La cúpula sindical argentina vive horas de presión desde varios frentes. Por un lado, los sectores más radicalizados piden un paro general por tiempo indeterminado para frenar la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, el triunvirato de la CGT tiene en cuenta la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional, que se reflejó en el escaso acatamiento de los últimos dos paros y en las dificultades de ciertos gremios poderosos para ejercer la fuerza de otros tiempos.

En los últimos días, la Unión Obrera Metalúrgica -una de las más afectadas por la crisis de la industria nacional- suspendió un paro en la planta de Acindar, que viene reduciendo su actividad y la planta de personal. Una situación similar ocurrió en una fábrica santafecina de productos lácteos, paralizada por falta de insumos. Es la evidencia de un tipo de acción sindical diferente al tradicional: lejos de enfocarse en temas que afectan al ingreso de asalariados altos, como el impuesto a las Ganancias, el reclamo de las bases es el cuidado de los puestos de empleo.

El líder del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, les reclamó a los nuevos triunviros de la CGT –Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo– que convocaran a un paro general para el 11 de febrero, cuando el Congreso empiece a tratar la controvertida ley de modernización laboral.

Más lejos fue el secretario general del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, quien se quejó sin ambigüedades sobre lo que considera una actitud prescindente por parte de la CGT: “No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores”, expresó el sindicalista. Y agregó que, si él fuera secretario general de la CGT, “convocaría a un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene”.

¿Confrontar o negociar?

Pero hay señales que indican que esa no es la postura mayoritaria. Más bien al contrario, hay una situación más calma de lo esperado en gremios que suelen movilizarse en esta época del año, como los docentes y los empleados estatales.

En la provincia de Buenos Aires, ambos sectores aceptaron la propuesta de Axel Kicillof, que ofreció un 1,5% de ajuste más un retroactivo a diciembre.

A nivel nacional, se está haciendo más notorio que nunca la divergecia entre ATE, que mantiene una postura combativa, y la de UPCN -perteneciente a la CGT- que prefiere la negociación. El propio gobierno no ocultó su intención de que los empleados estatales vuelvan a ser una variable del ajuste fiscal.

Las cifras del gasto público muestran que la masa salarial cayó un 9,4% en términos reales, y que la participación de los salarios públicos de la administración central, que hace un año era un 12,2% de los gastos corrientes, cayó a 11,2%.

En cuanto a la nueva ley de trabajo, la cúpula de la CGT, compuesta por dirigentes de la facción de “los Gordos”, ha manifestado su preferencia por la negociación.

En su discurso de asunción en la jefatura tripartita, en noviembre pasado, el dirigente del gremio asegurador, Jorge Sola, había dejado en claro cuál sería la prioridad a la hora de negociar.

 “No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales”, fue la definición del nuevo triunviro.

La representatividad sindical, cada vez más devaluada

Esas definiciones dejan en claro no sólo la discrepancia política o ideológica con la ley de modernización laboral sino, sobre todo, el temor a una “devaluación” en la representatividad y el poder de la dirigencia sindical.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno -en particular, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido- creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la “ultraactividad” -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

También se explora la vía judicial, como adelantó el secretario general de la Uocra -gremio de la construcción-, Gerardo Martínez, que se quejó por la falta de disposición al diálogo que muestra el gobierno.

Gremios: una convocatoria que pierde peso

Pero la postura negociadora no es apenas una decisión estratégica: es también un reconocimiento de que la capacidad de movilización y presión sindical se encuentra en un punto bajo.

La jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de reforma laboral, tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. El gobierno aprovechó la situación para “ningunear” a los sindicalistas, argumentando que esa jornada había sido “un día normal”.

Y, sobre todo, en la cúpula sindical está fresco el recuerdo del fiasco de los últimos dos paros generales, que acentuaron esa imagen de debilidad.

El primero fue el 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

La ruptura llegó al extremo que, en los sectores más combativos, circulaba el chiste de que la sigla CGT quería decir, en realidad, “Confederación General de Twitter”, por la preferencia de los dirigentes de estar más activos con comunicados en las redes sociales que con medidas de protesta callejera.

Finalmente, ante la presión interna, y condicionados también por las críticas por su falta de apoyo al reclamo de los jubilados, los dirigentes de la CGT convocaron a un paro en abril del año pasado. Otra protesta con floja adhesión, dada la actividad de los colectivos. El resultado fue que sólo se sintió el acatamiento en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.

Javier Milei hizo jugar esa situación en su favor, argumentando que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que “se niegan a perder privilegios” y por eso se oponen a la agenda reformista.

Moyano se enfoca en los convenios

Esos paros fallidos contrastaron con las demostraciones de fuerza de la CGT cuando recién había asumido Milei, y el tema de la convocatoria era la oposición a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, algo que afectaba al núcleo de los gremios grandes, donde los promedios salariales son relativamente altos.

Pero cuando la convocatoria tiene un tinte más político, se vuelve a plantear el temor a la pérdida de representatividad. De hecho, el tema más comentado en los últimos paros fue la dificultad de convocar a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio. La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen “changas” en la absoluta informalidad.

Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas con la irrefutable frase de “si no voy a trabajar, no cobro el día”.

Esa situación hace que el desempleo creciente en sectores como la industria, lejos de ser un factor que favorezca las medidas de fuerza, pueda restar apoyo a la cúpula sindical. El gobierno usa los datos de la economía informal como argumento de que la actual ley de trabajo es anacrónica.

Mientras el debate por la reforma toma temperatura, Hugo Moyano decidió centrarse en un tema estratégico: atacar la política de Toto Caputo de “topear” los acuerdos salariales por la vía de no homologar convenios. Y, ante el repunte inflacionario, dijo que no hay condiciones para que se firmen acuerdos de seis meses, sino que se debe incluir revisiones más frecuentes.

Un round ganado para la defensa argentina en el juicio por YPF que se tramita en el juzgado del distrito sur de Nueva York, EE.UU. desde abril de 2015. En una pelea legal en el que la Argentina viene perdiendo todos los round por paliza acaba de dar vuelta una decisión que, en el pasado, había aprobado la propia jueza, Loretta Preska.

La jueza federal neoyorkina, Loretta Preska, resolvió suspender de forma temporal la orden que habilitaba a los demandantes, que administran las quiebras de las sociedades Petersen Energía; Petersen Energía Inversora que pertenecieron a la familia Eskenazi y Eton Park financiados por el fondo “buitre” Burford Capital, a investigar activos de YPF con el objetivo de avanzar en eventuales embargos, al conceder un planteo de la propia compañía para que se aguarde la definición de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la legalidad de tratar a la petrolera como un “alter ego” del Estado argentino.

