El objetivo es que las entidades verifiquen que las compañías puedan afrontar eventuales aumentos en el monto de sus obligaciones en moneda extranjera sin comprometer su capacidad de pago.

La medida apunta a movilizar los dólares depositados en el sistema financiero hacia la inversión y el crédito privado. El límite será del 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada banco.

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La norma advierte que los ingresos de las empresas pueden no acompañar la evolución del tipo de cambio, por lo que este factor deberá ser considerado al momento de aprobar las financiaciones.

También se modifican los parámetros prudenciales. La exigencia de capital mínimo por riesgo de crédito y la exposición crediticia correspondiente a grandes exposiciones deberá calcularse aplicando un factor de 1,25 sobre el importe que resulte de acuerdo con las normas vigentes.

Esta condición no alcanzará a los casos previstos en el punto 2.5.3 del texto ordenado sobre capitales mínimos.

Qué pasará con los dólares de los créditos

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es el destino de los fondos. Los dólares obtenidos a través de estos créditos deberán ser liquidados en el mercado cambiario oficial, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.

De esta manera, las empresas que accedan al financiamiento deberán ingresar los dólares al mercado y convertirlos en pesos. El mecanismo busca evitar que los préstamos generen una demanda adicional de divisas y, al mismo tiempo, incrementar la oferta de dólares en el mercado cambiario.

La flexibilización había sido anticipada por el Gobierno de Javier Milei, que modificó mediante el DNU 736/2026 el artículo 23 del Decreto 905/02.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, amplió las posibilidades de utilización de los depósitos en moneda extranjera y habilitó que esos fondos fueran destinados tanto a prestatarios con ingresos habituales provenientes de operaciones de comercio exterior y actividades relacionadas como a otras personas jurídicas, de acuerdo con la normativa que estableciera el Banco Central.

Las claves de la medida del BCRA

1. El cambio central: más empresas podrán endeudarse en dólares

Hasta ahora, el crédito en moneda extranjera estaba principalmente asociado a empresas con capacidad de generar divisas, especialmente exportadoras. La nueva normativa permite que los bancos financien también a empresas que no tienen ingresos en dólares.

2. El límite es del 15% de los depósitos en dólares

Los préstamos destinados a empresas que no encuadran dentro de los destinos tradicionales no podrán superar, en conjunto, el 15% de los depósitos en moneda extranjera de cada banco. Es uno de los principales límites que establece la regulación.

3. ¿De dónde salen los dólares?

La medida apunta a utilizar una parte de los dólares que ya están depositados en el sistema financiero para transformarlos en crédito. Los depósitos privados en dólares ya superaron los US$40.000 millones, por lo que el Gobierno busca canalizar ese ahorro hacia inversión y actividad económica.

4. Las empresas deberán vender los dólares y pasarlos a pesos

Según explicó Luis Caputo, las compañías que reciban estos préstamos deberán vender las divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y convertirlas en pesos. La idea es que el crédito financie actividad local y, al mismo tiempo, aumente la oferta de dólares en el mercado cambiario.

5. El BCRA endurece los requisitos de capital

Los créditos alcanzados por el nuevo régimen tendrán un tratamiento prudencial más exigente. El requisito de capital mínimo será equivalente al 125% del que corresponde a financiaciones comparables. Además, para los límites de exposición crediticia, estas operaciones computarán por 1,25 veces la exposición habitual.

6. Los bancos deberán evaluar qué pasa ante una devaluación

Uno de los puntos centrales de la letra chica es que las entidades deberán analizar la capacidad de repago de las empresas bajo distintos escenarios de variación del tipo de cambio. Es el mecanismo elegido para intentar reducir el riesgo de descalce de moneda: empresas que facturan en pesos pero deben pagar una deuda en dólares.

7. El riesgo que busca contener el Central

La flexibilización abre una nueva fuente de financiamiento para empresas, pero también implica que una compañía cuyos ingresos están mayormente en pesos pueda asumir deuda en dólares. Una eventual devaluación podría incrementar fuertemente el peso de esa deuda sobre sus ingresos. Ese riesgo de descalce cambiario es justamente el que la regulación busca limitar mediante el cupo, los requisitos de capital y las evaluaciones de capacidad de pago.

8. El objetivo económico del Gobierno

El Gobierno busca que los dólares depositados en los bancos tengan una mayor intermediación y lleguen al sector privado en forma de crédito. El argumento oficial es que esto puede abaratar y ampliar el financiamiento para inversión, impulsar la actividad, la productividad y el empleo, y reducir la dependencia del financiamiento externo.

El objetivo del Gobierno

La medida forma parte de la estrategia oficial para ampliar el crédito y aumentar la circulación de financiamiento en dólares, en un contexto en el que las tasas de interés en pesos todavía se mantienen elevadas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había señalado que la decisión respondía a pedidos de distintos sectores industriales, entre ellos la construcción y la industria automotriz.

