La cúpula sindical argentina vive horas de presión desde varios frentes. Por un lado, los sectores más radicalizados piden un paro general por tiempo indeterminado para frenar la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, el triunvirato de la CGT tiene en cuenta la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional, que se reflejó en el escaso acatamiento de los últimos dos paros y en las dificultades de ciertos gremios poderosos para ejercer la fuerza de otros tiempos.

En los últimos días, la Unión Obrera Metalúrgica -una de las más afectadas por la crisis de la industria nacional- suspendió un paro en la planta de Acindar, que viene reduciendo su actividad y la planta de personal. Una situación similar ocurrió en una fábrica santafecina de productos lácteos, paralizada por falta de insumos. Es la evidencia de un tipo de acción sindical diferente al tradicional: lejos de enfocarse en temas que afectan al ingreso de asalariados altos, como el impuesto a las Ganancias, el reclamo de las bases es el cuidado de los puestos de empleo.

El líder del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, les reclamó a los nuevos triunviros de la CGT –Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo– que convocaran a un paro general para el 11 de febrero, cuando el Congreso empiece a tratar la controvertida ley de modernización laboral.

Más lejos fue el secretario general del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, quien se quejó sin ambigüedades sobre lo que considera una actitud prescindente por parte de la CGT: “No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores”, expresó el sindicalista. Y agregó que, si él fuera secretario general de la CGT, “convocaría a un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene”.

¿Confrontar o negociar?

Pero hay señales que indican que esa no es la postura mayoritaria. Más bien al contrario, hay una situación más calma de lo esperado en gremios que suelen movilizarse en esta época del año, como los docentes y los empleados estatales.

En la provincia de Buenos Aires, ambos sectores aceptaron la propuesta de Axel Kicillof, que ofreció un 1,5% de ajuste más un retroactivo a diciembre.

A nivel nacional, se está haciendo más notorio que nunca la divergecia entre ATE, que mantiene una postura combativa, y la de UPCN -perteneciente a la CGT- que prefiere la negociación. El propio gobierno no ocultó su intención de que los empleados estatales vuelvan a ser una variable del ajuste fiscal.

Las cifras del gasto público muestran que la masa salarial cayó un 9,4% en términos reales, y que la participación de los salarios públicos de la administración central, que hace un año era un 12,2% de los gastos corrientes, cayó a 11,2%.

En cuanto a la nueva ley de trabajo, la cúpula de la CGT, compuesta por dirigentes de la facción de “los Gordos”, ha manifestado su preferencia por la negociación.

En su discurso de asunción en la jefatura tripartita, en noviembre pasado, el dirigente del gremio asegurador, Jorge Sola, había dejado en claro cuál sería la prioridad a la hora de negociar.

 “No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales”, fue la definición del nuevo triunviro.

La representatividad sindical, cada vez más devaluada

Esas definiciones dejan en claro no sólo la discrepancia política o ideológica con la ley de modernización laboral sino, sobre todo, el temor a una “devaluación” en la representatividad y el poder de la dirigencia sindical.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno -en particular, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido- creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la “ultraactividad” -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

También se explora la vía judicial, como adelantó el secretario general de la Uocra -gremio de la construcción-, Gerardo Martínez, que se quejó por la falta de disposición al diálogo que muestra el gobierno.

Gremios: una convocatoria que pierde peso

Pero la postura negociadora no es apenas una decisión estratégica: es también un reconocimiento de que la capacidad de movilización y presión sindical se encuentra en un punto bajo.

La jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de reforma laboral, tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. El gobierno aprovechó la situación para “ningunear” a los sindicalistas, argumentando que esa jornada había sido “un día normal”.

Y, sobre todo, en la cúpula sindical está fresco el recuerdo del fiasco de los últimos dos paros generales, que acentuaron esa imagen de debilidad.

El primero fue el 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

La ruptura llegó al extremo que, en los sectores más combativos, circulaba el chiste de que la sigla CGT quería decir, en realidad, “Confederación General de Twitter”, por la preferencia de los dirigentes de estar más activos con comunicados en las redes sociales que con medidas de protesta callejera.

Finalmente, ante la presión interna, y condicionados también por las críticas por su falta de apoyo al reclamo de los jubilados, los dirigentes de la CGT convocaron a un paro en abril del año pasado. Otra protesta con floja adhesión, dada la actividad de los colectivos. El resultado fue que sólo se sintió el acatamiento en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.

Javier Milei hizo jugar esa situación en su favor, argumentando que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que “se niegan a perder privilegios” y por eso se oponen a la agenda reformista.

Moyano se enfoca en los convenios

Esos paros fallidos contrastaron con las demostraciones de fuerza de la CGT cuando recién había asumido Milei, y el tema de la convocatoria era la oposición a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, algo que afectaba al núcleo de los gremios grandes, donde los promedios salariales son relativamente altos.

Pero cuando la convocatoria tiene un tinte más político, se vuelve a plantear el temor a la pérdida de representatividad. De hecho, el tema más comentado en los últimos paros fue la dificultad de convocar a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio. La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen “changas” en la absoluta informalidad.

Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas con la irrefutable frase de “si no voy a trabajar, no cobro el día”.

Esa situación hace que el desempleo creciente en sectores como la industria, lejos de ser un factor que favorezca las medidas de fuerza, pueda restar apoyo a la cúpula sindical. El gobierno usa los datos de la economía informal como argumento de que la actual ley de trabajo es anacrónica.

Mientras el debate por la reforma toma temperatura, Hugo Moyano decidió centrarse en un tema estratégico: atacar la política de Toto Caputo de “topear” los acuerdos salariales por la vía de no homologar convenios. Y, ante el repunte inflacionario, dijo que no hay condiciones para que se firmen acuerdos de seis meses, sino que se debe incluir revisiones más frecuentes.

Un round ganado para la defensa argentina en el juicio por YPF que se tramita en el juzgado del distrito sur de Nueva York, EE.UU. desde abril de 2015. En una pelea legal en el que la Argentina viene perdiendo todos los round por paliza acaba de dar vuelta una decisión que, en el pasado, había aprobado la propia jueza, Loretta Preska.

La jueza federal neoyorkina, Loretta Preska, resolvió suspender de forma temporal la orden que habilitaba a los demandantes, que administran las quiebras de las sociedades Petersen Energía; Petersen Energía Inversora que pertenecieron a la familia Eskenazi y Eton Park financiados por el fondo “buitre” Burford Capital, a investigar activos de YPF con el objetivo de avanzar en eventuales embargos, al conceder un planteo de la propia compañía para que se aguarde la definición de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la legalidad de tratar a la petrolera como un “alter ego” del Estado argentino.

La decisión supone un freno inmediato al denominado “discovery”, una instancia procesal que permitía a los fondos demandantes requerir información sensible para intentar demostrar que YPF no actúa de manera independiente del Estado nacional y, de ese modo, sortear la inmunidad soberana que protege a sus bienes en el exterior.

Uno de los analistas que siguen el caso, Sebastián Maril, director de Latam Advisor explicó en sus redes sociales, “Regalo navideño para YPF: Preska accede al pedido de la petrolera de suspender el discovery del alter ego, (búsqueda de activos para ser embargados), mientras la empresa apela la decisión que permitió dicho discovery e impidió a YPF una defensa, ya que considera que el Estado lo está haciendo en su lugar. Esta orden no aplica al discovery contra otros activos soberanos, que continúa vigente”, explicó.

