Excedido por largo el lapso reglamentario, el Comandante en Jefe de las FFAA y presidente Javier Milei aún no dio a luz la nueva orientación política de defensa y en los hechos está vigente la DPDN 2021 de la administración Alberto Fernández cuando Agustín Rossi ocupaba el ministerio de Defensa.

Esa directiva definía el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake (Mar de Hoces) como “espacios compartidos” donde resulta fundamental fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto” del lugar. Aserto que generó fricción diplomática y una nota de protesta de Chile, el Estrecho de Magallanes está bajo soberanía chilena según los tratados limítrofes vigentes (como el Tratado de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984).

En una exegesis precisa se diría que el aeronáutico Gustavo Valverde no cometió un yerro por sus dichos sobre Magallanes ya que seguía el orden legal vigente de 2021, claro, en todo caso sí exhibió una “conciencia situacional política” insólita tratándose de un alto jefe que fue designado en y por el gobierno libertario.

La polémica actual con los trasandinos por el paso Magallanes con cruce de notas entre los cancilleres Pablo Quirno y Francisco Pérez Mackenna, sumadas a comunicaciones de los zares de la defensa, Carlos Presti y Fernando Barros, pusieron otra vez en trámite exprés el escrito preliminar de la DPDN.

El proyecto de Petri que no llegó al status de decreto por morosidad administrativa, pero estaría en proceso de actualización, ponía atención vital al Atlántico Sur, las rutas marítimas, sus pasos australes y la proyección hacia la Antártida.

Del territorio al espacio estratégico nacional

Las Zonas de Seguridad de Frontera, el Atlántico Sur y la Antártida aparecían como espacios prioritarios, junto con corredores bioceánicos, rutas marítimas y aéreas, líneas logísticas e infraestructura crítica.

Defender el país implicaba garantizar la continuidad entre el territorio continental, el Atlántico Sur y la Antártida, se analizaba en el texto.

En esa arquitectura, Ushuaia tomó envergadura como polo logístico antártico y centro de gravedad para la Defensa. El extremo austral pasó a ocupar un lugar central en el planeamiento estratégico, según esa mirada.

Magallanes y Drake, en un momento de tensión con Chile

El proyecto de DPDN 2025 eliminó la referencia errónea a un espacio compartido y al control conjunto argentino-chileno del paso Magallanes que había plasmado la gestión Rossi.

El punto “Escenario Regional”, de aquel documento consolidado presenta Magallanes y Drake dentro de las cuatro principales líneas de comunicación marítima del hemisferio, junto con el Canal de Panamá y el Pasaje del Noroeste en Canadá.

El documento les da una valoración estratégica, geopolítica y de flujo comercial.

Con ese encuadre se convierte al extremo austral argentino en un asunto de interés estratégico hemisférico, no solamente nacional o bilateral.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el Plan de Inteligencia Nacional reafirma como uno de sus ejes la prioridad sobre Atlántico Sur (soberanía, recursos), sector antártico y extremo austral del continente.

La Cancillería definió en fecha reciente al extremo austral como una zona de creciente centralidad por sus recursos, sus rutas marítimas y las cadenas globales de suministro.

En agosto de 2025, el titular del Comando Sur de EEUU señaló expresamente que, en el Cono Sur, las líneas marítimas vitales de comunicación —incluidos el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake— funcionan como “strategic choke points”, y vinculó explícitamente su importancia con la posibilidad de que China proyecte poder, perturbe el comercio y desafíe la soberanía regional o la neutralidad antártica.

Uno advierte que la formulación argentina coincide conceptualmente con la manera en que el aparato estratégico estadounidense observa el Cono Sur.

En el punto “Diagnóstico y Apreciación de Escenarios de Defensa” se percibe la secuencia que prevaleció en su elaboración: competencia entre grandes poderes, occidente Global vs este Global, (léase EEUU y sus aliados en rivalidad con China, Rusia y sus socios), competencia por recursos, necesidad de controlar rutas marítimas luego se desprende la importancia de los estrechos o pasos oceánicos.

El triángulo estratégico austral

El nuevo proyecto en estudio permite leer el extremo sur como un sistema integrado: Atlántico Sur – Ushuaia/Magallanes – Antártida.

El Atlántico Sur concentra recursos naturales, rutas marítimas y accesos interoceánicos. Ushuaia constituye un nodo logístico. La Antártida representa el espacio de proyección bicontinental y uno de los escenarios donde el documento anticipa una creciente competencia geopolítica.

En ese esquema, Magallanes y el Paso Drake ganan peso por su función dentro de la conectividad estratégica austral.

La prioridad en la visión de la DPDN pasa por asegurar rutas, abastecimiento, comunicaciones, transporte y presencia hacia la Antártida. La Defensa se concibe en el planteo de LLA como un sistema integrado de accesos, nodos logísticos, sensores y capacidades militares.

