La cúpula sindical argentina vive horas de presión desde varios frentes. Por un lado, los sectores más radicalizados piden un paro general por tiempo indeterminado para frenar la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, el triunvirato de la CGT tiene en cuenta la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional, que se reflejó en el escaso acatamiento de los últimos dos paros y en las dificultades de ciertos gremios poderosos para ejercer la fuerza de otros tiempos.

En los últimos días, la Unión Obrera Metalúrgica -una de las más afectadas por la crisis de la industria nacional- suspendió un paro en la planta de Acindar, que viene reduciendo su actividad y la planta de personal. Una situación similar ocurrió en una fábrica santafecina de productos lácteos, paralizada por falta de insumos. Es la evidencia de un tipo de acción sindical diferente al tradicional: lejos de enfocarse en temas que afectan al ingreso de asalariados altos, como el impuesto a las Ganancias, el reclamo de las bases es el cuidado de los puestos de empleo.

El líder del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, les reclamó a los nuevos triunviros de la CGT –Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo– que convocaran a un paro general para el 11 de febrero, cuando el Congreso empiece a tratar la controvertida ley de modernización laboral.

Más lejos fue el secretario general del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, quien se quejó sin ambigüedades sobre lo que considera una actitud prescindente por parte de la CGT: “No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores”, expresó el sindicalista. Y agregó que, si él fuera secretario general de la CGT, “convocaría a un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene”.

¿Confrontar o negociar?

Pero hay señales que indican que esa no es la postura mayoritaria. Más bien al contrario, hay una situación más calma de lo esperado en gremios que suelen movilizarse en esta época del año, como los docentes y los empleados estatales.

En la provincia de Buenos Aires, ambos sectores aceptaron la propuesta de Axel Kicillof, que ofreció un 1,5% de ajuste más un retroactivo a diciembre.

A nivel nacional, se está haciendo más notorio que nunca la divergecia entre ATE, que mantiene una postura combativa, y la de UPCN -perteneciente a la CGT- que prefiere la negociación. El propio gobierno no ocultó su intención de que los empleados estatales vuelvan a ser una variable del ajuste fiscal.

Las cifras del gasto público muestran que la masa salarial cayó un 9,4% en términos reales, y que la participación de los salarios públicos de la administración central, que hace un año era un 12,2% de los gastos corrientes, cayó a 11,2%.

En cuanto a la nueva ley de trabajo, la cúpula de la CGT, compuesta por dirigentes de la facción de “los Gordos”, ha manifestado su preferencia por la negociación.

En su discurso de asunción en la jefatura tripartita, en noviembre pasado, el dirigente del gremio asegurador, Jorge Sola, había dejado en claro cuál sería la prioridad a la hora de negociar.

 “No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales”, fue la definición del nuevo triunviro.

La representatividad sindical, cada vez más devaluada

Esas definiciones dejan en claro no sólo la discrepancia política o ideológica con la ley de modernización laboral sino, sobre todo, el temor a una “devaluación” en la representatividad y el poder de la dirigencia sindical.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno -en particular, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido- creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la “ultraactividad” -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

También se explora la vía judicial, como adelantó el secretario general de la Uocra -gremio de la construcción-, Gerardo Martínez, que se quejó por la falta de disposición al diálogo que muestra el gobierno.

Gremios: una convocatoria que pierde peso

Pero la postura negociadora no es apenas una decisión estratégica: es también un reconocimiento de que la capacidad de movilización y presión sindical se encuentra en un punto bajo.

La jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de reforma laboral, tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. El gobierno aprovechó la situación para “ningunear” a los sindicalistas, argumentando que esa jornada había sido “un día normal”.

Y, sobre todo, en la cúpula sindical está fresco el recuerdo del fiasco de los últimos dos paros generales, que acentuaron esa imagen de debilidad.

El primero fue el 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

La ruptura llegó al extremo que, en los sectores más combativos, circulaba el chiste de que la sigla CGT quería decir, en realidad, “Confederación General de Twitter”, por la preferencia de los dirigentes de estar más activos con comunicados en las redes sociales que con medidas de protesta callejera.