Según explicó el funcionario, la construcción tiene una particularidad porque comercializa en dólares y tiene un impacto significativo en la generación de empleo. En ese marco, consideró que el contexto era adecuado para avanzar con una mayor disponibilidad de financiamiento.

Caputo también vinculó la decisión con la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal y sostuvo que el objetivo de la medida es lograr un aumento del crédito.

Con la nueva reglamentación, los bancos podrán ampliar el financiamiento hacia empresas que no generan divisas, aunque dentro del límite del 15% de sus depósitos en moneda extranjera y bajo controles específicos sobre la capacidad de pago y la exposición al riesgo cambiario.

Desde que el Gobierno dejó en claro que no tiene voluntad de intervenir en la crisis de morosidad bancaria por considerarlo «un problema entre privados» y por negarse a medidas que impliquen un subsidio, están lloviendo las propuestas sobre formas de llegar a una «solución de mercado».

Economistas, ex ministros, empresarios pyme, operadores financieros y consultores de inversión han esbozado propuestas para que, de manera voluntaria, los bancos y los acreedores lleguen a una fórmula de reperfilamiento que satisfaga a ambas partes, sin que impliquen un costo fiscal ni un subsidio cruzado.

Ya desde hace meses que ingresaron proyectos en el Congreso para abordar este tema, pero el Gobierno se ha negado a considerarlos, en el entendido de que van contra los principios liberales. El ministro de economía Luis Caputo hizo referencia al «riesgo moral» que supone el castigo a los buenos pagadores por el rescate de los deudores en problemas.

Concretamente, el Gobierno se negó a regular tasas máximas ni, mucho menos, a imponerles a los bancos la obligación de planes de reperfilamiento con extensión de plazos y condonación parcial de deudas.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, rechazó las insinuaciones de que un alivio en el régimen de encajes de los bancos -el dinero de ahorristas que obligatoriamente debe quedar inmovilizado- pudiera ser parte de esa solución.

«El encaje es una herramienta del Central que está pensado para preservar el riesgo de los depósitos. Tiene un impacto sobre la liquidez del sistema, pero no es algo que deba usarse para administrar liquidez», argumenta el funcionario. Y afirma que los bajos niveles que se aplicaban en gestiones anteriores tenían el objeto de compensar a los bancos para que pudieran ofrecer productos «que no eran de mercado».

Sin embargo, dio a entender que, sin poner dinero del BCRA, sí está dispuesto a acercar a ambas partes, ofreciendo soluciones para un reperfilamiento de las deudas privadas, con mayores plazos de pago.

Las propuestas del mercado para «salvar» a los deudores

Hay quienes aplauden la actitud del gobierno de mantenerse al margen. Para Carlos Rodríguez, ex viceministro de economía en los ’90 y ex asesor de Javier Milei, hay siempre un riesgo implícito en estos planes.

Si hay ayuda estatal, advierte Rodríguez, «hace que, para algunos, entrar en mora sea más atractivo (menos costoso) a medida que aumenta la mora agregada. Se crea un círculo vicioso entre la cartera en mora y las expectativas de intervención».

Por su parte, el consultor Salvador Di Stefano, sostiene que los planes de salvataje no ayudarán a los deudores sino a los bancos, a quienes ve como responsables de la situación.

«Mirá cómo los bancos aumentaron la brecha entre tasas activas y pasivas y le cargaron el costo de la mora a las personas que sacan crédito a partir de ahora. Así piensan reactivar el mercado: récord de brecha entre tasas. Después escuchamos a muchos decir ‘pobres los bancos’«, afirmó.

Su interpretación es que al subir la tasa activa al entorno de 140% recuperaron el capital prestado, «y hoy se disfrazan de buenos» con los planes de refinanciación. «No saben prestar, y las consecuencias la pagamos todos».

Pero ante el agravamiento de la crisis, están circulando propuestas con la ambición de solucionar el problema a nivel sistémico y no solamente en casos particulares.

Martín Redrado, ex presidente del BCRA, publicó un plan elaborado en Fundación Capital. Implica que ante una refinanciación, no habrá una degradación de la calificación crediticia. De esa manera, los bancos no deberán contabilizar esas deudas para sus balances, y quedan eximidas de elevar sus previsiones por riesgo de incobrabilidad. Para Redrado, esto daría a los bancos mayor margen para poder reperfilar el cobro.

En cuanto a los deudores, seguirían siendo calificados como «situación 1» -es decir, como si no estuvieran atrasados-. Eso también mejoraría sus condiciones de repago, aunque durante ese período no podrían solicitar nuevos préstamos.

