Desde que el Gobierno dejó en claro que no tiene voluntad de intervenir en la crisis de morosidad bancaria por considerarlo «un problema entre privados» y por negarse a medidas que impliquen un subsidio, están lloviendo las propuestas sobre formas de llegar a una «solución de mercado».

Economistas, ex ministros, empresarios pyme, operadores financieros y consultores de inversión han esbozado propuestas para que, de manera voluntaria, los bancos y los acreedores lleguen a una fórmula de reperfilamiento que satisfaga a ambas partes, sin que impliquen un costo fiscal ni un subsidio cruzado.

Ya desde hace meses que ingresaron proyectos en el Congreso para abordar este tema, pero el Gobierno se ha negado a considerarlos, en el entendido de que van contra los principios liberales. El ministro de economía Luis Caputo hizo referencia al «riesgo moral» que supone el castigo a los buenos pagadores por el rescate de los deudores en problemas.

Concretamente, el Gobierno se negó a regular tasas máximas ni, mucho menos, a imponerles a los bancos la obligación de planes de reperfilamiento con extensión de plazos y condonación parcial de deudas.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, rechazó las insinuaciones de que un alivio en el régimen de encajes de los bancos -el dinero de ahorristas que obligatoriamente debe quedar inmovilizado- pudiera ser parte de esa solución.

«El encaje es una herramienta del Central que está pensado para preservar el riesgo de los depósitos. Tiene un impacto sobre la liquidez del sistema, pero no es algo que deba usarse para administrar liquidez», argumenta el funcionario. Y afirma que los bajos niveles que se aplicaban en gestiones anteriores tenían el objeto de compensar a los bancos para que pudieran ofrecer productos «que no eran de mercado».

Sin embargo, dio a entender que, sin poner dinero del BCRA, sí está dispuesto a acercar a ambas partes, ofreciendo soluciones para un reperfilamiento de las deudas privadas, con mayores plazos de pago.

Las propuestas del mercado para «salvar» a los deudores

Hay quienes aplauden la actitud del gobierno de mantenerse al margen. Para Carlos Rodríguez, ex viceministro de economía en los ’90 y ex asesor de Javier Milei, hay siempre un riesgo implícito en estos planes.

Si hay ayuda estatal, advierte Rodríguez, «hace que, para algunos, entrar en mora sea más atractivo (menos costoso) a medida que aumenta la mora agregada. Se crea un círculo vicioso entre la cartera en mora y las expectativas de intervención».

Por su parte, el consultor Salvador Di Stefano, sostiene que los planes de salvataje no ayudarán a los deudores sino a los bancos, a quienes ve como responsables de la situación.

«Mirá cómo los bancos aumentaron la brecha entre tasas activas y pasivas y le cargaron el costo de la mora a las personas que sacan crédito a partir de ahora. Así piensan reactivar el mercado: récord de brecha entre tasas. Después escuchamos a muchos decir ‘pobres los bancos’«, afirmó.

Su interpretación es que al subir la tasa activa al entorno de 140% recuperaron el capital prestado, «y hoy se disfrazan de buenos» con los planes de refinanciación. «No saben prestar, y las consecuencias la pagamos todos».

Pero ante el agravamiento de la crisis, están circulando propuestas con la ambición de solucionar el problema a nivel sistémico y no solamente en casos particulares.

Martín Redrado, ex presidente del BCRA, publicó un plan elaborado en Fundación Capital. Implica que ante una refinanciación, no habrá una degradación de la calificación crediticia. De esa manera, los bancos no deberán contabilizar esas deudas para sus balances, y quedan eximidas de elevar sus previsiones por riesgo de incobrabilidad. Para Redrado, esto daría a los bancos mayor margen para poder reperfilar el cobro.

En cuanto a los deudores, seguirían siendo calificados como «situación 1» -es decir, como si no estuvieran atrasados-. Eso también mejoraría sus condiciones de repago, aunque durante ese período no podrían solicitar nuevos préstamos.

