La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un cronograma de paros que restringirá despegues de vuelos nacionales e internacionales durante las fiestas de fin de año, el período de mayor movimiento aéreo en el país. Además, las medidas afectarán la planificación de vuelos y podrían generar demoras y cancelaciones en distintos aeropuertos de todo el país.

A esta altura, el conflicto se mantiene sin resolución desde hace varios meses. Durante noviembre, el gremio ya había llevado adelante interrupciones parciales que impactaron en la aviación de carga, como forma de protesta por el incumplimiento de acuerdos firmados con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), la compañía estatal que administra los servicios de navegación aérea luego de semanas de reclamos sin respuestas.

De acuerdo con ATEPSA, el agravamiento del plan de lucha responde al estancamiento de las negociaciones y a la falta de respuestas formales por parte de la empresa. Sostienen que “desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024 se registra una ausencia sostenida de diálogo y una postura inflexible, tanto en materia salarial como frente a una situación operativa crítica que venimos advirtiendo”, señaló el gremio de controlares en un comunicado.

Los puntos centrales de la demanda se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal, la revisión del monto asignado al refrigerio, la actualización de la trayectoria laboral, la respuesta a más de 60 reclamos operativos pendientes y la reapertura de la negociación paritaria.

Al mismo tiempo, el gremio cuestionó la falta de reacción de la empresa frente a las medidas adoptadas el mes pasado. “Aun con afectación real del servicio, no hubo convocatorias para intentar destrabar el conflicto”, expresaron, y advirtieron que la situación laboral y salarial del sector continúa deteriorándose. Desde EANA, en tanto, aseguraron que mantienen la voluntad de diálogo y remarcaron la necesidad de sostener las instancias de negociación.

De hecho, la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10, con el objetivo de acercar posiciones y evitar mayores complicaciones durante las fiestas. La semana pasada ya se había realizado una audiencia virtual, aunque no hubo acuerdo.

Cómo es el cronograma de paros que afectará los vuelos

El cronograma de paros anunciado por el gremio de controladores aéreos se dará en plena temporada alta y podría poner a prueba las nuevas limitaciones a las medidas de fuerza. Ante este escenario, la Secretaría de Trabajo analiza la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria para garantizar la operatoria aérea durante las fiestas:

Según lo informado, las medidas se aplicarán en franjas horarias puntuales y afectarán principalmente los despegues:

• Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: restricción de despegues de vuelos con destino nacional.

• Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: restricción de despegues de vuelos con destino nacional.

• Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: restricción de despegues de vuelos con destino nacional.

• Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afectación de vuelos con destino internacional.

• Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación de toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

El gremio ya aclaró que las medidas alcanzarán únicamente a los despegues, mediante la restricción de autorizaciones de aeronaves en tierra. Quedarán exceptuadas de las restricciones las operaciones de emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado y las vinculadas a búsqueda y salvamento, que continuarán operando con normalidad.

Simultáneamente, el conflicto coincide con el debate parlamentario sobre la reforma laboral, que cuestiona la vigencia de convenios colectivos obsoletos y limita el derecho a huelga en servicios esenciales como el control aéreo, que comenzará esta semana en el Senado de la Nación.

La CGT cruzó al Gobierno por afirmar que la reforma laboral será retroactiva: “Fue un sincericidio”

Al mismo tiempo, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) convocó a una movilización a Plaza de Mayo el jueves, a partir de las 15, en rechazo al proyecto oficial del presidente Javier Milei. Esta medida forma parte de un plan de lucha gradual que incluye la adhesión de ATE, CTA y UOM, pero sin paralización total de actividades.

MV / EM

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Un reciente informe elaborado por la consultora Focus Market pone de manifiesto la profunda disparidad fiscal y operativa que divide actualmente a la economía argentina. El relevamiento expone la brecha existente entre las grandes compañías que acceden al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). El dato más contundente que arroja el estudio es la diferencia en la carga impositiva: la presión fiscal efectiva que recae sobre el sector pyme se ubica en torno al 45%, mientras que los proyectos amparados bajo el nuevo régimen de promoción gozan de una carga significativamente menor, que oscila entre el 20% y el 25%.

El análisis subraya que el RIGI fue diseñado por el gobierno de Javier Milei como una herramienta central para atraer capitales extranjeros y reactivar la economía, apuntando especialmente a sectores intensivos como la energía y la minería. Sin embargo, su implementación ha derivado en un escenario de dos velocidades. Por un lado, las grandes corporaciones globales operan con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales; por el otro, el 99% del tejido empresarial local enfrenta condiciones estructurales desventajosas que dificultan su competitividad.

Al respecto, Damián Di Pace, director de Focus Market, recordó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se consolidó como una de las estrategias del gobierno para reactivar la economía a través de la llegada de capitales extranjeros. Según el analista, presentado como un motor de arranque para la inversión, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, con estabilidad normativa garantizada por 30 años. Di Pace agregó que la meta es atraer proyectos de gran envergadura, en sectores intensivos en capital y de largo plazo, donde la previsibilidad resulta clave para decidir inversiones, aunque advirtió que el gran desafío ahora es cómo lograr el crecimiento de la inversión privada local.

