La Libertad Avanza apunta a resolver el instrumento electoral que regirá el año que viene en los próximos dos meses. “Primero hay que atar un acuerdo con los gobernadores y con los partidos”, dijeron desde la Casa Rosada. Después, se buscará avanzar en el Congreso con la suspensión o eliminación de las PASO. El primer paso se tendrá que dar en el Senado, donde recaló la iniciativa.

El principal encargado para esa tarea es Diego Santilli, quien en los últimos días reanudó las reuniones con los gobernadores. Y, este jueves, encabezó un encuentro con los amarillos Cristian Ritondo y Fernando De Andreis para llegar a un acuerdo electoral. «Tenemos muchas posibilidades de llegar a un acuerdo con el PRO por el instrumento electoral», dijeron desde LLA.

Es cierto que las conversaciones recién comienzan, pero las intenciones libertarias, con Karina Milei a la cabeza, son eliminar las primarias para que la oposición, con el PJ a la cabeza, se quede sin una instancia ordenadora. Para eso, los votos del PRO, la UCR y de algunos gobernadores «dialoguistas» son decisivos.

En paralelo, el PJ inició una movida en el sentido opuesto. También esta semana, los popes del partido que conduce Cristina Kirchner mantuvieron un encuentro a puertas cerradas. La novedad fue que Axel Kicillof y Máximo Kirchner se vieron las caras después de meses de distanciamiento absoluto.

La bajada de línea del encuentro fue clara: “Los que apoyen la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener 4 años más de este infierno para la gente”. ¿Mensaje cifrado para los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz?

Mientras se negocian las PASO el Congreso continúa sesionando

En medio de este contexto atravesado por la previa a las elecciones, el Congreso sigue funcionando. Y el oficialismo tomó nota: luego del traspié con la Inviolabilidad de la propiedad privada, como dice Javier Mile, “las negras también juegan”.

Con la ley de Tierras se vio que la docilidad de los mandatarios provinciales no es la misma que mostraron tras el triunfo libertario en las elecciones del año pasado. Por eso, los proyectos que se envíen al Congreso, con los de Federico Sturzenegger a la cabeza, deberán pasar por el filtro de la mesa política. En otras palabras, de Karina Milei. No se comprarán problemas que puedan complicar al oficialismo en la previa al año electoral.

Así las cosas, en Diputados, Martín Menem va paso a paso. En primer término, el objetivo del presidente de la Cámara baja es sacar las leyes que tienen previstas tratar en el recinto el 26 de agosto. Nada menos que dos proyectos que hacen al relato del Presidente: la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal 2. También es probable que ese día se avance con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Diputados sesiona el 26 con proyectos económicos.

Diputados

Pero también, en el oficialismo están haciendo algunas concesiones a los gobernadores y bloques aliados. Así lo plantearon los jefes de las bancadas de buen trato con la Casa Rosada en el último encuentro que mantuvieron en el despacho de Menem para definir la agenda legislativa post receso invernal.

Por caso, se sumaría al temario de la sesión la baja al IVA de la mandioca, un proyecto que se dictaminó a último momento esta semana, a pedido de los misioneros que integran la bancada Innovación Federal. Lo propio podría ocurrir con una serie de proyectos que pasaron por la comisión Legislación General, que sirve como carta de presentación para los legisladores, cuando retornan a sus provincias.

Por ejemplo, aquel que declara a la ciudad de San Miguel de Tucumán Capital Simbólica de la República Argentina el 9 de julio de cada año. El gobernador de esa provincia, Jaldo, también se anota otro proyecto de ese tipo: el que declara a su provincia como la Capital Nacional del Ecoturismo.

De alguna manera, como reconocen en las filas libertarias, estos proyectos son una forma de “devolverles a los bloques el acompañamiento”. Gentileza de la casa.

Y hasta el oficialismo no descartaría hacerle otra concesión a los mandatarios provinciales, llegado el día de la sesión. Si los votos peligran, tienen un as bajo la manga: modificar el proyecto del Banco Central y especificar que el directorio debe contar con integrantes que representen a las diferentes provincias. “Los gobernadores están pidiendo mayor federalismo”, confirmaron fuentes libertarias.

En un clima en el que los gobernadores harán valer cada voto, sobre todo porque todavía no se cerró ningún acuerdo electoral que los obligue a posicionarse de uno u otro lado de la grieta, La Libertad Avanza se las ingenia para avanzar con su agenda de cara a la segunda mitad del año.