Esto significa que la decisión de la justicia estadounidense puede continuar indagando, buscando, activos embargables de otras compañías en las que el Estado argentino es dueño o partícipe en su capital accionario.

Y, lo que se intenta establecer es si organismos como el Banco Central, con el oro misterioso que está invertido en algún lugar de Europa, las empresas Aerolíneas Argentinas con sus aviones, los satélites de ARSAT, el material de Energía Argentina y, hasta, activos del Banco Nación, están funcionando como ejecutores de políticas del Estado nacional. Si así fuera, podrían ser embargados por la severa jueza.

El millonario litigio tiene como génesis en la publicitada reestatización de la petrolera, en el año 2012 bajo el gobierno de Cristina Kirchner y con Axel Kicillof como ministro de Economía.

En ese momento, el fondo Eton Park era accionista minoritario de YPF, mientras que Burford Capital adquirió los derechos para litigar en la Justicia española tras la quiebra de las compañías Petersen, fundadas por la familia Eskenazi en ese país, y también accionistas de la petrolera argentina.

El juicio se sustancia en los EE.UU. porque la empresa petrolera cotiza en la Bolsa de Nueva York desde el año 1993. Sus estatutos fueron presentados ante la  Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y según el artículo 7° de ese estatuto, cualquier comprador que adquiera más del 15% del capital accionario de la compañía está obligado a lanzar una OPA al resto de los accionistas. 

La OPA es una oferta pública de adquisición. Un mecanismo financiero mediante el cual un inversor o un grupo de inversores propone públicamente a los accionistas de una empresa cotizada la compra de sus acciones a un precio previamente establecido. Ese paso nunca fue dado por la administración kirchnerista y generó el millonario reclamo que sigue hasta el día de hoy.

Una multa millonaria para el Estado argentino

La jueza bajó el martillo en septiembre de 2023 y condenó a la Argentina a pagar el máximo posible al fondo Burford Capital – titular de los derechos de las sociedades Petersen y Eton Park, de un total de u$s16.000 millones. Además, los intereses se acumulan cada día que pasa sin que el país pague esa cifra por la estatización de la compañía, el país debe pagar u$s2,5 millones en intereses.

Como si fuera poco, la jueza estadounidense decidió, en junio de este año, que el país deberá entregar el 51% de las acciones de la petrolera, del paquete que fue nacionalizado en 2012, como parte del proceso de resarcimiento por no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) en el momento de la expropiación.

Los abogados de la Argentina apelaron esta última sentencia y esa causa corre por carriles separados a la decisión que produjo el juzgado de Preska horas antes de la Navidad.

Se trata de la segunda buena noticia que recibe la administración de Javier Milei en torno al juicio por YPF. 

En octubre pasado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos realizó una audiencia considerada vital en el contexto de la apelación presentada por la Argentina contra el fallo por u$s16.100 millones dictado en septiembre de 2023 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en el caso Petersen Energía / Eton Park Capital Management vs. República Argentina y YPF S.A.

Los representantes de la Procuración del Tesoro de la Nación, afirmaron a iProfesional que la defensa argentina expuso sus argumentos “con claridad, convicción y determinación”, centrando su planteo en que el tribunal estadounidense interpretó de manera errónea el derecho argentino y basó su decisión en “una serie de ficciones jurídicas de graves consecuencias”.

La posición del país se apoyó en que el juicio no debería haberse tramitado en Nueva York, ya que todos los hechos cuestionados ocurrieron en Argentina, bajo leyes argentinas, y las operaciones involucradas se realizaron en pesos. Además, La defensa también sostuvo que la causa involucra materia de derecho público -y no comercial-, por lo que debería quedar amparada por la inmunidad soberana.

Los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson cuestionaron con dureza algunas posturas de los representantes de los fondos demandantes. Uno de ellos incluso planteó: “Si lo diéramos vuelta, si fuese Estados Unidos, ¿cómo nos sentiríamos si se juzgara en Argentina?”. 

El presidente Javier Milei llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para tratar, entre otros temas clave de la gestión, la reforma laboral o el Proyecto de Modernización Laboral que el Ejecutivo enviaría a consideración legislativa. Un borrador de dicho proyecto entró en circulación este viernes, y el mismo prevé la eliminación de varios regimenes especiales de trabajo. Esto incluye la derogación de la Ley de Teletrabajo (Ley N°27.555)

En caso de aprobarse el proyecto, ¿qué significa para quienes trabajan con esa modalidad? Quienes fueron contratados cuando la Ley de Teletrabajo estaba vigente, deberían poder hacer valer los derechos y obligaciones que determinaba esa normativa. 

A la vez, quienes a partir de la derogación de la ley 27.555 fuesen contratados para teletrabajar, pasarían a regirse por la ley laboral general, la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744) que también es modificada por el mencionado proyecto de ley. En ese caso, la modalidad a distancia pasaría a ser algo a negociar entre partes y no a depender de una ley específica de esa forma de trabajo remoto. 

Más aún, la reforma laboral, si se aprueba como figura en el documento difundido en el día de la fecha, también modificaría el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite al empleador hacer cambios en la forma y modalidad de la prestación del trabajo siempre que no altere modalidades esenciales del contrato ni cause perjuicio material o moral al empleado. Esto ya está vigente en la legislación laboral actual.

Qué dice la Ley de Teletrabajo

La Ley de Teletrabajo 27.555 consagra responsabilidades de trabajadores y empleadores en un contrato laboral con modalidad de desempeño a distancia total o parcial respecto de lugares distintos al establecimiento del empleador, mediante tecnologías de información y comunicación. Algunos de los puntos clave de la normativa son: 

• Derechos y obligaciones: Los teletrabajadores gozan de los mismos derechos que los presenciales (remuneración igual o superior, licencias, seguridad social); incluyen derecho colectivo a representación sindical, anexándolos a centros de trabajo presenciales.​
• Desconexión digital: Prohíbe contactar al trabajador fuera de jornada laboral o licencias; no se pueden exigir tareas ni comunicaciones extracurriculares, bajo pena de sanciones. Plataformas de control deben respetar horarios.​
• Jornada laboral: Debe pactarse por escrito, respetando límites legales/convencionales (por hora u objetivos); revocable unilateralmente por el trabajador, obligando al empleador a reubicarlo presencialmente.​
• Compensación de gastos: El empleador cubre incrementos en conectividad, energía u otros servicios por teletrabajo (exentos de Ganancias); provee herramientas/IT sin cargo.​
• Contrato y reversibilidad: Requiere acuerdo escrito; el empleador no puede imponerlo sin consentimiento, y el trabajador puede revertirlo con reubicación prioritaria.

Hasta el momento, la Ley de Teletrabajo sigue vigente y regula este tipo de vínculo laboral cuando desde el inicio se pacta esta modalidad y normativa en un contrato laboral. 

Teletrabajo y trabajo híbrido

Vale la pena aclarar que estos cambios, en caso de aprobarse la reforma tal como figura en el borrador, solo aplican a personas que estaban contratadas bajo el régimen de Teletrabajo y la ley 27.555.

