Luego del traspié que sufrió el oficialismo esta semana en Diputados, La Libertad Avanza selló el dictamen del Presupuesto 2026 en el Senado. Con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, la bancada que conduce Patricia Bullrich dejó el tema listo para discutirlo en el recinto el próximo 26 de diciembre. El texto “se vota como está” y podría ser vetado por el presidente Javier Milei.

Mientras el debut fallido de sesiones extraordinarias sigue dando de qué hablar, el oficialismo puso el pie en el acelerador. En concreto, los libertarios y sus aliados en el Senado lograron aprobar en comisiones este viernes el Presupuesto 2026, girado el jueves por la Cámara de Diputados.

La firma se produjo luego de que la oposición se anotara un triunfo inesperado: logró voltear, entrada la madrugada, el Capítulo 11 del proyecto. Se trata del tramo que generó tanto revuelo por incluir, en el artículo 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario.

A partir de las 10, la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Ezequiel Atauche recibió a funcionarios del Ejecutivo que defendieron la letra chica de la iniciativa. Tal cual ocurrió durante el debate en Diputados, estuvo presente Carlos Guberman, secretario de Hacienda; así como también Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial; y Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto.

En medio de los trascendidos de la Casa Rosada, en torno a la amenaza de vetar el Presupuesto 2026 si sale sin el capítulo 11, el oficialismo evaluaba diferentes estrategias parlamentarias. Todas ellas contrarreloj: la fecha límite es el 31 de diciembre. De lo contrario, Milei deberá reconducir el Presupuesto por tercer año consecutivo.

Senado Bullrich

En la previa a la firma del dictamen, una de las estrategias que barajaban los libertarios, según supo Ámbito, era dictaminar (como ocurrió este viernes) el texto tal cual llegó desde Diputados. Saldada esa instancia, una opción era negociar cambios con los senadores aliados. En total, son 44. Aunque también podrían echar mano en algunos de los senadores de Popular, interbloque que conduce José Mayans, donde también conviven algunos de los senadores cuyos gobernadores son afines a la Casa Rosada.

Pero, concluido el trámite, esa opción se descartó. “El viernes 26 se vota como está”, dijeron desde La Libertad Avanza a este medio. Es decir, el oficialismo buscará sancionar el texto tal cual fue aprobado en Diputados (sin incorporar el artículo 11). Por eso, cobra cada vez más peso la versión que hicieron circular en la Rosada: que Milei vete el Presupuesto sancionado. Es que, sin ese artículo, al Gobierno no le “serviría.”

Qué dice el capítulo 11

Con el rechazo al capítulo 11, no solo se cayeron las derogaciones a las leyes que Milei rechaza por, supuestamente, atentar contra el equilibrio fiscal (Discapacidad y Financiamiento Universitario). Sino que también, ese capítulo de derogaba otras iniciativas, como el régimen de subsidios para las denominadas zonas frías; la actualización automática, por IPC, de las asignaciones familiares. Al mismo tiempo, en ese tramo incluye la prórroga de la Emergencia para el Garrahan.

En ese mismo capítulo, durante el debate en el recinto, el oficialismo introdujo la transferencia del 1,55% de coparticipación para CABA (tal cual estableció la Corte Suprema por la pelea por los fondos que le corresponden a la Ciudad tras la transferencia de las fuerzas de Seguridad) junto con un incremento de fondos para el Poder Judicial.

Estos dos ítems añadidos entre gallos y medianoche fueron un anzuelo que incluyeron los libertarios, a fin de sumar votos y evitar el naufragio del capítulo 11. La jugada no alcanzó.

Por lo pronto, los ánimos en el Senado están enrarecidos. A la amenaza de Milei de vetar el Presupuesto y la decisión de Bullrich de patear para febrero el debate de la Reforma Laboral para evitar una posible derrota, se le suman de las desconfianzas de los aliados hacia el oficialismo por la decisión de los Menem de negociar con Unión por la Patria los nombramientos para la AGN en Diputados condicionan el clima en la Cámara alta.

Iniciará acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional, luego de que el Gobierno promulgara la norma pero suspendiera su aplicación por decreto

22/10/2025 – 14:35hs

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional, luego de que el Gobierno promulgara la Ley de Financiamiento Universitario pero suspendiera su aplicación por decreto.

La decisión se produce tras la publicación del Decreto 759/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei ordenó promulgar la Ley 27.795, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso determine de qué partidas presupuestarias se financiará su implementación. El Ejecutivo se amparó en el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que toda norma que implique erogaciones debe prever expresamente su fuente de financiamiento.

Reclamo por el cumplimiento efectivo de la ley

La UBA anunció que acudirá a la Justicia con el objetivo de que se garantice la asignación de los recursos previstos por la ley y el cumplimiento pleno de sus disposiciones. En su resolución, el Consejo Superior sostuvo que el decreto presidencial “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos consagrado en la Constitución Nacional y vulnera la voluntad soberana del Congreso”, que había insistido en la aprobación de la norma tras el veto presidencial.

Asimismo, la universidad advirtió que la suspensión de la ley “afecta derechos constitucionales vinculados al sistema universitario público”, impidiendo que las instituciones accedan al financiamiento y a la recomposición salarial contemplados por la normativa.

Una ley clave para el sistema universitario

La Ley de Financiamiento Universitario establece un esquema integral de recursos para las universidades nacionales, con el objetivo de garantizar su sostenimiento y el pago de salarios actualizados para docentes y trabajadores no docentes. También prevé fondos para becas estudiantiles, programas de investigación, infraestructura y tecnología, así como la actualización automática de los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con estimaciones oficiales, la implementación de la ley demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026.

“Una crisis presupuestaria sin precedentes”

En un comunicado posterior, la UBA denunció que el sistema universitario atraviesa “una crisis presupuestaria sin precedentes”, agravada por la falta de actualización de los fondos y la pérdida de poder adquisitivo del personal.

Según la institución, la prórroga del Presupuesto 2023 quedó “rápidamente desfasada frente a la inflación”, lo que provocó que en 2024 los salarios docentes y no docentes perdieran más del 40% de su poder de compra. En lo que va de 2025, agregaron, los aumentos salariales fueron muy inferiores a la inflación medida por el INDEC, profundizando el deterioro de los ingresos del sector.

La casa de estudios recordó que la ley vetada y luego promulgada por insistencia del Congreso tiene por objetivo “garantizar la continuidad y el fortalecimiento del sistema universitario público en todo el país”, por lo que su suspensión “solo agrava la crisis institucional y económica que enfrentan las universidades nacionales”.

El Consejo Superior de la UBA destacó que el financiamiento adecuado no solo es esencial para pagar salarios y mantener la infraestructura, sino también para sostener la investigación, la formación académica y las carreras estratégicas que el país necesita para su desarrollo.

“La no ejecución de esta ley constituye un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina“, concluyó la resolución.