La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, respondió a un usuario de la red X que la cuestionó por no intervenir ante la situación de algunos detenidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Puntualmente dijo que desde su posición en el Ejecutivo no puede accionar: «Desde la vicepresidencia no tengo herramientas legales para intervenir y Ud lo sabe«, sostuvo.

“Señora vicepresidenta Villarruel, a usted tampoco la he visto atender a esta vergüenza nacional… y era su tema antes de entrar a la política”, escribió el usuario Juan Martín Perkins, junto con un recorte de un carte de lectores publicada en La Nación por Ana Maggi de Barreiro, esposa del militar Ernesto Barreiro, un represor confeso condenado por la Justicia, cuya detención provocó el levantamiento carapintada de 1987.

En la carta, la esposa del militar apunta al gobierno de Javier Milei por lo que considera un desiinterés sobre los represores que están presos a quienes califica como «las víctimas del terrorismo de estado judicial del siglo XXI».

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Ante el planteo del usuario que reposteó la carta, Villarruel respondió: “Mi tema, como Ud. le dice, eran las víctimas del terrorismo. No ejercí defensa legal en ninguna causa de lesa ni patrociné uniformados”.

En el mismo mensaje, la vicepresidenta aclaró que, pese a no haber ejercido la defensa de militares en causas por delitos de lesa humanidad, cuestionó en distintas oportunidades el desarrollo de esos procesos.

“Sin embargo, resalté en diversas oportunidades las violaciones a los DDHH que se cometían en estos juicios”, afirmó específicamente Villarruel.

Victoria Villarruel, que además preside el Senado de la Nación, se transformó en una figura pública por sus intervenciones a favor del accionar de los militares que participaron del Terrorismo de Estado durante la dictadura iniciada en 1976. Políticamente se distanció del presidente Javier Milei muy poco tiempo después de la asunción y hoy busca un perfil de candidata dentro del ala derecha del campo nacionalista.

En desarrollo…

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Los principales puertos del país permanecen paralizados luego de que el Gobierno nacional desregulara el servicio de practicaje y pilotaje mediante el Decreto 690/2026. Como respuesta a la medida, gran parte de los prácticos dejaron de aceptar nuevos servicios en rechazo a la norma impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según fuentes de la agroindustria, más de 150 buques permanecen detenidos a la espera de poder ingresar o salir de los puertos. «Los barcos están parados porque requieren la asistencia del práctico para moverse«, resumió una fuente ligada al negocio de la agroexportación.

En ese contexto, desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) señalaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas se encuentran momentáneamente interrumpidas debido a la «indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan», una situación que, advirtieron, podría generar dificultades de abastecimiento por inconvenientes en el transporte.

La interrupción alcanza las operaciones en los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, desde donde se desarrolla buena parte de la distribución de combustibles hacia todo el país. La situación también afecta a Caleta Córdova (Chubut), un punto clave para el traslado de petróleo crudo hacia las distintas refinerías.

Desde la entidad agregaron que trabajan junto con las empresas afectadas y las autoridades competentes para encontrar una solución que permita restablecer el normal funcionamiento de los puertos.

El conflicto por el cese de actividades

Ante este escenario, la Prefectura Naval Argentina comenzó a distribuir intimaciones individuales a los profesionales habilitados para que retomen de manera inmediata la prestación del servicio. El organismo advirtió que el practicaje constituye un servicio público regulado por la Ley de Navegación y que la interrupción de esa actividad podría derivar en denuncias penales y sumarios administrativos.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no puede dictar una conciliación obligatoria porque, según explicaron fuentes oficiales, «técnicamente no existe un conflicto laboral«, sino una decisión individual de los prácticos de no aceptar nuevas prestaciones.

Esto se debe a que no se trata de un paro en sentido estricto: los prácticos son profesionales independientes, sin relación de dependencia ni un gremio que pueda ordenar un cese colectivo de actividades. En los hechos, la medida implica un freno a las nuevas contrataciones de practicaje, mientras que los servicios previamente programados continúan realizándose.

La tarea de los prácticos consiste en asesorar a los capitanes durante las maniobras de ingreso y salida de los buques en ríos, canales y puertos. Su intervención es obligatoria en gran parte de la navegación comercial debido a las características de la Hidrovía y de los accesos portuarios argentinos.

Qué modifica el decreto 690/2026

El decreto firmado por el presidente Javier Milei forma parte de la estrategia oficial para reducir el denominado «costo argentino» mediante la eliminación de regulaciones que, según el Gobierno, restringen la competencia y encarecen la actividad económica.

La nueva reglamentación reemplaza un régimen vigente desde 1991 y elimina una serie de requisitos que el Ejecutivo considera obsoletos. Entre otras modificaciones, crea un registro abierto de prácticos habilitados administrado por la Prefectura Naval; permite que los usuarios contraten libremente a los prestadores; elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales; dispone que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) establezca tarifas máximas para el servicio y obliga a publicar los precios para fomentar la competencia.

Además, elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía los casos en los que determinados buques quedan exceptuados de contratar el servicio obligatorio e incorpora mecanismos para garantizar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.

La medida despertó preocupación dentro de la Armada por su posible impacto en la seguridad de la navegación y en el funcionamiento del sistema de practicaje. También generó un fuerte rechazo entre las empresas del sector, que sostienen que el decreto le da luz verde al ingreso de buques y operadores extranjeros con una supervisión más flexible que la vigente hasta ahora, además de modificar el esquema tarifario y abrir el mercado a una mayor competencia.