Desde su puesta en marcha en julio de 2024, el RIGI ha permitido la aprobación de proyectos por un valor superior a los 15.700 millones de dólares. Entre los incentivos que facilitaron estos desembolsos se destacan la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la exención gradual de derechos de exportación y la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital. A esto se suma la libertad para disponer de las divisas generadas, un factor determinante para las inversiones de largo plazo que contrasta con las restricciones del resto de la economía.

Asimetrías en la carga fiscal y burocrática

La comparación con la realidad de las pymes, responsables de más del 60% del empleo formal en el país, revela desventajas estructurales. El informe detalla que una empresa fuera del régimen debe afrontar una alícuota del 35% en el Impuesto a las Ganancias, diez puntos porcentuales por encima de las beneficiarias del RIGI. La diferencia se profundiza en el comercio exterior: mientras el régimen de fomento exime el pago de derechos de importación, las pymes deben abonar aranceles habituales que varían entre el 7% y el 14% en promedio según el producto.

La situación se repite en los derechos de exportación. El esquema para grandes inversiones prevé exenciones totales a partir de los dos o tres años de iniciado el proyecto, mientras que el resto de las compañías tributa un promedio del 8% al 12%. Asimismo, el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) marca otra distinción relevante: el RIGI permite la cancelación mediante Certificados de Crédito Fiscal, un mecanismo mucho más ágil que los complejos regímenes de saldo a favor, IVA diferido o reintegros que deben gestionar las empresas locales.

Uno de los puntos más críticos señalados en el estudio es la estabilidad normativa. Los proyectos RIGI cuentan con una garantía de estabilidad por 30 años, lo que blinda sus operaciones frente a cambios políticos o económicos futuros. En la vereda opuesta, las pymes operan bajo una alta volatilidad regulatoria y una burocracia extensa. Según los datos recopilados por la consultora, abrir una empresa en Argentina requiere un promedio de 4.496 horas, y mantener la operación dentro de la formalidad demanda otras 2.156 horas al año, cifras que ubican al país en uno de los niveles más altos de complejidad administrativa de toda Latinoamérica.

El costo del financiamiento y la operación

El informe también aborda las dificultades de financiamiento y los costos operativos que enfrentan las empresas nacionales. En lo que va de 2025, unas 62.116 pymes lograron acceder a créditos respaldados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos públicos. Si bien esto representa un avance, el número resulta insuficiente frente a un universo total de más de 600.000 firmas registradas. Además, el 77% de las empresas que acceden a estas herramientas son microempresas. Por el contrario, los beneficiarios del RIGI acceden a financiamiento directo de capital externo sin las restricciones del mercado local.

En el plano de los costos, la energía industrial también juega en contra de la competitividad local, con una tarifa promedio de 96 dólares por MWh, manteniéndose por encima de los niveles más competitivos de la región. A esto se suma la presión sindical y la rigidez de los convenios colectivos de trabajo, que agregan complejidad a la gestión diaria. El estudio subraya además que las pymes poseen una alta dependencia de insumos importados y enfrentan un acceso a divisas condicionado por declaraciones juradas, plazos y regulaciones del Banco Central, mientras que el RIGI garantiza la libre disponibilidad y liquidación de divisas.

El contraste evidencia que las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una desventaja estructural que limita su capacidad de crecimiento. Este desequilibrio plantea la necesidad urgente de pensar en un esquema de incentivos equivalente para medianas y pequeñas empresas, que permita canalizar recursos hacia el sector productivo local y fortalecer el entramado laboral existente.

Hacia un régimen de incentivo pyme

Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de avanzar en un esquema de incentivos para las empresas locales. La discusión sobre un “RIGI PyME” ya tiene antecedentes en el proyecto de ley RIMI, presentado en noviembre de 2024 bajo la iniciativa de Promoción de Inversiones y Empleo. Esta propuesta contempla inversiones desde 150.000 dólares para microempresas hasta 30 millones de dólares para medianas y grandes, ofreciendo beneficios como amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados, prolongando la desigualdad de condiciones.

Focus Market detalla que un régimen orientado a pymes debería basarse en seis pilares fundamentales para equiparar la competencia. En primer lugar, se propone la simplificación tributaria, unificando cargas y eliminando tasas e impuestos en cascada para aliviar las más de 900 horas anuales que las empresas dedican exclusivamente a trámites impositivos. En segundo lugar, se destaca la necesidad de estabilidad fiscal por al menos 10 años, evitando la creación de nuevos impuestos o cambios abruptos en las alícuotas para ofrecer previsibilidad.

El tercer pilar se centra en el acceso real al crédito, ampliando líneas en moneda local y extranjera para reducir la dependencia de recursos propios. Como cuarto punto, se sugieren beneficios por reinversión, que incluyan la exención o diferimiento del impuesto a las ganancias sobre utilidades reinvertidas en capital productivo o innovación. El quinto eje apunta a los incentivos para exportar y encadenar con proveedores locales, mediante la desgravación temporal de exportaciones y beneficios para quienes provean a los grandes proyectos. Finalmente, se incluye el apoyo a la transición digital y capacitación mediante créditos fiscales.

El potencial económico de implementar estas medidas es significativo. Se estima que el ahorro privado en Argentina, situado fuera del sistema financiero formal en depósitos y efectivo, supera los 250.000 millones de dólares. Según la consultora, captar apenas entre el 5% y el 10% de esos fondos mediante los incentivos correctos podría volcar entre 12.000 y 25.000 millones de dólares a la inversión productiva local, generando empleo formal y competitividad genuina.