No aplica en absoluto a quienes trabajan enmarcados en otros convenios o que fueron contratados bajo la LCT, y reciben de su empleador el beneficio de teletrabajo de manera voluntaria. Tampoco aplica a los plus (como pago de Internet) que negocian algunos convenios colectivos. 

Las personas contratadas bajo un convenio particular o que teletrabajan por acuerdo con la compañía en la que prestan tareas, no se verán impactadas en ese aspecto si se aprueba la reforma laboral como se plantea en este borrador. 

De acuerdo a un estudio dado a concoer por WTW en noviembre, el teletrabajo es el segundo beneficio más valorado por los empleados de grandes empresas y filiales de multinacionales, solo por detrás de la cobertura de salud. La gran mayoría de las compañías relevaas aplican el modelo híbrido y el 28% ofrece días de teletrabajo a todo el personal, el48% a los empleados que pueden hacer a distancia su trabajo, el 17% al personal fuera de convenio y el 7% solo al administrativo. 

La mayoría (39%) se decanta por 3 días a la semana de presencialidad, y otro 22% solo acude a la oficina dos días. Luego hay un 12% que define el régimen de teletrabajo de común acuerdo con el empleado, y otro 12% en donde es variable de acuerdo a la posición. Las demás compañías de la muestra de WTW no optan por el modelo híbrido. 

La consultora preguntó en octubre si había planes de cambiar los esquemas actuales de asistencia y el 71% dijo que no. Del 21% que lo está analizando, y el 8% que tiene el plan de cambiar, el 65% solo adicionaría un día más de presencialidad a la semana en caso de concretar la modificación.

Nuevamente, la reforma laboral no impactaría en estos acuerdos entre empresas y empleados que realizan teletrabajo ni en los acuerdos por convenio que incluyen plus por realizar tareas a distancia. Solamente se derogaría hacia adelante la posibilidad de contratar bajo la Ley de Teletrabajo 27,555. 

El presidente Javier Milei está ante una encrucijada que pone en vilo la relación con los Estados Unidos. El gobierno norteamericano de Donald Trump le exige que, en forma “prioritaria”, el país cumpla con la Ley de Patentes y el respeto al derecho de propiedad intelectual a cambio de firmar un acuerdo comercial bilateral para bajar aranceles a productos argentinos y conceder cupos de exportación de carne.

Según pudo saber iProfesional de altas fuentes oficiales, el “Informe 301” del representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, le reclamó a la Argentina derogar resoluciones que impiden la vigencia de la Ley de Patentes de 1995, especialmente en el sector de medicamentos y agroquímicos donde los laboratorios locales copian fórmulas y las comercializan sin pagar derechos.

En el Informe 301 que emite la USTR (United States Trade Representative), que dirige Greer, señala que la Argentina está primera en la lista de vigilancia prioritaria. Es decir, es el caso más preocupante para la USTR.

Lo que pide derogar es la Resolución Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre “las pautas para el examen de Patentabilidad de las solicitudes de Patentes sobre Invenciones Químico-Farmacéuticas”.

Pero también el Informe 301 exigió terminar con la venta de marcas falsificadas en las ferias de La Salada y del barrio de Once. Además, instó a combatir la piratería informática y adherir al Patent Cooperation Treaty (Tratado de Cooperación de Patentes, PCT en inglés), que firmaron 100 países y sólo quedaron afuera países como Venezuela y China. También recomienda sumar funcionarios al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (IMPI) para acelerar los trámites de patentación, que se demoran bajo pretexto de falta de gente.

Una fuente del Gobierno admitió a iProfesioonal: “La negociación está paralizada y estancada en la ley de patentes y la Argentina estudia qué hacer“. De este punto sensible depende el alineamiento automático de Milei con Trump.

Federico Sturzenegger y Pablo Quirno, a cargo de las negociaciones con EE.UU.

Fuentes diplomáticas señalaron a iProfesional que ahora la negociación está en manos del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y del canciller Pablo Quirno, recién asumido. Desde el año pasado, Sturzenegger había firmado un proyecto de decreto para derogar tres resoluciones de 2012 del gobierno de Cristina Kirchner, que bloqueaban la Ley de Patentes de 1995 sancionada durante el gobierno de Carlos Menem y el vicepresidente Carlos Ruckauf.

Pero Sturzenegger siempre fue frenado por Milei, su hermana, Karina Milei, y su asesor especial Santiago Caputo, padrino político del ministro de Salud, Mario Lugones, de una estrecha relación con la industria de laboratorios local.

El conflicto expone al gobierno de Milei a una de sus mayores contradicciones: el “punto 1” del Pacto de Mayo, que levantó como bandera y negocia con los gobernadores, es la “inviolabilidad de la propiedad privada“.

El reclamo de la USTR y de Greer, mano derecha de Trump, es el respeto a la “propiedad intelectual”. Sin Ley de Patentes los laboratorios extranjeros no pueden patentar sus medicamentos o agroquímicos en el país y, por lo tanto, si los comercializan, la industria local lo copia y le quita mercado.

De otra manera, podrían comercializarlo con exclusividad hasta que caduca la patente (entre 10 y 20 años) y solo entonces los competidores locales podrían comercializarlo. Los laboratorios argentinos argumentan que conspira contra el precio y el abastecimiento de los productos y que la vigencia de la ley barrería con miles de empleos.

“Las negociaciones son confidenciales, pero todo lo que reclaman los Estados Unidos está contenido en el Informe 301 del USTR, que es público, y es lo que más les preocupa”, señalaron en el Palacio San Martín.

Se refería al Informe sobre Derechos de Propiedad Intelectual que realiza anualmente el USTR (United States Trade Representative) y que está subido a internet.

Qué consigue Milei si Argentina cumple con la Ley de Patentes que exige EE.UU.

De que la Argentina cumpla esos requisitos depende el avance y el tenor del acuerdo comercial bilateral con el amigo Trump. Con ese acuerdo Milei busca bajar los aranceles recíprocos para 150 productos, reducir el arancel de 50% impuesto al acero y al aluminio (que exportaba Argentina hasta esa suba) y la mayor exportación de carne a EE.UU.

“El Gobierno está viendo cómo salvar este reclamo de EE.UU. porque es un punto muy conflictivo”, señalan en la Cancillería. “Son los temas que más le preocupan en términos comercio y de barreras no arancelarias con nuestro país y consideran que nuestro país es la prioridad porque es donde encuentran temas más serios”, señalaron fuentes.

El informe de 92 páginas señala, al inicio, que “una sólida protección y aplicación de la propiedad intelectual (PI) es esencial para promover la inversión en innovación”, que “no solo promueve el crecimiento económico sostenible y apoya la creación de empleo, sino que también es fundamental para responder a los desafíos ambientales”.

La PI, señala, “ofrece incentivos para la investigación y el desarrollo en este importante sector, incluso a través de la investigación universitaria”. De allí las exigencias y lo señala: “Una protección y aplicación inadecuadas de la PI en los mercados extranjeros desalientan una mayor inversión”.

“La protección de la PI desempeña un papel importante al proporcionar incentivos para el desarrollo y la comercialización de nuevos medicamentos“, señala el 301.