Amenazas multidimensionales y Fuerzas Armadas multidominio

El cambio también amplía la definición de amenaza. La pesca ilegal, las economías ilícitas transnacionales, el sabotaje, los ciberataques, las agresiones electromagnéticas, las amenazas contra infraestructura crítica y las vulnerabilidades de las rutas logísticas ingresan en la apreciación estratégica.

La respuesta requiere inteligencia, anticipación, vigilancia y capacidad de reacción gradual, decía el proyecto.

Al mismo tiempo, el instrumento militar es concebido como un sistema multidominio, que integra tierra, mar, aire, ciberespacio, espectro electromagnético y espacio ultraterrestre.

El documento asigna importancia a sistemas C4ISR, información satelital, sensores, vehículos no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras y ciberinteligencia.

Cooperación sin renunciar a capacidades propias

La nueva estrategia plantea profundizar ejercicios combinados, intercambio de inteligencia, interoperabilidad y adquisición e incorporación de tecnología.

Pero introduce una condición: la cooperación no debe sustituir la capacidad nacional ni limitar la autonomía estratégica argentina.

La fórmula que emerge es utilizar los vínculos internacionales como multiplicadores de capacidades, pero sobre la base de un instrumento militar propio.

La Defensa como política de capacidades

La comparación entre la Directiva de Política de Defensa Nacional de 2021 del gobierno de Alberto Fernández y el nuevo proyecto no nato de la gestión Milei pasa de una concepción centrada principalmente en la prevención de una agresión militar estatal externa —cuestión que se modificó parcialmente con el decreto N°1112/24—; la cooperación regional y la autonomía cooperativa a otra que coloca en primer plano la disuasión por negación, la presencia permanente, la vigilancia, el control de los espacios estratégicos y la recuperación de capacidades.

La disuasión por negación supone que las Fuerzas Armadas deben disponer de medios suficientes para impedir que un eventual adversario pueda alcanzar sus objetivos. Contar con capacidades visibles y creíbles que hagan demasiado costoso o difícil concretar una acción militar.

Los cazas F-16 permiten reconstruir una capacidad de combate aéreo supersónico que había quedado severamente degradada, mientras que los Stryker aportan movilidad, protección y potencia de fuego a las fuerzas terrestres.

La principal capacidad convencional ausente

El punto da para aclaraciones de especialistas. La ausencia de submarinos deja huérfano al poder naval de la nueva concepción de disuasión.

El país tiene una carencia estratégica crítica: la capacidad submarina, que constituye actualmente la principal capacidad convencional ausente en el componente naval de la disuasión por negación.

La Argentina perdió su último submarino operativo, el ARA San Juan, tras su naufragio en noviembre de 2017.

La Armada no dispone de una capacidad submarina efectiva, déficit crucial para un país con extensa plataforma marítima, enormes espacios oceánicos, recursos pesqueros y energéticos y responsabilidades estratégicas en el Atlántico Sur.

No hay espacio para la disuasión por negación sin la capacidad submarina. Brasil y su programa Prosub de fabricación de submarinos se enfoca en volver el acceso al océano demasiado peligroso y prohibitivo para un posible agresor, consolidando su soberanía sobre la denominada «Amazonia Azul”.

Un submarino convencional aporta vigilancia, inteligencia, capacidad de permanencia y, sobre todo, incertidumbre, el atributo del sigilo eleva el costo y el riesgo de cualquier operación naval enemiga.

De la amenaza militar a la amenaza multidimensional

Otro cambio relevante es la ampliación del concepto de amenaza. Pesca ilegal, explotación irregular de recursos, economías ilícitas transnacionales, sabotaje, terrorismo, ciberataques, agresiones electromagnéticas, amenazas contra infraestructura crítica y restricciones a rutas logísticas pasan a integrar la apreciación estratégica.

El cambio consiste en reconocer que los intereses vitales pueden ser afectados mediante mecanismos que no necesariamente adoptan la forma de una invasión militar convencional.

El instrumento militar pasa a ser concebido como un sistema multidominio, incorporando tierra, mar, aire, ciberespacio, espectro electromagnético y espacio ultraterrestre.

El Estado Mayor Conjunto deberá integrar información satelital, cibernética, naval, aérea y terrestre. El proyecto contempla sistemas C4ISR, sensores, satélites, vehículos no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras y ciberinteligencia.

Cooperación, pero con capacidades propias

La nueva estrategia plantea profundizar ejercicios combinados, intercambio de inteligencia, interoperabilidad, participación multinacional e incorporación de tecnología.

Pero establece un límite: la cooperación no debe restringir la autonomía estratégica argentina.

Es decir, utilizar la cooperación como multiplicador de capacidades, pero no como sustituto del instrumento militar nacional.