Hay otras propuestas similares, que se debaten entre ejecutivos de los bancos. Uno de los más activos en las redes propone que el BCRA determine una refinanciación general para los deudores en «situación 3» -atraso mayor a 90 días- y que el saldo se establezca en UVA más una tasa máxima de 10%, con un plazo máximo de 60 meses. Se agregaría la eximición en el pago de IVA, Ingresos Brutos y otros impuestos municipales, que en estos casos no implicarían un costo fiscal. Y hasta hay propuestas para que los buenos pagadores tengan una condonación de la última cuota.

Para aliviar las tasas de interés de los nuevos créditos, se propone que se abandone el actual régimen de previsionamiento de incobrabilidad, y que en su lugar se cree un fondo generado por los ingresos de las deudas reperfiladas.

El dólar, ¿parte de la solución?

El empresario Gustavo Lazzari, referente del sector pyme, publicó un proyecto que toma al dólar como parte de la solución. La idea es que el capital de la deuda se convierta a dólares y se pague en hasta 24 meses, a una tasa de bonos Treasury más 4% -a precios de hoy, implicaría una tasa de 8,6%-.

Para los intereses devengados impagos, propone la amortización en 10 cuotas anuales, que se computen como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias. Lazzari admite que habría un costo fiscal, pero advierte que en la situación actual seguirá la caída de clientes, que no podrán pagar refinanciaciones «impúdicas».

«Es reemplazar los contratos a tasas exorbitantes, moneda blanda y plazos cortos por un esquema más racional y compatible con el desenvolvimiento económico», sintetiza el empresario, que es cercano al equipo económico del gobierno. 

La culpa del «rolleo» de deuda

En tanto, el consultor Christian Buteler pone la lupa sobre la relación de la crisis de morosidad y la política monetaria contractiva del gobierno. «La solución es de mercado, lo que no implica que el gobierno no deba hacer nada, al contrario. El gobierno debe dejar de rolear la deuda por sobre el 100% del vencimiento, si es que tiene superávit, para que el excedente de pesos produzca una caída en las tasas».

La crítica alude a la política del ministro Caputo, que en las licitaciones del Tesoro no se limita a renovar los montos de deuda pública que vencen, sino que emite nuevos bonos en exceso, para retirar liquidez del mercado. Varios analistas dijeron que la consecuencia de esa estrategia es una restricción del capital disponible para el crédito, lo cual presiona al alza de las tasas de interés.

Otros analistas estimaron que el costo fiscal de la «mano dura» de Caputo equivale a 2,9% del PBI, por los premios de las nuevas emisiones de bonos. Es un número que duplicaría el nivel previsto de superávit primario para este año.

Lo que ya están haciendo los bancos

Desde la oposición se habla de «tasas usurarias» y de la necesidad de que haya una medida oficial para solucionar una crisis que ya pasó a ser estructural. La irregularidad en los pagos en el segmento de familias ya afecta al 12,7% en el sector bancario, pero llega al 16% si, además, se toma en cuenta al crédito no bancario, como el de las billeteras digitales, las financieras no bancarias, las financiaciones de las propias cadenas retail y los prestamistas informales.

Y uno de los argumentos que se plantean como respuesta al gobierno es que, de hecho, el subsidio desde los buenos pagadores hacia los que están en mora ya está ocurriendo. El síntoma de esa situación sería el ensanchamiento de la brecha entre las tasas pasivas y las activas, que se encuentra en uno de sus puntos máximos.

Hablando en números, a los ahorristas se les paga un 20% por el dinero que colocan en plazo fijo -es decir, una tasa real negativa frente a la inflación- mientras que a quienes toman préstamos se les cobra muy por encima de 100% por el costo financiero total. Y, fuera del sistema bancarios, las tasas pueden llegar al 800% cuando se agregan los punitorios a los morosos.

En el segmento de los bancos, ya se están poniendo en práctica planes para ayudar a que los morosos regularicen la situación, aunque todavía se está lejos de superar la crisis.

En la banca estatal hay refinanciaciones en planes de hasta 96 cuotas -ocho años- con ajuste según el Coeficiente de Variación Salarial, para los casos de atrasos con la tarjeta de crédito.

También hay bancos que aplican cuotas fijas, con plazos de hasta 36 meses. No es extraño que las negociaciones sean personales, de manera que las tasas y plazos pueden ser variables, según el nivel de ingresos y la gravedad de la mora. Claro que, en todos estos casos, se trata de deudores con ingresos fijos y trabajos asalariados del sector formal.

De todas formas, los economistas apuntan que se necesita una participación del gobierno, al menos en un rol de coordinación, porque las propuestas de los bancos tomadas de manera individual pierden eficacia para mejorar la situación del sistema en su conjunto.

Los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales realizaron este miércoles 12 de agosto un paro de 24 horas en todo el país, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de los salarios y el giro de los recursos comprometidos para los hospitales universitarios. La medida se llevó adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo y afectó el dictado de clases y las actividades administrativas en las universidades públicas.

