Lo que tenés que saber:

• Milei planea un shutdown al estilo EE.UU.
• El cierre afectaría servicios no esenciales
• Requiere cambios legales en Argentina
• No hay claridad sobre salarios y servicios esenciales

Javier Milei, presidente de Argentina, busca implementar un mecanismo de shutdown similar al de Estados Unidos. La propuesta genera incertidumbre sobre su aplicación y consecuencias en el país. Mientras en EE.UU. el shutdown paraliza servicios no esenciales hasta resolver disputas presupuestarias, en Argentina necesitaría cambios legales significativos.

Shutdown: qué es y cómo funciona

En Estados Unidos, el shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto, paralizando el gobierno federal. Solo servicios esenciales como seguridad y defensa continúan operando. Los empleados públicos de áreas no esenciales son licenciados sin goce de sueldo hasta que se resuelvan las disputas presupuestarias.

Este sistema obliga a las agencias a tener planes de contingencia para determinar qué actividades continúan. En Argentina, Milei sugiere apagar el Estado al agotar el presupuesto, pero no detalla cómo funcionaría.

Diferencias institucionales con EE.UU.

El sistema institucional de Argentina difiere del estadounidense, lo que complica la implementación de un shutdown. En EE.UU., el Congreso y el Ejecutivo deben llegar a un acuerdo para reactivar los fondos. En Argentina, esto requeriría reformas legales y un debate sobre su alcance.

Milei no aclaró qué partidas quedarían afectadas ni cómo se garantizarían los servicios esenciales. Tampoco explicó qué sucedería con salarios estatales y prestaciones sociales.

Impacto en el gasto público

Milei busca restringir el gasto público, alineando su propuesta de shutdown con su intención de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. El objetivo es evitar actualizaciones en las partidas presupuestarias, estableciendo mayores restricciones institucionales.

Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se financiarían servicios esenciales y obligaciones estatales genera preocupación. El impacto en el gasto público dependería de la implementación efectiva de estas restricciones.

Posibles consecuencias para las pymes

Las pymes podrían enfrentar incertidumbre ante un shutdown argentino. La interrupción de servicios públicos y trámites administrativos podría afectar sus operaciones diarias. Además, la falta de claridad sobre la continuidad de servicios esenciales representa un riesgo significativo.

Para las pymes, la estabilidad institucional es crucial. Un shutdown sin garantías claras podría desestabilizar el entorno económico, dificultando la planificación y el crecimiento empresarial.

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Fuente: Ver nota original

El presidente Javier Milei se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para definir un paquete de leyes que incluyen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, así como el procedimiento de “shudtdown” o apagado del Estado cuando se agota el presupuesto.

El objetivo es “delinear el formato final de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que está interrelacionada con otras leyes, como las de mercado de capitales e inocencia fiscal, también todo lo que tiene que ver con el mercado de seguros y todas las reglas fiscales”, señaló el mandatario en declaraciones a Neura.

Qué dice la Carta Orgánica del Banco Central y por qué Milei quiere reformarla

Y agregó: “Son dos conjuntos de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Hoy será un día glorioso para la Argentina”.

En cuanto a la reforma de la carta orgánica de la autoridad monetaria, Milei sostuvo que “hay que terminar con ese insulto al intelecto que es haberle puesto un instrumento de política económica sin objetivos, y obviamente la política monetaria no es en el vacío. Se va a prohibir explícitamente y con sanciones penales violentar la independencia del Banco Central en términos de que se financie al fisco”.

Al respecto, apuntó que “emitir será penado porque es una estafa, de hecho el Código Penal define a la estafa y la falsificación de moneda es un delito penal. La política monetaria no es en el vacío”.

Por otro lado, Milei adelantó que “estamos trabajando en el armado del ‘shutdown’ del Poder Ejecutivo, en realidad de la política. Cuando agotás el presupuesto, se apaga el Estado”.

Qué es el «shutdown» del Estado

Un «shutdown» o cierre del Gobierno en Estados Unidos es un mecanismo institucional que se activa cuando el Congreso no logra aprobar las leyes de presupuesto que financian el año fiscal.

Por ley (la Antideficiency Act), si no hay fondos validados legislativamente, las agencias federales tienen prohibido gastar dinero o asumir obligaciones financieras.

Como resultado, el Estado se ve obligado a paralizar de inmediato todas sus actividades consideradas «no esenciales», lo que suspende temporalmente el funcionamiento de ministerios, museos, parques nacionales y hasta la emisión de ciertos trámites burocráticos.

Durante este período, la fuerza laboral pública se divide en dos categorías. Los empleados considerados esenciales (como las fuerzas armadas, los controladores aéreos, los agentes del FBI y el personal médico de emergencia) deben seguir trabajando, pero lo hacen bajo la promesa de cobrar sus sueldos retroactivamente una vez que se destrabe el conflicto.

Por otro lado, cientos de miles de empleados «no esenciales» entran en una especie de licencia forzosa y sin goce de sueldo (furlough), que incluye a quienes trabajan en auditorías, accesos a parques nacionales, monumentos o museos, por ejemplo.

