Desde que el Gobierno dejó en claro que no tiene voluntad de intervenir en la crisis de morosidad bancaria por considerarlo «un problema entre privados» y por negarse a medidas que impliquen un subsidio, están lloviendo las propuestas sobre formas de llegar a una «solución de mercado».

Economistas, ex ministros, empresarios pyme, operadores financieros y consultores de inversión han esbozado propuestas para que, de manera voluntaria, los bancos y los acreedores lleguen a una fórmula de reperfilamiento que satisfaga a ambas partes, sin que impliquen un costo fiscal ni un subsidio cruzado.

Ya desde hace meses que ingresaron proyectos en el Congreso para abordar este tema, pero el Gobierno se ha negado a considerarlos, en el entendido de que van contra los principios liberales. El ministro de economía Luis Caputo hizo referencia al «riesgo moral» que supone el castigo a los buenos pagadores por el rescate de los deudores en problemas.

Concretamente, el Gobierno se negó a regular tasas máximas ni, mucho menos, a imponerles a los bancos la obligación de planes de reperfilamiento con extensión de plazos y condonación parcial de deudas.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, rechazó las insinuaciones de que un alivio en el régimen de encajes de los bancos -el dinero de ahorristas que obligatoriamente debe quedar inmovilizado- pudiera ser parte de esa solución.

«El encaje es una herramienta del Central que está pensado para preservar el riesgo de los depósitos. Tiene un impacto sobre la liquidez del sistema, pero no es algo que deba usarse para administrar liquidez», argumenta el funcionario. Y afirma que los bajos niveles que se aplicaban en gestiones anteriores tenían el objeto de compensar a los bancos para que pudieran ofrecer productos «que no eran de mercado».

Sin embargo, dio a entender que, sin poner dinero del BCRA, sí está dispuesto a acercar a ambas partes, ofreciendo soluciones para un reperfilamiento de las deudas privadas, con mayores plazos de pago.

Las propuestas del mercado para «salvar» a los deudores

Hay quienes aplauden la actitud del gobierno de mantenerse al margen. Para Carlos Rodríguez, ex viceministro de economía en los ’90 y ex asesor de Javier Milei, hay siempre un riesgo implícito en estos planes.

Si hay ayuda estatal, advierte Rodríguez, «hace que, para algunos, entrar en mora sea más atractivo (menos costoso) a medida que aumenta la mora agregada. Se crea un círculo vicioso entre la cartera en mora y las expectativas de intervención».

Por su parte, el consultor Salvador Di Stefano, sostiene que los planes de salvataje no ayudarán a los deudores sino a los bancos, a quienes ve como responsables de la situación.

«Mirá cómo los bancos aumentaron la brecha entre tasas activas y pasivas y le cargaron el costo de la mora a las personas que sacan crédito a partir de ahora. Así piensan reactivar el mercado: récord de brecha entre tasas. Después escuchamos a muchos decir ‘pobres los bancos’«, afirmó.

Su interpretación es que al subir la tasa activa al entorno de 140% recuperaron el capital prestado, «y hoy se disfrazan de buenos» con los planes de refinanciación. «No saben prestar, y las consecuencias la pagamos todos».

Pero ante el agravamiento de la crisis, están circulando propuestas con la ambición de solucionar el problema a nivel sistémico y no solamente en casos particulares.

Martín Redrado, ex presidente del BCRA, publicó un plan elaborado en Fundación Capital. Implica que ante una refinanciación, no habrá una degradación de la calificación crediticia. De esa manera, los bancos no deberán contabilizar esas deudas para sus balances, y quedan eximidas de elevar sus previsiones por riesgo de incobrabilidad. Para Redrado, esto daría a los bancos mayor margen para poder reperfilar el cobro.

En cuanto a los deudores, seguirían siendo calificados como «situación 1» -es decir, como si no estuvieran atrasados-. Eso también mejoraría sus condiciones de repago, aunque durante ese período no podrían solicitar nuevos préstamos.

Hay otras propuestas similares, que se debaten entre ejecutivos de los bancos. Uno de los más activos en las redes propone que el BCRA determine una refinanciación general para los deudores en «situación 3» -atraso mayor a 90 días- y que el saldo se establezca en UVA más una tasa máxima de 10%, con un plazo máximo de 60 meses. Se agregaría la eximición en el pago de IVA, Ingresos Brutos y otros impuestos municipales, que en estos casos no implicarían un costo fiscal. Y hasta hay propuestas para que los buenos pagadores tengan una condonación de la última cuota.

