Desde que el Gobierno dejó en claro que no tiene voluntad de intervenir en la crisis de morosidad bancaria por considerarlo «un problema entre privados» y por negarse a medidas que impliquen un subsidio, están lloviendo las propuestas sobre formas de llegar a una «solución de mercado».

Economistas, ex ministros, empresarios pyme, operadores financieros y consultores de inversión han esbozado propuestas para que, de manera voluntaria, los bancos y los acreedores lleguen a una fórmula de reperfilamiento que satisfaga a ambas partes, sin que impliquen un costo fiscal ni un subsidio cruzado.

Ya desde hace meses que ingresaron proyectos en el Congreso para abordar este tema, pero el Gobierno se ha negado a considerarlos, en el entendido de que van contra los principios liberales. El ministro de economía Luis Caputo hizo referencia al «riesgo moral» que supone el castigo a los buenos pagadores por el rescate de los deudores en problemas.

Concretamente, el Gobierno se negó a regular tasas máximas ni, mucho menos, a imponerles a los bancos la obligación de planes de reperfilamiento con extensión de plazos y condonación parcial de deudas.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, rechazó las insinuaciones de que un alivio en el régimen de encajes de los bancos -el dinero de ahorristas que obligatoriamente debe quedar inmovilizado- pudiera ser parte de esa solución.

«El encaje es una herramienta del Central que está pensado para preservar el riesgo de los depósitos. Tiene un impacto sobre la liquidez del sistema, pero no es algo que deba usarse para administrar liquidez», argumenta el funcionario. Y afirma que los bajos niveles que se aplicaban en gestiones anteriores tenían el objeto de compensar a los bancos para que pudieran ofrecer productos «que no eran de mercado».

Sin embargo, dio a entender que, sin poner dinero del BCRA, sí está dispuesto a acercar a ambas partes, ofreciendo soluciones para un reperfilamiento de las deudas privadas, con mayores plazos de pago.

Las propuestas del mercado para «salvar» a los deudores

Hay quienes aplauden la actitud del gobierno de mantenerse al margen. Para Carlos Rodríguez, ex viceministro de economía en los ’90 y ex asesor de Javier Milei, hay siempre un riesgo implícito en estos planes.

Si hay ayuda estatal, advierte Rodríguez, «hace que, para algunos, entrar en mora sea más atractivo (menos costoso) a medida que aumenta la mora agregada. Se crea un círculo vicioso entre la cartera en mora y las expectativas de intervención».

Por su parte, el consultor Salvador Di Stefano, sostiene que los planes de salvataje no ayudarán a los deudores sino a los bancos, a quienes ve como responsables de la situación.

«Mirá cómo los bancos aumentaron la brecha entre tasas activas y pasivas y le cargaron el costo de la mora a las personas que sacan crédito a partir de ahora. Así piensan reactivar el mercado: récord de brecha entre tasas. Después escuchamos a muchos decir ‘pobres los bancos’«, afirmó.

Su interpretación es que al subir la tasa activa al entorno de 140% recuperaron el capital prestado, «y hoy se disfrazan de buenos» con los planes de refinanciación. «No saben prestar, y las consecuencias la pagamos todos».

Pero ante el agravamiento de la crisis, están circulando propuestas con la ambición de solucionar el problema a nivel sistémico y no solamente en casos particulares.

Martín Redrado, ex presidente del BCRA, publicó un plan elaborado en Fundación Capital. Implica que ante una refinanciación, no habrá una degradación de la calificación crediticia. De esa manera, los bancos no deberán contabilizar esas deudas para sus balances, y quedan eximidas de elevar sus previsiones por riesgo de incobrabilidad. Para Redrado, esto daría a los bancos mayor margen para poder reperfilar el cobro.

En cuanto a los deudores, seguirían siendo calificados como «situación 1» -es decir, como si no estuvieran atrasados-. Eso también mejoraría sus condiciones de repago, aunque durante ese período no podrían solicitar nuevos préstamos.