Además del cese de actividades, las organizaciones realizaron distintas acciones de protesta y visibilización. En la Ciudad de Buenos Aires marcharon desde las 16 en el Obelisco bajo la consigna “En defensa de la universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”, que también incluyó reclamos vinculados con la situación del sistema científico y tecnológico y los despidos registrados en el sector.

La jornada fue convocada por las federaciones que representan a los trabajadores de las universidades nacionales. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) dispuso un paro nacional de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, mientras que las organizaciones docentes anunciaron huelgas y actividades de visibilización en distintos puntos del país.

Qué reclaman los gremios universitarios

Las organizaciones sindicales sostienen que el Gobierno mantiene distintos incumplimientos relacionados con el financiamiento del sistema universitario. Uno de los principales reclamos apunta a la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso hace casi 300 días y que, según denuncian, todavía no fue ejecutada en su totalidad pese a las presentaciones realizadas ante la Justicia.

También exigen el cumplimiento de una medida cautelar que ordenó actualizar los salarios de docentes y no docentes tomando como referencia los valores de noviembre de 2023. La resolución quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso presentado por el Ejecutivo y, según las estimaciones sindicales, todavía resta una recomposición cercana al 30% para compensar la pérdida salarial acumulada por los trabajadores del sector.

El tercer punto del reclamo está relacionado con los fondos destinados al funcionamiento de los hospitales universitarios. Los gremios denuncian que todavía no se giró una partida extraordinaria de $50.000 millones, que incluye recursos para establecimientos como el Hospital de Clínicas, y también cuestionan la falta de ejecución de partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de las universidades y al sistema de becas estudiantiles.

Los gremios reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial.

Una multitud marchó al Obelisco en defensa de la ciencia

A la marcha en el Obelisco de este miércoles también se sumaron científicos y científicas de todo el país que se movilizaron para reclamarle al gobierno por la crisis que afecta al sector.

Según se estima, desde diciembre de 2023, se perdieron siete empleos por día en el área vinculada a la investigación y que la inversión proyectada para 2026 es la más baja desde 1972.

Además, semanas atrás el Conicet informó que no renovaría las becas posdoctorales a 379 investigadores formados durante años en el país.

En esta línea, una exbecaria postdoctoral del organismo que asistió a la manifestación expresó: “Este Gobierno no quiere, por decisión política, que exista Ciencia en este país, que exista educación. Y es por eso que estamos hoy acá”.

A su vez, otro manifestante explicó que el Conicet «perdió 2.400 puestos de trabajo desde que asumió Javier Milei», que «los salarios han perdido el 50% del poder adquisitivo» y que se «multiplican las renuncias».

La respuesta del Gobierno al paro universitario

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, rechazó los argumentos de los gremios y calificó la medida de fuerza como “prematura” e “injustificada”. Desde la cartera aseguraron que no existe un incumplimiento por parte del Ejecutivo, señalaron que fueron transferidos los fondos presupuestarios correspondientes y remarcaron que los trabajadores ya comenzaron a percibir los incrementos acordados en la última negociación salarial.

El Gobierno recordó que el acta firmada el 10 de junio estableció una suba acumulada del 24,33%, dividida en un incremento del 21,33% liquidado en junio y otro 3% previsto para octubre. También sostuvo que la negociación permanece abierta debido a que se acordó un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para volver a discutir la situación salarial.

Los gremios cuestionaron esa interpretación al considerar que los aumentos otorgados no alcanzan para cumplir con la recomposición dispuesta por la Justicia ni para recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulada. Además, insistieron en que el conflicto no se limita a los salarios, sino que también incluye la aplicación de la ley aprobada por el Congreso y el financiamiento de las universidades y sus hospitales.

Cómo continuará el plan de lucha

El paro de este miércoles será el comienzo de una nueva etapa del plan de lucha universitario. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) convocó a otro paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto y anunció que entre el 18 y el 21 instalará las denominadas “Carpas por la Universidad y la Soberanía” frente al Palacio Pizzurno y en distintos puntos del país.

Por su parte, CONADU Histórica resolvió realizar un paro nacional entre el 18 y el 22 de agosto y planteó la necesidad de avanzar hacia una nueva Marcha Federal Universitaria. La FATUN también programó para el miércoles 19 abrazos simbólicos en las universidades nacionales y una movilización al Palacio Pizzurno en la Ciudad de Buenos Aires.

Las organizaciones advirtieron que profundizarán el plan de lucha si no obtienen respuestas del Ejecutivo y reclamaron una solución que permita normalizar las actividades en las aulas, los laboratorios y los hospitales universitarios.

Luego de la reciente visita de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se conoció que habrá cambios en el equipo encargado de supervisas las cuentas de la Argentina. La economista Joyce Wong reemplazará a Bikas Joshi como jefa de la misión para el país y tendrá bajo su tutela la revisión del acuerdo pactado con el organismo.