Para el informe, se recibió información de 100 países socios comerciales y allí se dividió la Lista de Vigilancia Prioritaria o en la Lista de Vigilancia (a secas) o no figurar en el 301, o sea no tener observaciones del USTR.

La Lista de Vigilancia Prioritaria se dispuso en este orden:

• Argentina
• Chile
• China
• India
• Indonesia
• México
• Rusia
• Venezuela

La Lista de Vigilancia obtuvo estos miembros:

• Argelia
• Barbados
• Bielorrusia
• Bolivia
• Brasil
• Bulgaria
• Canadá
• Colombia
• Ecuador
• Egipto
• Guatemala
• Pakistán
• Paraguay
• Perú
• Tailandia
• Trinidad y Tobago
• Turquía
• Vietnam

Por eso, el primer país analizado del Informe 301 fue la Argentina, al igual que ocurrió en 2024, porque este informe se hace todos los años en los EE.UU.

Propiedad intelectual, patentes, competencia desleal y otros ítems del Informe 301

El reporte dice que el país “continúa presentando desafíos de larga data y bien conocidos para las industrias con un alto componente de propiedad intelectual (PI), incluidas las de Estados Unidos”. La protección de los derechos de PI en Argentina “sigue siendo un reto”, y “las partes interesadas denuncian una competencia desleal generalizada por parte de vendedores de bienes y servicios falsificados y pirateados”.

Añadió: “El mercado físico de La Salada en Buenos Aires fue identificado nuevamente como un mercado notorio en la Revisión de Mercados Notorios por Falsificación y Piratería de 2024 (Lista de Mercados Notorios) y continúan los pedidos en línea de productos falsificados a través de sus aplicaciones de redes sociales”. También lamenta que esos productos falsificados se comercializan “a través de vendedores ambulantes ilegales y en el Barrio Once y otros mercados de Buenos Aires y del resto del país“.

En esa enorme lupa, Estados Unidos señala que “la policía argentina generalmente no actúa de oficio, y los procesos judiciales pueden estancarse y prolongarse en trámites burocráticos excesivos”. Asimismo, señala, “cuando un caso penal llega a sentencia firme, los infractores rara vez reciben penas con carácter disuasorio”.

El documento fue tajante: “Estados Unidos insta a Argentina a ratificar (firmar) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes” (Patent Cooperation Treaty)”.

Por otra parte, el reporte 301 atacó aquella Resolución Conjunta de 2012, que obstaculizó la Ley de Patentes, cuando subrayó que “una deficiencia clave en el marco legal de patentes sigue siendo la limitación excesivamente amplia de la materia patentable, incluidas las directrices de examen de patentes que rechazan automáticamente las solicitudes de patente para categorías de invenciones farmacéuticas que son patentables en otras jurisdicciones, y los requisitos de que los procesos para la fabricación de compuestos activos divulgados en una descripción sean reproducibles y aplicables a escala industrial”.

Se refiere sin nombrar las a las resoluciones que exigen requisitos excesivos a los laboratorios que quieren hacer uso de la Ley de Patentes, que Estados Unidos no pide cambiar sino poner en vigencia.

“Las partes interesadas también afirman que las limitaciones de Argentina a la patentabilidad de las innovaciones biotecnológicas basadas en materia viva y sustancias naturales difieren del estándar en muchos otros países”, dijo. “Otro desafío constante para los sectores agroquímicos y farmacéuticos innovadores es la protección inadecuada contra el uso comercial desleal, así como la divulgación no autorizada, de datos de pruebas u otros datos generados para obtener la aprobación de comercialización de productos en dichos sectores”, criticó el informe.

Por otra parte, criticó que “el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) continúa operando con un número reducido de examinadores de patentes, y la escasez de recursos dificulta la contratación y retención de personal. En 2024, Argentina no aprobó ninguna legislación nueva para actualizar las leyes de propiedad intelectual”.

Y añadió que “Estados Unidos promueve propuestas legislativas que establezcan la responsabilidad de los propietarios y una aplicación más estricta de la ley en relación con la venta de productos infractores en mercados al aire libre como La Salada, así como la modificación de la legislación sobre propiedad intelectual”.

También destacó que en 2017, “Argentina creó formalmente el Comité Federal de Lucha contra el Contrabando, la Falsificación de Marcas y las Denominaciones”, pero el “Comité no se ha reunido desde 2019” y Estados Unidos “insta a Argentina a continuar con esta iniciativa y ampliarla para incluir la piratería en línea”.

“Las reformas al código penal presentadas al Congreso argentino, que incluyen ciertas sanciones penales por eludir las medidas de protección tecnológica, se encuentran estancadas”, observó. También lamenta que la Policía Federal y la Gendarmería incrementaron el número de operativos en 2024 dirigidos a la venta de productos falsificados, pero la actividad ilegal persiste en gran medida en Argentina ante la ausencia de medidas sistémicas.

Además, la USTR recomendó “la creación de una Fiscalía Federal Especializada en Propiedad Intelectual (IPI) y una unidad de aplicación de la ley altamente capacitada podría contribuir a combatir la piratería en línea y prevenir procesos judiciales prolongados con resoluciones contradictorias”. Señaló además que “Estados Unidos tiene la intención de monitorear el progreso en todos los asuntos pendientes e insta a Argentina a continuar sus esfuerzos para crear un entorno más atractivo para la inversión y la innovación”. Asimismo, dice, Estados Unidos alienta a Argentina a crear una “estrategia nacional de aplicación de la ley en materia de propiedad intelectual para mejorar la coordinación interinstitucional en las labores de aplicación de la ley y lograr un impacto sostenible y duradero en las infracciones de la propiedad intelectual”. Y anticipó que Estados Unidos seguirá colaborando a través del Foro de Innovación y Creatividad Estados Unidos-Argentina para el Desarrollo Económico, establecido en el marco del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Estados Unidos-Argentina (TIFA), para continuar el diálogo y la colaboración en estas áreas.

Iniciará acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional, luego de que el Gobierno promulgara la norma pero suspendiera su aplicación por decreto

22/10/2025 – 14:35hs

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional, luego de que el Gobierno promulgara la Ley de Financiamiento Universitario pero suspendiera su aplicación por decreto.

La decisión se produce tras la publicación del Decreto 759/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei ordenó promulgar la Ley 27.795, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso determine de qué partidas presupuestarias se financiará su implementación. El Ejecutivo se amparó en el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que toda norma que implique erogaciones debe prever expresamente su fuente de financiamiento.

Reclamo por el cumplimiento efectivo de la ley

La UBA anunció que acudirá a la Justicia con el objetivo de que se garantice la asignación de los recursos previstos por la ley y el cumplimiento pleno de sus disposiciones. En su resolución, el Consejo Superior sostuvo que el decreto presidencial “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos consagrado en la Constitución Nacional y vulnera la voluntad soberana del Congreso”, que había insistido en la aprobación de la norma tras el veto presidencial.

Asimismo, la universidad advirtió que la suspensión de la ley “afecta derechos constitucionales vinculados al sistema universitario público”, impidiendo que las instituciones accedan al financiamiento y a la recomposición salarial contemplados por la normativa.