Para finalizar, Di Pace concluyó que la experiencia del RIGI demuestra que los incentivos bien diseñados funcionan y que el desafío pendiente es trasladar esta lógica a las PyMEs locales, transformando la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento económico real y sostenible.

El director de la consultora enfatizó que mientras el RIGI Pyme siga postergado en el Congreso, la brecha entre grandes inversores y empresas locales persiste, limitando el desarrollo de un sector que sostiene más de la mitad del empleo formal y constituye el corazón de la economía argentina. El camino hacia un crecimiento inclusivo, cerró, depende de convertir esta potencialidad en políticas concretas capaces de transformar recursos ociosos en inversión, empleo y competitividad.

La nota original fue publicada en Infobae.

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich se reunieron este viernes. El encuentro, a días de la jura de la senadora electa, se celebró en el despacho de la titular de la Cámara alta; fue a puertas cerradas y no hubo foto. Apenas salió, la ministra de Seguridad le marcó la cancha a la vicepresidenta; la relegó un mero rol institucional mientras ella se prepara para tener un rol protagónico, con la mira puesta en las elecciones de 2027.

Después de realizar los trámites correspondientes a su ingreso a la Cámara, fotos, huella del recinto, y demás, Bullrich visitó a la vicepresidenta en su despacho. Esta la había invitado, a través del secretario Parlamentario de la Cámara, Agustín Giustinian. Fue la primera vez que ambas se vieron cara a cara luego de una serie de cruces vía Twitter.

“Jamás habría autorizado a un gendarme ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de seguridad no opino de las sanciones y acciones que se debieran tomar”, escribió en sus redes sociales, en diciembre pasado, Villarruel. Se refería al gendarme argentino que fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro.

Más acá en el tiempo, también se habían cruzado, cuando la titular del Senado quedó al frente de la sesión autoconvocada por la oposición, en la que se sancionó una serie de leyes que le generaron un dolor de cabeza al gobierno de Javier Milei, como la Emergencia en Discapacidad.

“Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia”, la compañera de fórmula de Milei no se hizo esperar.

“Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras ud pululaba de partido en partido”, retrucó Villarruel.

Después de esos encontronazos virtuales, y mientras la titular del Senado permanece totalmente corrida del gobierno libertario, ambas se vieron las caras y tomaron un café en el despacho ubicado en el primer piso del Palacio.

“Conversamos y nos pusimos de acuerdo de acá a futuro”, dijo Villarruel a la prensa, minutos después del encuentro. Para ese entonces, la ministra de Seguridad ya había abandonado el lugar. No hubo foto. Apenas salió, Bullrich habló con la prensa y dejó en claro quién tomaría las riendas del Senado.

Primero en diálogo con los periodistas acreditados, y luego a través de un tuit, Bullrich la relegó a un “rol institucional” y dejó en claro que, la encargada de negociar con el resto de los bloques estará a su cargo. Esa tarea, tradicionalmente, le toca a los titulares de las Cámaras, como Martín Menem en Diputados.

“La vicepresidente se mostró totalmente dispuesta a colaborar dentro de su rol institucional. Y es importante distinguir la construcción de una mayoría, que es tarea mía como Jefe de Bloque de La Libertad Avanza, con la función de la Presidente del Senado, que debe garantizar el orden parlamentario y el buen funcionamiento de la Cámara”, tuiteó la ministra saliente.

Villarruel no mostró contradicciones con la palabra de Bullrich. “Mi rol es institucional, no tiene nada que ver con lo político, mi función en este Senado es que se consigan las leyes del Ejecutivo, pero en un clima que propenda el acuerdo político”, dijo Villarruel. Evitó contradecir a la senadora electa.

Victoria Villarruel

Se sabe que Bullrich, a los pocos días de las elecciones del 26 de octubre, comenzó a establecer contacto con las autoridades de los diferentes bloques del Senado, incluso de Unión por la Patria.

El objetivo de la dirigente porteña es recuperar la mayoría que Victoria Villarruel supo construir en el primer año de gobierno libertario. Básicamente, la vice alineó a todos los bloques, salvo la bancada que conduce José Mayans. Así, se garantizó lugares para La Libertad Avanza en las comisiones, pese a contar con apenas 7 bancas; el funcionamiento de la Cámara y, sobre todo, la aprobación de la Ley Bases y del Paquete Fiscal, los dos primeros hitos parlamentarios del Gobierno.

Los enfrentamientos de la Casa Rosada con los gobernadores, ya sea por las promesas incumplidas o por los armados electorales que impulsó Karina Milei en sus territorios, hicieron volar por los aires los acuerdos tejidos por Villarruel.

Con un bloque mucho más nutrido y el triunfo electoral todavía presente, Bullrich se prepara para anotarse algunos triunfos legislativos. El primer desafío sería la Reforma Laboral que, todo indica, ingresará por el Senado mientras Diputados avanza con la aprobación del Presupuesto 2026, que está en manos de Diputados.

Las intenciones de la ministra son usar el Senado como vidriera de cara a las elecciones del ’27, en las que apuesta a dar la pelea por la jefatura de Gobierno porteño. Y, para lucirse, ya dejó en claro que será algo más que una jefa de bloque.

Así las cosas, la próxima vez que ambas se verán las caras será el 28 de noviembre a las 11, en la sesión en la que la titular del Senado le tomará juramento a Bullrich.