De origen portugués, Wong llegó al país en la comitiva que acompañó a Georgieva, se mantuvo con ella durante su estadía y la secundó en los recorridos por los principales destinos que tenía agendados: estuvo presente en la conferencia de prensa que brindó la titular del FMI en Economía, en la reunión con el presidente Javier Milei y en la visita a Vaca Muerta. También participó de la cena con distintos empresarios del denominado «círculo rojo».

Joyce Wong, Argentina y el acuerdo de Macri en 2018

Según se desprende de su perfil publicado en la web oficial del Fondo, Wong es doctora en Economía por la Universidad de Nueva York y sus áreas de investigación incluyen la desigualdad, el trabajo y las decisiones del ciclo de vida de los hogares.

En su nuevo rol reemplazará a Joshi, quien pasará a ser jefe de la misión del FMI en Chile en el marco del plan de rotación habitual que el organismo realiza con sus diferentes economistas. Pero no será el primer contacto con nuestro país para la portuguesa: anteriormente se desempeñó como economista del caso argentino durante el gobierno de Mauricio Macri y, según afirman, mantiene un conocimiento sobre la actualidad del reciente acuerdo.

Tras aquella participación con el equipo auditor de Roberto Cardarelli, se fue del FMI a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se desempeñó como asesora sénior. En aquel entonces continuó vinculada a investigaciones sobre algunos de los principales desafíos estructurales de América Latina.

Kristalina Georgieva, Luis Cubeddu y Joyce Wong durante la visita a Casa Rosada.

A su regreso al FMI pasó a ocupar un rol de mayor preponderancia. Se desempeñó como economista de mesa para Jamaica y varios países de Centroamérica en el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, para luego transformarse en economista senior en la División de Análisis y Estrategia Regional del Departamento de Oriente Medio y Asia Central del FMI.

Al igual que Joshi, Wong continuará reportando ante el venezolano Luis Cubeddu, subdirector de Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario. En el trabajo diario deberá articular con Max Alier, representante residente del FMI en Argentina y primer punto de contacto entre las autoridades del país y el organismo.

Joyce Wong, la nueva auditora de Argentina que tendrá a cargo la tercera revisión del acuerdo

Su desembarco coincidió con la reciente vista de Georgieva en la que respaldó el rumbo económico del gobierno argentino y descartó la posibilidad de otorgarles más fondos. «Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos», afirmó durante la conferencia de prensa en el Ministerio de Economía junto a Luis Caputo.

La economista búlgara analizó la situación económica que atraviesa el país y destacó que, pese a la incertidumbre global, la confianza del mercado «ha regresado», lo que se evidencia en la capacidad de las provincias y empresas privadas para acceder al endeudamiento.

Más allá de haber superado las metas del programa, Georgieva insistió en la importancia de acumular reservas para la estabilidad del plan y de lograr «que el crecimiento se pueda compartir mas ampliamente». En ese sentido, hizo hincapié en mejorar las condiciones financieras para que puedan tomar préstamos las «pequeñas empresas y familias», porque es necesario «crear puestos de trabajo y elevar el consumo».

Cumplida y aprobada la segunda revisión del acuerdo, Argentina deberá pasar un nuevo escrutinio. Wong deberá poner el ojo en la tercera revisión en la que se evaluará el cumplimiento de las metas hasta finales de junio. En caso de contar con luz verde, el Directorio Ejecutivo deberá discutir si habilita o no un nuevo desembolso por 636 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes a u$s869 millones.

Los querellantes damnificados que han sido apartados de la causa, representados por los abogados Nicolás Oszust y Juan Grabois apelaron la decisión del juez Martínez De Giorgi.

La Sala I de la Cámara convocó a los damnificados para el 10 de agosto y luego de la audiencia los jueces deberán determinar si continúan o no como querellantes.

Para los querellantes, excluirlos en esta instancia equivaldría a consolidar el vacío de control e impulso del expediente. La causa solo sería investigada por el fiscal Eduardo Taiano, cuya labor es cuestionada por los damnificados.

El caso está en la Sala I integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La Sala está en proceso de renovación respecto de Bruglia y Bertuzzi, dos de los jueces que habían sido trasladados a ese tribunal durante el macrismo.

Bertuzzi continuaría en la sala ya que el gobierno envió su pliego al Congreso para convertirlo en titular en ese tribunal.

El juez Bertuzzi había sido trasladado a la Cámara Federal junto a Bruglia por el macrismo en en 2018. El presidente Javier Milei eligió a Bertuzzi y ya envió su pliego, junto al de Pablo Yadarola al Senado.

El 12 de agosto los pliegos de Yadarola y Bertuzzi serán tratados por la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta.

En tanto, Bruglia presentó un reclamo ante la CIDH, para continuar en el cargo. Este sería reemplazado en la Sala I por Yadarola.

Pero si para agosto no se da el recambio, el reclamo de los querellantes podría ser resuelto por la Sala con la actual composición.