El proyecto habla de una “refundación de la Defensa” y plantea revertir años de postergación en inversión, modernización y sostenimiento.

La agenda incluye previsibilidad presupuestaria, recuperación de sistemas críticos, logística, industria nacional de defensa, investigación y desarrollo, inteligencia artificial, vehículos no tripulados, guerra electrónica, ciberdefensa, sistemas espaciales y capacidades C4ISR.

Malvinas, equilibrio y seguridad en Atlántico Sur y Antártida

En el proyecto de DPDN el archipiélago aparece en dos escenarios: el de la controversia soberana, pero también como parte de uno de mayor alcance: la seguridad estratégica del Atlántico Sur.

Incorpora distintos factores que convergen sobre la región: la seguridad marítima, la protección de los recursos pesqueros, el control del espacio marítimo, la presencia de actores extrarregionales y la importancia geopolítica de la conexión entre el Atlántico Sur y la Antártida.

Plantea que Atlántico Sur, Malvinas y Antártida deben ser considerados como un único complejo estratégico, donde la diplomacia, la cooperación regional y la reconstrucción de capacidades militares resultan complementarias para preservar los intereses nacionales argentinos.

La iniciativa de DPDN reafirma la vía diplomática y el Derecho Internacional como mecanismos para la recuperación de la soberanía, pero advierte sobre la asimetría militar existente y el despliegue británico permanente y semipermanente en el Atlántico Sur.

Sostiene que el reclamo diplomático requiere ser acompañado por la reconstrucción de capacidades militares, capaces de respaldar los objetivos políticos y estratégicos argentinos.

Introduce un párrafo crítico: “La política de Defensa de años previos a la actual no tuvo una orientación clara en torno a la reconstrucción de capacidades militares que permitan acompañar de manera asertiva el reclamo que se realiza de manera incansable por la vía diplomática. En años anteriores, los mayores esfuerzos estuvieron concentrados en manifestar una sucesión de declamaciones que nunca se tradujeron en capacidades militares reales”.

El texto preliminar destaca la preeminencia hemisférica de Estados Unidos y considera limitada, al menos en el corto plazo, la capacidad china para proyectar poder sustantivo sobre el Atlántico Sur.

Advierte sobre un posible deterioro del régimen antártico y el traslado a la región de dinámicas de competencia observadas en el Ártico. La exploración de recursos, el empleo de drones de uso dual, las disputas sobre áreas marinas protegidas y las capacidades espaciales constituyen, según el documento, indicadores de futuras tensiones.

La Libertad Avanza apunta a resolver el instrumento electoral que regirá el año que viene en los próximos dos meses. “Primero hay que atar un acuerdo con los gobernadores y con los partidos”, dijeron desde la Casa Rosada. Después, se buscará avanzar en el Congreso con la suspensión o eliminación de las PASO. El primer paso se tendrá que dar en el Senado, donde recaló la iniciativa.

El principal encargado para esa tarea es Diego Santilli, quien en los últimos días reanudó las reuniones con los gobernadores. Y, este jueves, encabezó un encuentro con los amarillos Cristian Ritondo y Fernando De Andreis para llegar a un acuerdo electoral. «Tenemos muchas posibilidades de llegar a un acuerdo con el PRO por el instrumento electoral», dijeron desde LLA.

Es cierto que las conversaciones recién comienzan, pero las intenciones libertarias, con Karina Milei a la cabeza, son eliminar las primarias para que la oposición, con el PJ a la cabeza, se quede sin una instancia ordenadora. Para eso, los votos del PRO, la UCR y de algunos gobernadores «dialoguistas» son decisivos.

En paralelo, el PJ inició una movida en el sentido opuesto. También esta semana, los popes del partido que conduce Cristina Kirchner mantuvieron un encuentro a puertas cerradas. La novedad fue que Axel Kicillof y Máximo Kirchner se vieron las caras después de meses de distanciamiento absoluto.

La bajada de línea del encuentro fue clara: “Los que apoyen la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener 4 años más de este infierno para la gente”. ¿Mensaje cifrado para los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz?

Mientras se negocian las PASO el Congreso continúa sesionando

En medio de este contexto atravesado por la previa a las elecciones, el Congreso sigue funcionando. Y el oficialismo tomó nota: luego del traspié con la Inviolabilidad de la propiedad privada, como dice Javier Mile, “las negras también juegan”.

Con la ley de Tierras se vio que la docilidad de los mandatarios provinciales no es la misma que mostraron tras el triunfo libertario en las elecciones del año pasado. Por eso, los proyectos que se envíen al Congreso, con los de Federico Sturzenegger a la cabeza, deberán pasar por el filtro de la mesa política. En otras palabras, de Karina Milei. No se comprarán problemas que puedan complicar al oficialismo en la previa al año electoral.