Una ley clave para el sistema universitario

La Ley de Financiamiento Universitario establece un esquema integral de recursos para las universidades nacionales, con el objetivo de garantizar su sostenimiento y el pago de salarios actualizados para docentes y trabajadores no docentes. También prevé fondos para becas estudiantiles, programas de investigación, infraestructura y tecnología, así como la actualización automática de los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con estimaciones oficiales, la implementación de la ley demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026.

“Una crisis presupuestaria sin precedentes”

En un comunicado posterior, la UBA denunció que el sistema universitario atraviesa “una crisis presupuestaria sin precedentes”, agravada por la falta de actualización de los fondos y la pérdida de poder adquisitivo del personal.

Según la institución, la prórroga del Presupuesto 2023 quedó “rápidamente desfasada frente a la inflación”, lo que provocó que en 2024 los salarios docentes y no docentes perdieran más del 40% de su poder de compra. En lo que va de 2025, agregaron, los aumentos salariales fueron muy inferiores a la inflación medida por el INDEC, profundizando el deterioro de los ingresos del sector.

La casa de estudios recordó que la ley vetada y luego promulgada por insistencia del Congreso tiene por objetivo “garantizar la continuidad y el fortalecimiento del sistema universitario público en todo el país”, por lo que su suspensión “solo agrava la crisis institucional y económica que enfrentan las universidades nacionales”.

El Consejo Superior de la UBA destacó que el financiamiento adecuado no solo es esencial para pagar salarios y mantener la infraestructura, sino también para sostener la investigación, la formación académica y las carreras estratégicas que el país necesita para su desarrollo.

“La no ejecución de esta ley constituye un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina“, concluyó la resolución.

Las prepagas pueden ajustar cuotas por edad, pero la ley limita los aumentos para mayores de 65: así protege el bolsillo de los adultos mayores

18/10/2025 – 11:29hs

A medida que las personas envejecen, suelen necesitar más atención en salud. Sin embargo, muchos adultos mayores cuentan con ingresos reducidos, lo que dificulta afrontar los costos de una prepaga o incluso de una obra social privada. En este escenario, surge una pregunta clave: ¿cómo garantizar que quienes más necesitan asistencia médica puedan mantener su cobertura de manera sostenible y accesible?

Prepagas y adultos mayores: cómo regula la ley los aumentos después de los 65 años

La normativa vigente, a través del DNU70/2023, que eliminó el control estatal sobre los aumentos, posibilita que las prepagas fijen sus precios libremente, aunque establece límites a los aumentos de cuotas para personas mayores de 65 años.

Según la regulación, la edad no puede ser el único factor a la hora de calcular incrementos: también se considera la antigüedad del afiliado, buscando equilibrar la sostenibilidad del sistema con la protección del bolsillo de los adultos mayores.

El objetivo de estas disposiciones es doble. Por un lado, asegurar que los adultos mayores puedan mantener su cobertura sin que los aumentos se vuelvan prohibitivos. Por el otro, brindar previsibilidad a las prepagas para gestionar los costos asociados al envejecimiento de su población afiliada. De esta manera, se busca proteger tanto el derecho a la salud como la estabilidad financiera de los planes privados.

¿Pueden las prepagas cobrar lo que quieran a cualquier edad? 

Aunque muchas veces se cree que las prepagas pueden aumentar sus cuotas sin restricciones, la ley establece límites precisos. Según el artículo 17 de la Ley 26.682, el valor de la cuota correspondiente a la franja etaria más alta no puede superar tres veces el de la más baja.

En la práctica, esto significa que:

• Los afiliados mayores de 65 años con más de 10 años de antigüedad no deberían enfrentar aumentos por edad.
• Si la antigüedad es menor, la prepaga puede ajustar la cuota según la edad, pero debe respetar los máximos establecidos en la tabla oficial de aumentos publicada por la Superintendencia de Servicios de Salud (Resolución 2407/2023).

Prepagas y obras sociales: límites y notificaciones de aumentos para mayores de 65

Al momento de afiliarse, es importante que el usuario conozca cómo evolucionarán sus cuotas según los rangos etarios. Además, las prepagas están obligadas a notificar los aumentos de manera formal: primero a la Superintendencia, luego al afiliado con al menos 30 días de anticipación, y dentro de los cinco días posteriores a la publicación del IPC mensual.

Este mecanismo refleja un equilibrio curioso: aunque el Estado liberó el control de precios, la vinculación de los ajustes con el IPC sugiere una referencia implícita para mantener cierta coherencia económica.

La discusión detrás de estos límites es evidente: a medida que la edad avanza, las personas suelen “consumir más salud”, pero también cuentan con menos ingresos para afrontarla. La normativa intenta entonces garantizar que el derecho a la cobertura médica se mantenga sin que los aumentos por edad resulten prohibitivos.

En definitiva, la legislación intenta equilibrar dos necesidades esenciales: que los adultos mayores accedan a servicios médicos de calidad y que las prepagas mantengan la sustentabilidad de sus planes. Conocer los derechos y los límites a los aumentos de cuotas es clave para no perder cobertura cuando más se necesita.

La Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación ya puso fecha para recibir a los candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia propuestos por el presidente Javier Milei. De esta manera, el juez federal Ariel Lijo y el abogado constitucionalista Manuel García Mansilla deberán defender sus postulaciones en audiencias públicas que se realizarán el 21 y 28 de agosto próximos, respectivamente.

Para que la convocatoria quede firme, se deberá publicar en un diario de tirada nacional el llamado a las audiencias durante dos días. Lo mismo en el Boletín Oficial. La propuesta de publicación de Guadalupe Tagliaferri (CABA), titular de la Comisión de Acuerdos, fue para el 19 de y 22 de julio.

Lijo fue postulado para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco en octubre de 2021, cuando renunció. Mientras que García Mansilla es candidato para el puesto que dejará vacante en diciembre próximo Juan Carlos Maqueda, que llegará a los 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado del máximo tribunal de justicia del país.

A pesar de ser una figura controvertida y resistida, el pliego de Lijo parece -a priori- el más encaminado a unir la grieta entre el kirchnerismo, los dialoguistas y el propio oficialismo. García Mansilla genera resistencia por su perfil conservador.

Incluso la candidatura de Lijo tuvo más de diez veces de adhesiones que la cantidad de impugnaciones que recibió: sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo con un informe que difundió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Javier Milei busca ampliar los miembros de la Corte Suprema

La postulación de los candidatos en audiencias públicas se da en medio de fuertes rumores, ninguno oficial, de un posible intento por parte del Gobierno de ampliar el número de la Corte. En la misma línea, las dudas también marchan por el futuro de Lijo y García Mansilla.

Javier Milei quiere que Ariel Lijo ingrese a la Corte Suprema

Tras haber propuesto a los jueces federales Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para tomar el lugar de Elena Highton de Nolasco y a Carlos Maqueda, quiere que se lleve a nueve el número de miembros del Máximo Tribunal, el que ahora cuenta con 5.

Este es el objetivo en el que ahora está trabajando el secretario de Justicia y miembro del Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio. Él es también quien tiene a su cargo la tarea de destrabar en el Congreso los pliegos de Lijo y Mansilla para agosto. Lo hace con el jefe y el vicejefe de Gabinete, Guillermo Francos y José Rolandi, los que trabajan basados en las directivas de Santiago Caputo.