Hay otras propuestas similares, que se debaten entre ejecutivos de los bancos. Uno de los más activos en las redes propone que el BCRA determine una refinanciación general para los deudores en «situación 3» -atraso mayor a 90 días- y que el saldo se establezca en UVA más una tasa máxima de 10%, con un plazo máximo de 60 meses. Se agregaría la eximición en el pago de IVA, Ingresos Brutos y otros impuestos municipales, que en estos casos no implicarían un costo fiscal. Y hasta hay propuestas para que los buenos pagadores tengan una condonación de la última cuota.

Para aliviar las tasas de interés de los nuevos créditos, se propone que se abandone el actual régimen de previsionamiento de incobrabilidad, y que en su lugar se cree un fondo generado por los ingresos de las deudas reperfiladas.

El dólar, ¿parte de la solución?

El empresario Gustavo Lazzari, referente del sector pyme, publicó un proyecto que toma al dólar como parte de la solución. La idea es que el capital de la deuda se convierta a dólares y se pague en hasta 24 meses, a una tasa de bonos Treasury más 4% -a precios de hoy, implicaría una tasa de 8,6%-.

Para los intereses devengados impagos, propone la amortización en 10 cuotas anuales, que se computen como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias. Lazzari admite que habría un costo fiscal, pero advierte que en la situación actual seguirá la caída de clientes, que no podrán pagar refinanciaciones «impúdicas».

«Es reemplazar los contratos a tasas exorbitantes, moneda blanda y plazos cortos por un esquema más racional y compatible con el desenvolvimiento económico», sintetiza el empresario, que es cercano al equipo económico del gobierno. 

La culpa del «rolleo» de deuda

En tanto, el consultor Christian Buteler pone la lupa sobre la relación de la crisis de morosidad y la política monetaria contractiva del gobierno. «La solución es de mercado, lo que no implica que el gobierno no deba hacer nada, al contrario. El gobierno debe dejar de rolear la deuda por sobre el 100% del vencimiento, si es que tiene superávit, para que el excedente de pesos produzca una caída en las tasas».

La crítica alude a la política del ministro Caputo, que en las licitaciones del Tesoro no se limita a renovar los montos de deuda pública que vencen, sino que emite nuevos bonos en exceso, para retirar liquidez del mercado. Varios analistas dijeron que la consecuencia de esa estrategia es una restricción del capital disponible para el crédito, lo cual presiona al alza de las tasas de interés.

Otros analistas estimaron que el costo fiscal de la «mano dura» de Caputo equivale a 2,9% del PBI, por los premios de las nuevas emisiones de bonos. Es un número que duplicaría el nivel previsto de superávit primario para este año.

Lo que ya están haciendo los bancos

Desde la oposición se habla de «tasas usurarias» y de la necesidad de que haya una medida oficial para solucionar una crisis que ya pasó a ser estructural. La irregularidad en los pagos en el segmento de familias ya afecta al 12,7% en el sector bancario, pero llega al 16% si, además, se toma en cuenta al crédito no bancario, como el de las billeteras digitales, las financieras no bancarias, las financiaciones de las propias cadenas retail y los prestamistas informales.

Y uno de los argumentos que se plantean como respuesta al gobierno es que, de hecho, el subsidio desde los buenos pagadores hacia los que están en mora ya está ocurriendo. El síntoma de esa situación sería el ensanchamiento de la brecha entre las tasas pasivas y las activas, que se encuentra en uno de sus puntos máximos.

Hablando en números, a los ahorristas se les paga un 20% por el dinero que colocan en plazo fijo -es decir, una tasa real negativa frente a la inflación- mientras que a quienes toman préstamos se les cobra muy por encima de 100% por el costo financiero total. Y, fuera del sistema bancarios, las tasas pueden llegar al 800% cuando se agregan los punitorios a los morosos.