La Cámara Federal es un tribunal clave que revisa decisiones sensibles vinculadas a casos de corrupción, y la Sala I debe resolver todo lo que concierne a la causa Libra.

Adorni, las inconsistencias y pedido de explicaciones

La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita recibió antes de la feria el informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), y así se completó la primera parte de la investigación que culmina con el requerimiento de justificación patrimonial.

Los primeros días de agosto el fiscal, con los números exactos, exigirá a Manuel Adorni que justifique las inconsistencias detectadas, y si las explicaciones no convencen los citará a una declaración indagatoria.

La causa ya sumó numerosa prueba, gastos que superan los 400 mil dólares, deudas por 335 mil dólares, consumos con tarjetas de crédito propias y con los plásticos que le facilitaban funcionarios y amigos del área de Comunicación del gobierno.

Pasaron por la fiscalía varios testigos que lo comprometieron, entre ellos uno clave: el contratista Matías Tabas que refaccionó la casa de Indio Cuá, y de cuyo teléfono apareció prueba determinante.

En el expediente figuran compras, gastos millonarios en viajes y adquisiciones lujosas como la ropa blanca por 8 millones de pesos, una cascada para la pileta de la casa en el country, proyectores para videojuegos.

La fiscalía también recibió respuestas de plataformas virtuales de criptomonedas en las que Adorni tuvo cuentas, Binance y Lemon Cash.

La causa de la Agencia Nacional de Discapacidad y un peritaje clave

El caso ANDIS cobrará impulso tras la feria. En el expediente está procesado su extitular Diego Spagnuolo, que se negó a aportar sus registros de voz para realizar un peritaje de los audios atribuidos a su persona.

Los audios revelan un presunto sistema de coimas, el direccionamiento de contratos y retornos de dinero. En las grabaciones se menciona a figuras del Gobierno como Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem, además de maniobras vinculadas al negocio de los medicamentos y las pensiones en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

El fiscal Franco Picardi pidió avanzar en la medida utilizando entrevistas públicas. La fecha de inicio de la pericia se pospuso ya que los especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se tomaron licencia en la feria.

El juez Ariel Lijo, a cargo del caso, le ordenó a la Gendarmería Nacional, que encabezará la medida, que fije nueva fecha de inicio, lo que ocurrirá en los próximos días.

En tanto, el juez deberá resolver sobre la segunda tanda de indagados por supuestas coimas en la compra de insumos de alto costo, entre los que también se encuentra Spagnuolo.

También se espera un fallo de la Sala II de la Cámara sobre la primera tanda de procesados que han apelado la medida.

Los procesamientos fueron dictados por el anterior juez del caso, Sebastián Casanello y alcanzaron a Spagnuolo, a Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, entre otros.

La Sala II es la que deberá resolver en este caso y en julio se quedó sin un juez, ya que Martín Irurzun cumplió 75 años y por ahora no logró que la justicia fallara a su favor, ni consiguió el acuerdo para continuar en su cargo por cinco años más. El gobierno ya activó los resortes para completar esa vacante clave.

Quienes deberán resolver sobre el caso son Roberto Boico y Eduardo Farah, pero si no se ponen de acuerdo deberán convocar a un tercer juez.

El empresariado argentino vive el actual momento político-económico como un cambio de época. En sus principales espacios de lobby, se apoya el rumbo emprendido por el gobierno de Javier Milei y, sobre todo, su agenda de reformas, aunque la mayoría de los sectores ligados al mercado interno sufran en lo cotidiano el impacto del modelo. En ese marco, y con el objetivo de prefigurar el país que ejecutivos y empresarios sueñan para las próximas décadas, IDEA lanzó su 62° Coloquio.

El evento se realizará en Mar del Plata, entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, bajo el título “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. La intención, según señalan sus organizadores, es “debatir qué necesita Argentina para tener 20 años de estabilidad y crecimiento” a tasas del 3% o 4%, algo que consideran asequible.

El encuentro reunirá a directivos de empresas y dirigentes políticos, y contará con invitados internacionales, quienes expondrán sobre algunos de los procesos de estabilización que atravesaron otros países sobre los que IDEA estuvo posando la lupa, como Israel, Perú, Chile, Uruguay, Australia, Irlanda y Polonia.

Por encargo de la organización, un grupo de economistas estudió esos casos (de características y procesos distintos) en busca de detectar algunas decisiones comunes que “permitieron convertir la estabilidad en crecimiento sostenido”. Los organizadores enfatizaron algunas: el equilibrio fiscal, la institucionalidad, la continuidad en el tiempo de los marcos regulatorios y el fortalecimiento educativo.

Aún no está confirmada la participación de los funcionarios de primera línea que fueron invitados, entre otros, el Presidente, el Ministro de Economía y el Canciller. Javier Milei, Luis Caputo y Pablo Quirno tienen previsto viajar a París para la edición del Argentina Week que el Gobierno organiza para esa misma semana.

