El proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación contempla, además de la baja de la edad de imputabilidad, la creación de “institutos especializados de detención”. Cómo funcionarán, qué objetivos perseguirán y quiénes estarán a cargo de los establecimientos.

El presidente Javier Milei, junto con los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora Patricia Bullrich, trazaron los lineamientos de la iniciativa que será tratada el miércoles en la Cámara de Diputados y que, entre sus principales objetivos, apunta a reducir a trece años la edad mínima de punibilidad.

El texto ingresó en las últimas horas a los despachos legislativos, pero aún no tiene el respaldo necesario para ser aprobado, ya que, como informó Ámbito, sectores de la oposición cuestionan el umbral etario propuesto por La Libertad Avanza (LLA). De no mediar cambios, correrá riesgo de ser rechazado.

Sin embargo, el oficialismo negocia voto a voto para que sea aprobado antes de que finalice el período de sesiones extraordinarias, el cual concluirá a finales de febrero. Entre los puntos salientes del texto, también se propone la creación de institutos de detención para menores.

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Creación de Institutos de detención para menores

El Capítulo 8 marca los principios generales sobre los que, en caso de ser sancionado, deberá sustentarse la reglamentación e implementación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, plantea que el adolescente detenido “deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención”, separado de la sección de los adultos.

El establecimiento carcelario debe ser adecuado para el tratamiento de menores y contar con personal especializado en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal. Además, determina que “deberá ser dirigido por personal capacitado”, aunque no especifica el tipo y nivel de capacitación.

La creación de los institutos perseguirá el objetivo de mantener a los adolescentes alojados en secciones diferentes de aquellas en las que se encuentran personas mayores de edad. Según plantea el texto oficial, deberán ser alojados “en módulos especiales”.

Las reglas y criterios de detención de adolescentes

Cada lugar de alojamiento estarán regidos por una serie de reglas. Por un lado, ningún adolescente imputado o condenado podrán tener contacto con personas detenidas mayores de edad. Recién podrán ser trasladados a establecimientos penitenciarios para adultos una vez que alcance la mayoría de edad y mientras aún no hubiere concluido la pena establecida.

También remarcan que los lugares de detención de adolescentes deberán contar, en lo posible, con módulos separados organizados en base a una serie de criterios. Se mencionan por un lado las características personales y condiciones de salud del detenido, su edad (debiéndose procurar el respeto de las franjas etarias), la identidad cultural y educativa y la naturaleza cautelar o punitiva de la privación de la libertad.

Otro aspecto que contempla el proyecto tiene que ver con la atención médica, psicológica y psiquiátrica de los detenidos. En ese sentido, deberá garantizarse “el acceso a asistencia médica y psicológica a cargo de profesionales de la salud especializados en adolescentes”.

Asimismo, aclaran que, en caso de que el menor deba ser atendido fuera del establecimiento, solo “el tribunal competente podrá autorizar las salidas” del lugar de detención, a menos que existan condiciones “de urgencia” que también deberán ser notificadas al juzgado.

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Educación y capacitación laboral

El proyecto también refiere a las características de la detención, la cual deberá tener una serie de objetivos. Se deberá orientar a la educación del adolescente, pero también apuntará a brindar formación, ambos puntos enfocados en la “resocialización y reinserción social del adolescente”.

El artículo 31 pone énfasis sobre las actividades a las que deberá poder acceder el adolescente para formarse y capacitarse con miras a una salida laboral futura. “El adolescente privado de la libertad tendrá derecho a recibir formación y capacitación laboral a fin de lograr una futura inserción social y laboral”, señala.

Aclaran que deberá brindarse “en lo posible” una “amplia oferta de cursos y talleres” que le permitan elegir entre aquellos de acuerdo con sus intereses y capacidades.

Los establecimientos deberán contar con espacios que permitan promover actividades deportivas, culturales, religiosas y recreativas de acuerdo “a la preferencia del adolescente y recreativas” y que, al igual que los cursos profesionales, persigan el objetivo de lograr “una efectiva inclusión social” cuando el menor cumpla su condena.

Por último, el proyecto indica que los institutos deberán realizar un informe trimestral de cada adolescente a fin de conocer su situación durante el proceso de detención. El encargado de redactar y aprobar la evaluación será “el director del instituto especializado o de la sección separada de un establecimiento penitenciario” y deberá enviar las conclusiones a la autoridad judicial.

El Gobierno aprovechó los 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas para mostrar unidad, con una foto del ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, y la vicepresidenta, Cristina Kirchner; y a mismo tiempo, polarizar con el discurso de la oposición en plena campaña electoral. Ante la principal crítica de Juntos por el Cambio por el déficit de la compañía, el presidente de Aerolíneas, Pablo Ceriani, informó que las pérdidas bajaron a menos de la mitad con respecto a 2019. Según pudo averiguar Ámbito, en 2023 aspiran a cerrar el año sin aportes del Tesoro.

