El decreto firmado por el presidente Javier Milei que introdujo múltiples cambios a la ley de Inteligencia y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) recibió este lunes un amplio rechazo de parte de organizaciones de Derechos Humanos. Aseguran que la reforma “pone en riesgo garantías constitucionales básicas” al afectar la libertad y privacidad de los ciudadanos, flexibilizar los límites legales a la inteligencia interior y habilitar el espionaje político. Piden al Congreso que lo rechace.

El 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 que empuja cambios estructurales en la organización, funciones y conducción del sistema. En los considerandos, indican que la reforma apunta a eliminar superposiciones normativas, ordenar competencias, fortalecer los controles internos y mejorar la articulación entre organismos, en un contexto marcado por nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas.

Uno de los cambios más relevantes – que generó fuertes críticas por parte de la oposición – es el que dispone que los agentes de inteligencia estén habilitados para realizar detenciones. El decreto también establecerá una Comunidad Informativa que buscará nutrir a la SIDE con datos relevantes producidos por organismos estatales que no forman parte del sistema de inteligencia en sentido estricto.

Las críticas de Amnistía Internacional Argentina y ONGs al DNU de la SIDE

Organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional Argentina, Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Greenpeace, entre otras, firmaron un documento en el que plasmaron sus cuestionamientos a los cambios implementados por Nación “de forma unilateral” -durante el receso parlamentario y sin una ley debatida en el Congreso nacional- que, entre otros puntos, “modifica la manera en la que el Estado puede vigilarte y así afecta directamente tu libertad, tu autonomía y tu privacidad”.

“El DNU obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos concretos ni mecanismos de control”, por lo que el ciudadano no tiene forma de saber cómo son usados sus datos personales, agregan. Para las ONG, el decreto se transforma en “una herramienta para realizar vigilancia masiva” que, en escenario de “filtraciones frecuentes” de datos, se vuelve “más peligrosa” ante la falta de una política pública adecuada de seguridad de la información.

“El decreto no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra todavía más poder en esta agencia”, prosigue el texto que cuenta también con el acompañamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, quienes indican que el organismo de inteligencia podrá “pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan“.

Congreso detención marcha

Actividad de la SIDE y más poder a los agentes de inteligencia

Otro aspecto del DNU que concentró críticas de parte de las ONG es el rol de los agentes y de sus actividades. “El decreto establece que las actividades de inteligencia son encubiertas por definición”, lo que implica que “no vas a poder saber si te están investigando, por qué, ni qué información tienen sobre vos”. Asimismo, el carácter encubierto “puede frustrar eventuales investigaciones para probar responsabilidades del Estado”. Y aclaran: “No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan. El secreto es la regla”.

Tras la difusión del decreto, otro punto que aunó cuestionamientos fue la facultad que se le otorga a los miembros de la SIDE para realizar aprehensiones. Las ONG vincularon tales prácticas a la pérdida de garantías constitucionales de épocas pre democráticas en Argentina.

“Por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tienen poder para detenerte. La SIDE puede proceder a la “aprehensión” de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial”, señalaron. Por ese motivo, afirman que se deja “habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación”, lo cual transforma a los servicios de inteligencia “en una especie de policía secreta y sin control”.

El DNU también habilita a que las Fuerzas Armadas realicen tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales” sin especificar cuáles serán, qué criterios se utilizarán ni que harían que las organizaciones ingresaran en esa categoría. Para las ONG, es “un retroceso histórico peligroso” ya que les quita de encima a las FFAA el control civil sobre su accionar y permite el involucramiento de los militares en temas de seguridad interior, algo que “durante décadas Argentina trabajó para separar”. “Era una lección aprendida de la dictadura: los militares no deben ejercer funciones de control de la población civil”, remarcaron críticamente.

El riesgo democrático sobre el espionaje político y los “enemigos internos”

Pero, para las ONG, eso no es todo. El DNU también amplía “de manera significativa” el concepto de contrainteligencia. Aquellas prácticas que hasta ahora estaban prohibidas, pasan a estar habilitadas. “Pasa a incluir la prevención de acciones de infiltración, espionaje, sabotaje, influencia, injerencia o interferencia de factores externos en detrimento del proceso decisorio de las autoridades públicas, de los intereses estratégicos nacionales y/o de la población en general, incluso en ‘abordajes multidimensionales’ de actores estatales y no estatales”, de manera que las restricciones para que las agencias de inteligencia no puedan hacer tareas de inteligencia política “se vuelven irrelevantes”.