La decisión supone un freno inmediato al denominado “discovery”, una instancia procesal que permitía a los fondos demandantes requerir información sensible para intentar demostrar que YPF no actúa de manera independiente del Estado nacional y, de ese modo, sortear la inmunidad soberana que protege a sus bienes en el exterior.

Uno de los analistas que siguen el caso, Sebastián Maril, director de Latam Advisor explicó en sus redes sociales, “Regalo navideño para YPF: Preska accede al pedido de la petrolera de suspender el discovery del alter ego, (búsqueda de activos para ser embargados), mientras la empresa apela la decisión que permitió dicho discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar. Esta orden no aplica al discovery contra otros activos soberanos, que continúa vigente”, explicó.

Esto significa que la decisión de la justicia estadounidense puede continuar indagando, buscando, activos embargables de otras compañías en las que el Estado argentino es dueño o partícipe en su capital accionario.

Y, lo que se intenta establecer es si organismos como el Banco Central, con el oro misterioso que está invertido en algún lugar de Europa, las empresas Aerolíneas Argentinas con sus aviones, los satélites de ARSAT, el material de Energía Argentina y, hasta, activos del Banco Nación, están funcionando como ejecutores de políticas del Estado nacional. Si así fuera, podrían ser embargados por la severa jueza.

El millonario litigio tiene como génesis en la publicitada reestatización de la petrolera, en el año 2012 bajo el gobierno de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía.

En ese momento, el fondo Eton Park era accionista minoritario de YPF, mientras que Burford Capital adquirió los derechos para litigar en la Justicia española tras la quiebra de las compañías Petersen, fundadas por la familia Eskenazi en ese país, y también accionistas de la petrolera argentina.

El juicio se sustancia en los EE.UU. porque la empresa petrolera cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el año 1993. Sus estatutos fueron presentados ante la  Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y según el artículo 7° de ese estatuto, cualquier comprador que adquiera más del 15% del capital accionario de la compañía está obligado a lanzar una OPA al resto de los accionistas. 

La OPA es una oferta pública de adquisición. Un mecanismo financiero mediante el cual un inversor o un grupo de inversores propone públicamente a los accionistas de una empresa cotizada la compra de sus acciones a un precio previamente establecido. Ese paso nunca fue dado por la administración kirchnerista y generó el millonario reclamo que sigue hasta el día de hoy.

Una multa millonaria para el Estado argentino

La jueza bajó el martillo en septiembre de 2023 y condenó a la Argentina a pagar el máximo posible al fondo Burford Capital – titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park, de un total de u$s16.000 millones. Además, los intereses se acumulan cada día que pasa sin que el país pague esa cifra por la estatización de la compañía, el país debe pagar u$s2,5 millones en intereses.

Como si fuera poco, la jueza estadounidense decidió, en junio de este año, que el país deberá entregar el 51% de las acciones de la petrolera, del paquete que fue nacionalizado en 2012, como parte del proceso de resarcimiento por no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) en el momento de la expropiación.

Los abogados de la Argentina apelaron esta última sentencia y esa causa corre por carriles separados a la decisión que produjo el juzgado de Preska horas antes de la Navidad.

Se trata de la segunda buena noticia que recibe la administración de Javier Milei en torno al juicio por YPF. 

En octubre pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos realizó una audiencia considerada vital en el contexto de la apelación presentada por la Argentina contra el fallo por u$s16.100 millones dictado en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el caso Petersen Energía / Eton Park Capital Management vs. República Argentina y YPF S.A.

Los representantes de la Procuración del Tesoro de la Nación, afirmaron a iProfesional que la defensa argentina expuso sus argumentos “con claridad, convicción y determinación”, centrando su planteo en que el tribunal estadounidense interpretó de manera errónea el derecho argentino y basó su decisión en “una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias”.

La posición del país se apoyó en que el juicio no debería haberse tramitado en Nueva York, ya que todos los hechos cuestionados ocurrieron en Argentina, bajo leyes argentinas, y las operaciones involucradas se realizaron en pesos. Además, La defensa también sostuvo que la causa involucra materia de derecho público -y no comercial-, por lo que debería quedar amparada por la inmunidad soberana.

Los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson cuestionaron con dureza algunas posturas de los representantes de los fondos demandantes. Uno de ellos incluso planteó: “Si lo diéramos vuelta, si fuese Estados Unidos, ¿cómo nos sentiríamos si se juzgara en Argentina?”. 

El presidente Javier Milei llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para tratar, entre otros temas clave de la gestión, la reforma laboral o el Proyecto de Modernización Laboral que el Ejecutivo enviaría a consideración legislativa. Un borrador de dicho proyecto entró en circulación este viernes, y el mismo prevé la eliminación de varios regimenes especiales de trabajo. Esto incluye la derogación de la Ley de Teletrabajo (Ley N°27.555)

En caso de aprobarse el proyecto, ¿qué significa para quienes trabajan con esa modalidad? Quienes fueron contratados cuando la Ley de Teletrabajo estaba vigente, deberían poder hacer valer los derechos y obligaciones que determinaba esa normativa. 

A la vez, quienes a partir de la derogación de la ley 27.555 fuesen contratados para teletrabajar, pasarían a regirse por la ley laboral general, la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744) que también es modificada por el mencionado proyecto de ley. En ese caso, la modalidad a distancia pasaría a ser algo a negociar entre partes y no a depender de una ley específica de esa forma de trabajo remoto. 

Más aún, la reforma laboral, si se aprueba como figura en el documento difundido en el día de la fecha, también modificaría el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite al empleador hacer cambios en la forma y modalidad de la prestación del trabajo siempre que no altere modalidades esenciales del contrato ni cause perjuicio material o moral al empleado. Esto ya está vigente en la legislación laboral actual.

Qué dice la Ley de Teletrabajo

La Ley de Teletrabajo 27.555 consagra responsabilidades de trabajadores y empleadores en un contrato laboral con modalidad de desempeño a distancia total o parcial respecto de lugares distintos al establecimiento del empleador, mediante tecnologías de información y comunicación. Algunos de los puntos clave de la normativa son: 

• Derechos y obligaciones: Los teletrabajadores gozan de los mismos derechos que los presenciales (remuneración igual o superior, licencias, seguridad social); incluyen derecho colectivo a representación sindical, anexándolos a centros de trabajo presenciales.​
• Desconexión digital: Prohíbe contactar al trabajador fuera de jornada laboral o licencias; no se pueden exigir tareas ni comunicaciones extracurriculares, bajo pena de sanciones. Plataformas de control deben respetar horarios.​
• Jornada laboral: Debe pactarse por escrito, respetando límites legales/convencionales (por hora u objetivos); revocable unilateralmente por el trabajador, obligando al empleador a reubicarlo presencialmente.​
• Compensación de gastos: El empleador cubre incrementos en conectividad, energía u otros servicios por teletrabajo (exentos de Ganancias); provee herramientas/IT sin cargo.​
• Contrato y reversibilidad: Requiere acuerdo escrito; el empleador no puede imponerlo sin consentimiento, y el trabajador puede revertirlo con reubicación prioritaria.

