que se seguirá midiendo en base a los patrones de consumo de 2003/2004. “El IPC va a cambiar cuando la inflación sea cero”, aseguró el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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En lugar de Marco Lavagna, quien estuvo al frente del Instituto durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y fue ratificado por Javier Milei, se confirmó al técnico Pedro Lines -titular de la Dirección Técnica del instituto estadístico y número dos de Lavagna hasta el lunes- que semanas atrás estaba buscando trabajo vía LinkedIn por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Por suerte para el Gobierno, hasta este lunes nadie le ofreció un puesto de trabajo que le cierre en México, EEUU, Asia o Europa, que eran lugares donde buscaba nuevas oportunidades.

Cambios clave en las estadísticas del mercado de trabajo

Según pudo saber Ámbito, si bien el problema principal continúa siendo el aplazo de la puesta en marcha del nuevo IPC y el debilitamiento de la independencia del organismo que ello conlleva, Lavagna también estaba dando una discusión clave sobre el empleo en plataformas y la forma en la que se miden estos indicadores para reflejar de una forma más certera el funcionamiento del mercado laboral.

Uno de los problemas básicos es que los trabajadores de plataformas no tienen una categoría propia dentro de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Por ejemplo, Uber está dentro de la sección de transporte, pero no todos los trabajadores de esta pertenecen a plataformas. De igual manera, no todos los empleados de Rappi o PedidosYa están encuadrados en la división de repartos. Esto genera una dificultad para medir su influencia en los cambios de la estructura laboral argentina.

En esa línea, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que el mercado de trabajo está en constante evolución, impulsados por la digitalización y la globalización. Para mantenerse al día con los cambios, propone adaptar las estadísticas laborales para así ofrecer a los responsables de política pública información confiable y basada en evidencia sobre cómo está transformándose el trabajo.

El caso más destacado es el de Chile, donde hicieron una estadística experimental y tienen una definición amplia de plataformas, que incluyen diferentes tipos de plataformas, incluyendo servicios de comercialización. Pero otros países pueden tener otra definición más restringida para plataformas que sirven como intermediación dentro de una actividad laboral.

Al tener un fácil acceso, el trabajo en plataformas funciona en muchos casos como actividad de refugio o como segunda ocupación para complementar ingreso, pese a que también es la opción principal de muchos trabajadores. La medición dependerá de la definición propia de trabajo en plataformas, ya que hay muchas características que no son muy sencillas de segmentarlas, entre ellas la relevancia de la ocupación, ingresos, horas trabajadas y demás.

Una radiografía del mercado laboral actual muestra que si bien el desempleo se mantiene relativamente estable (6,9% en el 3° trimestre 2024 vs. 6,6% en el 3° trimestre 2025); aunque el gran problema está en los ingresos que en empleos registrados sufrieron una pérdida de poder adquisitivo del 20,3%, según la medición de Ámbito, en base a datos del INDEC. Asimismo, existe un gran problema de informalidad laboral que se ubicó en el 43,2% en el segundo trimestre de 2025, según datos oficiales de organismo de estadísticas.

El índice S&P Merval de la bolsa porteña arrancó la semana en rojo tras marcar en los cinco días previos una caída de superior al 5%, la baja semanal más pronunciada en cuatro meses. Ocurrió en una rueda de bajo movimiento y sin la referencia de Wall Street por tratarse de un día feriado en los Estados Unidos. Por esta razón, los ADRs y los bonos soberanos no cotizaron en Nueva York.

El índice líder accionario de la bolsa local cedió 0,7% en pesos, hasta los 2.912.976,29 puntos, y 0,2% en dólares hasta los 1.925,77 puntos, mínimos en casi dos meses. En lo que va del año, el panel líder acumula una baja del 4% en moneda dura.

De este modo, anotó su quinto retroceso en las últimas seis jornadas. Los papeles que más cayeron fueron los de Banco Macro (-3%), banco BBVA (-2,4%), y Metrogas (-1,8%).

La bolsa porteña viene de tener su peor semana en cuatro meses en la que el S&P Merval se hundió 5,1%. En cambio, los bonos tuvieron una mejor performance que llevó al riesgo país a tener una leve baja semanal hasta los 564 puntos básicos en medio de las compras de reservas del Banco Central, una medida que era largamente reclamada por el mercado.