Finalmente, ante la presión interna, y condicionados también por las críticas por su falta de apoyo al reclamo de los jubilados, los dirigentes de la CGT convocaron a un paro en abril del año pasado. Otra protesta con floja adhesión, dada la actividad de los colectivos. El resultado fue que sólo se sintió el acatamiento en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.

Javier Milei hizo jugar esa situación en su favor, argumentando que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que “se niegan a perder privilegios” y por eso se oponen a la agenda reformista.

Moyano se enfoca en los convenios

Esos paros fallidos contrastaron con las demostraciones de fuerza de la CGT cuando recién había asumido Milei, y el tema de la convocatoria era la oposición a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, algo que afectaba al núcleo de los gremios grandes, donde los promedios salariales son relativamente altos.

Pero cuando la convocatoria tiene un tinte más político, se vuelve a plantear el temor a la pérdida de representatividad. De hecho, el tema más comentado en los últimos paros fue la dificultad de convocar a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio. La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen “changas” en la absoluta informalidad.

Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas con la irrefutable frase de “si no voy a trabajar, no cobro el día”.

Esa situación hace que el desempleo creciente en sectores como la industria, lejos de ser un factor que favorezca las medidas de fuerza, pueda restar apoyo a la cúpula sindical. El gobierno usa los datos de la economía informal como argumento de que la actual ley de trabajo es anacrónica.

Mientras el debate por la reforma toma temperatura, Hugo Moyano decidió centrarse en un tema estratégico: atacar la política de Toto Caputo de “topear” los acuerdos salariales por la vía de no homologar convenios. Y, ante el repunte inflacionario, dijo que no hay condiciones para que se firmen acuerdos de seis meses, sino que se debe incluir revisiones más frecuentes.

Las prepagas pueden ajustar cuotas por edad, pero la ley limita los aumentos para mayores de 65: así protege el bolsillo de los adultos mayores

18/10/2025 – 11:29hs

A medida que las personas envejecen, suelen necesitar más atención en salud. Sin embargo, muchos adultos mayores cuentan con ingresos reducidos, lo que dificulta afrontar los costos de una prepaga o incluso de una obra social privada. En este escenario, surge una pregunta clave: ¿cómo garantizar que quienes más necesitan asistencia médica puedan mantener su cobertura de manera sostenible y accesible?

Prepagas y adultos mayores: cómo regula la ley los aumentos después de los 65 años

La normativa vigente, a través del DNU70/2023, que eliminó el control estatal sobre los aumentos, posibilita que las prepagas fijen sus precios libremente, aunque establece límites a los aumentos de cuotas para personas mayores de 65 años.

Según la regulación, la edad no puede ser el único factor a la hora de calcular incrementos: también se considera la antigüedad del afiliado, buscando equilibrar la sostenibilidad del sistema con la protección del bolsillo de los adultos mayores.

El objetivo de estas disposiciones es doble. Por un lado, asegurar que los adultos mayores puedan mantener su cobertura sin que los aumentos se vuelvan prohibitivos. Por el otro, brindar previsibilidad a las prepagas para gestionar los costos asociados al envejecimiento de su población afiliada. De esta manera, se busca proteger tanto el derecho a la salud como la estabilidad financiera de los planes privados.

¿Pueden las prepagas cobrar lo que quieran a cualquier edad? 

Aunque muchas veces se cree que las prepagas pueden aumentar sus cuotas sin restricciones, la ley establece límites precisos. Según el artículo 17 de la Ley 26.682, el valor de la cuota correspondiente a la franja etaria más alta no puede superar tres veces el de la más baja.

En la práctica, esto significa que:

• Los afiliados mayores de 65 años con más de 10 años de antigüedad no deberían enfrentar aumentos por edad.
• Si la antigüedad es menor, la prepaga puede ajustar la cuota según la edad, pero debe respetar los máximos establecidos en la tabla oficial de aumentos publicada por la Superintendencia de Servicios de Salud (Resolución 2407/2023).

Prepagas y obras sociales: límites y notificaciones de aumentos para mayores de 65

Al momento de afiliarse, es importante que el usuario conozca cómo evolucionarán sus cuotas según los rangos etarios. Además, las prepagas están obligadas a notificar los aumentos de manera formal: primero a la Superintendencia, luego al afiliado con al menos 30 días de anticipación, y dentro de los cinco días posteriores a la publicación del IPC mensual.