Hay otras propuestas similares, que se debaten entre ejecutivos de los bancos. Uno de los más activos en las redes propone que el BCRA determine una refinanciación general para los deudores en «situación 3» -atraso mayor a 90 días- y que el saldo se establezca en UVA más una tasa máxima de 10%, con un plazo máximo de 60 meses. Se agregaría la eximición en el pago de IVA, Ingresos Brutos y otros impuestos municipales, que en estos casos no implicarían un costo fiscal. Y hasta hay propuestas para que los buenos pagadores tengan una condonación de la última cuota.

Para aliviar las tasas de interés de los nuevos créditos, se propone que se abandone el actual régimen de previsionamiento de incobrabilidad, y que en su lugar se cree un fondo generado por los ingresos de las deudas reperfiladas.

El dólar, ¿parte de la solución?

El empresario Gustavo Lazzari, referente del sector pyme, publicó un proyecto que toma al dólar como parte de la solución. La idea es que el capital de la deuda se convierta a dólares y se pague en hasta 24 meses, a una tasa de bonos Treasury más 4% -a precios de hoy, implicaría una tasa de 8,6%-.

Para los intereses devengados impagos, propone la amortización en 10 cuotas anuales, que se computen como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias. Lazzari admite que habría un costo fiscal, pero advierte que en la situación actual seguirá la caída de clientes, que no podrán pagar refinanciaciones «impúdicas».

«Es reemplazar los contratos a tasas exorbitantes, moneda blanda y plazos cortos por un esquema más racional y compatible con el desenvolvimiento económico», sintetiza el empresario, que es cercano al equipo económico del gobierno. 

La culpa del «rolleo» de deuda

En tanto, el consultor Christian Buteler pone la lupa sobre la relación de la crisis de morosidad y la política monetaria contractiva del gobierno. «La solución es de mercado, lo que no implica que el gobierno no deba hacer nada, al contrario. El gobierno debe dejar de rolear la deuda por sobre el 100% del vencimiento, si es que tiene superávit, para que el excedente de pesos produzca una caída en las tasas».

La crítica alude a la política del ministro Caputo, que en las licitaciones del Tesoro no se limita a renovar los montos de deuda pública que vencen, sino que emite nuevos bonos en exceso, para retirar liquidez del mercado. Varios analistas dijeron que la consecuencia de esa estrategia es una restricción del capital disponible para el crédito, lo cual presiona al alza de las tasas de interés.

Otros analistas estimaron que el costo fiscal de la «mano dura» de Caputo equivale a 2,9% del PBI, por los premios de las nuevas emisiones de bonos. Es un número que duplicaría el nivel previsto de superávit primario para este año.

Lo que ya están haciendo los bancos

Desde la oposición se habla de «tasas usurarias» y de la necesidad de que haya una medida oficial para solucionar una crisis que ya pasó a ser estructural. La irregularidad en los pagos en el segmento de familias ya afecta al 12,7% en el sector bancario, pero llega al 16% si, además, se toma en cuenta al crédito no bancario, como el de las billeteras digitales, las financieras no bancarias, las financiaciones de las propias cadenas retail y los prestamistas informales.

Y uno de los argumentos que se plantean como respuesta al gobierno es que, de hecho, el subsidio desde los buenos pagadores hacia los que están en mora ya está ocurriendo. El síntoma de esa situación sería el ensanchamiento de la brecha entre las tasas pasivas y las activas, que se encuentra en uno de sus puntos máximos.

Hablando en números, a los ahorristas se les paga un 20% por el dinero que colocan en plazo fijo -es decir, una tasa real negativa frente a la inflación- mientras que a quienes toman préstamos se les cobra muy por encima de 100% por el costo financiero total. Y, fuera del sistema bancarios, las tasas pueden llegar al 800% cuando se agregan los punitorios a los morosos.

En el segmento de los bancos, ya se están poniendo en práctica planes para ayudar a que los morosos regularicen la situación, aunque todavía se está lejos de superar la crisis.

En la banca estatal hay refinanciaciones en planes de hasta 96 cuotas -ocho años- con ajuste según el Coeficiente de Variación Salarial, para los casos de atrasos con la tarjeta de crédito.

También hay bancos que aplican cuotas fijas, con plazos de hasta 36 meses. No es extraño que las negociaciones sean personales, de manera que las tasas y plazos pueden ser variables, según el nivel de ingresos y la gravedad de la mora. Claro que, en todos estos casos, se trata de deudores con ingresos fijos y trabajos asalariados del sector formal.