Hasta el momento, la Ley de Teletrabajo sigue vigente y regula este tipo de vínculo laboral cuando desde el inicio se pacta esta modalidad y normativa en un contrato laboral. 

Teletrabajo y trabajo híbrido

Vale la pena aclarar que estos cambios, en caso de aprobarse la reforma tal como figura en el borrador, solo aplican a personas que estaban contratadas bajo el régimen de Teletrabajo y la ley 27.555.

No aplica en absoluto a quienes trabajan enmarcados en otros convenios o que fueron contratados bajo la LCT, y reciben de su empleador el beneficio de teletrabajo de manera voluntaria. Tampoco aplica a los plus (como pago de Internet) que negocian algunos convenios colectivos. 

Las personas contratadas bajo un convenio particular o que teletrabajan por acuerdo con la compañía en la que prestan tareas, no se verán impactadas en ese aspecto si se aprueba la reforma laboral como se plantea en este borrador. 

De acuerdo a un estudio dado a concoer por WTW en noviembre, el teletrabajo es el segundo beneficio más valorado por los empleados de grandes empresas y filiales de multinacionales, solo por detrás de la cobertura de salud. La gran mayoría de las compañías relevaas aplican el modelo híbrido y el 28% ofrece días de teletrabajo a todo el personal, el48% a los empleados que pueden hacer a distancia su trabajo, el 17% al personal fuera de convenio y el 7% solo al administrativo. 

La mayoría (39%) se decanta por 3 días a la semana de presencialidad, y otro 22% solo acude a la oficina dos días. Luego hay un 12% que define el régimen de teletrabajo de común acuerdo con el empleado, y otro 12% en donde es variable de acuerdo a la posición. Las demás compañías de la muestra de WTW no optan por el modelo híbrido. 

La consultora preguntó en octubre si había planes de cambiar los esquemas actuales de asistencia y el 71% dijo que no. Del 21% que lo está analizando, y el 8% que tiene el plan de cambiar, el 65% solo adicionaría un día más de presencialidad a la semana en caso de concretar la modificación.

Nuevamente, la reforma laboral no impactaría en estos acuerdos entre empresas y empleados que realizan teletrabajo ni en los acuerdos por convenio que incluyen plus por realizar tareas a distancia. Solamente se derogaría hacia adelante la posibilidad de contratar bajo la Ley de Teletrabajo 27,555. 

Un reciente informe elaborado por la consultora Focus Market pone de manifiesto la profunda disparidad fiscal y operativa que divide actualmente a la economía argentina. El relevamiento expone la brecha existente entre las grandes compañías que acceden al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). El dato más contundente que arroja el estudio es la diferencia en la carga impositiva: la presión fiscal efectiva que recae sobre el sector pyme se ubica en torno al 45%, mientras que los proyectos amparados bajo el nuevo régimen de promoción gozan de una carga significativamente menor, que oscila entre el 20% y el 25%.

El análisis subraya que el RIGI fue diseñado por el gobierno de Javier Milei como una herramienta central para atraer capitales extranjeros y reactivar la economía, apuntando especialmente a sectores intensivos como la energía y la minería. Sin embargo, su implementación ha derivado en un escenario de dos velocidades. Por un lado, las grandes corporaciones globales operan con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales; por el otro, el 99% del tejido empresarial local enfrenta condiciones estructurales desventajosas que dificultan su competitividad.

Al respecto, Damián Di Pace, director de Focus Market, recordó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se consolidó como una de las estrategias del gobierno para reactivar la economía a través de la llegada de capitales extranjeros. Según el analista, presentado como un motor de arranque para la inversión, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, con estabilidad normativa garantizada por 30 años. Di Pace agregó que la meta es atraer proyectos de gran envergadura, en sectores intensivos en capital y de largo plazo, donde la previsibilidad resulta clave para decidir inversiones, aunque advirtió que el gran desafío ahora es cómo lograr el crecimiento de la inversión privada local.

Desde su puesta en marcha en julio de 2024, el RIGI ha permitido la aprobación de proyectos por un valor superior a los 15.700 millones de dólares. Entre los incentivos que facilitaron estos desembolsos se destacan la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la exención gradual de derechos de exportación y la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital. A esto se suma la libertad para disponer de las divisas generadas, un factor determinante para las inversiones de largo plazo que contrasta con las restricciones del resto de la economía.

Asimetrías en la carga fiscal y burocrática

La comparación con la realidad de las pymes, responsables de más del 60% del empleo formal en el país, revela desventajas estructurales. El informe detalla que una empresa fuera del régimen debe afrontar una alícuota del 35% en el Impuesto a las Ganancias, diez puntos porcentuales por encima de las beneficiarias del RIGI. La diferencia se profundiza en el comercio exterior: mientras el régimen de fomento exime el pago de derechos de importación, las pymes deben abonar aranceles habituales que varían entre el 7% y el 14% en promedio según el producto.

La situación se repite en los derechos de exportación. El esquema para grandes inversiones prevé exenciones totales a partir de los dos o tres años de iniciado el proyecto, mientras que el resto de las compañías tributa un promedio del 8% al 12%. Asimismo, el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) marca otra distinción relevante: el RIGI permite la cancelación mediante Certificados de Crédito Fiscal, un mecanismo mucho más ágil que los complejos regímenes de saldo a favor, IVA diferido o reintegros que deben gestionar las empresas locales.

Uno de los puntos más críticos señalados en el estudio es la estabilidad normativa. Los proyectos RIGI cuentan con una garantía de estabilidad por 30 años, lo que blinda sus operaciones frente a cambios políticos o económicos futuros. En la vereda opuesta, las pymes operan bajo una alta volatilidad regulatoria y una burocracia extensa. Según los datos recopilados por la consultora, abrir una empresa en Argentina requiere un promedio de 4.496 horas, y mantener la operación dentro de la formalidad demanda otras 2.156 horas al año, cifras que ubican al país en uno de los niveles más altos de complejidad administrativa de toda Latinoamérica.