Para aliviar las tasas de interés de los nuevos créditos, se propone que se abandone el actual régimen de previsionamiento de incobrabilidad, y que en su lugar se cree un fondo generado por los ingresos de las deudas reperfiladas.

El dólar, ¿parte de la solución?

El empresario Gustavo Lazzari, referente del sector pyme, publicó un proyecto que toma al dólar como parte de la solución. La idea es que el capital de la deuda se convierta a dólares y se pague en hasta 24 meses, a una tasa de bonos Treasury más 4% -a precios de hoy, implicaría una tasa de 8,6%-.

Para los intereses devengados impagos, propone la amortización en 10 cuotas anuales, que se computen como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias. Lazzari admite que habría un costo fiscal, pero advierte que en la situación actual seguirá la caída de clientes, que no podrán pagar refinanciaciones «impúdicas».

«Es reemplazar los contratos a tasas exorbitantes, moneda blanda y plazos cortos por un esquema más racional y compatible con el desenvolvimiento económico», sintetiza el empresario, que es cercano al equipo económico del gobierno. 

La culpa del «rolleo» de deuda

En tanto, el consultor Christian Buteler pone la lupa sobre la relación de la crisis de morosidad y la política monetaria contractiva del gobierno. «La solución es de mercado, lo que no implica que el gobierno no deba hacer nada, al contrario. El gobierno debe dejar de rolear la deuda por sobre el 100% del vencimiento, si es que tiene superávit, para que el excedente de pesos produzca una caída en las tasas».

La crítica alude a la política del ministro Caputo, que en las licitaciones del Tesoro no se limita a renovar los montos de deuda pública que vencen, sino que emite nuevos bonos en exceso, para retirar liquidez del mercado. Varios analistas dijeron que la consecuencia de esa estrategia es una restricción del capital disponible para el crédito, lo cual presiona al alza de las tasas de interés.

Otros analistas estimaron que el costo fiscal de la «mano dura» de Caputo equivale a 2,9% del PBI, por los premios de las nuevas emisiones de bonos. Es un número que duplicaría el nivel previsto de superávit primario para este año.

Lo que ya están haciendo los bancos

Desde la oposición se habla de «tasas usurarias» y de la necesidad de que haya una medida oficial para solucionar una crisis que ya pasó a ser estructural. La irregularidad en los pagos en el segmento de familias ya afecta al 12,7% en el sector bancario, pero llega al 16% si, además, se toma en cuenta al crédito no bancario, como el de las billeteras digitales, las financieras no bancarias, las financiaciones de las propias cadenas retail y los prestamistas informales.

Y uno de los argumentos que se plantean como respuesta al gobierno es que, de hecho, el subsidio desde los buenos pagadores hacia los que están en mora ya está ocurriendo. El síntoma de esa situación sería el ensanchamiento de la brecha entre las tasas pasivas y las activas, que se encuentra en uno de sus puntos máximos.

Hablando en números, a los ahorristas se les paga un 20% por el dinero que colocan en plazo fijo -es decir, una tasa real negativa frente a la inflación- mientras que a quienes toman préstamos se les cobra muy por encima de 100% por el costo financiero total. Y, fuera del sistema bancarios, las tasas pueden llegar al 800% cuando se agregan los punitorios a los morosos.

En el segmento de los bancos, ya se están poniendo en práctica planes para ayudar a que los morosos regularicen la situación, aunque todavía se está lejos de superar la crisis.

En la banca estatal hay refinanciaciones en planes de hasta 96 cuotas -ocho años- con ajuste según el Coeficiente de Variación Salarial, para los casos de atrasos con la tarjeta de crédito.

También hay bancos que aplican cuotas fijas, con plazos de hasta 36 meses. No es extraño que las negociaciones sean personales, de manera que las tasas y plazos pueden ser variables, según el nivel de ingresos y la gravedad de la mora. Claro que, en todos estos casos, se trata de deudores con ingresos fijos y trabajos asalariados del sector formal.

De todas formas, los economistas apuntan que se necesita una participación del gobierno, al menos en un rol de coordinación, porque las propuestas de los bancos tomadas de manera individual pierden eficacia para mejorar la situación del sistema en su conjunto.

Lo que tenés que saber:

• El empleo formal en Córdoba cayó un 9,0% en la cantidad de empleadores desde noviembre de 2023.
• El sector de Comercio perdió 1.364 empleadores, siendo el más afectado.
• Las unidades productivas con hasta 500 trabajadores concentran el 99,9% de las pérdidas de empleadores.