De todas formas, los economistas apuntan que se necesita una participación del gobierno, al menos en un rol de coordinación, porque las propuestas de los bancos tomadas de manera individual pierden eficacia para mejorar la situación del sistema en su conjunto.

En un documento elaborado por la Fundación Pensar, el PRO reconoció los avances macroeconómicos del Gobierno, pero advirtió que la baja de la inflación ya no alcanza para contener el malestar social. Jubilados, trabajadores informales y clase media baja aparecen como los sectores de mayor riesgo político para el oficialismo.

El PRO comenzó a marcar diferencias con la segunda etapa del Gobierno de Javier Milei. A través de un informe de la Fundación Pensar, el partido amarillo reconoció que la administración libertaria logró ordenar las principales variables macroeconómicas, pero alertó que la sociedad comenzó a demandar respuestas sobre cuestiones más inmediatas, como los salarios, el consumo, el empleo y el poder adquisitivo. «La estabilización económica ya no alcanza», resume el documento.

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El trabajo sostiene que el Gobierno «evitó en su primera fase el colapso económico: bajó la inflación», aunque advierte que el principal desafío del oficialismo será conseguir que esa mejora económica se traduzca en una sensación concreta de bienestar social. Según el relevamiento, distintos sectores reconocen avances en materia de orden y estabilidad, pero mantienen reclamos pendientes que podrían condicionar el escenario político rumbo a las elecciones de 2027.

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Jubilados y clase media baja, los sectores de mayor riesgo político

Uno de los capítulos más críticos del informe está dedicado a los jubilados, un segmento que la Fundación Pensar considera de «riesgo muy alto» para el Gobierno. Allí sostiene que «la sociedad puede aceptar un ajuste al Estado, a la política, a la obra pública o a subsidios. Pero el ajuste a jubilados tiene otro registro: genera enojo moral». Además, concluye que «el jubilado no puede esperar que el futuro llegue», al advertir sobre la insuficiencia de los haberes y el deterioro del poder de compra del sector.

La clase media baja aparece como otro de los sectores más sensibles. El documento señala que fue beneficiada por la desaceleración inflacionaria respecto de 2024, pero identifica que su principal preocupación continúa siendo «llegar a fin de mes», un reclamo que representa un «riesgo alto» para la administración libertaria.

En tanto, entre los trabajadores informales el principal reconocimiento hacia el Gobierno es la menor inflación, aunque sus demandas continúan concentradas en una mayor generación de empleo y mejores mecanismos de protección social. La situación es similar entre los monotributistas, quienes esperan una menor carga tributaria, más demanda para sus actividades y reglas más previsibles para desarrollar sus emprendimientos.

El desafío del Gobierno: que la mejora macro llegue al bolsillo

El informe también advierte sobre el escenario laboral. «Tener trabajo no siempre significa estar a salvo», sostiene al analizar la situación de los trabajadores desocupados y subocupados. Según explica, el fenómeno del malestar social ya no puede medirse únicamente a través del desempleo abierto, sino que alcanza a quienes necesitan sumar horas laborales, conseguir un segundo empleo o resignaron buena parte de sus consumos habituales para sostener su economía familiar.

Respecto de los empleados públicos, el documento asegura que sufrieron «una doble pérdida: pierde poder adquisitivo y pierde reconocimiento». Si bien admite que para parte de la sociedad el ajuste estatal constituye una condición necesaria para alcanzar el orden fiscal, advierte que quienes integran la administración pública viven el proceso como «una experiencia concreta de deterioro e incertidumbre». La conclusión del apartado es contundente: «no sólo perdió ingresos; perdió legitimidad social».

Finalmente, la Fundación Pensar sostiene que la principal incógnita para el oficialismo será determinar si la mejora de los indicadores económicos logrará convertirse en una percepción social positiva. «La mejora macro no puede ser considerada socialmente exitosa si 4 de cada 10 chicos viven bajo la línea de pobreza», señala el trabajo al referirse a la pobreza infantil. El mensaje político del PRO es claro: la baja de la inflación ya no será suficiente para explicar por sí sola el respaldo electoral al Gobierno.