El costo del financiamiento y la operación

El informe también aborda las dificultades de financiamiento y los costos operativos que enfrentan las empresas nacionales. En lo que va de 2025, unas 62.116 pymes lograron acceder a créditos respaldados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos públicos. Si bien esto representa un avance, el número resulta insuficiente frente a un universo total de más de 600.000 firmas registradas. Además, el 77% de las empresas que acceden a estas herramientas son microempresas. Por el contrario, los beneficiarios del RIGI acceden a financiamiento directo de capital externo sin las restricciones del mercado local.

En el plano de los costos, la energía industrial también juega en contra de la competitividad local, con una tarifa promedio de 96 dólares por MWh, manteniéndose por encima de los niveles más competitivos de la región. A esto se suma la presión sindical y la rigidez de los convenios colectivos de trabajo, que agregan complejidad a la gestión diaria. El estudio subraya además que las pymes poseen una alta dependencia de insumos importados y enfrentan un acceso a divisas condicionado por declaraciones juradas, plazos y regulaciones del Banco Central, mientras que el RIGI garantiza la libre disponibilidad y liquidación de divisas.

El contraste evidencia que las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una desventaja estructural que limita su capacidad de crecimiento. Este desequilibrio plantea la necesidad urgente de pensar en un esquema de incentivos equivalente para medianas y pequeñas empresas, que permita canalizar recursos hacia el sector productivo local y fortalecer el entramado laboral existente.

Hacia un régimen de incentivo pyme

Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de avanzar en un esquema de incentivos para las empresas locales. La discusión sobre un “RIGI PyME” ya tiene antecedentes en el proyecto de ley RIMI, presentado en noviembre de 2024 bajo la iniciativa de Promoción de Inversiones y Empleo. Esta propuesta contempla inversiones desde 150.000 dólares para microempresas hasta 30 millones de dólares para medianas y grandes, ofreciendo beneficios como amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados, prolongando la desigualdad de condiciones.

Focus Market detalla que un régimen orientado a pymes debería basarse en seis pilares fundamentales para equiparar la competencia. En primer lugar, se propone la simplificación tributaria, unificando cargas y eliminando tasas e impuestos en cascada para aliviar las más de 900 horas anuales que las empresas dedican exclusivamente a trámites impositivos. En segundo lugar, se destaca la necesidad de estabilidad fiscal por al menos 10 años, evitando la creación de nuevos impuestos o cambios abruptos en las alícuotas para ofrecer previsibilidad.

El tercer pilar se centra en el acceso real al crédito, ampliando líneas en moneda local y extranjera para reducir la dependencia de recursos propios. Como cuarto punto, se sugieren beneficios por reinversión, que incluyan la exención o diferimiento del impuesto a las ganancias sobre utilidades reinvertidas en capital productivo o innovación. El quinto eje apunta a los incentivos para exportar y encadenar con proveedores locales, mediante la desgravación temporal de exportaciones y beneficios para quienes provean a los grandes proyectos. Finalmente, se incluye el apoyo a la transición digital y capacitación mediante créditos fiscales.

El potencial económico de implementar estas medidas es significativo. Se estima que el ahorro privado en Argentina, situado fuera del sistema financiero formal en depósitos y efectivo, supera los 250.000 millones de dólares. Según la consultora, captar apenas entre el 5% y el 10% de esos fondos mediante los incentivos correctos podría volcar entre 12.000 y 25.000 millones de dólares a la inversión productiva local, generando empleo formal y competitividad genuina.

Para finalizar, Di Pace concluyó que la experiencia del RIGI demuestra que los incentivos bien diseñados funcionan y que el desafío pendiente es trasladar esta lógica a las PyMEs locales, transformando la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento económico real y sostenible.

El director de la consultora enfatizó que mientras el RIGI Pyme siga postergado en el Congreso, la brecha entre grandes inversores y empresas locales persiste, limitando el desarrollo de un sector que sostiene más de la mitad del empleo formal y constituye el corazón de la economía argentina. El camino hacia un crecimiento inclusivo, cerró, depende de convertir esta potencialidad en políticas concretas capaces de transformar recursos ociosos en inversión, empleo y competitividad.

La nota original fue publicada en Infobae.

La desaceleración del consumo y el avance de las importaciones están generando un impacto profundo en la industria nacional. En este contexto, una de las marcas más emblemáticas del sector metalúrgico —conocida por sus “ollas indestructibles”— tomó una decisión que encendió las alarmas gremiales: Essen despidió a 30 trabajadores de su planta ubicada en Santa Fe.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, la compañía inició un proceso de reemplazo parcial de su producción local por artículos terminados importados. Este cambio en la estructura productiva derivó en una reducción del 10% de su plantilla.

Importaciones y recorte productivo

El conflicto se profundizó cuando la empresa resolvió sustituir cerca del 45% de su manufactura nacional con componentes provenientes de China. La medida, combinada con la fuerte caída de la demanda interna, provocó la paralización de varias áreas de producción.

Oscar Infante, secretario general de la UOM de Venado Tuerto, expresó su preocupación por la situación que enfrentan los trabajadores. “Ha bajado la producción y los empleados lo ven día a día en sus puestos”, sostuvo. Desde el gremio denunciaron que la empresa estaría aprovechando el contexto económico para avanzar en un proceso de “achique” o reestructuración.

La inquietud del sindicato no se limita a Essen. Infante advirtió que Corven, otra de las firmas metalúrgicas más importantes de la provincia, también evalúa aplicar recortes de personal que podrían alcanzar a unos 40 operarios.

En un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la apertura del mercado a productos importados, el panorama laboral en la industria metalúrgica santafesina se vuelve cada vez más delicado.

“Abróchense los cinturones”, el disparador de Javier Milei en su alocución en la Corporación América durante esta última semana es útil para graficar una crisis en el sector productivo que llegó para quedarse. En diálogo con Ámbito, un representante de la industria dijo que el sector está en alerta por una caída de la actividad que trae como consecuencia “altos niveles de incobrabilidad” y la ruptura del mercado.

“Tenemos que reventar stock para cubrir gastos corrientes”, explicó el dirigente que también es dueño de una fábrica en el conurbano bonaerense. En paralelo, las importaciones de bienes de consumo siguen creciendo. Según un trabajo del economista Martín Polo tocaron un techo de u$s1.190 millones este año por un aumento del 59,4% en las cantidades y a pesar de una baja en los precios del 6,7%.

Todo parece indicar que este será el panorama hacia adelante para los fabricantes locales: un mercado acotado por los bajos niveles de consumo y una mayor oferta por la apertura comercial y la ventaja cambiaria. Como en 2024, el Gobierno apunta a reanimar la demanda con el regreso del crédito.

La nota original fue publicada en Ámbito.

Luego del 2,1% de septiembre, la inflación presentó una leve aceleración en octubre, al alcanzar el 2,3%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este dato, la variación para los últimos doce meses fue de 31,3% y acumuló 24,8% en lo que va del 2025.