Además, el resultado confirmó el crecimiento del oficialismo en provincias estratégicas como Córdoba, Santa Fe y Mendoza, además de ratificar la hegemonía en la Ciudad de Buenos Aires, considerada su principal bastión político.

Una elección definida por el miedo y la polarización

El politólogo, académico e investigador argentino Mario Riorda dialogó con Ámbito y aseguró: “El mileísmo capta más del antikirchnerismo, que el kirchnerismo del antimileísmo”.

Para el especialista, la victoria fue “sorpresiva, nítida y transversal”, y se sostuvo sobre una polarización “hasta el infinito” que logró desplazar las opciones provinciales y centristas.

El consultor subrayó que el Gobierno “recibió una prórroga de esperanza” por parte de los votantes, que eligieron respaldar al oficialismo en un contexto de incertidumbre. “El Gobierno fue cambiando de expectativas: de pronósticos cercanos al 50% a hipótesis de menos de un tercio. Termina con un resultado más que satisfactorio producto de la rivalidad polarizante”, explicó.

La estrategia del oficialismo consistió en nacionalizar la campaña y reorientar el eje discursivo hacia la confrontación directa con el peronismo, aprovechando el desgaste opositor y el miedo a un supuesto regreso del kirchnerismo. Entre las claves estuvo la gira del propio Presidente por todas las provincias para encabezar cada cierre de campaña, en un contexto adverso para LLA.

El sociólogo y antropólogo Pablo Semán, por su parte, consideró que el triunfo libertario fue “menos sorpresivo de lo que parecía” si se hubiera previsto la participación de quienes se ausentaron en septiembre.

“La posibilidad del triunfo del peronismo en octubre introdujo el miedo a una crisis y al retorno del peronismo que había sido repudiado ampliamente en 2023”, analizó.

Para Semán, el voto a Milei “fue consciente de sus contradicciones”, ya que muchos electores “descontaron elementos que no aprueban en la gestión presidencial y priorizaron el rechazo al kirchnerismo”.

El especialista advirtió que el Gobierno ganó margen político pero enfrentará “mayores exigencias y expectativas sociales”. A su juicio, la oposición “no se mostró capaz de explotar los errores oficiales ni de ofrecer alternativas concretas”.

Diputados Elecciones 2025

Así quedará conformada la Cámara de Diputados luego de las elecciones.

Archivo

Por su parte, la politóloga y consultora Paola Zuban sostuvo que el oficialismo capitalizó un escenario “de extrema polarización, con una oposición fragmentada y un antikirchnerismo muy fuerte”. Según su análisis, “solo LLA planteó una mirada de futuro, aunque sea negra; el resto no planteó nada”.

Para Zuban, el factor emocional tuvo un peso central. “Sorprendió la diferencia. Las mediciones no indicaban ese resultado. Puede haber existido una espiral del silencio o un voto vergonzante a LLA”, señaló.

La analista advirtió que el Gobierno “quedó fortalecido políticamente y podrá avanzar en el Congreso con sus aliados, aunque deberá demostrar capacidad de consenso”. Y subrayó: “Esa fortaleza no es social ni económica. No es un cheque en blanco. La opinión pública está mucho más volátil de lo que piensa el Gobierno”.

El consultor Carlos Fara coincidió en que la elección fue “sorpresiva, porque todos los indicadores eran negativos para el Gobierno”. Según explicó, “había más desaprobación que aprobación, recesión económica, pesimismo social y críticas al estilo de liderazgo”.

“Eso no significaba que el Gobierno fuera a perder, pero sí que debía recibir una advertencia, y ese mensaje no estuvo”, sostuvo Fara. Para el analista, el resultado demostró que “la gente compró un calmante para llevar la fiesta en paz los próximos dos años”.

El miedo instaurado a un retorno de un kirchnerismo demonizado también influyó en el comportamiento electoral. “Había temor a la inestabilidad, a la incertidumbre. Una parte del electorado eligió el orden antes que la crisis”, afirmó.

Composición Senado Elecciones 2025

Así quedará conformado el Senado luego de las elecciones legislativas 2025.

Archivo

El efecto Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el resultado marcó el punto de inflexión del mapa electoral. Allí, La Libertad Avanza logró revertir el resultado de septiembre y colocó al peronismo en su peor performance desde 2013.

El oficialismo concentró esfuerzos en el conurbano bonaerense, donde las divisiones internas del justicialismo y la falta de liderazgo claro facilitaron la remontada. La alianza con Mauricio Macri permitió unificar la base antikirchnerista y consolidar el discurso económico como eje de campaña.

El escándalo que involucró a José Luis Espert durante la campaña pareció diluirse ante la narrativa del orden y la estabilidad que promovió el oficialismo en el tramo final.

Los números detrás del voto

El Centro de Investigación para la Calidad Democrática informó que la participación electoral nacional fue del 67,92%, un salto respecto al promedio de los comicios provinciales anticipados, aunque inferior a registros históricos.

El estudio señaló que la baja concurrencia se acentuó en Corrientes, el Norte Grande y el sur del país, mientras que la zona central mostró un leve repunte. En la comparación con las legislativas de 2021, el nivel de participación continuó en retroceso, consolidando la tendencia de desafección política.

El voto ausente, estimado en 32,2%, influyó en el peso relativo de las minorías y reforzó el papel del oficialismo como eje dominante del sistema político.