De acuerdo a una consultora, la imagen positiva del presidente Javier Milei sigue bajando con respecto a datos anteriores. La actualidad económica de los argentinos es uno de los principales puntos a la hora de analizar los siete meses que lleva el mandatario.

La consultora Giaccobe realizó un nuevo estudio de opinión, con el fin de obtener datos sobre los pensamientos que respectan a los habitantes acerca de la imagen de Milei.

El estudio reflejó que el libertario todavía mantiene una imagen positiva mayor a la negativa, con 48,3% a favor, pero a su vez ese porcentaje marca una caída de 10 puntos en relación a mayo. Por otro lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel cosecha un mejor número, ya que con su 49% es quien más aceptación tiene en el oficialismo.

Además, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, representa un preocupante número para la oposición: apenas un 32.5% de imagen positiva. También muestran bajos porcentajes Juan Grabois, con un 26,5%, y la expresidente Cristina Kirchner, con un 22%.

Otro expresidente que aparece es el flamante presidente del PRO, Mauricio Macri, con un 25,7% de imagen positiva y un 46,8% negativa.

Cómo viven la actualidad económica los encuestados

Puntualmente, la temática que más alarma a los encuestados fue la economía, ya que un 36.3% cree que se esta haciendo una muy mala gestión en ese ítem, y un 14% extra lo piensa como »regular». De todas formas, un 32.1% asegura que se maneja »muy bien», estableciendo una clara disputa en cuanto a opiniones se refiere.

Giaccobe también realizó una pregunta a los encuestados: ¿Cuánto tiempo creés que podés resistir la actual situación económica?. Un 31% expresó que »no puede resistir nada», el 18.3% 6 meses, el 20.5% un año, y finalmente, en contraparte, apenas un 21.5% asegura que puede resistir todo el mandato de Javier Milei, a quien además un 48,8% piensa que incumplió su promesa de »ir contra la casta».

Por último, ante la pregunta sobre las emociones que provoca la actualidad del país en los argentinos, mencionaron la palabra »esperanza», pero también muchos dijeron »incertidumbre», »tristeza» y »miedo».

El poderoso empresario Paolo Rocca, uno de los integrantes del denominado “Círculo Rojo” admitió que quizás fue “demasiado optimista” sobre la política económica que aplicaría el presidente Javier Milei.

“Probablemente todos fuimos demasiado optimistas al pensar que esto podría hacerse en el corto plazo”, señaló el presidente y CEO de Tenaris durante una presentación de resultados de la empresa.

“Es una situación difícil de controlar desde el punto de vista de la inflación y el equilibrio fiscal”, comentó Rocca y agregó “Argentina recuperará credibilidad y acceso al mercado, pero llevará un poco más de tiempo”.

Luis Caputo anticipó «la inflación más baja del año» en julio ante operadores financieros

Este comentario contrasta con el expresado por el empresario en marzo en Estados Unidos:  «Tenemos mucha esperanza en el nuevo presidente. Tal vez estemos frente al inicio de un nuevo ciclo para el país», había señalado Rocca en aquel momento. 

En la presentación trimestral de resultados de Tenaris, Rocca habló ante los inversores del holding y afirmó que los planes tenía para aumentar la perforación y las obras de infraestructura en Vaca Muerta aún no se materializaron como esperaba, informó la agencia de noticias Bloomberg.

Esto se debe, según explicó Rocca, a que el Gobierno aún está enfocado en ordenar la macroeconomía, un requisito necesario para poder mejorar luego las condiciones financieras del país.

Tenaris forma parte del Grupo Techint, que incluye también a la petrolera Tecpetrol, uno de los mayores productores de shale gas de Argentina, y la siderúrgica Ternium, que el miércoles también destacó el difícil clima económico del país.

La performance de Tenaris

En el segundo trimestre de este año, Tenaris reportó una caída de 18% en sus ingresos en el último año (a US$ 3.322 millones) una reducción de casi 70% en su ganancia neta (a US$ 335 millones) Los malos resultados se produjeron ante un menor volumen de venta y una caída de los precios.

Tras la presentación de resultados, el ADR de Tenaris en Wall Street se desplomó más de 9% y los de Ternium se movían con un rojo de 3%.

LM CP