De acuerdo al informe del Indec, Transporte registró el mayor incremento mensual, con un 3,5%. A continuación, se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%. En cuanto a la incidencia regional en la variación del mes, Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%) fue el rubro de mayor impacto, salvo en la región Patagonia, donde ese lugar correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Por otro lado, Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura presentaron los aumentos más bajos, ambos con 1,6%. Entre las categorías, los precios estacionales encabezaron el alza con 2,8%, seguidos por los regulados (2,6%) y el IPC núcleo (2,2%), que no contempla ni regulados ni estacionales.

Cabe destacar que el mes pasado se vio atravesado por las elecciones legislativas nacionales y por ende, la incertidumbre y la volatilidad cambiaria aumentó. Estos dos factores incidieron en el avance de 0,2 puntos porcentuales en el IPC del mes pasado. El traslado a precios de las variaciones del dólar continúa en niveles bajos, considerando el estancamiento de la actividad y del consumo en particular.

Tras conocerse el dato de inflación, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que variación interanual del indicador inflacionario registró “dieciocho meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior” y subrayó que “esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018”.

Al mismo tiempo, el titular del Palacio de Hacienda ponderó que la dinámica inflacionaria acumulada en los primeros 10 meses del año fue “la menor para este período del año desde 2017 (19,4%)”. “La media móvil de 6 meses de la inflación general continuó descendiendo y se ubicó en 1,88%, siendo la más baja desde enero de 2018”, sumó.

“Así, el proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses. Esto refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario en reducir el impacto de la volatilidad financiera sobre el poder adquisitivo de los argentinos”, concluyó Caputo en su cuenta de X.

Vale mencionar que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había anticipado una inflación de 2,2% para octubre.

En relación a las proyecciones de los próximos meses, los principales analistas del mercado estiman que el IPC será de 1,9% en noviembre, de 2% en diciembre y de 1,8% en enero de 2026. Esperan que 2025 cierre con un nivel general de precios del 29,6%.

El presidente Javier Milei afirmó semanas atrás: “Pasada la pirotecnia electoral, hay un consenso a donde tiene que ir la Argentina. Mi compromiso es con los argentinos: bajar la inflación. El 30% me produce asco. Nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Si el rezago de la política monetaria, acorde a nuevos estudios que dicen que son 26 meses, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero”.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó que bajar la inflación del 2% “es más difícil” que reducirla de porcentajes de dos cifras. Sin embargo, vaticinó que “dentro de los próximos doce meses, la Argentina va a ir convergiendo a inflaciones internacionales”. En ese sentido, deslizó que podría perforar el 1% mensual hacia mediados de 2026.

El IPC nacional se ubicó en línea con el nivel general de precios registrado en igual mes en la Ciudad de Buenos Aires, que mostró una suba del 2,2%. De esta manera, el índice porteño marcó mismo incremento que en septiembre, pese a las presiones cambiarias en un contexto de volatilidad electoral, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba).

En los primeros diez meses del año, la inflación en la Ciudad acumuló 25,3%, mientras que la variación interanual alcanzó 33,6%, lo que implica una baja de 1,4 puntos porcentuales respecto de septiembre.

Las divisiones con mayor incidencia en el alza general fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud, que en conjunto explicaron 64,8% de la variación total. El Idecba precisó que todas las divisiones aportaron de manera positiva al índice.

Entre los sectores con mayores aumentos interanuales se destacaron Seguros y servicios financieros (62%), Educación (44,8%), Salud (37,3%), Vivienda y servicios básicos (38,8%) y Restaurantes y hoteles (38,1%).

También sobresalieron Recreación y cultura, con un incremento mensual del 3,2% y 36,1% interanual, y Cuidado personal, protección social y otros productos, que subió 3,3% en el mes y 39,1% en los últimos doce meses.

La nota original fue publicada en Infobae.

El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, pagó durante años los impuestos inmobiliarios de tres departamentos en el estado de Florida cuyas valuaciones superan los 2 millones de dólares, propiedades que nunca declaró como funcionario público ante la Oficina Anticorrupción (OA), según surge de nueva documentación pública oficial del condado de Miami-Dade que obtuvo LA NACION.

Esos documentos oficiales muestran que Vázquez abonó los impuestos a título personal, con cheques electrónicos (“e-checks”) emitidos a su nombre, sobre tres propiedades ubicadas en las avenidas Brickell números 495 y 1060 de Miami, y en Collins número 17.475 de Sunny Isles, en el extremo sudeste de Estados Unidos. Según dos fuentes con acceso a las actuaciones judiciales, todavía no está comprobado si Vázquez declaró esos inmuebles y/o el entramado societario utilizado ante el organismo para el cual trabaja: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).

Vázquez administra dos de esas propiedades en Florida –la tercera la vendió–, mediante un esquema de sociedades offshore que controla desde hace trece años. Esas compañías, de acuerdo a la documentación disponible, continúan activas. La estructura abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para controlar los inmuebles en Miami.

LA NACION, en una investigación conjunta con el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), reveló la existencia de esas tres propiedades en diciembre pasado, lo que generó la apertura de una investigación judicial por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos.

La pesquisa quedó primero en manos del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Rívolo, quien requirió exhortos a Estados Unidos y varios paraísos fiscales. En septiembre Vázquez hizo una presentación a partir de la cual logró que el expediente pasara al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Guillermo Marijuán (que ya instruían otra causa sobre él).

La investigación judicial se encuentra ahora en pleno desarrollo, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. El juez ordenó múltiples medidas que solicitó el Ministerio Público Fiscal; es decir, Marijuán y dos fiscalías especializadas: las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Designado en octubre de 2024 por el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, al asumir Vázquez colocó en puestos estratégicos a su pareja y a colegas de su confianza del área de fiscalización, varios de los cuales habían acumulado cuestionamientos por su rol dentro de la AFIP durante las investigaciones sobre Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros íconos kirchneristas.

LA NACI0N consultó al funcionario desde el jueves. Le envió una serie de preguntas escritas, a través de una vocera, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Cuáles son los inmuebles

Funcionario desde 1990 de la por entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Vázquez se convirtió con el paso de los años en un referente clave del área de inteligencia fiscal del ente recaudador y director de la estratégica Regional Sur Metropolitana entre 2009 y 2016, período en el que afrontó denuncias penales; entre otras, por un operativo contra el Grupo Clarín durante el apogeo del kirchnerismo.

