En un desarrollo que marca un vuelco en las complejas negociaciones financieras entre Wall Street y el gobierno argentino, los principales bancos estadounidenses involucrados en el préstamo de hasta u$s20.000 millones acordaron asumir la garantía del crédito, utilizando como colateral activos de la System Open Market Account (SOMA) de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

Esta decisión, que podría acelerar los anuncios, representa un retroceso para las entidades financieras, que hasta hace semanas presionaban al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para que el Departamento del Tesoro de EEUU asumiera el riesgo soberano argentino.

El giro, confirmado a Ámbito por fuentes cercanas a las negociaciones en Nueva York y Washington, surge en el contexto de un salvataje bilateral que busca estabilizar el frente cambiario y, sobre todo, despejar los nubarrones a propósito de la capacidad de pago de la Argentina.

Inicialmente, instituciones como J.P. Morgan, Citigroup, Bank of America y Goldman Sachs habían condicionado su participación a un “backstop” explícito del gobierno estadounidense, citando la calificación especulativa de la deuda argentina por agencias como Moody’s y S&P.

Sin embargo, ante la reticencia de Bessent a comprometer fondos públicos sin aprobación del congreso estadounidense y para evitar fricciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los bancos optaron por internalizar el aval mediante mecanismos colaterales vinculados a la SOMA.

Garantías de los propios bancos en la Reserva Federal

La System Open Market Account (SOMA), que administra el portafolio de valores del Tesoro estadounidense adquirido por la Fed en operaciones de mercado abierto, ofrece un colchón de liquidez superior a los u$s280.000 millones en activos, incluyendo bonos y Derechos Especiales de Giro (SDR) del FMI.

Bajo este esquema, los bancos podrían transferir “securities” del “Exchange Stabilization Fund (ESF)” –el fondo de estabilización del Tesoro con activos flexibles– hacia la SOMA, permitiendo colateralizar hasta el 50% del préstamo en caso de incumplimiento.

Esta maniobra, detallada en la Quarterly Refunding Statement del Tesoro emitida recientemente, incluye recompras de hasta u$s38.000 millones en títulos “off-the-run”, inyectando liquidez sin requerir nuevos desembolsos fiscales directos.

En los hechos, la SOMA constituye el núcleo del portafolio de la Reserva Federal de Estados Unidos, un conjunto de activos –principalmente valores del Tesoro y de agencias hipotecarias– adquiridos a través de operaciones de mercado abierto para ejecutar la política monetaria y regular la liquidez en el sistema financiero.

El dato es que su gestión operativa recae en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la institución regional más influyente del Sistema de la Fed, encargada de llevar a cabo las transacciones de compra y venta de “securities” en nombre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), con el fin de influir en las tasas de interés y la oferta de reservas bancarias.

Este banco, que supervisa además a las instituciones financieras clave de la Segunda Distrito Federal (Nueva York y partes del noreste), opera bajo una estructura híbrida público-privada: sus accionistas son los bancos miembros del distrito, como J.P. Morgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup, que poseen acciones no transferibles equivalentes a buena parte de su capital y reservas, recibiendo dividendos fijos, lo que ilustra la interdependencia entre el sector privado y la autoridad monetaria central.

Cambio en la estrategia: las razones del Fondo

El giro contrasta con la dinámica inicial de octubre, cuando los bancos, liderados por el CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, ejercieron una presión sostenida sobre Bessent. En entrevistas con Bloomberg TV, el pasado 21 de octubre, el secretario del Tesoro describió el swap bilateral de u$s20.000 millones –anunciado el 20 de ese mes y aún inactivo en su totalidad– como un “mecanismo para estabilizar el peso argentino, activable solo cuando sea necesario”.

Dimon llegó a afirmar en Reuters que el préstamo “puede que no sea necesario” gracias a las reformas de Javier Milei, “que redujeron la inflación y podrían atraer hasta u$s100.000 millones en capital extranjero”. No obstante, la pausa en las discusiones finales por falta de garantías sólidas –demandando colateral en activos argentinos o avales externos– forzó la reconfiguración actual.

Este acuerdo híbrido también busca sortear tensiones con el FMI, principal acreedor de la Argentina, que exige prioridad como acreedor multilateral. La directora gerente, Kristalina Georgieva, reiteró en su cuenta de “X” el apoyo al “sólido programa económico” de Milei, anclado en disciplina fiscal y acumulación de reservas, pero rechazó cualquier subordinación que diluya su prioridad como ejecutora de la deuda.

En esta línea, la senadora Elizabeth Warren, por su parte, cuestionó en octubre el rol de los bancos, tildando el esquema de “subsidio a Wall Street” en medio de riesgos de shutdown gubernamental. Su oficina solicitó respuestas de Bessent y del presidente de la Fed de Nueva York hasta el 12 de noviembre, destacando la opacidad en el uso de fondos públicos para respaldar préstamos privados.

Para el gobierno de Javier Milei, este préstamo –a tasas estimadas del 7-9% para plazos de 5-7 años– representa un alivio inmediato ante reservas netas en niveles muy bajos y un riesgo país en 650 puntos básicos. Incluso Milei, quien viajó a Miami el último cinco de noviembre para el American Business Forum, habría tenido una conversación, según trascendió, sobre el particular con el propio Dimon.

No obstante, es probable que el monto final del préstamo bancario sea incluso inferior al anunciado inicialmente, con un mínimo estimado de u$s5.000 millones según proyecciones de analistas de Wall Street, quedando lejos de los u$s20.000 millones originales y reflejando la menor urgencia percibida por figuras como Dimon ante el avance de las reformas locales.