“El Merval en dólares opera cerca del piso de su rango lateral reciente, pero sin catalizadores inmediatos que habiliten un cambio de régimen”, estimó Delphos investment.

En esa línea, la consultora agregó que “no obstante, la estabilidad macro financiera local limita los riesgos de una corrección profunda. Dentro de este marco, se observa una rotación sectorial hacia bancos y activos rezagados, en detrimento de sectores previamente ganadores”.

En el frente local, el presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional para febrero, con la agenda de temas dispuesta por el Poder Ejecutivo, que incluye la reforma laboral, el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial; el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y la designación como embajador de Fernando Iglesias.

Mercado globales, bajo tensión

Con Wall Street cerrado por la festividad de Martin Luther King Jr. Day, las acciones europeas operaron en baja este lunes, con caídas de hasta 1,3% en sus principales índices, en un contexto de mayor tensión comercial y geopolítica.

La cautela de los inversores se intensificó luego de que Donald Trump advirtiera sobre la posibilidad de imponer nuevos aranceles a los países que se opongan a su plan de avanzar en la adquisición de Groenlandia, una declaración que volvió a encender alertas en los mercados internacionales.

Trump dijo durante el fin de semana que impondría un arancel adicional del 10% a partir del 1° de febrero sobre bienes procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Holanda, Finlandia y Gran Bretaña, aumentando al 25% en junio si no se llega a un acuerdo que permita a EEUU obtener el control de Groenlandia, un territorio semiautónomo que forma parte de Dinamarca.

El Ejército Argentino informó este sábado la muerte de otro de sus soldados, hallado sin vida en su vivienda del partido bonaerense de Quilmes, un episodio que recuerda los fallecimientos ocurridos dentro de las Fuerzas Armadas el pasado diciembre. El hecho ocurrió durante la medianoche del 16 de enero y es investigado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Según precisó la fuerza, la persona fallecida pertenecía al Centro Recreativo del Ejército “Héroes de Malvinas” y fueron sus familiares quienes notificaron lo ocurrido a las autoridades. Desde entonces, se activaron los protocolos correspondientes y se dio intervención a la Justicia para determinar las circunstancias de la muerte.

A través de un comunicado oficial difundido este sábado, la Secretaría General del Ejército Argentino expresó su pesar por el hecho. “El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, señalaron desde la institución.

Muerte del soldado en Olivos: llevaba cinco meses de servicio y por qué el puesto donde ocurrió el disparo es clave

Una secuencia de muertes que encendió alertas en las Fuerzas Armadas

La serie de episodios comenzó hace un mes, el pasado 16 de diciembre, en la Residencia Presidencial de Olivos, donde el efectivo Rodrigo Andrés Gómez fue hallado sin vida en un puesto interno. Tras la activación inmediata de los protocolos correspondientes, personal médico constató el fallecimiento y la investigación quedó a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, responsable de las pericias.

En ese caso, desde Casa Rosada se informó que el joven se encontraba cumpliendo tareas de seguridad y que toda comunicación oficial vinculada al hecho sería realizada exclusivamente por la autoridad judicial interviniente, mientras se avanzaba con las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.

Ese mismo martes, el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, fue encontrado ahorcado con una sábana por el propietario de la casa que alquilaba en el barrio Centenario de Santiago del Estero.

Un día después, el 17 de diciembre, en la provincia de Corrientes, el suboficial principal Juan Pereira fue encontrado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros. El militar, de aproximadamente 50 años y con más de 28 años de servicio, fue hallado durante la madrugada por sus propios compañeros.

En ese episodio intervino Gendarmería Nacional y la causa quedó en manos del Juzgado Federal de Curuzú Cuatiá, a través de la fiscalía de Monte Caseros. Si bien las primeras hipótesis apuntaron a un posible suicidio por ahorcamiento, la carátula inicial del expediente fue “averiguación de causales de muerte”. De manera paralela, el Ejército Argentino abrió una investigación administrativa interna.