Elecciones 2025 votación voto urna escrutinio

Radiografía de la elección 2025.

Mariano Fuchila

El conflicto en la oposición

Para Riorda, los gobernadores que buscaron ubicarse en posiciones moderadas “quedaron aprisionados en la polarización y cedieron votos a LLA”. El analista apuntó a la debilidad del espacio Provincias Unidas, que intentó presentarse como una tercera vía sin lograr impacto electoral.

Carlos Fara coincidió en ese diagnóstico. “En Provincias Unidas no son improvisados políticamente, pero no pudieron convertir su posicionamiento en capital electoral. No tuvieron ningún título para contarle a la sociedad cómo hacer las cosas diferente”, analizó.

Según el consultor, el peronismo “jugó al contraataque, planteando que había que frenar a Milei, pero eso no alcanzó”.

Con el resultado del domingo, La Libertad Avanza amplió su representación en ambas cámaras y consolidó una posición de fuerza en el Congreso. El oficialismo y sus aliados quedaron en condiciones de negociar reformas estructurales con una oposición debilitada y fragmentada.

“El Gobierno quedó claramente bien posicionado en votos y en bancas, y además con un resultado sorpresivo”, explicó Fara, quien advirtió que ese resultado “tendrá un efecto psicológico en la sociedad, los mercados y la política”.

El presidente Milei celebró el respaldo electoral y lo tomó como un aval a su plan de ajuste y a la política económica implementada desde diciembre. En su entorno destacaron que el mensaje de las urnas “fue de confianza y continuidad”, y ya esgrimen una reforma laboral y una impositiva.

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Javier Milei celebró una nueva victoria electoral.

HuffPost

Para Paola Zuban, por su parte, “la oposición necesita un liderazgo nacional, armados provinciales, elecciones internas, oxigenar a la militancia y una narrativa de futuro”. Además, hay una evidente crisis de representatividad, desde la imagen ofrecida, hasta el discurso y la falta de propuestas. Ya no convoca lo mismo que hace una década y no se le llega a los nuevos votantes.

Luego, sintetizó Riorda: “Muchos creían que a la mayoría argentina se le acabó la esperanza, y no, quedó ahí, con signos de vitalidad. El Gobierno nacional recibió una prórroga de esperanza”. Dicha esperanza solo se refugia en culminar con la política tradicional, a pesar de que los principales candidatos oficialistas como Patricia Bullrich y Diego Santilli, llevan años perteneciendo al ámbito político.

Los especialistas afirmaron que el desafío para Javier Milei será ahora convertir esa prórroga en gestión efectiva, sosteniendo la gobernabilidad y evitando que la polarización que lo llevó a la victoria se convierta en un límite para el consenso.

El analista financiero Nau Bernués destacó en conversación con Canal E que el resultado electoral sorprendió al mercado, impulsando una jornada excepcional para los activos argentinos.

“Nadie esperaba este resultado, los mercados ni mucho menos. El verde que vemos es furioso, realmente un día histórico para el Merval”, afirmó.

Bernués explicó que, aunque las acciones y bonos todavía no recuperan los valores de comienzos de año, la reacción positiva del mercado muestra confianza en la nueva etapa política. “Esta victoria los mercados la van a ir digiriendo de acuerdo a lo que haga el gobierno y a los consensos que logre para pasar las reformas estructurales”, señaló.

También remarcó el rol del apoyo financiero de Estados Unidos y la recompra de deuda como factores que apuntalan la baja del riesgo país. “Esto probablemente se siga consolidando con el transcurso de las semanas y le va a permitir al gobierno volver a los mercados internacionales con más fuerza”, explicó.

“No hay cheque en blanco, pero sí una advertencia escuchada”

Consultado sobre el significado político del resultado, Bernués sostuvo que el gobierno no recibió un cheque en blanco, aunque sí una señal de respaldo que parece haber sido comprendida. “Las elecciones en la provincia de Buenos Aires fueron un llamado de alerta al gobierno, y a la luz de los hechos recientes parece que escucharon ese llamado”, indicó.

El economista consideró que los próximos dos años serán distintos, ya que el oficialismo logró estabilizar la macroeconomía y puede enfocarse en la micro. “Cuando asumió este gobierno la herencia era catastrófica, pero hoy la situación es mejor. Ahora puede impulsar reformas impositivas y laborales para reactivar la economía”, sostuvo.

“La victoria fortalece la confianza y acelera las inversiones”

Bernués aseguró que el triunfo electoral de La Libertad Avanza genera un cambio de clima entre los inversores internacionales. “Los inversores ven a un oficialismo muy fortalecido, con más del 40% a nivel nacional. No creo que tengamos que esperar hasta 2027 para ver inversiones”, afirmó.

Según el analista, el país podría comenzar a recibir capital productivo en los próximos meses. “Vamos a ver no solo anuncios, sino también desembolsos de capital en la economía real”, pronosticó.

“Milei sale fortalecido y con margen para construir consensos”

Por último, Bernués sostuvo que el presidente Javier Milei mostró una actitud más dialoguista tras las elecciones, lo que podría facilitar la aprobación de nuevas reformas.

“El gobierno sale fortalecido y eso probablemente lo ayude a generar consensos. Las derrotas políticas de este año lo hicieron recapacitar: entendieron que necesitan hablar con los gobernadores”, afirmó.