Análisis del mercado de trabajo en Córdoba

Este informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para la provincia de Córdoba, con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros 29 meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

Retroceso en el empleo formal

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.

Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 4.719 casos (-9,0%).

En términos absolutos, el sector de Comercio fue el más afectado, con una pérdida de 1.364 empleadores.

Sectores más afectados

En términos relativos, el sector más afectado es Servicio de transporte y almacenamiento, que ha registrado una pérdida del 23,3% en el total de empleadores.

En el mismo período, se perdieron 22.544 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-3,6%).

El sector Industria manufacturera es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 7.435 trabajadores.

Impacto por tamaño de unidad productiva

Si se analiza la reducción de casos en unidades productivas, se observa que los principales afectados en la gestión de Milei son los empleadores de hasta 500 trabajadores/as: 99,9% del total de los casos (4.712 menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,1% (7 casos).

Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de unidad productiva, se observa que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 la expulsión de trabajadores/as es más significativa en los empleadores de menor porte: 57,4% de la pérdida de empleo (-12.929 trabajadores registrados) se focalizó en unidades productivas con hasta 500 trabajadores/as.

Variación nominal de empleadores

En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de los empleadores con más de 500 trabajadores/as fue menor: -9.615 casos, explicando el 42,6% del total.

En términos nominales, mientras que los empleadores de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 152.722 a 143.107 (-6,3% de variación relativa), los empleadores de hasta 500 disminuyeron su dotación de 477.680 a 464.751 (-2,7% de variación relativa).

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El Gobierno nacional redefinió cómo se calculan los aportes sindicales en los convenios colectivos de trabajo. El Decreto 612/2026, publicado este lunes 20 de julio en el Boletín Oficial, establece que las horas extra, el aguinaldo, los bonos y otros pagos no habituales ya no formarán parte de la base de cálculo.

La medida aterriza un capítulo clave de la Ley de Modernización Laboral. Hasta ahora, la falta de precisión normativa generaba interpretaciones dispares entre empleadores y sindicatos sobre qué conceptos salariales debían incluirse en ese cálculo.

El objetivo del Ejecutivo es dar certeza jurídica antes de la homologación de nuevos acuerdos colectivos, evitando que se amplíe la base de cálculo de manera discrecional y se eleven los costos laborales.

Con esta reglamentación, el Gobierno también impone mayores exigencias de transparencia. Los sindicatos deberán administrar por separado los fondos con destino social, asistencial, previsional o cultural que aporten los empleadores.

Qué conceptos salariales quedan excluidos del cálculo de aportes sindicales

El decreto establece que la base de cálculo estará integrada únicamente por el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador y las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual previstas en los convenios colectivos.

Quedan afuera todos los pagos que no cumplan esos tres requisitos: normalidad, habitualidad y periodicidad mensual. La lista de conceptos excluidos incluye:

• Horas extras
• Premios y bonos
• Participación en las ganancias
• Sueldo Anual Complementario (aguinaldo)
• Plus vacacional
• Sumas no remunerativas
• Cualquier otro pago que no sea normal, habitual y mensual

Esta enumeración busca cerrar el margen de interpretación que, según el Gobierno, permitía que algunos sindicatos incluyeran conceptos extraordinarios en la base de cálculo durante las negociaciones colectivas.

Según los fundamentos del decreto, la intención es evitar que se generen mayores costos laborales para empleadores y trabajadores por interpretaciones que amplíen discrecionalmente la base de cálculo en el marco de las negociaciones colectivas.

Qué obligaciones nuevas tienen los sindicatos con los fondos de empleadores

La reglamentación reafirma que las contribuciones acordadas por los empleadores en favor de los sindicatos deben destinarse exclusivamente a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales que beneficien directamente a los trabajadores.

Para garantizar ese destino, los gremios estarán obligados a llevar una administración especial y separada de esos recursos respecto del resto de su patrimonio. Deberán contar con documentación diferenciada que permita una mayor trazabilidad de los fondos.

Esta exigencia de transparencia busca facilitar el control de legalidad previo a la homologación de convenios colectivos, según sostiene el Poder Ejecutivo en los fundamentos del decreto.

La medida entró en vigencia el mismo día de su publicación, el 20 de julio, y constituye un nuevo avance en la implementación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

Con este decreto, el Ejecutivo busca uniformar el criterio de cálculo de aportes sindicales para todos los futuros acuerdos colectivos, cerrando un vacío normativo que generaba disputas en las negociaciones entre empleadores y sindicatos.