Para empezar, en Diputados, tras los cortocircuitos que generó el capítulo de Tierras en el Senado, ni siquiera definieron cuándo comenzar a tratar Inviolabilidad de la propiedad privada. Ahora, las miradas están puestas en el 26.

Pero además, falta un mes exacto para que el Presidente presente el proyecto del Presupuesto 2027. Tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para hacerlo. Y, al igual que el año pasado, el Gobierno tiene previsto sancionarlo. No sería una buena señal para los mercados quedarse sin la “ley de leyes”, y menos en la previa a un año electoral.

Javier Milei va al Congreso

En ese contexto en el que todavía el futuro de las primarias es incierto, está claro que el Presupuesto servirá como moneda de cambio, al igual que los ATN, para sumar adhesiones de los gobernadores en los proyectos que restan tratar en el Congreso. En especial, para que adhieran a la suspensión/eliminación de las PASO.

Milei iría al Congreso a presentar el Presupuesto 2027.

Presidencia

Todo indica que, al igual que en su primer intento, el propio Milei asista al Congreso a presentar el proyecto. “Es el mejor comunicador por escándalo”, dicen en las filas libertarias, aunque todavía no es oficial. De confirmarse, seguro sea una nueva excusa para apelar al uso de la Cadena Nacional.

Por lo pronto, Patricia Bullrich tiene varios proyectos pendientes. Más allá de la reforma electoral, resta avanzar con la nueva ley de Sociedades, el Súper RIGI, los cambios al Régimen de Zona Fría. Este último también está en manos de Santilli, que, para atraer votos, promete una resolución para crear un régimen de Zona Cálida y así sumar algunos adeptos.

Luego del traspié que sufrió el oficialismo esta semana en Diputados, La Libertad Avanza selló el dictamen del Presupuesto 2026 en el Senado. Con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, la bancada que conduce Patricia Bullrich dejó el tema listo para discutirlo en el recinto el próximo 26 de diciembre. El texto «se vota como está» y podría ser vetado por el presidente Javier Milei.

Mientras el debut fallido de sesiones extraordinarias sigue dando de qué hablar, el oficialismo puso el pie en el acelerador. En concreto, los libertarios y sus aliados en el Senado lograron aprobar en comisiones este viernes el Presupuesto 2026, girado el jueves por la Cámara de Diputados.

La firma se produjo luego de que la oposición se anotara un triunfo inesperado: logró voltear, entrada la madrugada, el Capítulo 11 del proyecto. Se trata del tramo que generó tanto revuelo por incluir, en el artículo 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario.

A partir de las 10, la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Ezequiel Atauche recibió a funcionarios del Ejecutivo que defendieron la letra chica de la iniciativa. Tal cual ocurrió durante el debate en Diputados, estuvo presente Carlos Guberman, secretario de Hacienda; así como también Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; Valeria Sánchez, subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial; y Rodrigo Cabado, subsecretario de Presupuesto.

En medio de los trascendidos de la Casa Rosada, en torno a la amenaza de vetar el Presupuesto 2026 si sale sin el capítulo 11, el oficialismo evaluaba diferentes estrategias parlamentarias. Todas ellas contrarreloj: la fecha límite es el 31 de diciembre. De lo contrario, Milei deberá reconducir el Presupuesto por tercer año consecutivo.

Senado Bullrich

En la previa a la firma del dictamen, una de las estrategias que barajaban los libertarios, según supo Ámbito, era dictaminar (como ocurrió este viernes) el texto tal cual llegó desde Diputados. Saldada esa instancia, una opción era negociar cambios con los senadores aliados. En total, son 44. Aunque también podrían echar mano en algunos de los senadores de Popular, interbloque que conduce José Mayans, donde también conviven algunos de los senadores cuyos gobernadores son afines a la Casa Rosada.

Pero, concluido el trámite, esa opción se descartó. «El viernes 26 se vota como está», dijeron desde La Libertad Avanza a este medio. Es decir, el oficialismo buscará sancionar el texto tal cual fue aprobado en Diputados (sin incorporar el artículo 11). Por eso, cobra cada vez más peso la versión que hicieron circular en la Rosada: que Milei vete el Presupuesto sancionado. Es que, sin ese artículo, al Gobierno no le «serviría.»