El economista concluyó que el oficialismo llega a esta nueva etapa con mayor solidez política y económica, condiciones que podrían consolidar el programa de reformas.

Las prepagas pueden ajustar cuotas por edad, pero la ley limita los aumentos para mayores de 65: así protege el bolsillo de los adultos mayores

18/10/2025 – 11:29hs

A medida que las personas envejecen, suelen necesitar más atención en salud. Sin embargo, muchos adultos mayores cuentan con ingresos reducidos, lo que dificulta afrontar los costos de una prepaga o incluso de una obra social privada. En este escenario, surge una pregunta clave: ¿cómo garantizar que quienes más necesitan asistencia médica puedan mantener su cobertura de manera sostenible y accesible?

Prepagas y adultos mayores: cómo regula la ley los aumentos después de los 65 años

La normativa vigente, a través del DNU70/2023, que eliminó el control estatal sobre los aumentos, posibilita que las prepagas fijen sus precios libremente, aunque establece límites a los aumentos de cuotas para personas mayores de 65 años.

Según la regulación, la edad no puede ser el único factor a la hora de calcular incrementos: también se considera la antigüedad del afiliado, buscando equilibrar la sostenibilidad del sistema con la protección del bolsillo de los adultos mayores.

El objetivo de estas disposiciones es doble. Por un lado, asegurar que los adultos mayores puedan mantener su cobertura sin que los aumentos se vuelvan prohibitivos. Por el otro, brindar previsibilidad a las prepagas para gestionar los costos asociados al envejecimiento de su población afiliada. De esta manera, se busca proteger tanto el derecho a la salud como la estabilidad financiera de los planes privados.

¿Pueden las prepagas cobrar lo que quieran a cualquier edad? 

Aunque muchas veces se cree que las prepagas pueden aumentar sus cuotas sin restricciones, la ley establece límites precisos. Según el artículo 17 de la Ley 26.682, el valor de la cuota correspondiente a la franja etaria más alta no puede superar tres veces el de la más baja.

En la práctica, esto significa que:

• Los afiliados mayores de 65 años con más de 10 años de antigüedad no deberían enfrentar aumentos por edad.
• Si la antigüedad es menor, la prepaga puede ajustar la cuota según la edad, pero debe respetar los máximos establecidos en la tabla oficial de aumentos publicada por la Superintendencia de Servicios de Salud (Resolución 2407/2023).

Prepagas y obras sociales: límites y notificaciones de aumentos para mayores de 65

Al momento de afiliarse, es importante que el usuario conozca cómo evolucionarán sus cuotas según los rangos etarios. Además, las prepagas están obligadas a notificar los aumentos de manera formal: primero a la Superintendencia, luego al afiliado con al menos 30 días de anticipación, y dentro de los cinco días posteriores a la publicación del IPC mensual.

Este mecanismo refleja un equilibrio curioso: aunque el Estado liberó el control de precios, la vinculación de los ajustes con el IPC sugiere una referencia implícita para mantener cierta coherencia económica.

La discusión detrás de estos límites es evidente: a medida que la edad avanza, las personas suelen “consumir más salud”, pero también cuentan con menos ingresos para afrontarla. La normativa intenta entonces garantizar que el derecho a la cobertura médica se mantenga sin que los aumentos por edad resulten prohibitivos.

En definitiva, la legislación intenta equilibrar dos necesidades esenciales: que los adultos mayores accedan a servicios médicos de calidad y que las prepagas mantengan la sustentabilidad de sus planes. Conocer los derechos y los límites a los aumentos de cuotas es clave para no perder cobertura cuando más se necesita.

Al momento del cambio de gestión, en diciembre del año pasado el Gobierno nacional tenía bajo su órbita un total de 2.308 obras en ejecución a lo largo del país, las cuales representaban una inversión de casi $310.000 millones. En ese entonces, salvo las que estaban en un avanzado estado de ejecución, la gran mayoría ha quedado paralizada.

Y la realidad es que, aunque ya se firmaron 20 convenios con gobernadores para el traspaso de los proyectos al ámbito provincial, tanto empresas como funcionarios de los distintos distritos consultados dicen que la situación con respecto a la ejecución de obras no se ha modificado.

De hecho, según señaló a Ámbito el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Guillermo Weiss, “este año está perdido”. “Todo sigue igual, no hay nada”, señaló el empresario ante la consulta de si los convenios provinciales firmados hasta acá habían logrado destrabar la situación de parálisis.

“Para empezar de nuevo, como mínimo el Gobierno tiene que poner unos $400.000 millones (que son los pagos pendientes) y estar dispuestos a poner como mínimo otros $400.000 millones más para retomar”, dijo Weiss al describir el escenario.

Según indica un informe del ex Ministerio de Obras Públicas, la mayor cantidad de obras está en la provincia de Buenos Aires, con 899 proyectos en ejecución. La segunda es Córdoba con 197, tercera Entre Ríos con 148 y cuarta está Santa Fe con 144 proyectos.

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Al llegar al poder, en el marco de las políticas para obtener superávit fiscal, el presidente Javier Milei decidió dejar de financiar la inversión. La mayor parte de los proyectos se estaban llevando adelante mediante convenios con las provincias. Éstas presentaban la obra, y en general el Gobierno nacional ponía el financiamiento. Estas obras son las que ahora se han estado negociando con los gobernadores para que las continúen ellos con sus propios presupuestos.