Este mecanismo refleja un equilibrio curioso: aunque el Estado liberó el control de precios, la vinculación de los ajustes con el IPC sugiere una referencia implícita para mantener cierta coherencia económica.

La discusión detrás de estos límites es evidente: a medida que la edad avanza, las personas suelen “consumir más salud”, pero también cuentan con menos ingresos para afrontarla. La normativa intenta entonces garantizar que el derecho a la cobertura médica se mantenga sin que los aumentos por edad resulten prohibitivos.

En definitiva, la legislación intenta equilibrar dos necesidades esenciales: que los adultos mayores accedan a servicios médicos de calidad y que las prepagas mantengan la sustentabilidad de sus planes. Conocer los derechos y los límites a los aumentos de cuotas es clave para no perder cobertura cuando más se necesita.

En los últimos meses se habló en Argentina sobre dolarizar la economía. Te contamos qué significa y la diferencia con la convertibilidad

Por Ian Muñoz Pederzoli

01/07/2023 – 06,18hs

En los últimos meses se armó un debate, con distintas posturas, sobre la posibilidad de dolarizar Argentina. Entre los principales argumentos de la dolarización se encuentran el que Argentina ya está “dolarizada”, ya que activos de gran valor como un auto o una casa están expresado en dólares, especialmente los últimos en los que directamente no suele existir la posibilidad de abonar con pesos.

¿Qué pasa si se dolariza la economía de un país?

Si se dolariza la economía de un país se elimina la moneda local y se pasa a utilizar dólares para todas las transacciones.

Es decir, el gobierno rescata el total de la moneda local emitida (tomando en cuenta el dinero circulante, préstamos y depósitos) y entrega dólares, a un tipo de cambio fijo o fluctuante, siendo el primero el más habitual.

En este sentido, el Banco Central de ese país deja de influir en la política monetaria, además de desaparecer como prestamista de última instancia, por lo que algunos especialistas señalan que puede incrementarse el riesgo de tener el dinero en el circuito formal.

¿Qué pasaría en Argentina si se dolariza la economía?

Si en Argentina se dolarizara la economía se convertirían todos los pesos por dólares, pasándose a utilizar esta moneda para la totalidad de las transacciones.

Por otra parte, si el sistema que se aplicaría es el “libre competición de monedas”, propuesto por el actual precandidato a presidente Javier Milei, se podría utilizar cualquier moneda para realizar transacciones, aunque, teniendo en cuenta el historial y las preferencias de los argentinos, el economista señaló que es muy probable que sea el dólar.

En este sentido, al igual que en cualquier dolarización, el Banco Central dejaría de influir en la política monetaria del país y este desaparecería como prestamista de última instancia. Es importante aclarar que dolarizar no es sinónimo de convertibilidad.

La dolarización es distinto al régimen de convertibilidad

En el caso de la convertibilidad, a rasgos generales, consistió en convertir los australes a pesos argentinos convertibles y estos a dólares con una tasa de 10.000 a 1. Es decir, si la persona cobraba 2.000.000 de australes, estos se convertirían a pesos convertibles con la tasa previamente mencionada, por lo que la persona pasaba a cobrar $200. A su vez, estos $200 equivalían a u$s 200.

Sin embargo, ambas monedas convivían, a diferencia de la dolarización en la que el peso directamente es eliminado. Además, en el caso de la convertibilidad, muchas provincias podían tomar deudas en pesos sin restricciones, entre otros factores.

¿Qué beneficios tiene dolarizar un país?

Dolarizar un país tiene ciertos beneficios para tener en cuenta. Algunos de estos son:

• Se elimina la inflación: la elevada inflación suele estar asociada, entre otros factores, a la desconfianza en la moneda local. En el caso de Argentina, es de público conocimiento que la confianza en el peso es casi nula, siendo el dólar la moneda elegida para el ahorro. En muchos casos, la inflación pasa a estar a niveles cercanos al de Estados Unidos
• Mayor credibilidad: al eliminar la inflación y realizar transacciones en una moneda “dura” como el dólar estadounidense, se suele generar una mayor confianza en los inversores lo que puede traer mayores inversiones al país
• Mayor incentivo al ahorro: al cobrar los sueldos en dólares y todos los bienes y servicios se mantienen con un precio relativamente estables, se fomenta el ahorro, ya que las personas no ven disminuidos sus ingresos. Además, se tiene una mayor previsibilidad y estabilidad financiera, como también crece el acceso al crédito