Fue también durante el kirchnerismo cuando Vázquez adquirió los tres inmuebles en Miami. Los compró entre 2013 y 2015, a nombre de la firma Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, según surge de documentos oficiales de esa ciudad. Meses después, Vázquez reconfiguró la estructura y las tres propiedades quedaron bajo las órbitas de Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, dos sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

La ley de ética pública, de 1999, obliga a los funcionarios estatales a presentar una declaración jurada al año en la que consten todas las propiedades y bienes a su nombre o a los de su familia inmediata.

El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp adquirió la unidad 3504 en el complejo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por 710.000 dólares. Un día después, esa misma sociedad compró otro departamento, en el 1060 de la avenida Brickell, por 350.000 dólares. Y en 2015, Pompeya Group Corp compró la tercera propiedad, la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles Beach, por 980.000 dólares.

Según la documentación tributaria y registral que obtuvo LA NACION, el primer inmueble es un condominio de 140 metros cuadrados. El 29 de noviembre de 2014 figura que “Andrés E. Vázquez” pagó 13.649,91 dólares en concepto de “Real Estate Property Tax” con el echeck 15-070721; en 2015, “Andrés Edgardo Vázquez” pagó 14.051,70 con el echeck 16-113095; y en 2016 fueron 13.798,24 con el echeck 17-022080, práctica que continuó hasta que a partir de 2019 Alcorta Group se encargó del pago anual.

Según esa misma documentación, el segundo inmueble está tasado hoy en 419.200 dólares. Y el mismo día de 2014, 29 de noviembre, y con el mismo echeck que usó para pagar la propiedad anterior -el 15-070721-, “Andrés E. Vázquez” pagó 8077,24 dólares en concepto de “Real Estate Property Tax”. Y también figuró por su nombre completo al abonar las obligaciones en 2015 y 2016, siempre con cheques electrónicos.

El tercer inmueble, en tanto, se trata de un condominio de 136 metros cuadrados y en 2019 fue puesto otra vez en el mercado con una valuación de 1.190.000 dólares. Como en las anteriores dos propiedades, “Andrés Edgardo Vázquez” figura como el que pagó el impuesto inmobiliario con echecks entre 2016 y 2018, para luego figurar Alcorta Corp.

De Vázquez a los inmuebles

Los registros tributarios del condado de Miami no son el único eslabón que conecta a Vázquez con los tres inmuebles. En la sociedad Panchy Ventures Limited aparece en los registros junto a Silvia Ivone Rodríguez –su primera esposa, también funcionaria de la AFIP–, con un título de copropiedad con derecho de supervivencia, y un paquete de 50.000 acciones que repartieron entre ambos por mitades, hasta que la sociedad se disolvió en 2022.

En la sociedad Galanthus Capital Limited, Vázquez figura como único director de la compañía creada por el bufete Trident Trust, que lo categorizó como cliente de riesgo por su condición de funcionario público y “Persona Políticamente Expuesta (PEP)“, por lo que abrió un legajo de ”debida diligencia reforzada“. En ese legajo constan la fotocopia de su pasaporte, su email personal y una dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, la misma que obra en su pasaporte.

La reconocida simpatía futbolística de Vázquez aportó un último dato que lo ata al entramado. Identificado con el club Huracán, su correo electrónico privado alude a ese club (”La Quema”), y los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a esa institución: el estadio de Huracán queda sobre la avenida Alcorta, en el barrio de Pompeya.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/andres-vazquez-jefe-de-la-dgi-pago-con-cheques-a-su-nombre-impuestos-de-tres-condominios-en-miami-nid07112025/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPNTY3MDY3MzQzMzUyNDI3AAGnHHfb3TNngnK9siXUA669_vVu_nNWT_HlxOhaiLV8VBRrPkPDXN5V8kQ0t08_aem_on8MHIyT_GoY-dFtFiMD-w

La nota original fue publicada en LA NACION.

El presidente Javier Milei está ante una encrucijada que pone en vilo la relación con los Estados Unidos. El gobierno norteamericano de Donald Trump le exige que, en forma “prioritaria”, el país cumpla con la Ley de Patentes y el respeto al derecho de propiedad intelectual a cambio de firmar un acuerdo comercial bilateral para bajar aranceles a productos argentinos y conceder cupos de exportación de carne.

Según pudo saber iProfesional de altas fuentes oficiales, el “Informe 301” del representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, le reclamó a la Argentina derogar resoluciones que impiden la vigencia de la Ley de Patentes de 1995, especialmente en el sector de medicamentos y agroquímicos donde los laboratorios locales copian fórmulas y las comercializan sin pagar derechos.

En el Informe 301 que emite la USTR (United States Trade Representative), que dirige Greer, señala que la Argentina está primera en la lista de vigilancia prioritaria. Es decir, es el caso más preocupante para la USTR.

Lo que pide derogar es la Resolución Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre “las pautas para el examen de Patentabilidad de las solicitudes de Patentes sobre Invenciones Químico-Farmacéuticas”.

Pero también el Informe 301 exigió terminar con la venta de marcas falsificadas en las ferias de La Salada y del barrio de Once. Además, instó a combatir la piratería informática y adherir al Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperación de Patentes, PCT en inglés), que firmaron 100 países y sólo quedaron afuera países como Venezuela y China. También recomienda sumar funcionarios al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (IMPI) para acelerar los trámites de patentación, que se demoran bajo pretexto de falta de gente.

Una fuente del Gobierno admitió a iProfesioonal: “La negociación está paralizada y estancada en la ley de patentes y la Argentina estudia qué hacer“. De este punto sensible depende el alineamiento automático de Milei con Trump.

Federico Sturzenegger y Pablo Quirno, a cargo de las negociaciones con EE.UU.

Fuentes diplomáticas señalaron a iProfesional que ahora la negociación está en manos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y del canciller Pablo Quirno, recién asumido. Desde el año pasado, Sturzenegger había firmado un proyecto de decreto para derogar tres resoluciones de 2012 del gobierno de Cristina Kirchner, que bloqueaban la Ley de Patentes de 1995 sancionada durante el gobierno de Carlos Menem y el vicepresidente Carlos Ruckauf.

Pero Sturzenegger siempre fue frenado por Milei, su hermana, Karina Milei, y su asesor especial Santiago Caputo, padrino político del ministro de Salud, Mario Lugones, de una estrecha relación con la industria de laboratorios local.

El conflicto expone al gobierno de Milei a una de sus mayores contradicciones: el “punto 1” del Pacto de Mayo, que levantó como bandera y negocia con los gobernadores, es la “inviolabilidad de la propiedad privada“.

El reclamo de la USTR y de Greer, mano derecha de Trump, es el respeto a la “propiedad intelectual”. Sin Ley de Patentes los laboratorios extranjeros no pueden patentar sus medicamentos o agroquímicos en el país y, por lo tanto, si los comercializan, la industria local lo copia y le quita mercado.