Provincias recurren a otros financiamientos

Al inicio de la nueva gestión libertaria, los mandatarios provinciales pidieron al Gobierno central que les permitiera acudir directamente a financiamiento de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM) para continuar. Otros distritos tratan de seguir con sus propios recursos presupuestarios. Pero la realidad es que este año es probable que no cambie nada y haya que esperar al 2025. De los acuerdos firmados, la mayoría transfirió el gasto pero no el dinero.

Weiss explicó que las obras de financiamiento nacional que siguen adelante en el país son muy pocas. “En las provincias grandes se ha seguido con aquellas que originariamente estaban proyectadas con recursos propios sin convenios con la Nación”, indicó.

De las obras frenadas actualmente, hay en Conectividad e Infraestructura Vial unas 514, en Gestión Integrada del Recurso Hídrico, unas 1.031, y en Infraestructura Urbana, Rural y del Cuidado unas 763, según datos del ex ministerio de Obras Públicas.

De acuerdo con información de la Oficina de presupuesto del Congreso (OPC), en el primer semestre, la inversión real directa se contrajo en un 83,9% a raíz de la reducción de las erogaciones por parte de la Dirección Nacional de Vialidad (-93,3%) y la reducción de las obras de desarrollo de infraestructura hidráulica (-96,2%), entre otras erogaciones.

Según pudo averiguar Ámbito, Vialidad Nacional estaría tratando de avanzar en el recapado de unas 120 rutas a lo largo del país, para lo cual se requeriría de unos $240.000 millones. Las cifras que se manejan en estos casos son muy importantes. En el caso de la Nación ese tipo de gasto explicaría el superávit fiscal de un mes, mientras que para una provincia de las más pobres es inviable.

Se sabe que Santa Fe estaba buscando financiamiento en Kuwait y en el Banco Europeo de Inversiones (BEI). San Juan por su lado consiguió fondos del BID para un tramo de la ruta 40 que la une con Mendoza y Jujuy dinero del BEI dinero para un punto de acopio para la gestión de residuos.

En plena tensión cambiaria, monetaria y financiera, el gobierno de Javier Milei prepara su segunda apuesta legislativa. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, enviará esta semana el proyecto de Ley hojarascas, que eliminará 60 leyes con regulaciones obsoletas como los azotes o las transmisiones televisivas en colores.

Así lo confirmó a iProfesional el propio ministro. “La ley hojarasca irá esta semana al Congreso. Igual, ojo, es un conjunto de 60 leyes obsoletas que hay que eliminar. No espere nada revolucionario. Es simplemente limpieza jurídica“, dijo Sturzenegger, que prepara otro combate épico.

La gran incertidumbre ahora consiste en saber cómo reaccionarán los bloques de diputados de la oposición dialoguista, como la UCR o Hacemos Consenso Federal, que no adelantaron nada hasta tener la letra y el espíritu del proyecto que preparó.

Sin embargo, allegados al ministro adelantaron que también la ley podría contener desregulaciones que quedaron de lado en la Ley Bases por la oposición de los bloques opositores, como reformas educativas o en el empleo público.

La meta de Sturzenegger, por ejemplo, es establecer un examen de ingreso para los nuevos empleados públicos, un examen de nivelación en el secundario, la desregulación de la venta de medicamentos y del mercado aerocomercial, como se estableció por decreto la semana última.

De ese modo, Milei alentará la libre competencia de las aerolíneas comerciales en los cielos argentinos. La semana última Sturzenegger intervino además la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la abogada María Julia Cordero reemplazó a Gustavo Marón. Es asesora del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, que depende del secretario del área, Franco Mogetta.

La meta de Sturzenegger es, entre otras cosas, establecer un examen de ingreso para los nuevos empleados públicos

Ley Hojarasca: desde reglamentaciones obsoletas hasta proyectos de la Ley Bases 

En medio de tantos movimientos, se espera que en estas horas llegue al Congreso el proyecto de Ley Hojarascas, aunque en el Parlamento aseguran que durante estos próximos 15 días habrá un receso parlamentario por las vacaciones de invierno habida cuenta que con el trámite de la Ley Bases hubo una actividad inusual para legisladores.

“No habrá temas sustantivos, sino que será una ley de limpieza y descontaminación legislativa. Nuestro marco normativo tiene un montón de leyes olvidadas que regulan la vida cotidiana en temas arcaicos“, señaló a iProfesional una alta fuente de la Casa Rosada.

“Uno de ellos es la implicancia de los azotes, que viene de la época de Bartolomé Mitre, que fue olvidada, y será un proyecto poco controversial”, anticiparon en Balcarce 50. Sin embargo, los bloques parlamentarios opositores, tras las recientes críticas de Milei, que los trató de “degenerados fiscales”, mirarán del derecho y del revés cada letra de la ley.

“Hubo más de 100 profesionales trabajando en la Ley Bases y cuando la íbamos armando nos dábamos cuenta de que había leyes que no servían para nada”, dijo un allegado a Sturzenegger a iProfesional. “Después retomaremos algunos temas sustantivos como temas educativos, exámenes de ingreso, modernización de la justicia, cosas que no entraron en la Ley Bases porque fueron rechazadas”, agregó la fuente.