En los hechos, consideran que se trata de una flexibilización de “los límites legales a la inteligencia interior” que “habilita el espionaje político en nombre de la contrainteligencia”, cuestión que podría ser utilizada contra opositores o minorías. En ese sentido, recuerdan que en diciembre circuló un presunto Plan de Inteligencia Nacional (PIN) en el que se identificaban como “enemigos internos” a anarquistas, pueblos originarios, ambientalistas y periodistas que “desinformaran” o “deslegitimaran” al Gobierno.

Manifestación Senado Congreso

De efectivizarse de tal manera, las organizaciones de DDHH no dudan en marcarlo como un “grave riesgo” para “los derechos de libertad de expresión, de asociación y de petición a las autoridades”. “Reclamar por una ley (como la de Glaciares o Fondos para Discapacidad) nos convierte en un objetivo de inteligencia y pasibles de ser espiados, infiltrados y hasta detenidos”, advierten.

En cuanto a la legalidad del DNU, aseguran que es “manifiestamente inconstitucional”. Además, consideran que “rompe consensos básicos, amplía el margen de discrecionalidad estatal, debilita los controles y posibilita prácticas que creíamos superadas” y al habilitar herramientas para vigilar, perseguir y detener “es una señal directa hacia quienes defendemos derechos, territorios y democracia”.

Para concluir, las organizaciones civiles aseguraron que el decreto no es “de necesidad y urgencia” por lo cual no cumple con la exigencia de la Constitución para su dictado. “No hay circunstancias excepcionales que impidan al Congreso sancionar leyes, y es claro que reformas tan trascendentes como éstas, lejos de ser adoptadas de manera unilateral, deberían realizarse cuando hay acuerdos entre diversas fuerzas políticas”, afirmaron. De manera que llamaron a los legisladores a que sea discutido y anulado: “El Congreso debe rechazar este decreto”.

Además de las ONG mencionadas, firmaron el documento la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas / CAJE, Democracia en Red, Fundación SES; Campaña Argentina por el Derecho a la Educaciòn (CADE); Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps); Fundación para el Desarrollo Humano Integral; Fundación Protestante Hora de Obrar; Xumek- Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos; Fundación Cambio Democrático; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF); Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES); Consciente Colectivo; Fundación Huésped y Federación Ecuménica de Cuyo (FEC).

Una nueva encuesta ubica al actual jefe de Gobierno porteño por encima de Bullrich, concretamente por 3 puntos, luego de que recuperara terreno en las últimas semanas.

Falta casi un mes para las PASO y los candidatos entran en la recta final de la campaña, en especial aquellos que disputan internas como es el caso de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio.

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Una nueva encuesta ubica al actual jefe de Gobierno porteño por encima de Bullrich, concretamente por 3 puntos, luego de que recuperara terreno en las últimas semanas. Según la consultora Zurban Córdoba, se adelanta 16,4% contra 13,3%).

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A nivel nacional, JxC es la coalición con más votos en las PASO (29,7%), seguida por Unión por la Patria (27,1%), que lleva a Sergio Massa como candidato. En tercer lugar está La Libertad Avanza de Javier Milei con 24,5% de los votos.

Muy por detrás aparecen Juan Schiaretti (3,5%), el Frente de Izquierda (2,3%) y Principios y Valores, de Guillermo Moreno (0,6%).

El 8,6% de los consultados aclaró que aún “no sabe” a quién votar, el 2,3% dijo que votará “en blanco” y 0,8% anticipó que “no va a votar”.

El intendente de Chivilcoy desmintió haberse reunido con allegados a Javier Milei y que esté confirmada su participación en la carrera electoral.

“Es una persona que se bancó dos tiros”, había dicho en una entrevista televisiva el precandidato presidencial, Javier Milei, consultado sobre quien representaría a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones 2023. Inmediatamente la referencia remitió a Guillermo Britos, ex comisario e intendente del partido de Chivilcoy.

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Sin embargo, este miércoles el jefe comunal desmintió las versiones que aseguraban que estaba confirmada su candidatura y, aún más, negó haber tenido una reunión con el principal armador político de La Libertad Avanza en el distrito bonaerense, Sebastián Pareja.

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Para evitar especulaciones, Guillermo Britos convocó a una conferencia de prensa en la sede municipal, donde se refirió a ambos rumores. Allí dijo que, si bien lo “honraba el ofrecimiento”, “como cualquier candidatura de este tipo hay que evaluarla muy bien por todo lo que implica, aún no le he definido, seguramente lo haré este fin de semana. Quiero desmentir terminantemente todos los conceptos que se han publicado”.

Acompañado por dos funcionarios municipales, el intendente añadió que conoció a Pareja pero que no se habían reunido en el último tiempo. “Una vez hablé con él, pero no sobre la candidatura a gobernador, porque él no sabía que Javier Milei estaba pensando en mí”, detalló.