Otro de los hechos se registró el 19 de diciembre en la provincia de Mendoza, donde murió Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario del Ejército Argentino que revistaba en el Liceo Militar General Espejo. El deceso tuvo características violentas, ya que el joven se disparó con un arma que, según la información difundida en ese momento, pertenecía a su padre, personal del Servicio Penitenciario.

Javier Milei rompió el silencio sobre la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

Lima se encontraba con licencia psiquiátrica vigente desde hacía un mes y medio, con renovaciones quincenales, y al momento del hecho no estaba cumpliendo funciones ni se encontraba dentro de instalaciones militares. La Policía Científica de Mendoza realizó las pericias y la Oficina Fiscal N.º 1 de Las Heras quedó a cargo de la investigación.

Ese mismo 19 de diciembre, la pareja del soldado, R. G., también soldado voluntaria, denunció situaciones de violencia ante el punto focal de género del instituto. Según fuentes militares, se activaron los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.

En este contexto, el ministro de Defensa, Carlos Presti, impulsó un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación para fortalecer la atención de estas problemáticas dentro de las Fuerzas Armadas. Entre las medidas adoptadas, se instruyó al Estado Mayor Conjunto para distribuir a todo el personal civil y militar un material audiovisual elaborado por especialistas en salud mental, con el objetivo de brindar herramientas para identificar y gestionar situaciones potencialmente graves.

RV/DCQ

Continúan las repercusiones positivas luego de que se conozca que el Consejo de la Unión Europea (UE) apruebe el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que se terminará de firmar el próximo sábado. En ese sentido, desde el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) destacaron que la “integración al comercio global es un factor central para impulsar el crecimiento económico sostenido, la generación de empleo de calidad y el desarrollo social”.

Las definiciones fueron realizadas por Bettina Bulgheroni, titular de la organización, quien entendió que el acuerdo “consolida una oportunidad estratégica para la Argentina y para la región” y remarcó que “permite avanzar en una inserción internacional más inteligente, ampliar el acceso a mercados y crear un marco de reglas claras que incentive la inversión productiva”. Otros puntos positivos señalados por la empresaria fue la dinamización del intercambio de bienes y servicios, la integración a cadenas de valor globales y la promoción de estándares más altos en materia de producción, innovación y sustentabilidad.

El CICyP nuclea a grandes cámaras empresariales, como la Sociedad Rural (SRA), la Unión Industrial (UIA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, los bancos y las cámaras de Comercio y Construcción. Previamente, se conoció otra definición de otra influyente asociación nacional: la del Grupo del G6, que expresó su “satisfacción por la aprobación” del acuerdo, y consideró que constituye “un paso más hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques”.

El pacto, que se terminará de rubricar el 17 de enero en la ciudad paraguaya de Asunción -dado que ejerce la presidencia pro témpore del Mercosur-, representa la creación de la zona de intercambio comercial más grande del mundo, alcanzando más de 720 millones de consumidores potenciales e involucrando mercados por más de u$s22 billones.

D Javier Milei Cumbre Mercosur

Las diez claves del acuerdo entre Mercosur y la UE

Estos son los puntos más importantes del histórico acuerdo, según INAI:

Dimensión del mercado europeo

La UE es la tercera economía mundial, con 450 millones de habitantes y un PBI per cápita de u$s43.000. En 2024 importó unos u$s220.000 millones en productos agroindustriales, de los cuales la Argentina solo aportó el 3%.

Acceso preferencial y competitividad

El acuerdo otorga condiciones arancelarias y no arancelarias preferenciales, equiparando al Mercosur con competidores como Canadá, México, Chile, Colombia y Ucrania.

Impacto estratégico

Actúa como ancla de estabilidad para políticas nacionales y moderniza el marco regulatorio del Mercosur, facilitando futuras negociaciones comerciales.

Beneficios arancelarios

La UE eliminará aranceles para el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur: 84% con eliminación total y 15,5% con cuotas o preferencias parciales.

Eliminación inmediata de aranceles (70% de exportaciones)

Incluye: pesca (merluza, vieiras, calamares), porotos y harina de soja, maní, frutas (manzanas, peras, uvas), frutos secos, aceites vegetales industriales, despojos bovinos/porcinos/ovinos, menudencias, grasas y semen bovino.