De otra manera, podrían comercializarlo con exclusividad hasta que caduca la patente (entre 10 y 20 años) y solo entonces los competidores locales podrían comercializarlo. Los laboratorios argentinos argumentan que conspira contra el precio y el abastecimiento de los productos y que la vigencia de la ley barrería con miles de empleos.

“Las negociaciones son confidenciales, pero todo lo que reclaman los Estados Unidos está contenido en el Informe 301 del USTR, que es público, y es lo que más les preocupa”, señalaron en el Palacio San Martín.

Se refería al Informe sobre Derechos de Propiedad Intelectual que realiza anualmente el USTR (United States Trade Representative) y que está subido a internet.

Qué consigue Milei si Argentina cumple con la Ley de Patentes que exige EE.UU.

De que la Argentina cumpla esos requisitos depende el avance y el tenor del acuerdo comercial bilateral con el amigo Trump. Con ese acuerdo Milei busca bajar los aranceles recíprocos para 150 productos, reducir el arancel de 50% impuesto al acero y al aluminio (que exportaba Argentina hasta esa suba) y la mayor exportación de carne a EE.UU.

“El Gobierno está viendo cómo salvar este reclamo de EE.UU. porque es un punto muy conflictivo”, señalan en la Cancillería. “Son los temas que más le preocupan en términos comercio y de barreras no arancelarias con nuestro país y consideran que nuestro país es la prioridad porque es donde encuentran temas más serios”, señalaron fuentes.

El informe de 92 páginas señala, al inicio, que “una sólida protección y aplicación de la propiedad intelectual (PI) es esencial para promover la inversión en innovación”, que “no solo promueve el crecimiento económico sostenible y apoya la creación de empleo, sino que también es fundamental para responder a los desafíos ambientales”.

La PI, señala, “ofrece incentivos para la investigación y el desarrollo en este importante sector, incluso a través de la investigación universitaria”. De allí las exigencias y lo señala: “Una protección y aplicación inadecuadas de la PI en los mercados extranjeros desalientan una mayor inversión”.

“La protección de la PI desempeña un papel importante al proporcionar incentivos para el desarrollo y la comercialización de nuevos medicamentos“, señala el 301.

Para el informe, se recibió información de 100 países socios comerciales y allí se dividió la Lista de Vigilancia Prioritaria o en la Lista de Vigilancia (a secas) o no figurar en el 301, o sea no tener observaciones del USTR.

La Lista de Vigilancia Prioritaria se dispuso en este orden:

• Argentina
• Chile
• China
• India
• Indonesia
• México
• Rusia
• Venezuela

La Lista de Vigilancia obtuvo estos miembros:

• Argelia
• Barbados
• Bielorrusia
• Bolivia
• Brasil
• Bulgaria
• Canadá
• Colombia
• Ecuador
• Egipto
• Guatemala
• Pakistán
• Paraguay
• Perú
• Tailandia
• Trinidad y Tobago
• Turquía
• Vietnam

Por eso, el primer país analizado del Informe 301 fue la Argentina, al igual que ocurrió en 2024, porque este informe se hace todos los años en los EE.UU.

Propiedad intelectual, patentes, competencia desleal y otros ítems del Informe 301

El reporte dice que el país “continúa presentando desafíos de larga data y bien conocidos para las industrias con un alto componente de propiedad intelectual (PI), incluidas las de Estados Unidos”. La protección de los derechos de PI en Argentina “sigue siendo un reto”, y “las partes interesadas denuncian una competencia desleal generalizada por parte de vendedores de bienes y servicios falsificados y pirateados”.

Añadió: “El mercado físico de La Salada en Buenos Aires fue identificado nuevamente como un mercado notorio en la Revisión de Mercados Notorios por Falsificación y Piratería de 2024 (Lista de Mercados Notorios) y continúan los pedidos en línea de productos falsificados a través de sus aplicaciones de redes sociales”. También lamenta que esos productos falsificados se comercializan “a través de vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once y otros mercados de Buenos Aires y del resto del país“.

En esa enorme lupa, Estados Unidos señala que “la policía argentina generalmente no actúa de oficio, y los procesos judiciales pueden estancarse y prolongarse en trámites burocráticos excesivos”. Asimismo, señala, “cuando un caso penal llega a sentencia firme, los infractores rara vez reciben penas con carácter disuasorio”.

El documento fue tajante: “Estados Unidos insta a Argentina a ratificar (firmar) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes” (Patent Cooperation Treaty)”.

Por otra parte, el reporte 301 atacó aquella Resolución Conjunta de 2012, que obstaculizó la Ley de Patentes, cuando subrayó que “una deficiencia clave en el marco legal de patentes sigue siendo la limitación excesivamente amplia de la materia patentable, incluidas las directrices de examen de patentes que rechazan automáticamente las solicitudes de patente para categorías de invenciones farmacéuticas que son patentables en otras jurisdicciones, y los requisitos de que los procesos para la fabricación de compuestos activos divulgados en una descripción sean reproducibles y aplicables a escala industrial”.

Se refiere sin nombrar las a las resoluciones que exigen requisitos excesivos a los laboratorios que quieren hacer uso de la Ley de Patentes, que Estados Unidos no pide cambiar sino poner en vigencia.

“Las partes interesadas también afirman que las limitaciones de Argentina a la patentabilidad de las innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva y sustancias naturales difieren del estándar en muchos otros países”, dijo. “Otro desafío constante para los sectores agroquímicos y farmacéuticos innovadores es la protección inadecuada contra el uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada, de datos de pruebas u otros datos generados para obtener la aprobación de comercialización de productos en dichos sectores”, criticó el informe.

Por otra parte, criticó que “el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) continúa operando con un número reducido de examinadores de patentes, y la escasez de recursos dificulta la contratación y retención de personal. En 2024, Argentina no aprobó ninguna legislación nueva para actualizar las leyes de propiedad intelectual”.

Y añadió que “Estados Unidos promueve propuestas legislativas que establezcan la responsabilidad de los propietarios y una aplicación más estricta de la ley en relación con la venta de productos infractores en mercados al aire libre como La Salada, así como la modificación de la legislación sobre propiedad intelectual”.

También destacó que en 2017, “Argentina creó formalmente el Comité Federal de Lucha contra el Contrabando, la Falsificación de Marcas y las Denominaciones”, pero el “Comité no se ha reunido desde 2019” y Estados Unidos “insta a Argentina a continuar con esta iniciativa y ampliarla para incluir la piratería en línea”.