La desmentida de Guillermo Britos ocurrió luego de que el diario local La Razón, el principal medio gráfico de Chivilcoy, confirme que el jefe comunal competiría para gobernador y que sólo restaba presentación oficial. La noticia avanzaba en más detalles: Britos había puesto como condiciones poder escoger a una persona para tener una diputado nacional y tener el control de la lista de concejales y el candidato a intendente en su distrito.

Ahora resta conocer nuevas definiciones, entendiendo que la fecha límite para confirmar los candidatos es el 24 de junio.

Quién es Guillermo Britos, candidato de Milei en la Provincia

Britos, de 59 años, es comisario retirado de la Policía Bonaerense que se volcó a la política en 2011, cuando fue elegido diputado provincial por la Cuarta Sección electoral por el partido Unión Celeste y Blanco, que lideraba Francisco De Narváez. Esa agrupación ahora es aliada de La Libertad Avanza.

En 2015, el expolicía se alió con el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y fue elegido intendente de Chivilcoy. En 2019 logró la reelección con su propio partido vecinal pero en alianza con Consenso Federal, de Roberto Lavagna. Su hermano, Fabio Britos, es diputado provincial bonaerense.

Las elecciones provinciales en Misiones, Jujuy y La Rioja dejaron victorias holgadas de los oficialismos y paridad en el reparto de los triunfos para las fuerzas nacionales, que no pudieron sacarse ventaja.

La victoria más contundente se dio en Misiones, con Hugo Passalaqua, aunque su performance no cuenta a nivel nacional, ya que el Frente Renovador de la Concordia no se referencia ni en el oficialismo ni en la oposición.

Con este conteo, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio no lograron sacarse ventaja en las celebraciones de este domingo, aunque tendrán una nueva jornada de disputa provincial la próxima semana, cuando se lleven a cabo elecciones en San Juan, Salta, Tucumán, La Pampa y Tierra del Fuego.

El domingo próximo el Frente de Todos es el que pone más en juego, ya que las cinco provincias son gobernadas por dirigentes oficialistas.

Por ahora, de las cinco elecciones realizadas hasta el momento, solo en Neuquén perdió el frente gobernante (Rolando Figueroa desbancó al Movimiento Popular Neuquino), por lo que habrá que esperar para ver cuál es la suerte de los oficialismos de Tucumán, Salta, La Pampa, Tierra del Fuego y San Juan.

Salta

Gustavo Sáenz, aliado de Sergio Massa buscará la reelección y es el gran favorito al triunfo en esta provincia. En tanto el diputado frentetodista Emiliano Estrada rompió con el gobernador y se presenta por el frente Avancemos. Tiene en su conformación al exdiputado Alfredo Olmedo y a sectores que se referencian con Javier Milei.

Otro sector del peronismo anotó la marca Entre Todos, que no tiene apoyo nacional: encabeza la fórmula el exvicegobernador Walter Wayar.

Por su parte Juntos por el Cambio presenta como binomio a los diputados nacionales Miguel Nanni (UCR) y Virgina Cornejo (del Pro), a quienes apoyó en un reciente viaje a la provincia Patricia Bullrich.

El exjefe de Gabinete Juan Manzur busca otro triunfo provincial, como vicegobernador de Osvaldo Jaldo.

Por la oposición se presenta el binomio Roberto Sánchez (diputado nacional de la UCR)-Germán Alfaro (actual intendente de la capital, de origen peronista).

Sergio Uñac se presenta a una segunda reelección en la que el Frente de Todos parte como favorito.

Por su parte Juntos por el Cambio busca dar el batacazo con cuatro fórmulas encabezadas por Marcelo Orrego, Eduardo Cáceres, Marcelo Arancibia y Sergio Vallejos. Los libertarios que se referencian en Javier Milei -el economista se desvinculó de la campaña en las últimas semanas- compiten con tres fórmulas lideradas por Yolanda Agüero, Agustín Ramírez y Paola Miers.

Otro gobernador peronista que busca la reelección es Sergio Ziliotto, en La Pampa.

A Juntos por el Cambio lo representa el radical Martín Berhongaray, que le ganó en febrero las PASO al representante del Pro Martín Maquieyra.

La provincia de Tierra del Fuego también define su futuro el domingo 14. Gustavo Melella, el gobernador del Frente de Todos, es favorito para la reelección.

Juntos por el Cambio no logró un acuerdo para competir en unidad y bajo esa marca se presenta el senador radical Pablo Daniel Blanco. El Pro anotó candidato propio: Héctor Stefani. Y Republicanos Unidos (el sello de Ricardo López Murphy a nivel nacional) está representado por Andrea Almirón. El Frente de Izquierda presenta a Lucía Zulma Fernández.