La parálisis llega a su fin cuando ambas cámaras del Congreso pactan una ley de presupuesto definitiva o, en su defecto, una resolución de continuidad a corto plazo que devuelve la normalidad a la administración estadounidense

El último cierre en Estados Unidos se produjo desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de enero, marcando el «shutdown» más largo de la historia.

LM

El Ministerio del Interior desembolsará más de $8.000 millones en el pago de boletas a las 97 agrupaciones oficializadas para estas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), según el cálculo de la Unidad de Datos de Infobae en base a los montos publicados hoy por la Dirección Nacional Electoral (DINE) en el Boletín Oficial. Esta partida – que saldrá del Ministerio del Interior – está destinada a subsidiar 2.764 millones de las boletas tradicionales en papel, según los valores que manejan en el organismo a cargo de Marcos Schiavi. Cada una tendrá cuatro o cinco cuerpos con los nombres de los precandidatos a cargos nacionales que se eligen el 13 de agosto y que superan los 6.400.

Los fondos son una contribución estatal para asegurar que cada fuerza política o alianza reciba el monto equivalente para la impresión de una boleta por elector del distrito en cada categoría: diputados, senadores nacionales y parlamentarios del Mercosur distritales, según el padrón de cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires; para presidente, vicepresidente y los 19 representantes al Parlasur nacionales, según el padrón total del país. La DINE – que aún está bajo la órbita del Ministerio a cargo de Eduardo “Wado” de Pedro – había fijado en mayo en $2,92 el valor por boleta por cada categoría o sección, que le pagaría a las agrupaciones políticas que se inscriban para competir en estas elecciones nacionales.

Para presidente y vice se oficializaron 27 fórmulas de 15 agrupaciones, en siete de las cuales tendrán internas. El número de binomios es casi el triple que en 2019, cuando se habían inscrito 10. El desembolso previsto hoy en el Boletín Oficial para el subsidio de boletas en esta categoría es de $1.550 millones. Según publicó Infobae en mayo, cada partido o alianza que compite por el sillón de Rivadavia recibirá $103 millones para imprimir sus boletas para las PASO.

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Para diputados nacionales competirán 96 fuerzas políticas que se presentan con 331 listas. Al Estado le implicarán $1.892 millones para la impresión de sus boletas. Para la categoría de senadores nacionales que se eligen este año en 8 provincias, se inscribieron 50 alianzas y partidos con 122 listas, por lo que el costo de las boletas que abonará la DINE asciende a $1.292 millones. En tanto, para las boletas de precandidatos a parlamentarios del Mercosur distrito único, el gasto total asciende a $1.447 millones y para los parlamentarios distritales, a $1.884 millones.

De la sumatoria realizada por Infobae de las categorías con que se presentan las distintas agrupaciones a nivel nacional y en los 24 distritos, surge que los dos frentes electorales más competitivos recibirán una cifra de dinero similar: Unión por la Patria tiene asignados $438.611.652 y Juntos por el Cambio, $429.278.786.

En el mismo rango, por encima de los $400 millones para imprimir boletas, aparecen el Frente De Izquierda y De Trabajadores Unidad, que recibirá casi $427 millones; y el Movimiento Libres Del Sur, será beneficiado con $424 millones. Esta fuerza hoy no tiene representación parlamentaria en elCongreso y su candidato a presidente es el dirigente neuquino Jesús Escobar.

El espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza, recibirá del Estado contra el que despotrica $416 millones para la impresión de sus boletas, en tanto Hacemos por Nuestro País, el frente conformado por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, recibirá $351 millones.

Un poco por debajo, partidos chicos, nuevos o casi ignotos, embolsarán igualmente cifras millonarias. Es el caso del debutante Proyecto Joven, que presenta tres listas a presidente – ninguno es conocido, a excepción del escritor Mempo Giardinelli – y recibirá $363 millones; Política Obrera, cuyo precandidato a presidente es Marcelo Ramal, cobrará $355 millones; el Movimiento Izquierda Juventud Dignidad, que lleva dos binomios para competir por la presidencia: el ex piquetero Raúl Castells y el autodenominado periodista Santiago Cúneo; el Frente Patriota Federal, que presenta como candidato a presidente a César Biondini, hijo del dirigente nacionalista señalado como filo nazi Alejandro Biondini, $343 millones.

Por su parte, Principios y Valores, el partido del ex secretario de Comercio del kirchnerismo Guillermo Moreno, que va en una alianza con el espacio Por Tierra,Techo y Trabajo que lidera el dirigente social Luis D’Elía, llevará 5 fórmulas presidenciales, una de ellas encabezada por Moreno, y recibirá $341 millones para boletas.

En tanto, el Movimiento al Socialismo recibirá $240,5 millones; el Movimiento de Acción Vecinal $224 millones, y el Frente LiberAr, que debuta en estas eleciones y lleva tres fórmulas a presidente, $206 millones.