Reforma laboral: qué cosas fueron cambiando en estos meses que está vigente

Ante la vuelta del plantel tras la final del Mundial, el Ejecutivo analiza opciones para facilitar el traslado de los hinchas. Qué implica cada medida

19/07/2026 – 18:35hs

La expectativa por el regreso de la Selección Argentina tras la final frente a España en el Mundial paraliza al país. Con el plantel listo para emprender el retorno a Buenos Aires, tras caer en el juego decisivo, la atención pública no solo está puesta en las decisiones administrativas que pueda tomar el Gobierno nacional. En las últimas horas, los rumores sobre una medida oficial para permitir que los hinchas acompañen la llegada de los jugadores crecieron en las redes sociales.

Frente a este escenario de fervor popular, en la Casa Rosada se analizan herramientas legales para atenuar el impacto de la jornada laboral de mañana y permitir una movilización masiva y ordenada. Decretar un descanso no es un proceso lineal y cada variante implica consecuencias muy distintas para los trabajadores de los diferentes sectores. La gran duda entre empleados, comerciantes y estudiantes es cuál será la figura jurídica elegida si el Ejecutivo decide intervenir.

Diferencias entre feriado nacional, día no laborable y asueto

La opción de máxima y que genera mayor impacto económico es el feriado nacional. Esta medida tiene aplicación obligatoria tanto para el sector público como para el privado. Si el Gobierno determina esta opción, rigen las pautas del descanso dominical: la mayoría de las actividades cierran y, en caso de que un empleador requiera que su personal trabaje, deberá abonar una remuneración doble por esa jornada.

Por el contrario, la figura del día no laborable plantea un escenario diferente para el sector privado, ya que el descanso es optativo para el empleador. Si una empresa decide abrir, el empleado está obligado a asistir a cumplir sus tareas y el pago de esa jornada es simple, sin ningún tipo de plus. Si el empleador decide cerrar, el día se abona igualmente como jornada normal. La única excepción obligatoria donde no se trabaja suele ser en bancos, seguros y dependencias públicas.

Finalmente, la alternativa más frecuente para el Estado en este tipo de situaciones es el asueto administrativo. Esta es una disposición dictada por el Poder Ejecutivo que posee un alcance limitado, ya que afecta principalmente al personal de la administración pública nacional. Los empleados estatales quedan eximidos de concurrir a sus puestos, pero no tiene vigencia obligatoria para el sector privado, comercios ni escuelas, los cuales continúan con su ritmo habitual.

Cuándo se define qué hará el Gobierno tras la final de Argentina

Se espera que Javier Milei defina cómo será la jornada laboral de este lunes para los argentinos. Desde el Gobierno saben que pese a la derrota la gente se volcará a las calles para recibir a la Scaloneta de Lionel Messi y agradecerle por la etapa más dorada de la historia albiceleste.

Hace cuatro años, tras la locura de Qatar millones de personas salieron a las calles y el micro de la Selección no pudo arribar donde tenía previsto para el agazajo final. Ahora la alternativa más fuerte es que el plantel se aloje en el predio de Ezeiza y que desde allí partan en helicópteros para saludar desde el mítico balcón de Casa Rosada, aunque esto terminará de definirlo el plantel.

Lo que tenés que saber:

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Lo que tenés que saber:

• Milei planea un shutdown al estilo EE.UU.
• El cierre afectaría servicios no esenciales
• Requiere cambios legales en Argentina
• No hay claridad sobre salarios y servicios esenciales

Javier Milei, presidente de Argentina, busca implementar un mecanismo de shutdown similar al de Estados Unidos. La propuesta genera incertidumbre sobre su aplicación y consecuencias en el país. Mientras en EE.UU. el shutdown paraliza servicios no esenciales hasta resolver disputas presupuestarias, en Argentina necesitaría cambios legales significativos.

Shutdown: qué es y cómo funciona

En Estados Unidos, el shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto, paralizando el gobierno federal. Solo servicios esenciales como seguridad y defensa continúan operando. Los empleados públicos de áreas no esenciales son licenciados sin goce de sueldo hasta que se resuelvan las disputas presupuestarias.

Este sistema obliga a las agencias a tener planes de contingencia para determinar qué actividades continúan. En Argentina, Milei sugiere apagar el Estado al agotar el presupuesto, pero no detalla cómo funcionaría.