La intención del presidente Javier Milei es avanzar con la ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros para antes de fin de año. Teniendo esto como meta es que desde el Gobierno están conversando con senadores que responden a los intereses de los gobernadores que presionan para que la ampliación se lleve adelante.

Hace dos años, se había presentado una propuesta al entonces presidente Alberto Fernández para armar un tribunal suprema con un total de 25 miembros, de manera que hubiese un representante por provincia y uno a nivel nacional. Además, se pedía la paridad de género. Si bien unos meses después, la Cámara de Senadores le otorgó media sanción al dictamen de mayoría, fue con modificaciones acordadas previamente que reducían a 15 el número de jueces. Pero no se avanzó más.

Ahora la idea es que una vez aprobada la propuesta del Gobierno para que Lijo y Mansilla reemplacen a Highton de Nolasco y a Maqueda, se designen además otros cuatro miembros que se sumarán a la Corte integrada por su titular, Horacio Rosatti; el vice, Carlos Rosenkrantz, y el ministro, Ricardo Lorenzetti.

Javier Milei quiere la aprobación de Lijo y García Mansilla

El pliego de Lijo y del académico Manuel García Mansilla, propuestos por Milei para completar la Corte, ingresaron oficialmente al Senado en la misma sesión en que se trataron la Ley Bases y el paquete fiscal a principios de junio. 

Lo curioso es que luego de que Milei respaldara personalmente la candidatura de Lijo frente a las críticas de un sector de la oposición y de entidades profesionales y empresariales que ponen en duda su “integridad” para sumarse a la Corte, el juez empezó a quedar a cargo de varias denuncias que afectan al Gobierno.

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Esto tiñe de dudas la independencia que Lijo deberá demostrar respecto del Gobierno que lo propone para sumarse al máximo tribunal, un tema central que complejiza todavía más la discusión que se dará en el Senado, donde paradójicamente el peronismo que se opone con todas sus fuerzas a Milei es hasta ahora más proclive a acompañar el pliego que los opositores dialoguistas.

Si bien las negociaciones para que se aprueben los nombramientos de Lijo y García Mansilla aún no están definidas, desde el Gobierno esperan conseguir los votos que necesita para aprobar ambos nombres. El mandatario ya anticipó que no es uno sin el otro.

Sin embargo, hay algunos detractores en las filas libertarias. Una de ellas es la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien dio a entender que el magistrado de Comodoro Py no es de su elección. Lo propio anticipó el senador Francisco Paoltroni.

“En las charlas cada bloque no responde en tándem, no es que negocias con los jefes de bloque y ya está. Al interior de cada espacio hay pensamientos diferenciados, incluso libertad de acción”, confesó uno de los encargados de tender puentes con la oposición, y pese a que descartó haber entablado diálogo con la dos veces presidenta Cristina Kirchner, admitió contacto con sus senadores.

A pesar de la polémica, es García Mansilla, a diferencia de Lijo, el que cuenta con menos adeptos debido a que reemplazará a la primera mujer en llegar al Máximo Tribunal desde la restauración democrática, y anulará así el único contrapeso de género entre los magistrados. 

En plena tensión cambiaria, monetaria y financiera, el gobierno de Javier Milei prepara su segunda apuesta legislativa. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, enviará esta semana el proyecto de Ley hojarascas, que eliminará 60 leyes con regulaciones obsoletas como los azotes o las transmisiones televisivas en colores.

Así lo confirmó a iProfesional el propio ministro. “La ley hojarasca irá esta semana al Congreso. Igual, ojo, es un conjunto de 60 leyes obsoletas que hay que eliminar. No espere nada revolucionario. Es simplemente limpieza jurídica“, dijo Sturzenegger, que prepara otro combate épico.

La gran incertidumbre ahora consiste en saber cómo reaccionarán los bloques de diputados de la oposición dialoguista, como la UCR o Hacemos Consenso Federal, que no adelantaron nada hasta tener la letra y el espíritu del proyecto que preparó.

Sin embargo, allegados al ministro adelantaron que también la ley podría contener desregulaciones que quedaron de lado en la Ley Bases por la oposición de los bloques opositores, como reformas educativas o en el empleo público.

La meta de Sturzenegger, por ejemplo, es establecer un examen de ingreso para los nuevos empleados públicos, un examen de nivelación en el secundario, la desregulación de la venta de medicamentos y del mercado aerocomercial, como se estableció por decreto la semana última.

De ese modo, Milei alentará la libre competencia de las aerolíneas comerciales en los cielos argentinos. La semana última Sturzenegger intervino además la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la abogada María Julia Cordero reemplazó a Gustavo Marón. Es asesora del subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, que depende del secretario del área, Franco Mogetta.

La meta de Sturzenegger es, entre otras cosas, establecer un examen de ingreso para los nuevos empleados públicos

Ley Hojarasca: desde reglamentaciones obsoletas hasta proyectos de la Ley Bases 

En medio de tantos movimientos, se espera que en estas horas llegue al Congreso el proyecto de Ley Hojarascas, aunque en el Parlamento aseguran que durante estos próximos 15 días habrá un receso parlamentario por las vacaciones de invierno habida cuenta que con el trámite de la Ley Bases hubo una actividad inusual para legisladores.

“No habrá temas sustantivos, sino que será una ley de limpieza y descontaminación legislativa. Nuestro marco normativo tiene un montón de leyes olvidadas que regulan la vida cotidiana en temas arcaicos“, señaló a iProfesional una alta fuente de la Casa Rosada.

“Uno de ellos es la implicancia de los azotes, que viene de la época de Bartolomé Mitre, que fue olvidada, y será un proyecto poco controversial”, anticiparon en Balcarce 50. Sin embargo, los bloques parlamentarios opositores, tras las recientes críticas de Milei, que los trató de “degenerados fiscales”, mirarán del derecho y del revés cada letra de la ley.

“Hubo más de 100 profesionales trabajando en la Ley Bases y cuando la íbamos armando nos dábamos cuenta de que había leyes que no servían para nada”, dijo un allegado a Sturzenegger a iProfesional. “Después retomaremos algunos temas sustantivos como temas educativos, exámenes de ingreso, modernización de la justicia, cosas que no entraron en la Ley Bases porque fueron rechazadas”, agregó la fuente.

Sturzenegger suele decir entre sus colaboradores que “la mayoría de la Ley Bases va a volver a tratarse, en proyectos legislativos: tenemos cinco veces lo que se mandó y hay mucho para mejorar, va a ser un proceso largo”. También aclararon que “algunas cosas se resolvieron por resolución y el resto tarde o temprano irá al Congreso”. Pero lo que no aclararon todavía es qué parte se incluirá en la Ley Hojarasca y que parte será incorporada en sucesivas leyes.

En todo el combo no habrá solo derogación de leyes que devinieron en “obsoletas”, como dijo Sturzenegger, sino también reformas de normas que consideran trabas para el comercio y la importación.

Federico Sturzenegger podría ser convocado a exponer la Ley en el Congreso

Desde la oposición en el Congreso, descuentan que Sturzenegger será convocado a exponer ante las comisiones que sean seleccionadas para esta nueva iniciativa. Como asesor presidencial no fue convocado por no tener un cargo formal en el Gobierno, pero ahora es ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Federico Sturzenegger presentará los próximos días la Ley Hojarascas en el Congreso

En líneas generales, las leyes que enviará en lo sucesivo buscarán reformular el régimen del empleo público y, por ejemplo, poner un examen de ingreso, aunque ya existen los concursos para entrar a trabajar en el Estado.