Qué dice el capítulo 11

Con el rechazo al capítulo 11, no solo se cayeron las derogaciones a las leyes que Milei rechaza por, supuestamente, atentar contra el equilibrio fiscal (Discapacidad y Financiamiento Universitario). Sino que también, ese capítulo de derogaba otras iniciativas, como el régimen de subsidios para las denominadas zonas frías; la actualización automática, por IPC, de las asignaciones familiares. Al mismo tiempo, en ese tramo incluye la prórroga de la Emergencia para el Garrahan.

En ese mismo capítulo, durante el debate en el recinto, el oficialismo introdujo la transferencia del 1,55% de coparticipación para CABA (tal cual estableció la Corte Suprema por la pelea por los fondos que le corresponden a la Ciudad tras la transferencia de las fuerzas de Seguridad) junto con un incremento de fondos para el Poder Judicial.

Estos dos ítems añadidos entre gallos y medianoche fueron un anzuelo que incluyeron los libertarios, a fin de sumar votos y evitar el naufragio del capítulo 11. La jugada no alcanzó.

Por lo pronto, los ánimos en el Senado están enrarecidos. A la amenaza de Milei de vetar el Presupuesto y la decisión de Bullrich de patear para febrero el debate de la Reforma Laboral para evitar una posible derrota, se le suman de las desconfianzas de los aliados hacia el oficialismo por la decisión de los Menem de negociar con Unión por la Patria los nombramientos para la AGN en Diputados condicionan el clima en la Cámara alta.

Iniciará acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional, luego de que el Gobierno promulgara la norma pero suspendiera su aplicación por decreto

22/10/2025 – 14:35hs

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional, luego de que el Gobierno promulgara la Ley de Financiamiento Universitario pero suspendiera su aplicación por decreto.

La decisión se produce tras la publicación del Decreto 759/2025, mediante el cual el presidente Javier Milei ordenó promulgar la Ley 27.795, pero dispuso su suspensión hasta que el Congreso determine de qué partidas presupuestarias se financiará su implementación. El Ejecutivo se amparó en el artículo 5° de la Ley 24.629, que establece que toda norma que implique erogaciones debe prever expresamente su fuente de financiamiento.

Reclamo por el cumplimiento efectivo de la ley

La UBA anunció que acudirá a la Justicia con el objetivo de que se garantice la asignación de los recursos previstos por la ley y el cumplimiento pleno de sus disposiciones. En su resolución, el Consejo Superior sostuvo que el decreto presidencial «altera el sistema republicano de frenos y contrapesos consagrado en la Constitución Nacional y vulnera la voluntad soberana del Congreso», que había insistido en la aprobación de la norma tras el veto presidencial.

Asimismo, la universidad advirtió que la suspensión de la ley «afecta derechos constitucionales vinculados al sistema universitario público», impidiendo que las instituciones accedan al financiamiento y a la recomposición salarial contemplados por la normativa.

Una ley clave para el sistema universitario

La Ley de Financiamiento Universitario establece un esquema integral de recursos para las universidades nacionales, con el objetivo de garantizar su sostenimiento y el pago de salarios actualizados para docentes y trabajadores no docentes. También prevé fondos para becas estudiantiles, programas de investigación, infraestructura y tecnología, así como la actualización automática de los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De acuerdo con estimaciones oficiales, la implementación de la ley demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026.

«Una crisis presupuestaria sin precedentes»

En un comunicado posterior, la UBA denunció que el sistema universitario atraviesa «una crisis presupuestaria sin precedentes», agravada por la falta de actualización de los fondos y la pérdida de poder adquisitivo del personal.

Según la institución, la prórroga del Presupuesto 2023 quedó «rápidamente desfasada frente a la inflación», lo que provocó que en 2024 los salarios docentes y no docentes perdieran más del 40% de su poder de compra. En lo que va de 2025, agregaron, los aumentos salariales fueron muy inferiores a la inflación medida por el INDEC, profundizando el deterioro de los ingresos del sector.

La casa de estudios recordó que la ley vetada y luego promulgada por insistencia del Congreso tiene por objetivo «garantizar la continuidad y el fortalecimiento del sistema universitario público en todo el país», por lo que su suspensión «solo agrava la crisis institucional y económica que enfrentan las universidades nacionales».

El Consejo Superior de la UBA destacó que el financiamiento adecuado no solo es esencial para pagar salarios y mantener la infraestructura, sino también para sostener la investigación, la formación académica y las carreras estratégicas que el país necesita para su desarrollo.

«La no ejecución de esta ley constituye un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina«, concluyó la resolución.