Diferencias institucionales con EE.UU.

El sistema institucional de Argentina difiere del estadounidense, lo que complica la implementación de un shutdown. En EE.UU., el Congreso y el Ejecutivo deben llegar a un acuerdo para reactivar los fondos. En Argentina, esto requeriría reformas legales y un debate sobre su alcance.

Milei no aclaró qué partidas quedarían afectadas ni cómo se garantizarían los servicios esenciales. Tampoco explicó qué sucedería con salarios estatales y prestaciones sociales.

Impacto en el gasto público

Milei busca restringir el gasto público, alineando su propuesta de shutdown con su intención de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. El objetivo es evitar actualizaciones en las partidas presupuestarias, estableciendo mayores restricciones institucionales.

Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se financiarían servicios esenciales y obligaciones estatales genera preocupación. El impacto en el gasto público dependería de la implementación efectiva de estas restricciones.

Posibles consecuencias para las pymes

Las pymes podrían enfrentar incertidumbre ante un shutdown argentino. La interrupción de servicios públicos y trámites administrativos podría afectar sus operaciones diarias. Además, la falta de claridad sobre la continuidad de servicios esenciales representa un riesgo significativo.

Para las pymes, la estabilidad institucional es crucial. Un shutdown sin garantías claras podría desestabilizar el entorno económico, dificultando la planificación y el crecimiento empresarial.

Analizá cómo un shutdown podría afectar tus operaciones y planificá contingencias para mitigar riesgos. Evaluá posibles impactos en tu flujo de caja y operaciones diarias.

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La cúpula sindical argentina vive horas de presión desde varios frentes. Por un lado, los sectores más radicalizados piden un paro general por tiempo indeterminado para frenar la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, el triunvirato de la CGT tiene en cuenta la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional, que se reflejó en el escaso acatamiento de los últimos dos paros y en las dificultades de ciertos gremios poderosos para ejercer la fuerza de otros tiempos.

En los últimos días, la Unión Obrera Metalúrgica -una de las más afectadas por la crisis de la industria nacional- suspendió un paro en la planta de Acindar, que viene reduciendo su actividad y la planta de personal. Una situación similar ocurrió en una fábrica santafecina de productos lácteos, paralizada por falta de insumos. Es la evidencia de un tipo de acción sindical diferente al tradicional: lejos de enfocarse en temas que afectan al ingreso de asalariados altos, como el impuesto a las Ganancias, el reclamo de las bases es el cuidado de los puestos de empleo.

El líder del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, les reclamó a los nuevos triunviros de la CGT –Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo– que convocaran a un paro general para el 11 de febrero, cuando el Congreso empiece a tratar la controvertida ley de modernización laboral.

Más lejos fue el secretario general del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, quien se quejó sin ambigüedades sobre lo que considera una actitud prescindente por parte de la CGT: «No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores», expresó el sindicalista. Y agregó que, si él fuera secretario general de la CGT, «convocaría a un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene».

¿Confrontar o negociar?

Pero hay señales que indican que esa no es la postura mayoritaria. Más bien al contrario, hay una situación más calma de lo esperado en gremios que suelen movilizarse en esta época del año, como los docentes y los empleados estatales.

En la provincia de Buenos Aires, ambos sectores aceptaron la propuesta de Axel Kicillof, que ofreció un 1,5% de ajuste más un retroactivo a diciembre.

A nivel nacional, se está haciendo más notorio que nunca la divergecia entre ATE, que mantiene una postura combativa, y la de UPCN -perteneciente a la CGT- que prefiere la negociación. El propio gobierno no ocultó su intención de que los empleados estatales vuelvan a ser una variable del ajuste fiscal.

Las cifras del gasto público muestran que la masa salarial cayó un 9,4% en términos reales, y que la participación de los salarios públicos de la administración central, que hace un año era un 12,2% de los gastos corrientes, cayó a 11,2%.

En cuanto a la nueva ley de trabajo, la cúpula de la CGT, compuesta por dirigentes de la facción de «los Gordos», ha manifestado su preferencia por la negociación.

En su discurso de asunción en la jefatura tripartita, en noviembre pasado, el dirigente del gremio asegurador, Jorge Sola, había dejado en claro cuál sería la prioridad a la hora de negociar.

 «No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales», fue la definición del nuevo triunviro.