Pero podría haber cambios en el estatuto de los trabajadores públicos, algo que podría deparar enfrentamientos con el sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado por un nuevo esquema para el ingreso a la función pública.

Entre las leyes obsoletas, que atacará la Ley Hojarasca, están las que regulan la cría de palomas mensajeras o la que ordena que la televisión pública debe pedir autorización al Poder Ejecutivo para poder transmitir la señal en colores, algo que fue dispuesto en la última dictadura militar.

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La desregulación del mercado aerocomercial fue definida por un decreto del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Federico Sturzenegger y los convenios que podrían generar conflictos

Según su normativa de creación, el Ministerio de Desregulación podría revisar “convenios sectoriales” dentro de la administración pública, que podría generar conflictos. Para ello se podría manejar mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) bajo la autorización del DNU 70/24 que autoriza a Milei a definir “políticas que promuevan el perfeccionamiento de la organización y el funcionamiento de la Administración Pública Nacional”.

No descartan en la Casa Rosada que estos avances provoquen una judicialización de los futuros DNU y leyes y la lucha permanente de los trabajadores estatales

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anticipó que opondrá resistencia a las medidas de Stuzenegger y que el examen de ingreso a los empleados públicos “es una burrada y muestra toda su ignorancia proponiendo implementar lo que ya existe en la ley y lo que establece nuestro Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional 214/06“, es decir los concursos en el Estado.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado a los abrazos con el ministro de Economía, Luis Caputo

Una de las medidas descartadas del DNU 70 que retomará Sturzenegger será la creación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) el DNU 70/2023 que fue paralizado por la Justicia federal. La transformación de los clubes de fútbol en sociedades anónimas fue defendida por Milei durante la última Copa América que ganó la selección argentina este domingo, cuando argumentó que los jugadores de Lionel Scaloni juegan en clubes europeos que tienen ese estatus. Sin embargo, omitió decir que surgieron de clubes deportivos financiados por sus socios y la venta de entradas y de derechos de transmisiones de televisión.

Otro punto de conflicto podría ser la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (Linti), que es el carnet que autoriza a los camioneros a conducir sus vehículos de cargas o de pasajeros. “No hay la más mínima profundización del tema, desconocen la materia y van a terminar atentando contra la seguridad vial en las rutas del país”, dijo Roberto Rivero, director ejecutivo de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) en declaraciones recientes. Se trata de la capacitación de los camioneros en la que está involucrada el sindicato de Hugo Moyano.

Para obtener esa licencia, los choferes deben someterse a un examen psicofísico y realizar una capacitación cada año en el sindicato de los Moyano, que por año capacita y toma un examen psicofísico a 600 mil trabajadores.

“Tampoco es un negocio de Hugo Moyano como asintió el ministro Sturzenegger y no le cuesta un centavo al Estado”, dijo Rivero al portal Letra P. El dirigente informó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fija el precio de los aranceles que cobran Fadeeac y otras asociaciones de empresarios camioneros para dar los cursos.

Sturzenegger también anticipó que eliminaría el Registro Único de Transporte Automotor (RUTA) para vehículos afectados al transporte de cargas a partir de 700 kilos. “Tiene razón, hay que elevar ese kilaje en la ley de Tránsito”, señaló Rivero, en coincidencia con Sturzenegger.

“Son 60 leyes obsoletas y fue un trabajo de 100 personas un año y medio, se hizo algo que nadie había hecho, y al revisar todas las leyes se fueron encontrando estas locuras: para transmitir en color tenés que pedir un permiso al Estado”, dijo Sturzenegger. Son cosas que nadie cumple y que son mejor limpiar de la legislación. Nadie se imaginaría a Eduardo Serenellini, secretario de Prensa, pidiendo autorización a Milei para transmitir la señal en colores.

“Es un compendio de leyes que hemos encontrado, que han quedado obsoletas y afectan al derecho de la propiedad. Son varias decenas de leyes“, dijo el ministro al justificar la necesidad de avanzar. Mencionó el control de las palomas o la normativa de prioridad de mochileros. Sin embargo, algunos sospechan que también podría incluir una nueva ofensiva para la eliminación del precio único de venta para el sector editorial y de las regulaciones que protegen a las industrias del azúcar y el limón.

La Cámara de Diputados ratificó la primera versión del proyecto de Ley de Bases y ahora solo queda aguardar su publicación en el Boletín Oficial para que empiece a regir. Entre otros puntos, le dará posibilidad al empleador, luego de obtener el aval de la parte trabajadora en un convenio colectivo, de conformar un fondo de cese para que se haga cargo del pago de la indemnización por antigüedad o despido.

En concreto, en el artículo 92 de la Ley de Bases se establece que “mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245° de la Ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional”.

Y agrega que “los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la presente ley. En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina”.

Fondo de cese de la UOCRA: cómo funciona el cobro de las indemnizaciones

El fondo de desempleo en la construcción funciona así: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El dinero es de libre disponibilidad.

El presidente Javier Milei busca avanzar con la reforma laboral con la Ley de Bases

El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización.

En el caso de la Uocra se le retiene a cada trabajador entre el 12 y el 8 por ciento del sueldo (varía según la antigüedad) y se atesora en un fondo que se abre al término del vínculo laboral independientemente del tiempo que haya durado. Milei pretende que entren en este sistema las compañías de seguros privadas, pero no dejó en claro quién haría el aporte, si el empleador o el empleado.

La idea es bastante similar a la que quiso impulsar Mauricio Macri. En el proyecto de ley que no pudo avanzar en el Congreso, se establecía que el trabajador tendría el derecho a percibir los fondos una vez que el empleador le haya comunicado de forma fehaciente la decisión de extinguir la relación.

En ese momento, la empresa deberá enviarle una copia de la comunicación al instituto a cargo de la administración del fondo.

Una vez recibido el telegrama de despido, el instituto tendrá cuatro dí­as hábiles para depositar los fondos.

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El trabajador podrá retirar el total o podrá disponer de ellos de manera parcial y periódica. En ese interí­n, el monto será capitalizado por el instituto.

Si el administrador del fondo no abona, el dependiente puede intimar -bajo amenaza de realizar acciones legales- tanto a dicho ente como a su empleador.

Si la empresa incumple total o parcialmente sus obligaciones con el fondo, quedará excluido total o parcialmente de la cobertura, y podrá ser objeto de reclamo por parte del trabajador.

Es probable que uno de los sindicatos que se sume a esta posibilidad sea Comercio ya que, a fines del año pasado, su titular, Armando Cavalieri, le pidió precisiones al Gobierno sobre el nuevo fondo de cese laboral y que junto a las cámaras empresarias de la actividad buscan avanzar con la incorporación de ese esquema al convenio colectivo de la actividad, que involucra a más de 1,3 millón de trabajadores.

El sindicalista remarcó que “no queremos más casos como el de Garbarino” y recordó que cientos de empleados de la extinta firma “no pudieron cobrar de forma completa sus indemnizaciones” y que se deben “prevenir los numerosos juicios y situaciones como la lamentable experiencia de los trabajadores de Garbarino”.