Los organizadores del coloquio apuntan a que puedan participar de todas formas, ya sea por videoconferencia o a través de un mensaje grabado, como ocurrió con Caputo el año pasado. La que sí dio su visto bueno es la senadora Patricia Bullrich. También fue invitado el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aunque por el momento declinó el convite, señalan desde IDEA, donde igualmente destacan que mantienen diálogo con el dirigente opositor.

La transformación y las tensiones

“Trabajamos para detectar las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad. El desafío es transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo e integrado al mundo”, dijo Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO del Grupo Galicia.

Los organizadores celebran, en gran medida, el modelo de país y el programa macroeconómico emprendido por Milei. En particular, destacan la agenda de reformas libertaria, que en buena medida se basó en los habituales planteos de las usinas de pensamiento del círculo rojo. Entre ellas, la flexibilización laboral, las desregulaciones, la apertura comercial y, ahora, los cambios en la carta orgánica del Banco Central.

De todas maneras, reconocen que hay importantes sectores de la economía que sufren el impacto del actual modelo. Los datos oficiales lo reflejan: desde noviembre de 2023, cerraron 28.262 empresas en términos netos. “Estamos transitando un proceso de transformación económica, pero ese proceso no está libre de tensiones”, afirmó Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, y sostuvo que el empresariado debe reclamarles a los gobiernos políticas de alivio fiscal para la producción argentina y, a su vez, mejorar la competitividad intraempresa. “La mejor política productiva es eliminar impuestos distorsivos y ampliar la base de recaudación, atacando la informalidad”, coincidieron Mignone y Kon a la hora de sintetizar la posición de IDEA.

Los cuatro ejes del próximo Coloquio de IDEA

El coloquio se basa en cuatro ejes temáticos: estabilidad, el mundo, competitividad y desarrollo, que fueron definidos a partir del trabajo de unos 50 CEOs y sus equipos técnicos. En primero de los ejes, “se debatirá sobre las condiciones necesarias para consolidar la estabilidad como un proceso que integra tres dimensiones: macroeconómica, institucional y el compromiso de sostener, en el tiempo, determinadas políticas de Estado”.

Luego, en el eje de “El mundo” se analizarán las principales “megatendencias que están redefiniendo el escenario global”. Entre ellas, IDEA destacó la reconfiguración geopolítica, el impacto de la inteligencia artificial y la tecnología, los cambios demográficos, la transformación energética y las nuevas dinámicas del capital y la inversión.

En el vertical de “Competitividad” se enfatizarán en los aspectos que consideran necesarios para mejorar la competitividad de las empresas argentinas, como infraestructura, logística, cambios tributarios y la transformación de las propias compañías.

Por último, el eje de “Desarrollo” se enfocará en “cómo combinar crecimiento económico con desarrollo humano” y versará sobre educación, mercado laboral e informalidad.

“Pensar el desarrollo a 20 años requiere preguntarnos qué país queremos construir y con qué talento vamos a hacerlo posible. El crecimiento sostenido también se apoya en la capacidad de un país de formar, atraer y retener capital humano relevante”, argumentó Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

Ante la vuelta del plantel tras la final del Mundial, el Ejecutivo analiza opciones para facilitar el traslado de los hinchas. Qué implica cada medida

19/07/2026 – 18:35hs

La expectativa por el regreso de la Selección Argentina tras la final frente a España en el Mundial paraliza al país. Con el plantel listo para emprender el retorno a Buenos Aires, tras caer en el juego decisivo, la atención pública no solo está puesta en las decisiones administrativas que pueda tomar el Gobierno nacional. En las últimas horas, los rumores sobre una medida oficial para permitir que los hinchas acompañen la llegada de los jugadores crecieron en las redes sociales.

Frente a este escenario de fervor popular, en la Casa Rosada se analizan herramientas legales para atenuar el impacto de la jornada laboral de mañana y permitir una movilización masiva y ordenada. Decretar un descanso no es un proceso lineal y cada variante implica consecuencias muy distintas para los trabajadores de los diferentes sectores. La gran duda entre empleados, comerciantes y estudiantes es cuál será la figura jurídica elegida si el Ejecutivo decide intervenir.

Diferencias entre feriado nacional, día no laborable y asueto

La opción de máxima y que genera mayor impacto económico es el feriado nacional. Esta medida tiene aplicación obligatoria tanto para el sector público como para el privado. Si el Gobierno determina esta opción, rigen las pautas del descanso dominical: la mayoría de las actividades cierran y, en caso de que un empleador requiera que su personal trabaje, deberá abonar una remuneración doble por esa jornada.

Por el contrario, la figura del día no laborable plantea un escenario diferente para el sector privado, ya que el descanso es optativo para el empleador. Si una empresa decide abrir, el empleado está obligado a asistir a cumplir sus tareas y el pago de esa jornada es simple, sin ningún tipo de plus. Si el empleador decide cerrar, el día se abona igualmente como jornada normal. La única excepción obligatoria donde no se trabaja suele ser en bancos, seguros y dependencias públicas.