Eliminación gradual (4 a 10 años, 14% de exportaciones)

Productos como: harina de maíz, aceites vegetales, preparaciones alimenticias, cítricos (limones, naranjas), frutillas, manteca, biodiésel, hortalizas, mermeladas, arroz partido, alimentos para mascotas, conservas de pescado, golosinas y vinos.

Productos con cuotas (15,5% de exportaciones)

Entre los productos están la carne bovina (100.000 tn), aviar (180.000 tn), porcina (25.000 tn), maíz/sorgo (1 millón tn), leche en polvo (10.000 tn), quesos (30.000 tn), etanol (650.000 tn), entre otros. Las cuotas son para todo el Mercosur y requieren mecanismos internos de distribución.

Incentivo a la ratificación

El primer país del Mercosur en ratificar podrá usar el 100% de la cuota UE hasta que los demás se sumen.

Licencias y restricciones

Se prohíben regímenes discrecionales (como DJAI o ROEs). Las licencias deberán ser automáticas, neutrales y transparentes. No se podrán aplicar prohibiciones cuantitativas, salvo excepciones del GATT.

Derechos de Exportación (DEX)

La Argentina eliminará DEX a la UE desde el tercer año. Excepciones: soja, hidrocarburos, corcho, papel y chatarra. Para soja, el tope 18% desde el año cinco, bajando linealmente hasta 14% en el año 10. Solo podrán restablecerse DEX en circunstancias fiscales excepcionales.

La modificación en el esquema de bandas llega luego de que durante las últimas jornadas del 2025 el tipo de cambio oficial mostrará un aumento en la volatilidad.

En el inicio de 2026, y el primer día del nuevo esquema de bandas cambiarias el dólar oficial anotó su mayor alza diaria en seis semanas. Con la reciente modificación, el Gobierno aspira a acumular reservas, uno de los reclamos más importantes del mercado y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto de un renovado aumento de la demanda.

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De esta manera, el dólar oficial mayorista cerró la primera rueda del año con una cotización de $1.475 un avance de $20 (+1,4%) en la primera rueda de 2026. Con una tendencia similar, el dólar minorista que se vende en el Banco Nación finalizó a $1.495, un aumento de $15.

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“Dejaron correr un poco más el precio, pero al momento no se ven las modificaciones del esquema cambiario que teóricamente corrían a partir de enero: al BCRA no se lo vio comprando si no vendiendo por cuenta y orden del Tesoro, al igual que venía anteriormente”, señaló una fuente del mercado.

En el caso de los dólares financieros, el dólar MEP arranca el año en $1.502,39, un salto de 1,5%, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se vende a $1.541,46, un aumento de 1,1%. Por su parte, el dólar blue se mantiene a $1.530, mientras que el dólar cripto lo hace a $1.537,67, según Bitso.

En el mercado de futuros, las primeras operaciones comenzaron bajistas, pero con el correr del día se dieron vuelta en todos los tramos y cerraron con alzas en todos los plazos. Para fin de mes, se espera un dólar mayorista a $1.514,50, mientras que para junio cotizó a $1.703.

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Debutan las nuevas bandas: los desafíos por delante

Con el arranque del nuevo esquema cambiario, entre los economistas consultados por Ámbito hay dudas sobre si eso traería aparejado un alivio sobre el tipo de cambio durante enero, no solo por el aumento de la demanda que se observó desde mediados de diciembre, sino también por las potenciales compras del Gobierno, que anunció que a partir del 2026 aceleraría la acumulación de reservas (algo que este viernes no hizo).

Se trata de un elemento clave que ayudó a que el riesgo país perforara los 600 puntos a mediados del mes pasado, en el marco del pago a los bonistas este mes, cuando el equipo económico deberá desembolsar aproximadamente unos u$s4.300 millones el 9 de enero. Si bien el gobierno de Javier Milei ratificó que dispone de los medios para asegurar el pago, aún no confirmó bajo qué instrumentos lo realizaría.

A eso se le debe sumar un par de instancias no menores por su impacto en el corto plazo sobre el tipo de cambio: a partir de este jueves 1 de enero quedaron liberados más de u$s20.000 millones del blanqueo de capitales de 2024, mientras que en el correr del año se abrirá una ventana a las empresas para poder girar utilidades correspondientes a los balances cerrados en 2025.