La representatividad sindical, cada vez más devaluada

Esas definiciones dejan en claro no sólo la discrepancia política o ideológica con la ley de modernización laboral sino, sobre todo, el temor a una «devaluación» en la representatividad y el poder de la dirigencia sindical.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno -en particular, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido- creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la «ultraactividad» -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

También se explora la vía judicial, como adelantó el secretario general de la Uocra -gremio de la construcción-, Gerardo Martínez, que se quejó por la falta de disposición al diálogo que muestra el gobierno.

Gremios: una convocatoria que pierde peso

Pero la postura negociadora no es apenas una decisión estratégica: es también un reconocimiento de que la capacidad de movilización y presión sindical se encuentra en un punto bajo.

La jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de reforma laboral, tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. El gobierno aprovechó la situación para «ningunear» a los sindicalistas, argumentando que esa jornada había sido «un día normal».

Y, sobre todo, en la cúpula sindical está fresco el recuerdo del fiasco de los últimos dos paros generales, que acentuaron esa imagen de debilidad.

El primero fue el 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

La ruptura llegó al extremo que, en los sectores más combativos, circulaba el chiste de que la sigla CGT quería decir, en realidad, «Confederación General de Twitter», por la preferencia de los dirigentes de estar más activos con comunicados en las redes sociales que con medidas de protesta callejera.

Finalmente, ante la presión interna, y condicionados también por las críticas por su falta de apoyo al reclamo de los jubilados, los dirigentes de la CGT convocaron a un paro en abril del año pasado. Otra protesta con floja adhesión, dada la actividad de los colectivos. El resultado fue que sólo se sintió el acatamiento en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.

Javier Milei hizo jugar esa situación en su favor, argumentando que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que «se niegan a perder privilegios» y por eso se oponen a la agenda reformista.

Moyano se enfoca en los convenios

Esos paros fallidos contrastaron con las demostraciones de fuerza de la CGT cuando recién había asumido Milei, y el tema de la convocatoria era la oposición a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, algo que afectaba al núcleo de los gremios grandes, donde los promedios salariales son relativamente altos.

Pero cuando la convocatoria tiene un tinte más político, se vuelve a plantear el temor a la pérdida de representatividad. De hecho, el tema más comentado en los últimos paros fue la dificultad de convocar a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio. La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen «changas» en la absoluta informalidad.

Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas con la irrefutable frase de «si no voy a trabajar, no cobro el día».

Esa situación hace que el desempleo creciente en sectores como la industria, lejos de ser un factor que favorezca las medidas de fuerza, pueda restar apoyo a la cúpula sindical. El gobierno usa los datos de la economía informal como argumento de que la actual ley de trabajo es anacrónica.

Mientras el debate por la reforma toma temperatura, Hugo Moyano decidió centrarse en un tema estratégico: atacar la política de Toto Caputo de «topear» los acuerdos salariales por la vía de no homologar convenios. Y, ante el repunte inflacionario, dijo que no hay condiciones para que se firmen acuerdos de seis meses, sino que se debe incluir revisiones más frecuentes.

Un round ganado para la defensa argentina en el juicio por YPF que se tramita en el juzgado del distrito sur de Nueva York, EE.UU. desde abril de 2015. En una pelea legal en el que la Argentina viene perdiendo todos los round por paliza acaba de dar vuelta una decisión que, en el pasado, había aprobado la propia jueza, Loretta Preska.

La jueza federal neoyorkina, Loretta Preska, resolvió suspender de forma temporal la orden que habilitaba a los demandantes, que administran las quiebras de las sociedades Petersen Energía; Petersen Energía Inversora que pertenecieron a la familia Eskenazi y Eton Park financiados por el fondo «buitre» Burford Capital, a investigar activos de YPF con el objetivo de avanzar en eventuales embargos, al conceder un planteo de la propia compañía para que se aguarde la definición de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la legalidad de tratar a la petrolera como un «alter ego» del Estado argentino.

La decisión supone un freno inmediato al denominado «discovery», una instancia procesal que permitía a los fondos demandantes requerir información sensible para intentar demostrar que YPF no actúa de manera independiente del Estado nacional y, de ese modo, sortear la inmunidad soberana que protege a sus bienes en el exterior.

Uno de los analistas que siguen el caso, Sebastián Maril, director de Latam Advisor explicó en sus redes sociales, «Regalo navideño para YPF: Preska accede al pedido de la petrolera de suspender el discovery del alter ego, (búsqueda de activos para ser embargados), mientras la empresa apela la decisión que permitió dicho discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar. Esta orden no aplica al discovery contra otros activos soberanos, que continúa vigente», explicó.

