La cúpula sindical argentina vive horas de presión desde varios frentes. Por un lado, los sectores más radicalizados piden un paro general por tiempo indeterminado para frenar la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, el triunvirato de la CGT tiene en cuenta la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional, que se reflejó en el escaso acatamiento de los últimos dos paros y en las dificultades de ciertos gremios poderosos para ejercer la fuerza de otros tiempos.

En los últimos días, la Unión Obrera Metalúrgica -una de las más afectadas por la crisis de la industria nacional- suspendió un paro en la planta de Acindar, que viene reduciendo su actividad y la planta de personal. Una situación similar ocurrió en una fábrica santafecina de productos lácteos, paralizada por falta de insumos. Es la evidencia de un tipo de acción sindical diferente al tradicional: lejos de enfocarse en temas que afectan al ingreso de asalariados altos, como el impuesto a las Ganancias, el reclamo de las bases es el cuidado de los puestos de empleo.

El líder del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, les reclamó a los nuevos triunviros de la CGT –Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo– que convocaran a un paro general para el 11 de febrero, cuando el Congreso empiece a tratar la controvertida ley de modernización laboral.

Más lejos fue el secretario general del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, quien se quejó sin ambigüedades sobre lo que considera una actitud prescindente por parte de la CGT: “No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores”, expresó el sindicalista. Y agregó que, si él fuera secretario general de la CGT, “convocaría a un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene”.

¿Confrontar o negociar?

Pero hay señales que indican que esa no es la postura mayoritaria. Más bien al contrario, hay una situación más calma de lo esperado en gremios que suelen movilizarse en esta época del año, como los docentes y los empleados estatales.

En la provincia de Buenos Aires, ambos sectores aceptaron la propuesta de Axel Kicillof, que ofreció un 1,5% de ajuste más un retroactivo a diciembre.

A nivel nacional, se está haciendo más notorio que nunca la divergecia entre ATE, que mantiene una postura combativa, y la de UPCN -perteneciente a la CGT- que prefiere la negociación. El propio gobierno no ocultó su intención de que los empleados estatales vuelvan a ser una variable del ajuste fiscal.

Las cifras del gasto público muestran que la masa salarial cayó un 9,4% en términos reales, y que la participación de los salarios públicos de la administración central, que hace un año era un 12,2% de los gastos corrientes, cayó a 11,2%.

En cuanto a la nueva ley de trabajo, la cúpula de la CGT, compuesta por dirigentes de la facción de “los Gordos”, ha manifestado su preferencia por la negociación.

En su discurso de asunción en la jefatura tripartita, en noviembre pasado, el dirigente del gremio asegurador, Jorge Sola, había dejado en claro cuál sería la prioridad a la hora de negociar.

 “No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales”, fue la definición del nuevo triunviro.

La representatividad sindical, cada vez más devaluada

Esas definiciones dejan en claro no sólo la discrepancia política o ideológica con la ley de modernización laboral sino, sobre todo, el temor a una “devaluación” en la representatividad y el poder de la dirigencia sindical.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno -en particular, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido- creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la “ultraactividad” -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

También se explora la vía judicial, como adelantó el secretario general de la Uocra -gremio de la construcción-, Gerardo Martínez, que se quejó por la falta de disposición al diálogo que muestra el gobierno.

Gremios: una convocatoria que pierde peso

Pero la postura negociadora no es apenas una decisión estratégica: es también un reconocimiento de que la capacidad de movilización y presión sindical se encuentra en un punto bajo.

La jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de reforma laboral, tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. El gobierno aprovechó la situación para “ningunear” a los sindicalistas, argumentando que esa jornada había sido “un día normal”.

Y, sobre todo, en la cúpula sindical está fresco el recuerdo del fiasco de los últimos dos paros generales, que acentuaron esa imagen de debilidad.

El primero fue el 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

La ruptura llegó al extremo que, en los sectores más combativos, circulaba el chiste de que la sigla CGT quería decir, en realidad, “Confederación General de Twitter”, por la preferencia de los dirigentes de estar más activos con comunicados en las redes sociales que con medidas de protesta callejera.

Finalmente, ante la presión interna, y condicionados también por las críticas por su falta de apoyo al reclamo de los jubilados, los dirigentes de la CGT convocaron a un paro en abril del año pasado. Otra protesta con floja adhesión, dada la actividad de los colectivos. El resultado fue que sólo se sintió el acatamiento en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.

Javier Milei hizo jugar esa situación en su favor, argumentando que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que “se niegan a perder privilegios” y por eso se oponen a la agenda reformista.

Moyano se enfoca en los convenios

Esos paros fallidos contrastaron con las demostraciones de fuerza de la CGT cuando recién había asumido Milei, y el tema de la convocatoria era la oposición a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, algo que afectaba al núcleo de los gremios grandes, donde los promedios salariales son relativamente altos.

Pero cuando la convocatoria tiene un tinte más político, se vuelve a plantear el temor a la pérdida de representatividad. De hecho, el tema más comentado en los últimos paros fue la dificultad de convocar a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio. La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen “changas” en la absoluta informalidad.

Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas con la irrefutable frase de “si no voy a trabajar, no cobro el día”.

Esa situación hace que el desempleo creciente en sectores como la industria, lejos de ser un factor que favorezca las medidas de fuerza, pueda restar apoyo a la cúpula sindical. El gobierno usa los datos de la economía informal como argumento de que la actual ley de trabajo es anacrónica.

Mientras el debate por la reforma toma temperatura, Hugo Moyano decidió centrarse en un tema estratégico: atacar la política de Toto Caputo de “topear” los acuerdos salariales por la vía de no homologar convenios. Y, ante el repunte inflacionario, dijo que no hay condiciones para que se firmen acuerdos de seis meses, sino que se debe incluir revisiones más frecuentes.

El desenlace de la interna de Unión por la Patria sumó más ruido a una familia Moyano cruzada por las internas.

Hugo Moyano reanudó hoy sus contactos diplomáticos con dirigentes sindicales alejados de su hijo mayor, Pablo, en otro gesto que sumó incertidumbre respecto de la elección interna en el gremio de Camioneros pautada para septiembre. Un encuentro con referentes de una de las versiones de las 62 Organizaciones Peronistas le sirvió al exjefe de la CGT, además, para tomar distancia de Unión por la Patria luego de haber sido fugaz cabeza de lista de candidatos a diputados nacionales por el experimento que lideró Daniel Scioli.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

suscribirse ya estoy suscripto

La comida que reunió a medio centenar de gremialistas se llevó a cabo en el sindicato de dueños de taxis, de José Ibarra, y además del camionero y dos de sus hijos, Facundo (exdiputados, en la actualidad de nuevo en el gremio de Peajes) y Jerónimo Moyano, contó con las presencias estelares de Mónica Risotto, directora del Ministerio de Trabajo (e histórica abogada de otra federación de taxistas, la de peones), del juez federal de Morón Jorge Rodríguez y hasta de Octavio Frigerio, padre del exministro del Interior de Mauricio Macri (Rogelio) y exdirector de YPF. Ibarra es habitual anfitrión de personalidades judiciales como María Servini, Ariel Lijo y por años del fallecido Norberto Oyarbide.

Informate más

La participación del mayor de los Moyano en la comida no fue sorpresiva y de hecho forma parte de una vuelta del líder sindical a los conciliábulos gremiales: en los últimos años recuperó contacto con los “gordos” de los grandes sindicatos de servicio, sus históricos rivales, y se sentó en la mesa de la influyente confederación de organizaciones de la energía (Catheda), siempre a contramano de las posiciones de su hijo mayor y número dos en Camioneros, Pablo. De hecho la foto de ayer revalidó el apoyo de Hugo a las 62 Organizaciones que preside Ibarra a expensas de otra versión a cargo del motoquero Marcelo Pariente, patrocinada por Pablo.

hugo moyano (1).jpeg

El desenlace de la interna de Unión por la Patria sumó más ruido a una familia Moyano cruzada por las internas. Por caso, Facundo y Jerónimo no disimulan sus críticas a Pablo por haber mostrado alineamiento con La Cámpora en buena parte de la gestión de Alberto Fernández sin haber obtenido a cambio ningún espacio en las listas de candidatos este año ni en 2021. El actual cosecretario general de la CGT, por su parte, mantiene a su lado a Karina Moyano, otra de las hijas de Hugo con un cargo de exposición en Camioneros, y apuesta a que la distancia que mantiene con buena parte de la familia por el manejo de Liliana Zulet, esposa de Hugo, de la obra social y otros emprendimientos clave del sindicato, no será obstáculo para integrar por otros cuatro años la nómina interna junto a su padre.

Como reveló en exclusiva este diario, en los últimos dos años Pablo Moyano se corrió de cargos estratégicos de la estructura del sindicato como los que mantenía en la Asociación de Conductores Profesionales, en la aseguradora Caminos Protegidos, en la Obra Social de Choferes (Oschoca) y ya desde fines de 2021 en la Federación de Camioneros. En el entorno familiar no recuerdan un acto o encuentro en el que el padre y su hijo mayor hubieran participado juntos en lo que va del año.

Lejos de exponer un alineamiento a favor de un candidato para este año, el almuerzo reforzó la idea de que Moyano se prepara para cualquier escenario electoral: sus más cercanos dicen que no manifiesta mayor preferencia por Sergio Massa que por Horacio Rodríguez Larreta y que sólo advierte como peligrosas las opciones de Patricia Bullrich (la referente del PRO lo eligió como némesis desde que fue ministra de Trabajo de la Alianza) y Javier Milei.

Ante un escenario electoral todavía incierto Hugo suele decirles a sus interlocutores que el movimiento obrero debe prepararse para lo peor, y que incluso con un triunfo del actual ministro de Economía habrá presiones difíciles de soportar para implementar una reforma laboral con pérdida de derechos para los trabajadores. También estuvieron ayer Domingo Petrecca (cementerios, cuyo cumpleaños 84 fue la excusa formal del convite), Fabián Hermoso (químicos), Juan Miguel García (estacioneros del interior) y Rubén Grimaldi (PAMI, Utera), entre otros.