En el segmento de los bancos, ya se están poniendo en práctica planes para ayudar a que los morosos regularicen la situación, aunque todavía se está lejos de superar la crisis.

En la banca estatal hay refinanciaciones en planes de hasta 96 cuotas -ocho años- con ajuste según el Coeficiente de Variación Salarial, para los casos de atrasos con la tarjeta de crédito.

También hay bancos que aplican cuotas fijas, con plazos de hasta 36 meses. No es extraño que las negociaciones sean personales, de manera que las tasas y plazos pueden ser variables, según el nivel de ingresos y la gravedad de la mora. Claro que, en todos estos casos, se trata de deudores con ingresos fijos y trabajos asalariados del sector formal.

De todas formas, los economistas apuntan que se necesita una participación del gobierno, al menos en un rol de coordinación, porque las propuestas de los bancos tomadas de manera individual pierden eficacia para mejorar la situación del sistema en su conjunto.

El encuentro ocurre en medio de los acercamientos del funcionario nacional con las provincias y la búsqueda de acuerdos del oficialismo para alcanzar mayor respaldo legislativo.

El rol de Diego Santilli en sus primeras semanas de gestión continúa expresando las intenciones del Ejecutivo de acercar a distintos sectores de la economía y la política. En la que fue su tercera reunión con gobernadores en dos semanas, el jefe de Gabinete se encontró este viernes con Sergio Ziliotto, mandatario de La Pampa.

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El encuentro ocurrió esta tarde en la Casa Rosada, en donde el mandatario provincial le acercó una serie de demandas: la normalización de la deuda por fondos previsionales y la transferencia de obras públicas. En este sentido, el reclamo de Ziliotto fue por las viviendas del programa PROCREAR en Santa Rosa, General Pico y Toay.

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«Seguiremos propiciando y siendo parte del diálogo institucional. Y así cumplir con el mandato de defender los intereses de La Pampa, en este caso reclamando lo que nos pertenece», planteó el gobernador pampeano en sus redes sociales, una vez finalizado el encuentro.

Junto al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación @diegosantilli abordamos una agenda de temas comunes a ambas administraciones.

En particular, avanzamos en formalizar acuerdos para la transferencia de las obras de viviendas PROCREAR en Santa Rosa, General Pico y Toay, y en… pic.twitter.com/WcNvZEClYU

— Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) July 17, 2026

El encuentro tuvo características similares a las dos reuniones que mantuvo el jefe de Gabinete con gobernadores en los últimos diez días. El 8 de julio pasado, Santilli mantuvo un encuentro con el santafesino Maximiliano Pullaro, con quienes habrían avanzado -aunque no acordado ningún anuncio- en el pago de la deuda por las cajas previsionales y el traspaso de rutas por la falta de mantenimiento. La otra reunión fue con el puntano Claudio Poggi, que culminó con el traspaso de la exruta nacional 7 a la administración de San Luis.

Elecciones: gobernadores preparan un festival de desdoblamientos

Es un hecho: buena parte de los gobernadores desdoblará las elecciones provinciales en 2027. La jugada tiene un objetivo doble. Por un lado, desenganchar la pulseada nacional de octubre de la local; por el otro, buscará neutralizar la amenaza libertaria, cuyos armados distritales todavía son endebles en distintas plazas. En ese marco, son varios los líderes que miran a mayo como la fecha para ir a las urnas.

Mientras los coroneles políticos de la Casa Rosada salen a la caza de los votos para la reforma electoral, las gobernaciones aguardan definiciones respecto a cómo se votará el año próximo, con una preocupación central: si habrá PASO o no. Es el caso, por ejemplo, de Axel Kicillof, quien en 2025 movió los comicios bonaerenses, una decisión que la valió una lluvia de fuego por parte del cristinismo.

Varios mandatarios subnacionales descuentan que serán desafiados por la tropa violeta. Por ese motivo, intentan quitarle poder de fuego a la escudería presidencial. Si bien el futuro de Javier Milei será clave para la performance de su sello, en todos los campamentos anticipan que La Libertad Avanza (LLA) llegará competitiva más allá de la coyuntura. La crew libertaria no se caracteriza por ser una oposición light y viene preparando dirigentes en varios terruños para disputar con los jefes provinciales.