Reforma laboral: qué otros cambios se aprobaron Poder Ejecutivo

Registración laboral y tercerización

La Ley Bases establece la validez legal de la registración del trabajador “por cualquiera de las personas humanas o jurídicas intervinientes”. Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral.

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Despido discriminatorio

La reforma precisa que será discriminatorio el despido originado por motivos de, entre otros, raza, religión, opinión política o gremial, sexo, género, orientación sexual, caracteres físicos o discapacidad.

La prueba del acto discriminatorio queda a cargo de quien lo invoque y si la motivación discriminatoria fuese acreditada en sede judicial, la sentencia impondrá al empleador el pago de una indemnización adicional, que oscilará, según la gravedad del acto, entre el 50% y el 100% de la indemnización por antigüedad de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero el despido discriminatorio no viabilizará en ningún caso un escenario de reinstalación.

Eliminación de multas

El proyecto deroga todas las multas por falta de registro o registro deficiente de la relación laboral. También quedan derogadas la multas por registración irregular y por falta de pago de las indemnizaciones por despido sin causa.

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A su vez, desaparecen las multas relativas a la falta de entrega de los certificados de servicios y remuneraciones y la omisión del ingreso de los aportes retenidos al trabajador.

Además, se modifica el período de prueba, que pasa de tres a meses en general, y que puede extenderse por convenio colectivo hasta un año en microempresas de menos de cinco trabajadores, y a ocho meses en empresas de seis a cien trabajadores, manteniéndose las reglas antifraude y las previstas para abuso del empleo del período de prueba.

Para el caso de maternidad, se asegura la estabilidad de la mujer trabajadora en el período específico de embarazo. Se crea la figura del micro emprendimiento de un trabajador autónomo con hasta cinco colaboradores independiente, que deberá contar con un sistema de pago de aportes y contribuciones. Se prohíbe dividir empresas en grupos de 5 o 6 colaboradores. En el régimen de trabajo agrario permanente de prestación continua, se habilita el régimen indemnizatorio de la LCT y el período de prueba, y la bolsa de trabajo se transforma en optativa.

La reciente aprobación de la Ley Bases, con el apoyo de los bloques dialoguistas y tras más concesiones de las previstas inicialmente, marca el inicio de una nueva era en la administración de Javier Milei. Esta primera ley libertaria, que incluye la restitución del impuesto a los bienes personales y la gabela a las ganancias, afectará a más de un millón de asalariados, una contradicción si consideramos la postura del presidente respecto a la presión fiscal que soportan los ciudadanos.

Es evidente que esta ley, a pesar de los recortes sufridos, establecerá un nuevo rumbo en la vida de todos los argentinos. Tanto el denominado “paquete fiscal” como las reformas a la legislación laboral y los cambios en materia impositiva (ganancias y bienes personales) introducen nuevas reglas de juego a las cuales los argentinos deberán adaptarse rápidamente.

Facultades extraordinarias y reestructuración del Estado

El presidente de la nación ha obtenido facultades extraordinarias como consecuencia de la declaración de emergencia pública administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de 365 días. Esta disposición le otorga la potestad de reestructurar todo el andamiaje del Estado Nacional y los organismos dependientes. En este contexto, se ha anunciado la llegada de Federico Sturzenegger como el encargado de ejecutar esta tarea monumental.

Reducción de la burocracia y mejoras en la administración pública

Uno de los paradigmas fundamentales de la nueva legislación libertaria es la conceptualización del “ciudadano” como el principal beneficiario de la actividad pública. En este sentido, los organismos administrativos no estarán facultados para solicitar al ciudadano documentación que ya se encuentre en los antecedentes del Estado. Esta medida busca combatir la burocracia estatal, donde los trámites suelen ser interminables y requieren la presentación de abundante documentación, a menudo innecesaria.

Además, la implementación del “silencio administrativo” acelerará los tiempos de respuesta del Estado al ciudadano. Si el Estado no responde en un tiempo razonable, se presumirá que se ha expedido en favor de lo solicitado, salvo en temas relacionados con la salud pública, el medio ambiente, los servicios públicos o bienes de dominio público.

Reformas laborales en el sector público

Un punto crucial de la nueva legislación es la modificación de las relaciones laborales de los empleados públicos. Estos podrán ser reestructurados y quedar disponibles para ser trasladados a otras dependencias de la administración pública.

La reforma laboral trae varios cambios relevantes en la relación empleador – trabajador

Durante un año, los empleados podrán ser readecuados o desvinculados, con derecho a una indemnización equivalente a un mes de su mejor remuneración por cada año de trabajo o fracción mayor a tres meses. Se exceptúan de esta medida a los delegados sindicales y aquellos con licencia por enfermedad, accidente, matrimonio o embarazo. Se respeta el derecho a huelga de los empleados públicos, pero con el correspondiente descuento proporcional al tiempo no trabajado. 

Cambios en las relaciones laborales del sector privado

En el ámbito laboral no estatal, las reformas también son significativas. Se implementa un período de prueba para los nuevos trabajadores, que ahora será de seis meses. Si el vínculo no continúa al finalizar este periodo, el empleador no deberá abonar indemnización alguna. Para empresas con entre 6 y 100 trabajadores, el plazo puede extenderse hasta ocho meses, y hasta un año en el caso de empresas con hasta 5 empleados. Además, se permite la contratación de tres trabajadores independientes para realizar una determinada actividad para los monotributistas.

Otro aspecto relevante es la causal de despido justificado sin indemnización por participación en actividades de bloqueo empresarial o toma del establecimiento laboral. Asimismo, se concede a los sectores empresariales y trabajadores la potestad de acordar en negociación colectiva un formato de Fondo de Despido, financiado con un aporte mensual máximo del 8% del salario a cargo del empleador. También se prevé una indemnización especial para despidos por causa de discriminación, con un incremento del 50% y un tope máximo del 100% sobre la condena.

Epílogo: el rol de la Justicia en la nueva ley

Una vez sancionada y promulgada la presente ley, seguramente será objeto de discusión judicial a través de diversos instrumentos, como los recursos de amparo. Este proceso permitirá a los ciudadanos y organizaciones cuestionar aspectos específicos de la ley en los tribunales. Eventualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá la responsabilidad de brindar la palabra final, evaluando la constitucionalidad y coherencia de las reformas con el marco legal vigente.

Este escrutinio judicial será crucial para garantizar que las nuevas normativas respeten los derechos fundamentales y promuevan un equilibrio justo entre las necesidades económicas y sociales del país. La intervención del Poder Judicial asegurará que las medidas implementadas bajo esta ley se alineen con los principios constitucionales y los valores democráticos que rigen nuestra sociedad.

Reflexión final

Este artículo constituye una primera aproximación general al texto de la Ley Bases y sus puntos esenciales. Sin embargo, dada la complejidad y el alcance de estas reformas, es fundamental que tanto empresas como particulares busquen asesoramiento especializado para comprender plenamente las implicaciones legales y fiscales de esta nueva normativa. Contar con el apoyo de abogados y asesores legales expertos será crucial para navegar este nuevo escenario legislativo y asegurar el cumplimiento adecuado de las disposiciones establecidas.