Sturzenegger suele decir entre sus colaboradores que “la mayoría de la Ley Bases va a volver a tratarse, en proyectos legislativos: tenemos cinco veces lo que se mandó y hay mucho para mejorar, va a ser un proceso largo”. También aclararon que “algunas cosas se resolvieron por resolución y el resto tarde o temprano irá al Congreso”. Pero lo que no aclararon todavía es qué parte se incluirá en la Ley Hojarasca y que parte será incorporada en sucesivas leyes.

En todo el combo no habrá solo derogación de leyes que devinieron en “obsoletas”, como dijo Sturzenegger, sino también reformas de normas que consideran trabas para el comercio y la importación.

Federico Sturzenegger podría ser convocado a exponer la Ley en el Congreso

Desde la oposición en el Congreso, descuentan que Sturzenegger será convocado a exponer ante las comisiones que sean seleccionadas para esta nueva iniciativa. Como asesor presidencial no fue convocado por no tener un cargo formal en el Gobierno, pero ahora es ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Federico Sturzenegger presentará los próximos días la Ley Hojarascas en el Congreso

En líneas generales, las leyes que enviará en lo sucesivo buscarán reformular el régimen del empleo público y, por ejemplo, poner un examen de ingreso, aunque ya existen los concursos para entrar a trabajar en el Estado.

Pero podría haber cambios en el estatuto de los trabajadores públicos, algo que podría deparar enfrentamientos con el sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado por un nuevo esquema para el ingreso a la función pública.

Entre las leyes obsoletas, que atacará la Ley Hojarasca, están las que regulan la cría de palomas mensajeras o la que ordena que la televisión pública debe pedir autorización al Poder Ejecutivo para poder transmitir la señal en colores, algo que fue dispuesto en la última dictadura militar.

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La desregulación del mercado aerocomercial fue definida por un decreto del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Federico Sturzenegger y los convenios que podrían generar conflictos

Según su normativa de creación, el Ministerio de Desregulación podría revisar “convenios sectoriales” dentro de la administración pública, que podría generar conflictos. Para ello se podría manejar mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) bajo la autorización del DNU 70/24 que autoriza a Milei a definir “políticas que promuevan el perfeccionamiento de la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Nacional”.

No descartan en la Casa Rosada que estos avances provoquen una judicialización de los futuros DNU y leyes y la lucha permanente de los trabajadores estatales

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anticipó que opondrá resistencia a las medidas de Stuzenegger y que el examen de ingreso a los empleados públicos “es una burrada y muestra toda su ignorancia proponiendo implementar lo que ya existe en la ley y lo que establece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional 214/06“, es decir los concursos en el Estado.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado a los abrazos con el ministro de Economía, Luis Caputo

Una de las medidas descartadas del DNU 70 que retomará Sturzenegger será la creación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) el DNU 70/2023 que fue paralizado por la Justicia federal. La transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas fue defendida por Milei durante la última Copa América que ganó la selección argentina este domingo, cuando argumentó que los jugadores de Lionel Scaloni juegan en clubes europeos que tienen ese estatus. Sin embargo, omitió decir que surgieron de clubes deportivos financiados por sus socios y la venta de entradas y de derechos de transmisiones de televisión.

Otro punto de conflicto podría ser la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti), que es el carnet que autoriza a los camioneros a conducir sus vehículos de cargas o de pasajeros. “No hay la más mínima profundización del tema, desconocen la materia y van a terminar atentando contra la seguridad vial en las rutas del país”, dijo Roberto Rivero, director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) en declaraciones recientes. Se trata de la capacitación de los camioneros en la que está involucrada el sindicato de Hugo Moyano.

Para obtener esa licencia, los choferes deben someterse a un examen psicofísico y realizar una capacitación cada año en el sindicato de los Moyano, que por año capacita y toma un examen psicofísico a 600 mil trabajadores.

“Tampoco es un negocio de Hugo Moyano como asintió el ministro Sturzenegger y no le cuesta un centavo al Estado”, dijo Rivero al portal Letra P. El dirigente informó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fija el precio de los aranceles que cobran Fadeeac y otras asociaciones de empresarios camioneros para dar los cursos.

Sturzenegger también anticipó que eliminaría el Registro Único de Transporte Automotor (RUTA) para vehículos afectados al transporte de cargas a partir de 700 kilos. “Tiene razón, hay que elevar ese kilaje en la ley de Tránsito”, señaló Rivero, en coincidencia con Sturzenegger.

“Son 60 leyes obsoletas y fue un trabajo de 100 personas un año y medio, se hizo algo que nadie había hecho, y al revisar todas las leyes se fueron encontrando estas locuras: para transmitir en color tenés que pedir un permiso al Estado”, dijo Sturzenegger. Son cosas que nadie cumple y que son mejor limpiar de la legislación. Nadie se imaginaría a Eduardo Serenellini, secretario de Prensa, pidiendo autorización a Milei para transmitir la señal en colores.

“Es un compendio de leyes que hemos encontrado, que han quedado obsoletas y afectan al derecho de la propiedad. Son varias decenas de leyes“, dijo el ministro al justificar la necesidad de avanzar. Mencionó el control de las palomas o la normativa de prioridad de mochileros. Sin embargo, algunos sospechan que también podría incluir una nueva ofensiva para la eliminación del precio único de venta para el sector editorial y de las regulaciones que protegen a las industrias del azúcar y el limón.