Si bien las agrupaciones deben justificar luego el gasto en la impresión de boletas con las facturas correspondientes, muchas veces esa rendición termina siendo lábil. Es por eso que, en mayo, la Cámara Nacional Electoral dispuso extremar los controles sobre la rendición por parte de las agrupaciones políticas y sus distintas listas internas del gasto en impresión de boletas, solventadas con los fondos que les da el Estado para tal fin. El objetivo es evitar que parte de ese dinero se destine a otra finalidad.

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En ese sentido, resolvió no solo pedirles que presenten las facturas respectivas —algo que ya venía haciendo la Justicia Electoral hasta ahora—, sino además poner a partir de estas elecciones la lupa también sobre las propias imprentas contratadas. Hasta ahora, el control efectuado por la Justicia Electoral de primera instancia y la Cámara recaía sobre la agrupación política o la lista interna de cada alianza electoral, y bastaba solo la factura de una imprenta en la rendición del gasto de las boletas pagadas con fondos públicos. Pero no siempre esas facturas eran genuinas o correspondían al gasto declarado. La Justicia detectó, por ejemplo, que una agrupación presentó una factura de una imprenta cuya razón social registrada ante la AFIP era una remisería. De hecho, la ley de Financiamiento de Partidos Políticos establece que “el remanente del aporte de boletas o el total, en caso que no haya sido acreditado el gasto en el informe final de campaña, deberá ser reintegrado por las agrupaciones políticas dentro de los 90 días de realizado el acto electoral”.

Según los montos publicados para cada agrupación y cada distrito, surge que la DINE le pagará el monto respectivo a cada partido o frente considerando una boleta por elector por cada categoría. La ley de Financiamiento Político dispone que luego esos fondos para boletas sean distribuidos hacia el interior de cada uno en partes iguales entre las listas de precandidatos oficializados. “Vamos a hacerlo como se hizo en 2021, según marca la norma. Después, si hay alguna presentación, veremos cómo se resuelve, si por vía administrativa o judicial”, señalaron desde el Ministerio del Interior a Infobae.

Es que un fallo de la Corte del 2015, a partir de un planteo de la Alianza UNEN , y luego ratificado por el Máximo Tribunal en 2020, dispuso que el Ministerio del Interior debía solventar la impresión de una boleta por elector a cada lista de precandidatos oficializado para participar en las elecciones primarias. En estas PASO hay un número récord de listas – 380 en total para presidentes y cargos legislativos y parlamentarios – lo que hace que el monto a pagar por boletas a cada lista dispare el presupuesto de la DINE a una cifra astronómica, en una época donde los recursos estatales, además, son escasos. “La cifra es obscena”, deslizaron fuentes al tanto de la dinámica electoral.

Hay partidos que sacaron muy pocos votos en las últimas elecciones, casi ignotos o que compiten por primera vez con hasta 7 listas para las PASO. Está el caso, por ejemplo, del partido Esperanza del Pueblo que en 2021 sacó 14.000 votos, y compite en estas Primarias con 4 listas en la provincia de Buenos Aires y se recibirá en total casi $115 millones para boletas. Otro es el del Partido Popular que obtuvo 35.000 votos en 2021, lleva 3 listas en la Provincia y embolsará $120 millones. Por su parte, el Partido Laborista, que sacó 2.860 votos y lleva 3 listas a senador por la Provincia, recibirá $119,5 millones. O el del Partido Autonomista que en la PASO de 2019 obtuvo 3.600 votos y en estas Primarias presentó 5 listas, y embolsará 27,5 millones para la impresión de boletas.

En el organismo a cargo de Schiavi estimaban antes del cierre de listas que el rubro subsidio de boletas insumiría unos $12.000 millones aproximadamente del presupuesto para la realización de las elecciones. El cálculo estaba hecho en base a lo gastado en los comicios del 2021 y del 2019. Ese año, Mauricio Macri había decidido no convocar a elecciones de parlamentarios de Mercosur, con el argumento de recortar gastos y la “parálisis” que tenía ese parlamento regional, pero hubo un fallo posterior de la Cámara Nacional Electoral que obligó a restituirlas. De esa cifra de $12.000 millones, preveían que las PASO se llevarían un poco más de la mitad. Sin embargo, los $8.000 millones publicados hoy elevarían la cifra total, considerando que es muy factible que haya balotaje.

En junio de 2022 el proyecto para implementar la boleta única papel en las elecciones nacionales obtuvo media sanción en Diputados. La iniciativa fue impulsada por la oposición y rechazada por el bloque del Frente de Todos. Sin embargo, quedó desde entonces frenada en el Senado que preside Cristina Kirchner. Promovía el reemplazo del sistema actual, de boleta partidaria, por una boleta que muestra toda la oferta electoral de un distrito en un solo papel. El voto se hace marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría. Su aprobación implicaría un ahorro significativo en costos para el Estado y los partidos políticos, que también buscan imprimir juegos adicionales de boletas para repartir entre los ciudadanos antes de las elecciones, y asegurarse reposición en caso de robos de boletas.

Procesamiento y Visualización de datos: Daniela Czibener

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