El tucumano Osvaldo Jaldo ya avisó: las elecciones serán en mayo, probablemente el tercer domingo. También anticipó que buscará la reelección en compañía de su actual vice, Miguel Acevedo. En el mismo vecindario que Jaldo, el jujeño Carlos Sadir también apunta al quinto mes del año próximo para echar a rodar su anhelo reeleccionista. Otro gobernador que mira a mayo para convocar a elecciones es Claudio Poggi.

Gustavo Arengo, Ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, aseguró que el Gobierno Nacional pretende revisar la cifra —estimada en unos $274.000 millones— que la Nación le adeuda a la Ciudad por la Coparticipación.

En diálogo con el programa Esta Mañana por Radio Rivadavia, Arengo explicó que el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, “quiere volver a analizar ese monto”. Aun así, marcó diferencias respecto a lo sucedido durante la gestión del ex Presidente Alberto Fernández, destacando que actualmente si existe un canal de diálogo con la administración nacional.

En ese sentido, el Ministro recordó que “Alberto Fernández nos recortó la coparticipación de un día para el otro, en medio de un presupuesto que no tenía previsto afrontar ese recorte”. Frente a esto, valoró que “ahora, más allá de que el Gobierno de Javier Milei cree que el monto puede ser otro, seguimos trabajando en mesas de negociación”.

Reuniones en busca de un acuerdo

Arengo destacó que existieron encuentros entre Luis Caputo y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para buscar una salida al conflicto, dado que los pagos establecidos en el acuerdo firmado el año pasado —para cumplir con la cautelar vigente— vienen registrando demoras.

Si bien remarcó que “la Nación continúa realizando las transferencias”, reconoció que “en los últimos meses se han concretado con cierto atraso”. Por eso, afirmó: “Cada vez que hay una demora, reclamamos los fondos”. Aún así, remarcó que las conversaciones con Nación avanzan “en buenos términos” con la intención de llegar a un entendimiento.

La semana pasada, el mismo Jorge Macri mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, donde le solicitó al Ejecutivo nacional que “normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026” debido a que, desde agosto, adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema.

En ese mismo encuentro, el jefe de Gobierno Porteño pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto del año próximo para “asegurar su continuidad” y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal.

Luego de la reunión, Macri calificó cómo positivo el acercamiento y aseguró que “seguirán trabajando para encontrar un entendimiento” respecto a la coparticipación y financiamiento.

Jorge Macri se reúne este martes con Luis Caputo para reclamarle por la coparticipación

Al ser consultado por la deuda total, detalló que “la obligación acumulada de este proceso ronda los US$200 millones” y que “la deuda previa asciende a cerca de US$6.000 millones, casi la mitad del presupuesto porteño”. Para graficarlo, señaló que equivale “a cuatro líneas F de subte”.

Colocación de deuda en el mercado internacional

El ministro Arengo se refirió acerca de la reciente colocación de bonos de la Ciudad, señalando que se produjo en un contexto positivo para el país, tras los buenos resultados del oficialismo nacional en las elecciones legislativas.

Subrayó que “la demanda por los bonos porteños fue muy elevada, triplicando el monto ofrecido”, lo que, dijo, refleja el renovado interés por activos argentinos y el ordenamiento fiscal en CABA. Explicó además que “esta colocación permitió reducir deuda y facilitó el acceso a financiamiento a tasas competitivas”, recordando que la última emisión de la Ciudad databa de 2016.

Finalmente, sostuvo que “es relevante que, aunque la emisión se destinó a refinanciar vencimientos de 2026 y 2027, una parte del cupón se pagará este año con recursos propios”, y anticipó que esto ayudará a financiar obras, entre ellas la línea F del subte.

FN