“Las reformas al código penal presentadas al Congreso argentino, que incluyen ciertas sanciones penales por eludir las medidas de protección tecnológica, se encuentran estancadas”, observó. También lamenta que la Policía Federal y la Gendarmería incrementaron el número de operativos en 2024 dirigidos a la venta de productos falsificados, pero la actividad ilegal persiste en gran medida en Argentina ante la ausencia de medidas sistémicas.

Además, la USTR recomendó “la creación de una Fiscalía Federal Especializada en Propiedad Intelectual (IPI) y una unidad de aplicación de la ley altamente capacitada podría contribuir a combatir la piratería en línea y prevenir procesos judiciales prolongados con resoluciones contradictorias”. Señaló además que “Estados Unidos tiene la intención de monitorear el progreso en todos los asuntos pendientes e insta a Argentina a continuar sus esfuerzos para crear un entorno más atractivo para la inversión y la innovación”. Asimismo, dice, Estados Unidos alienta a Argentina a crear una “estrategia nacional de aplicación de la ley en materia de propiedad intelectual para mejorar la coordinación interinstitucional en las labores de aplicación de la ley y lograr un impacto sostenible y duradero en las infracciones de la propiedad intelectual”. Y anticipó que Estados Unidos seguirá colaborando a través del Foro de Innovación y Creatividad Estados Unidos-Argentina para el Desarrollo Económico, establecido en el marco del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Estados Unidos-Argentina (TIFA), para continuar el diálogo y la colaboración en estas áreas.

Tierra del Fuego 04/11/2025.- Las fotos son recientes: el presidente Javier Milei recorriendo las instalaciones de Newsan en Ushuaia, aplaudido por directivos de la firma e incluso trabajadores. Rubén Cherñajovsky, fundador del grupo, y Luis Galli, su CEO, lo recibían con bombos y platillos como símbolo de “la nueva etapa del país productivo”. Algunas semanas después, esa misma empresa protagoniza una ola de despidos que deja a unos 150 trabajadores en la calle, violando el acuerdo de estabilidad laboral vigente en la provincia.

Los telegramas llegaron sin previo aviso. Según denunciaron los propios trabajadores, fueron despedidos sin causa —incluso algunos estando de vacaciones, con licencia médica o en tratamiento de salud—. “Nos echaron a todos por igual, sin previo aviso. Hay compañeros con más de 14 años de antigüedad que se enteraron de un día para el otro”, relató uno de los operarios afectados, visiblemente indignado.

El golpe fue doble: no solo por la pérdida del empleo en un contexto de crisis, sino también por la sensación de traición. La empresa, que había firmado un compromiso de estabilidad laboral, actuó con el aval tácito de la conducción de la UOM Ushuaia, que —según los trabajadores— “miró para otro lado” mientras se concretaban las cesantías. “Nos sentimos abandonados. No hubo ninguna defensa del sindicato; fue una entrega total”, denunciaron los despedidos.

De acuerdo con los testimonios, la empresa cesanteó a todo el personal contratado que no integraba el Plan Joven, mientras que algunos beneficiarios de ese programa fueron reubicados sin capacitación y, en ciertos casos, asignados a tareas para las que no cuentan con libreta sanitaria ni formación específica. Un escenario que no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que también expone irregularidades en materia de seguridad e higiene.

El contraste entre la imagen de prosperidad exhibida durante la visita presidencial y la realidad actual de los trabajadores resulta imposible de ignorar. Newsan, convertida en emblema del “nuevo modelo productivo” que Milei prometió impulsar, parece ahora replicar en el extremo sur del país las mismas lógicas de ajuste que el Gobierno nacional celebra desde Buenos Aires.

Mientras la dirigencia empresaria y política intercambia elogios y discursos de “eficiencia y libertad de mercado”, en los portones de la planta de Ushuaia la historia es otra: familias enteras que no saben qué pasará mañana, obreros que ven diluirse años de esfuerzo y un sindicato que calla frente a los atropellos.

En Tierra del Fuego, la promesa de “recuperar la industria nacional” se desvanece entre telegramas de despido y silencios cómplices.

La nota original fue publicada en La Licuadora TDF.

El Banco Central publicó el balance cambiario de septiembre y confirmó un dato que sorprendió a propios y extraños: la compra de dólares por parte de personas físicas alcanzó un récord histórico.

La Formación de Activos Externos (FAE) sumó USD 7.759 millones, el nivel más alto desde agosto de 2019. «FAE septiembre: 7.759 millones. El máximo valor desde agosto 2019. Tranquila, doña Rosa», ironizó el analista Federico Machado, de Economía Open.

La cifra es impactante por varias razones. Desde que el gobierno de Javier Milei firmó el acuerdo con el FMI en abril, la salida de divisas por FAE viene escalando mes a mes.

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que dirige Hernan Letcher resaltaron, en los últimos seis meses la fuga de divisas equivale al 169 % del crédito desembolsado por el propio Fondo durante el mismo período.

Los intereses de deuda y el turismo absorbieron el 82 % del saldo comercial de bienes desde que Milei asumió. Aunque la cuenta corriente cambiaria fue positiva en USD 5.510 millones por la liquidación récord del agro, tras la reducción de retenciones a 0 %, esa ganancia se evaporó rápidamente por la demanda privada de divisas.

¿Cómo vas a comprar 6.500 millones de USD en un mes? Somos una cosa divina los argentinos.

El sector de oleaginosas y cereales registró ingresos netos extraordinarios de USD 29.327 millones en los primeros nueve meses de 2025, con un salto de 348 % interanual solo en septiembre, impulsado por la baja impositiva. Como sintetizó el economista Juancito Nieve en X: «Eso financió la rebaja de retenciones. Los chacareros, en lugar de tener granos, ahora tienen dólares».

El balance del BCRA también mostró que el turismo y los consumos en el exterior volvieron a ocupar un rol central en la salida de divisas. El rubro de viajes y pasajes arrojó un déficit de USD 588 millones, y si se suma el gasto con tarjetas, transporte de pasajeros y agencias, el rojo asciende a USD 840 millones. A esto se suma el dato menos comentado: la inversión extranjera directa (IED) fue negativa en USD 437 millones, acumulando un saldo de USD 1.446 millones desde diciembre.

Desde Roma Equity Research sintetizaron el desconcierto del mercado con una frase irónica: «¿Cómo vas a comprar 6.500 millones de USD en un mes? Somos una cosa divina los argentinos».

El dato corresponde a la adquisición de dólares oficiales por personas físicas. En efecto apenas un millón ochocientas mil personas adquirieron USD 6.578 solo durante septiembre. La lectura es clara: «Vamos a necesitar un par de Bessents más», ironizó uno de los analistas consultados.

La nota original fue publicada en La Política Online.