Por otro lado, resta ver qué repercusión tendrá sobre el dólar el cese de la restricción del giro de utilidades de las compañías que cuenten con los balances del pasado año auditados. De todas maneras, las ganancias acumuladas entre los 2019 y 2024 seguirán encausadas a través de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).

Luego de dos años con los haberes del Poder Ejecutivo sin modificaciones, el presidente Javier Milei firmaría este martes un decreto para recomponer los salarios de la planta jerárquica del Estado. La medida, que se publicaría en el Boletín Oficial el próximo 2 de enero, abarcará al Presidente, la Vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios.

Según explicaron en Casa Rosada, la decisión se apoya en la fuerte pérdida del poder adquisitivo que sufrió ese segmento desde el inicio de la gestión libertaria, estimada en torno al 60%, y en la necesidad de sostener y retener cuadros técnicos frente a la creciente brecha con los ingresos del sector privado. La información fue confirmada por fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

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Desde el entorno presidencial aclararon que la recomposición no implicará un trato diferencial respecto del resto de la administración pública. “No habrá un esquema distinto al que percibieron los empleados estatales bajo la paritaria nacional”, señalaron, en referencia al acuerdo salarial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Hasta el momento, los salarios brutos del Ejecutivo se mantienen en torno a los 4 millones de pesos para el Presidente, 3,58 millones para los ministros y 2,8 millones para los subsecretarios. En el oficialismo reconocen que esos montos quedaron desfasados frente a otros poderes del Estado: actualmente, un senador percibe alrededor de 9,5 millones de pesos.

El verdadero Milei

El Gobierno sostiene que el congelamiento salarial complicó el armado y la continuidad de equipos estratégicos, ya que profesionales de áreas clave rechazaron asumir cargos por considerar insuficiente la remuneración en comparación con la oferta del sector privado. Esa dificultad, admiten en Balcarce 50, impactó en la gestión cotidiana y en la ejecución de políticas públicas.

El decreto fue trabajado en las últimas semanas por la mesa chica del Ejecutivo, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Federico Sturzenegger; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según trascendió, la iniciativa buscó equilibrar la necesidad de recomponer ingresos sin desalinearse del discurso de austeridad que el Gobierno sostiene desde su llegada al poder.

La decisión se formalizará una vez superado el calendario electoral de octubre y responde al compromiso que Milei había asumido con su gabinete de revisar la situación salarial a partir de enero de 2026, tras un período de ajuste y congelamiento como parte de su programa económico.

GD / EM

El exministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, sostuvo que “ningún libro explica con tanta honestidad a este gobierno” al referirse a “Defendiendo lo indefendible”, el libro de Walter Block que el presidente Javier Milei le regaló a los integrantes de su gabinete.

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“Defendiendo lo indefendible”

“Ningún otro libro explica con tanta honestidad a este gobierno. Defender usureros, explotadores, evasores y extorsionadores no es una metáfora: es el programa”, escribió el exfuncionario en su cuenta de la red social “X”.

Y luego agregó: “El Estado como enemigo, la desigualdad como libertad y la crueldad como virtud”.

“Un manual para justificar el daño que hacen. No es Navidad: es coherencia ideológica. Felices los indefendibles, sus aplaudidores y sus alcahuetes ex liberales”, ironizó Avelluto para finalizar su mensaje.

“Una encíclica del papa Francisco o El Capital de Marx”

“En realidad no deja de ser curioso hasta ahí, porque este es el pensamiento que el presidente ha expresado y no ha ocultado. Lo sorprendente hubiese sido que regalara una encíclica del papa Francisco o los tres tomos de ´El Capital´de Marx”, analizó el exministro de Mauricio Macri.

“Lo que regala refleja el programa de este gobierno, que para mí no es la economía. La economía es una parte de un programa mucho más amplio que es aquel que ellos llaman el de la batalla cultural”, agregó en declaraciones a Radio 10.

“Regalarle a un grupo de funcionarios de primer nivel un libro que lo que plantea es la inutilidad del Estado y la necesidad de su destrucción no sólo es coherente con el pensamiento del Gobierno sino que es una amenaza para los que creemos que el Estado tiene un rol importante en nuestras vidas”, recalcó.