Esto significa que la decisión de la justicia estadounidense puede continuar indagando, buscando, activos embargables de otras compañías en las que el Estado argentino es dueño o partícipe en su capital accionario.

Y, lo que se intenta establecer es si organismos como el Banco Central, con el oro misterioso que está invertido en algún lugar de Europa, las empresas Aerolíneas Argentinas con sus aviones, los satélites de ARSAT, el material de Energía Argentina y, hasta, activos del Banco Nación, están funcionando como ejecutores de políticas del Estado nacional. Si así fuera, podrían ser embargados por la severa jueza.

El millonario litigio tiene como génesis en la publicitada reestatización de la petrolera, en el año 2012 bajo el gobierno de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía.

En ese momento, el fondo Eton Park era accionista minoritario de YPF, mientras que Burford Capital adquirió los derechos para litigar en la Justicia española tras la quiebra de las compañías Petersen, fundadas por la familia Eskenazi en ese país, y también accionistas de la petrolera argentina.

El juicio se sustancia en los EE.UU. porque la empresa petrolera cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el año 1993. Sus estatutos fueron presentados ante la  Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y según el artículo 7° de ese estatuto, cualquier comprador que adquiera más del 15% del capital accionario de la compañía está obligado a lanzar una OPA al resto de los accionistas. 

La OPA es una oferta pública de adquisición. Un mecanismo financiero mediante el cual un inversor o un grupo de inversores propone públicamente a los accionistas de una empresa cotizada la compra de sus acciones a un precio previamente establecido. Ese paso nunca fue dado por la administración kirchnerista y generó el millonario reclamo que sigue hasta el día de hoy.

Una multa millonaria para el Estado argentino

La jueza bajó el martillo en septiembre de 2023 y condenó a la Argentina a pagar el máximo posible al fondo Burford Capital – titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park, de un total de u$s16.000 millones. Además, los intereses se acumulan cada día que pasa sin que el país pague esa cifra por la estatización de la compañía, el país debe pagar u$s2,5 millones en intereses.

Como si fuera poco, la jueza estadounidense decidió, en junio de este año, que el país deberá entregar el 51% de las acciones de la petrolera, del paquete que fue nacionalizado en 2012, como parte del proceso de resarcimiento por no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) en el momento de la expropiación.

Los abogados de la Argentina apelaron esta última sentencia y esa causa corre por carriles separados a la decisión que produjo el juzgado de Preska horas antes de la Navidad.

Se trata de la segunda buena noticia que recibe la administración de Javier Milei en torno al juicio por YPF. 

En octubre pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos realizó una audiencia considerada vital en el contexto de la apelación presentada por la Argentina contra el fallo por u$s16.100 millones dictado en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el caso Petersen Energía / Eton Park Capital Management vs. República Argentina y YPF S.A.

Los representantes de la Procuración del Tesoro de la Nación, afirmaron a iProfesional que la defensa argentina expuso sus argumentos «con claridad, convicción y determinación», centrando su planteo en que el tribunal estadounidense interpretó de manera errónea el derecho argentino y basó su decisión en «una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias».

La posición del país se apoyó en que el juicio no debería haberse tramitado en Nueva York, ya que todos los hechos cuestionados ocurrieron en Argentina, bajo leyes argentinas, y las operaciones involucradas se realizaron en pesos. Además, La defensa también sostuvo que la causa involucra materia de derecho público -y no comercial-, por lo que debería quedar amparada por la inmunidad soberana.

Los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson cuestionaron con dureza algunas posturas de los representantes de los fondos demandantes. Uno de ellos incluso planteó: «Si lo diéramos vuelta, si fuese Estados Unidos, ¿cómo nos sentiríamos si se juzgara en Argentina?». 

El presidente Javier Milei llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para tratar, entre otros temas clave de la gestión, la reforma laboral o el Proyecto de Modernización Laboral que el Ejecutivo enviaría a consideración legislativa. Un borrador de dicho proyecto entró en circulación este viernes, y el mismo prevé la eliminación de varios regimenes especiales de trabajo. Esto incluye la derogación de la Ley de Teletrabajo (Ley N°27.555)

En caso de aprobarse el proyecto, ¿qué significa para quienes trabajan con esa modalidad? Quienes fueron contratados cuando la Ley de Teletrabajo estaba vigente, deberían poder hacer valer los derechos y obligaciones que determinaba esa normativa. 