Finalmente, la alternativa más frecuente para el Estado en este tipo de situaciones es el asueto administrativo. Esta es una disposición dictada por el Poder Ejecutivo que posee un alcance limitado, ya que afecta principalmente al personal de la administración pública nacional. Los empleados estatales quedan eximidos de concurrir a sus puestos, pero no tiene vigencia obligatoria para el sector privado, comercios ni escuelas, los cuales continúan con su ritmo habitual.

Cuándo se define qué hará el Gobierno tras la final de Argentina

Se espera que Javier Milei defina cómo será la jornada laboral de este lunes para los argentinos. Desde el Gobierno saben que pese a la derrota la gente se volcará a las calles para recibir a la Scaloneta de Lionel Messi y agradecerle por la etapa más dorada de la historia albiceleste.

Hace cuatro años, tras la locura de Qatar millones de personas salieron a las calles y el micro de la Selección no pudo arribar donde tenía previsto para el agazajo final. Ahora la alternativa más fuerte es que el plantel se aloje en el predio de Ezeiza y que desde allí partan en helicópteros para saludar desde el mítico balcón de Casa Rosada, aunque esto terminará de definirlo el plantel.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un cronograma de paros que restringirá despegues de vuelos nacionales e internacionales durante las fiestas de fin de año, el período de mayor movimiento aéreo en el país. Además, las medidas afectarán la planificación de vuelos y podrían generar demoras y cancelaciones en distintos aeropuertos de todo el país.

A esta altura, el conflicto se mantiene sin resolución desde hace varios meses. Durante noviembre, el gremio ya había llevado adelante interrupciones parciales que impactaron en la aviación de carga, como forma de protesta por el incumplimiento de acuerdos firmados con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la compañía estatal que administra los servicios de navegación aérea luego de semanas de reclamos sin respuestas.

De acuerdo con ATEPSA, el agravamiento del plan de lucha responde al estancamiento de las negociaciones y a la falta de respuestas formales por parte de la empresa. Sostienen que “desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024 se registra una ausencia sostenida de diálogo y una postura inflexible, tanto en materia salarial como frente a una situación operativa crítica que venimos advirtiendo”, señaló el gremio de controlares en un comunicado.

Los puntos centrales de la demanda se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal, la revisión del monto asignado al refrigerio, la actualización de la trayectoria laboral, la respuesta a más de 60 reclamos operativos pendientes y la reapertura de la negociación paritaria.

Al mismo tiempo, el gremio cuestionó la falta de reacción de la empresa frente a las medidas adoptadas el mes pasado. “Aun con afectación real del servicio, no hubo convocatorias para intentar destrabar el conflicto”, expresaron, y advirtieron que la situación laboral y salarial del sector continúa deteriorándose. Desde EANA, en tanto, aseguraron que mantienen la voluntad de diálogo y remarcaron la necesidad de sostener las instancias de negociación.

De hecho, la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10, con el objetivo de acercar posiciones y evitar mayores complicaciones durante las fiestas. La semana pasada ya se había realizado una audiencia virtual, aunque no hubo acuerdo.

Cómo es el cronograma de paros que afectará los vuelos

El cronograma de paros anunciado por el gremio de controladores aéreos se dará en plena temporada alta y podría poner a prueba las nuevas limitaciones a las medidas de fuerza. Ante este escenario, la Secretaría de Trabajo analiza la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria para garantizar la operatoria aérea durante las fiestas:

Según lo informado, las medidas se aplicarán en franjas horarias puntuales y afectarán principalmente los despegues:

• Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: restricción de despegues de vuelos con destino nacional.

• Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: restricción de despegues de vuelos con destino nacional.

• Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: restricción de despegues de vuelos con destino nacional.

• Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afectación de vuelos con destino internacional.

• Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación de toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

El gremio ya aclaró que las medidas alcanzarán únicamente a los despegues, mediante la restricción de autorizaciones de aeronaves en tierra. Quedarán exceptuadas de las restricciones las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y las vinculadas a búsqueda y salvamento, que continuarán operando con normalidad.

Simultáneamente, el conflicto coincide con el debate parlamentario sobre la reforma laboral, que cuestiona la vigencia de convenios colectivos obsoletos y limita el derecho a huelga en servicios esenciales como el control aéreo, que comenzará esta semana en el Senado de la Nación.

La CGT cruzó al Gobierno por afirmar que la reforma laboral será retroactiva: “Fue un sincericidio”

Al mismo tiempo, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) convocó a una movilización a Plaza de Mayo el jueves, a partir de las 15, en rechazo al proyecto oficial del presidente Javier Milei. Esta medida forma parte de un plan de lucha gradual que incluye la adhesión de ATE, CTA y UOM, pero sin paralización total de actividades.

MV / EM