Así las cosas, en Diputados, Martín Menem va paso a paso. En primer término, el objetivo del presidente de la Cámara baja es sacar las leyes que tienen previstas tratar en el recinto el 26 de agosto. Nada menos que dos proyectos que hacen al relato del Presidente: la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal 2. También es probable que ese día se avance con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Pero también, en el oficialismo están haciendo algunas concesiones a los gobernadores y bloques aliados. Así lo plantearon los jefes de las bancadas de buen trato con la Casa Rosada en el último encuentro que mantuvieron en el despacho de Menem para definir la agenda legislativa post receso invernal.

Por caso, se sumaría al temario de la sesión la baja al IVA de la mandioca, un proyecto que se dictaminó a último momento esta semana, a pedido de los misioneros que integran la bancada Innovación Federal. Lo propio podría ocurrir con una serie de proyectos que pasaron por la comisión Legislación General, que sirve como carta de presentación para los legisladores, cuando retornan a sus provincias.

Por ejemplo, aquel que declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de la República Argentina el 9 de julio de cada año. El gobernador de esa provincia, Jaldo, también se anota otro proyecto de ese tipo: el que declara a su provincia como la Capital Nacional del Ecoturismo.

De alguna manera, como reconocen en las filas libertarias, estos proyectos son una forma de “devolverles a los bloques el acompañamiento”. Gentileza de la casa.

Y hasta el oficialismo no descartaría hacerle otra concesión a los mandatarios provinciales, llegado el día de la sesión. Si los votos peligran, tienen un as bajo la manga: modificar el proyecto del Banco Central y especificar que el directorio debe contar con integrantes que representen a las diferentes provincias. “Los gobernadores están pidiendo mayor federalismo”, confirmaron fuentes libertarias.

En un clima en el que los gobernadores harán valer cada voto, sobre todo porque todavía no se cerró ningún acuerdo electoral que los obligue a posicionarse de uno u otro lado de la grieta, La Libertad Avanza se las ingenia para avanzar con su agenda de cara a la segunda mitad del año.

Para empezar, en Diputados, tras los cortocircuitos que generó el capítulo de Tierras en el Senado, ni siquiera definieron cuándo comenzar a tratar Inviolabilidad de la propiedad privada. Ahora, las miradas están puestas en el 26.

Pero además, falta un mes exacto para que el Presidente presente el proyecto del Presupuesto 2027. Tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para hacerlo. Y, al igual que el año pasado, el Gobierno tiene previsto sancionarlo. No sería una buena señal para los mercados quedarse sin la “ley de leyes”, y menos en la previa a un año electoral.

Javier Milei va al Congreso

En ese contexto en el que todavía el futuro de las primarias es incierto, está claro que el Presupuesto servirá como moneda de cambio, al igual que los ATN, para sumar adhesiones de los gobernadores en los proyectos que restan tratar en el Congreso. En especial, para que adhieran a la suspensión/eliminación de las PASO.

Todo indica que, al igual que en su primer intento, el propio Milei asista al Congreso a presentar el proyecto. “Es el mejor comunicador por escándalo”, dicen en las filas libertarias, aunque todavía no es oficial. De confirmarse, seguro sea una nueva excusa para apelar al uso de la Cadena Nacional.

Por lo pronto, Patricia Bullrich tiene varios proyectos pendientes. Más allá de la reforma electoral, resta avanzar con la nueva ley de Sociedades, el Súper RIGI, los cambios al Régimen de Zona Fría. Este último también está en manos de Santilli, que, para atraer votos, promete una resolución para crear un régimen de Zona Cálida y así sumar algunos adeptos.

Lo confirmó el presidente Javier Milei. El flamante ministro Federico Sturzenegger trabaja en un decreto que se daría a conocer en los próximos días.

Tras la aprobación de la Ley Bases, con facultades delegadas para el presidente Javier Milei, el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prepara un decreto presidencial para cerrar alrededor de 60 organismos públicos. Lo confirmó el presidente en X.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

suscribirse ya estoy suscripto

Ideólogo del mega DNU de diciembre, Sturzenegger asumió con la misión de avanzar en la reducción del Estado y eliminar todas las regulaciones posibles de la economía. Todavía no se conoce la lista definitiva, pero trascendieron algunos de los organismos que serían eliminados. Según publicó Infobae, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), donde recientemente nombraron al secretario de Derechos Humanos de Mauricio Macri, Claudio Avruj, estarían dentro de la lista de eliminados.

Informate más

Estos trascendidos fueron compartidos por Milei en su cuenta de X. De concretarse, el presidente lograría eliminar organismos que viene fustigando desde que asumió. En el caso INADI, el gobierno ya había anunciado su cierre en febrero. “Era la policía del pensamiento cristinista», justificó entonces el presidente Javier Milei, a pesar de que había sido creado por ley en 1995 impulsado por el gobierno de Carlos Menem.