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“Es preocupante”

“Milei, como todas estas fuerzas de extrema derecha que hoy son exitosas en muchos lugares del mundo, plantean que el mundo se ha degenerado producto de todos estos años de marxismo y el comunismo. Y ellos vienen a refundarlo, más precisamente a restaurarlo a un formato que ellos creen que tuvo pero que nunca tuvo”, interpretó Avelluto.

“Vienen a devolvernos esta idea un tanto extraña que tienen de la libertad a partir de una especie de misión mesiánica para llevarla adelante. No es curioso que haya regalado este libro a sus ministros, lo que no deja de ser es preocupante”, concluyó.

El extenso documento, compuesto por un total de 196 artículos, ingresó la semana pasada al Congreso de la Nación a través del Senado en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el oficialismo, en las que también se tratará el Presupuesto 2026, para el cual el oficialismo junta voto tras voto. Las luces estarán puestas en la discusión sobre el costo salarial, las indemnizaciones y los convenios colectivos, pero La Libertad Avanza también trabajará para que se sancione un particular punto: el 91.

En la práctica, sin poner plazos concretos, el texto que se incorporó en la antesala del envío de la iniciativa al Parlamento marca el rumbo hacia donde avanzan el Ejecutivo nacional y su par de CABA: la transferencia de una serie de competencias en materia judicial que aún le restan asumir a la jurisdicción porteña y que se encuadran dentro de la capacidad autonómica que le concedió la reforma de la Constitución de 1994.

El paso final se concretará a través de la firma de un convenio. Su redacción aún está en fase de borrador, pero considerando las coincidencias y el objetivo que persiguen ambas jurisdicciones, Nación optó por anticiparse a lo que vendrá y decidieron despejar las dudas respecto a la intención que persigue Milei sobre el futuro del fuero laboral: su traspaso a la Ciudad.

“La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, indica el artículo. Para luego remarcar: “Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”.

justicia laboral

La inclusión de la aclaratoria dentro de un proyecto de calibre como es la modernización de la legislación laboral representa una clara señal de avanzada del Ejecutivo nacional en su plan de desarticular los juzgados nacionales que actualmente fallan sobre los expedientes que se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires. En el oficialismo nacional lo ven como un signo del pasado pre-reforma constitucional, ya que el resto de las provincias cuentan con sus propios fueros, y no dudan en señalarlos como “anti empresas” y “cercanos al kirchnerismo”.

“Es muy auspicioso ese artículo, que no hace más que reflejar el compromiso de cumplir con la letra de la Constitución nacional en torno a consolidar la autonomía de la Ciudad y terminar de transferir aquellas competencias aún pendientes, entre ellas las judiciales”, planteó a Ámbito una alta fuente del Gobierno porteño.

Ciudad y Nación avanzan en el traspaso del fuero laboral

Persiguiendo la autonomía, en diciembre del 2024, la Legislatura porteña aprobó por 30 votos a favor y 28 en contra la ley 6789 que modificó la norma orgánica del Poder Judicial porteño y dio luz verde a la creación del nuevo fuero, integrado por diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y por la Cámara de Apelaciones del Trabajo, conformada por dos salas.

Desde entonces, el Consejo de la Magistratura de CABA resolvió dar inicio a la puesta en funcionamiento de la nueva instancia judicial local e instó a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público a que pusiera en marcha los concursos. Pero la reglamentación generó alarma en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que a través de una cautelar logró la suspensión preventiva de su implementación.

En paralelo a la sanción de la ley porteña, la Corte Suprema de la Nación dictó el fallo “Levinas” que habilitó al Tribunal Superior de Justicia porteño a resolver causas civiles, comerciales, laborales y penales de la justicia nacional ordinaria, en otro guiño hacia la órbita capitalina que suscitó celebraciones en los despachos de CABA y en sectores empresarios, dada la potestad que se le otorgó al TSJ para intervenir en causas sobre el mundo del trabajo en un contexto en que se acumulan juicios.