“Este año el Tesoro le transfirió cero a Aerolíneas Argentinas, lo que se pagó fueron los saldos pendientes del 2022”, indicó Massa durante su discurso. Además, agregó: “Durante la gestión 2015-2019, los eficientes que nos enseñan cómo administrar el Estado le pasaban 300 millones de dólares a Aerolíneas, vendían simuladores, disminuían servicio, apagaban conexiones y canibalizaban la competencia”.

Previamente, Ceriani, calificado por Cristina Kirchner como un “funcionario que funciona”, había mencionado los números del balance de Aerolíneas durante su discurso. En cuanto a las pérdidas de la compañía, afirmó que el 2022 terminó con “la pérdida más baja desde la estatización”. El año pasado, las pérdidas fueron de u$s 247 millones. En 2018 habían sido de u$s 552 millones y en 2019 de u$s 667 millones, el peor dato de los últimos 5 años, dado que, en 2020, año de la pandemia, el rojo fue de u$s 654 millones. “La revolución de los aviones de Macri fue para la aviación peor que la pandemia”, lanzó Ceriani.

Ámbito consultó en la compañía qué expectativas tenían para 2023 sobre las pérdidas. “Deberían ser menores”, contestaron. Ante la consulta de si podría darse un escenario de Aerolíneas sin pérdidas, afirmaron: “Claro que es posible”. Para eso, afirman que la claves serán: ampliar la cantidad de pasajeros y la operación, generar nuevas unidades de negocios como el transporte de carga, eficientizar procesos con los gremios y eliminar improductividades.

Pese a posturas como la del expresidente Mauricio Macri, de que hay que “cerrar” Aerolíneas Argentinas, similar a la de Javier Milei, los candidatos de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta plantearon públicamente que el primer paso antes de pensar en una privatización o cierre debería ser “que alcance el déficit cero”.

Sobre este punto, Ceriani mencionó: “Uno de los caballitos de batalla de la oposición es cerrar Aerolíneas. Sin Aerolíneas el Tesoro tendría menos recursos y dejaría desconectadas a las provincias. De los 39 destinos que volamos, en 21 es la única que vuela. De las 46 rutas que vuela sin pasar por Buenos Aires, 40 las vuela solo Aerolíneas”. Fuentes de la compañía revelaron a Ámbito que no tienen diálogo con los precandidatos a presidente de la oposición, pero sí con otros dirigentes. “Es paradójico, porque gobernadores e intendentes opositores nos piden más vuelos, no menos”, afirmó una fuente oficial.

Aportes del Tesoro

Por fuera de las pérdidas, otro de los puntos en disputa son los aportes del Tesoro. Desde el 2008 hasta la actualidad, el pico se dio en 2012, cuando el Estado le giró a Aerolíneas u$s 905 millones. Durante la gestión de Cambiemos cayó los primeros años, pero volvió a crecer en 2019, al cerrar en u$s 426 millones. Del 2019 para acá, el dato más elevado se dio en 2021 de u$s 645 millones, y luego el último balance del 2022 mostró que cayó a u$s 353 millones. La novedad esperan que ocurra este año. “Este año el Tesoro le giró a Aerolíneas $6.000 millones, que habían quedado del presupuesto 2022”, indicó Ceriani.

Según comentaron fuentes oficiales, aspiran a terminar en 0% de ejecución de lo presupuestado en 2023 de transferencias del Tesoro a Aerolíneas, aunque explicaron que eso dependerá de factores exógenos a la compañía. De momento, tanto el turismo interno como el receptivo mantuvieron buenos números durante el primer semestre.

Ámbito consultó cuánto influye en los mejores números de la compañía que haya solo tres líneas aéreas en el mercado: “Aerolíneas tiene el 65% de market share, es falso que es un monopolio. Las otras dos líneas aéreas se encuentran ampliando destinos y aviones. Y cuando en la revolución de los aviones desembarcaron varias líneas aéreas, terminaron cerrando todas o abandonando el país”, detalló una fuente oficial. La respuesta de Aerolíneas es que en el mundo la tendencia es a la “concentración” de las empresas por tratarse de un “negocio a gran escala”, en un contexto de crisis del sector aerocomercial luego de la pandemia.

Desde la compañía aseguran que con la venta de pasajes cubren los gastos corrientes, pero no los de capital. Una de las alternativas que tienen en mente es la de salir a financiarse al mercado, “como hace YPF”, aseguran. Otro de los proyectos es la de lograr “asociaciones público – privadas” para el financiamiento de proyectos puntuales. De hecho, en su discurso de reestatización del 2008, la entonces presidenta Cristina Kirchner había asegurado que la compañía tenía que priorizar el buen servicio, y tener en cuenta “participaciones privadas”.