A la vez, quienes a partir de la derogación de la ley 27.555 fuesen contratados para teletrabajar, pasarían a regirse por la ley laboral general, la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744) que también es modificada por el mencionado proyecto de ley. En ese caso, la modalidad a distancia pasaría a ser algo a negociar entre partes y no a depender de una ley específica de esa forma de trabajo remoto. 

Más aún, la reforma laboral, si se aprueba como figura en el documento difundido en el día de la fecha, también modificaría el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite al empleador hacer cambios en la forma y modalidad de la prestación del trabajo siempre que no altere modalidades esenciales del contrato ni cause perjuicio material o moral al empleado. Esto ya está vigente en la legislación laboral actual.

Qué dice la Ley de Teletrabajo

La Ley de Teletrabajo 27.555 consagra responsabilidades de trabajadores y empleadores en un contrato laboral con modalidad de desempeño a distancia total o parcial respecto de lugares distintos al establecimiento del empleador, mediante tecnologías de información y comunicación. Algunos de los puntos clave de la normativa son: 

• Derechos y obligaciones: Los teletrabajadores gozan de los mismos derechos que los presenciales (remuneración igual o superior, licencias, seguridad social); incluyen derecho colectivo a representación sindical, anexándolos a centros de trabajo presenciales.​
• Desconexión digital: Prohíbe contactar al trabajador fuera de jornada laboral o licencias; no se pueden exigir tareas ni comunicaciones extracurriculares, bajo pena de sanciones. Plataformas de control deben respetar horarios.​
• Jornada laboral: Debe pactarse por escrito, respetando límites legales/convencionales (por hora u objetivos); revocable unilateralmente por el trabajador, obligando al empleador a reubicarlo presencialmente.​
• Compensación de gastos: El empleador cubre incrementos en conectividad, energía u otros servicios por teletrabajo (exentos de Ganancias); provee herramientas/IT sin cargo.​
• Contrato y reversibilidad: Requiere acuerdo escrito; el empleador no puede imponerlo sin consentimiento, y el trabajador puede revertirlo con reubicación prioritaria.

Hasta el momento, la Ley de Teletrabajo sigue vigente y regula este tipo de vínculo laboral cuando desde el inicio se pacta esta modalidad y normativa en un contrato laboral. 

Teletrabajo y trabajo híbrido

Vale la pena aclarar que estos cambios, en caso de aprobarse la reforma tal como figura en el borrador, solo aplican a personas que estaban contratadas bajo el régimen de Teletrabajo y la ley 27.555.

No aplica en absoluto a quienes trabajan enmarcados en otros convenios o que fueron contratados bajo la LCT, y reciben de su empleador el beneficio de teletrabajo de manera voluntaria. Tampoco aplica a los plus (como pago de Internet) que negocian algunos convenios colectivos. 

Las personas contratadas bajo un convenio particular o que teletrabajan por acuerdo con la compañía en la que prestan tareas, no se verán impactadas en ese aspecto si se aprueba la reforma laboral como se plantea en este borrador. 

De acuerdo a un estudio dado a concoer por WTW en noviembre, el teletrabajo es el segundo beneficio más valorado por los empleados de grandes empresas y filiales de multinacionales, solo por detrás de la cobertura de salud. La gran mayoría de las compañías relevaas aplican el modelo híbrido y el 28% ofrece días de teletrabajo a todo el personal, el48% a los empleados que pueden hacer a distancia su trabajo, el 17% al personal fuera de convenio y el 7% solo al administrativo. 

La mayoría (39%) se decanta por 3 días a la semana de presencialidad, y otro 22% solo acude a la oficina dos días. Luego hay un 12% que define el régimen de teletrabajo de común acuerdo con el empleado, y otro 12% en donde es variable de acuerdo a la posición. Las demás compañías de la muestra de WTW no optan por el modelo híbrido. 

La consultora preguntó en octubre si había planes de cambiar los esquemas actuales de asistencia y el 71% dijo que no. Del 21% que lo está analizando, y el 8% que tiene el plan de cambiar, el 65% solo adicionaría un día más de presencialidad a la semana en caso de concretar la modificación.

Nuevamente, la reforma laboral no impactaría en estos acuerdos entre empresas y empleados que realizan teletrabajo ni en los acuerdos por convenio que incluyen plus por realizar tareas a distancia. Solamente se derogaría hacia adelante la posibilidad de contratar bajo la Ley de Teletrabajo 27,555.