El traspaso de las competencias de la Justicia Laboral al ámbito porteño es vista con buenos ojos por el Gobierno nacional ya que también esperan recibir allí un mejor trato sobre las presentaciones que surjan como contrapartida a las modificaciones que buscan implementar sobre la legislación del trabajo. Hasta ahora, buena parte de los cambios que intentaron introducir a través del DNU 70/23 fueron suspendidos o declarados inconstitucionales. En algunos casos se dio lugar a presentaciones realizadas por las principales organizaciones gremiales como la Confederación General del Trabajo (CGT).

Por ese motivo, en abril pasado Milei autorizó la creación de una comisión, conformada por representantes del Ministerio de Justicia de la Nación y su par de CABA, para trabajar en la redacción del acuerdo. “Desde entonces estamos transitando una comisión sobre las transferencias donde estamos escuchando a todos los actores, desde representantes de la Justicia ordinaria nacional y de la Ciudad como también a asociaciones diversas”, añadió otro funcionario con despacho en Uspallata. El objetivo es avanzar prontamente en el convenio.

Desde CABA aseguran que ya están preparados para recibir las competencias. “En diciembre del año pasado pusimos en funcionamiento el fuero local de la Ciudad para conflictos individuales con prestación efectiva del trabajo en CABA y sancionamos el código de procedimiento laboral”, explicó una persona cercana al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

“Avanzamos también con los concursos para cubrir cargos que hoy están en etapa de revisión de exámenes”, añadió la misma fuente que sigue el paso a paso de las discusiones y del proceso de transferencia. Uno de los puntos que juega a favor de CABA es que las condiciones laborales que se les ofrece a los jueces son más favorables que las que tienen actualmente en el ámbito nacional.

La reacción de los jueces al traspaso del fuero laboral

Pero la AMFJN sigue firme en su rechazo al traspaso. En un comunicado reciente, firmado por su presidente Andrés Basso y al secretaria general María Carolina Ocampo, la asociación declaró su rechazo “de manera categórica” a las modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

Consideraron “inadmisibles” los artículos que impliquen “atentar contra la vida del fuero nacional citado” y, para concluir, pidieron que cualquier cambio que se introduzca se de “dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”.

El traspaso de competencias que empujan Javier Milei y Jorge Macri abre el paraguas ante la ola de juicios que puede acarrear la modificación a la Ley de Contrato de Trabajo que busca sancionar LLA en el Congreso, con apoyo del PRO. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió en las últimas horas que la norma pasará indudablemente por el filtro de la Justicia.

Se espera que, en caso de ser aprobada tal como está, las organizaciones gremiales y los trabajadores afectados acudan al Poder Judicial para que declare su inconstitucionalidad, si corresponde. Entre los puntos más polémicos vinculados a la actuación judicial en casos laborales aparece la modificación del artículo 9 sobre el principio de norma más favorable para el trabajador.

norma actual

La norma vigente indica que “Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba, en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador, cuando hubieran agotado todos los medios de investigación a su alcance y persistiera duda probatoria insuperable, valorando los principios de congruencia y defensa en juicio”.

proyecto reforma labroal

En tanto que la nueva redacción elimina el párrafo anterior, cortando con la potestad del juez de interpretar y decidir en caso de duda. Con todo, el proyecto promete extender la discusión hasta último minuto, siendo aún incierta cuál será su redacción final a la hora de ser tratado en ambas cámaras, aunque ya recibió fuertes críticas de parte de sindicatos por el efecto que tendrá sobre los convenios colectivos y los estatutos vigentes, por caso el de prensa, que propone su derogación.

El Gobierno espera contar con los votos para su aprobación antes de fin de año, para que luego sea discutido en Diputados en el período de verano. Para ello necesitará del apoyo de aliados cercanos como el PRO, que a la par de las discusiones sobre el traspaso de la Justicia laboral también presiona para que se cumpla con el pago de la deuda por la coparticipación. El apoyo a la Ley de Leyes podría quedar supeditado a si, finalmente, ambos equipos logran sellar un acuerdo.

El INDEC informó este martes que el Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 0,8% mensual en el décimo mes del año. Por lo tanto, la serie desestacionalizada tocó un piso de siete meses, y quedó un 5% por debajo del pico alcanzado desde que Javier Milei es presidente, allá por noviembre del año pasado.