La dolarización puede incentivar el ahorro

• Mayor integración financiera: al utilizar únicamente dólares, las barreras internacionales suelen achicarse, siendo más sencillo realizar operaciones con el mundo exterior
• Aumentos de salarios en “términos reales”: todos los trabajadores suelen recibir aumentos debido a la inflación. Sin embargo, muchas veces estos se encuentran por debajo de la inflación, por lo que, en términos reales, sería como si ganaran menos dinero mes a mes. Al dolarizar, en el peor de los casos, esta pérdida de poder adquisitivo no sería tan elevada

¿Cuáles son las desventajas de la dolarización?

Como cualquier acción, dolarizar la economía puede tener ciertas desventajas entre las que se destacan:

• Pérdida de la política monetaria: al dolarizar se pierde acceso a la política monetaria, es decir, el gobierno no podrá intervenir aplicando medidas de estímulo ni restricción cambiaria, por lo que se depende de la Reserva Federal de los Estados Unidos
• Falta de flexibilidad para realizar ajustes cambiarios: en el caso de que exista una pérdida de competitividad con el exterior, una disminución en las exportaciones o se enfrenta a desequilibrios, el estado no puede realizar los ajustes cambiarios necesarios
• Se debe mantener el déficit fiscal en niveles muy bajos: si bien mantener un déficit fiscal en niveles muy bajos es una gran ventaja, por lo que resulta una paradoja ser una desventaja si se dolariza, en algunos momentos en concreto puede ser necesario como, por ejemplo, en una pandemia o casos extremos como la guerra. Además, si el gobierno que asume tiene un déficit fiscal muy alto y con lo recaudado no puede hacer frente a sus obligaciones, como el pago de salarios, podría llegar a incrementar los impuestos de manera significativa o tomar medidas como el pago de los salarios estales en bonos. Además, al no poder emitir, el gobierno debe ajustarse al dinero con el que cuenta, por lo que no podrá gastar “más allá de sus capacidades”
• Rigidez de precios y salarios: la dolarización puede llegar a dificultar los ajustes de precios y salarios en la economía. Los precios y salarios suelen ser más rígidos en dólares que en una moneda nacional, lo que puede dificultar la adaptación de la economía a cambios en la demanda interna o externa. En este sentido se puede llegar a generar problemas de desempleo, desequilibrios en el mercado laboral y falta de competitividad en algunos sectores
• Caída del poder adquisitivo inicial muy pronunciada: si bien la dolarización puede generar, a largo plazo, un aumento en los salarios reales, en países como Argentina en el que existen múltiples tipos de cambio podía generarse una devaluación inicial profunda. Esto se debe a que el país, en la actualidad, no cuenta con los suficientes dólares para convertir los pesos a dólares al tipo de cambio actual de mercado. Sin embargo, si el gobierno que fuese a dolarizar lo hiciese, el riesgo de que se dolarice a un precio exageradamente mayor se elimina. Sin embargo, los pocos precios que aún se rigen a dólar oficial pasarían a valer su “precio real”. Por ejemplo, un producto que cuesta u$s 100 oficiales, al bolsillo del argentino le representa unos u$s 50 aproximadamente. Al eliminarse todos los tipos de cambio, el precio que deberá abonar el argentino es de u$s 100

Dependiendo del tipo de cambio que se tome para dolarizar podría devaluarse el poder adquisitivo de las personas

• Fantasma de la desdolarización: en el caso que se dolarice, al menos durante las primeras décadas, las personas podrían ser temerosas con respecto a su dinero, al menos en Argentina. Esto se debe, principalmente, a que luego de muchos años de convertibilidad el país no solo salió de esta, sino que muchas personas ingresaron dólares, pero les devolvieron pesos. En este sentido, en el caso de una dolarización, las personas podrían pensar constantemente en que un cambio de gobierno podría querer implementar nuevamente una moneda nacional y convertirles automáticamente sus ahorros en dicha divisa