Desde que el Gobierno dejó en claro que no tiene voluntad de intervenir en la crisis de morosidad bancaria por considerarlo «un problema entre privados» y por negarse a medidas que impliquen un subsidio, están lloviendo las propuestas sobre formas de llegar a una «solución de mercado».

Economistas, ex ministros, empresarios pyme, operadores financieros y consultores de inversión han esbozado propuestas para que, de manera voluntaria, los bancos y los acreedores lleguen a una fórmula de reperfilamiento que satisfaga a ambas partes, sin que impliquen un costo fiscal ni un subsidio cruzado.

Ya desde hace meses que ingresaron proyectos en el Congreso para abordar este tema, pero el Gobierno se ha negado a considerarlos, en el entendido de que van contra los principios liberales. El ministro de economía Luis Caputo hizo referencia al «riesgo moral» que supone el castigo a los buenos pagadores por el rescate de los deudores en problemas.

Concretamente, el Gobierno se negó a regular tasas máximas ni, mucho menos, a imponerles a los bancos la obligación de planes de reperfilamiento con extensión de plazos y condonación parcial de deudas.

Por su parte, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, rechazó las insinuaciones de que un alivio en el régimen de encajes de los bancos -el dinero de ahorristas que obligatoriamente debe quedar inmovilizado- pudiera ser parte de esa solución.

«El encaje es una herramienta del Central que está pensado para preservar el riesgo de los depósitos. Tiene un impacto sobre la liquidez del sistema, pero no es algo que deba usarse para administrar liquidez», argumenta el funcionario. Y afirma que los bajos niveles que se aplicaban en gestiones anteriores tenían el objeto de compensar a los bancos para que pudieran ofrecer productos «que no eran de mercado».

Sin embargo, dio a entender que, sin poner dinero del BCRA, sí está dispuesto a acercar a ambas partes, ofreciendo soluciones para un reperfilamiento de las deudas privadas, con mayores plazos de pago.

Las propuestas del mercado para «salvar» a los deudores

Hay quienes aplauden la actitud del gobierno de mantenerse al margen. Para Carlos Rodríguez, ex viceministro de economía en los ’90 y ex asesor de Javier Milei, hay siempre un riesgo implícito en estos planes.

Si hay ayuda estatal, advierte Rodríguez, «hace que, para algunos, entrar en mora sea más atractivo (menos costoso) a medida que aumenta la mora agregada. Se crea un círculo vicioso entre la cartera en mora y las expectativas de intervención».

Por su parte, el consultor Salvador Di Stefano, sostiene que los planes de salvataje no ayudarán a los deudores sino a los bancos, a quienes ve como responsables de la situación.

«Mirá cómo los bancos aumentaron la brecha entre tasas activas y pasivas y le cargaron el costo de la mora a las personas que sacan crédito a partir de ahora. Así piensan reactivar el mercado: récord de brecha entre tasas. Después escuchamos a muchos decir ‘pobres los bancos’«, afirmó.

Su interpretación es que al subir la tasa activa al entorno de 140% recuperaron el capital prestado, «y hoy se disfrazan de buenos» con los planes de refinanciación. «No saben prestar, y las consecuencias la pagamos todos».

Pero ante el agravamiento de la crisis, están circulando propuestas con la ambición de solucionar el problema a nivel sistémico y no solamente en casos particulares.

Martín Redrado, ex presidente del BCRA, publicó un plan elaborado en Fundación Capital. Implica que ante una refinanciación, no habrá una degradación de la calificación crediticia. De esa manera, los bancos no deberán contabilizar esas deudas para sus balances, y quedan eximidas de elevar sus previsiones por riesgo de incobrabilidad. Para Redrado, esto daría a los bancos mayor margen para poder reperfilar el cobro.

En cuanto a los deudores, seguirían siendo calificados como «situación 1» -es decir, como si no estuvieran atrasados-. Eso también mejoraría sus condiciones de repago, aunque durante ese período no podrían solicitar nuevos préstamos.

Hay otras propuestas similares, que se debaten entre ejecutivos de los bancos. Uno de los más activos en las redes propone que el BCRA determine una refinanciación general para los deudores en «situación 3» -atraso mayor a 90 días- y que el saldo se establezca en UVA más una tasa máxima de 10%, con un plazo máximo de 60 meses. Se agregaría la eximición en el pago de IVA, Ingresos Brutos y otros impuestos municipales, que en estos casos no implicarían un costo fiscal. Y hasta hay propuestas para que los buenos pagadores tengan una condonación de la última cuota.

Para aliviar las tasas de interés de los nuevos créditos, se propone que se abandone el actual régimen de previsionamiento de incobrabilidad, y que en su lugar se cree un fondo generado por los ingresos de las deudas reperfiladas.

El dólar, ¿parte de la solución?

El empresario Gustavo Lazzari, referente del sector pyme, publicó un proyecto que toma al dólar como parte de la solución. La idea es que el capital de la deuda se convierta a dólares y se pague en hasta 24 meses, a una tasa de bonos Treasury más 4% -a precios de hoy, implicaría una tasa de 8,6%-.

Para los intereses devengados impagos, propone la amortización en 10 cuotas anuales, que se computen como pago a cuenta del impuesto a las Ganancias. Lazzari admite que habría un costo fiscal, pero advierte que en la situación actual seguirá la caída de clientes, que no podrán pagar refinanciaciones «impúdicas».

«Es reemplazar los contratos a tasas exorbitantes, moneda blanda y plazos cortos por un esquema más racional y compatible con el desenvolvimiento económico», sintetiza el empresario, que es cercano al equipo económico del gobierno. 

La culpa del «rolleo» de deuda

En tanto, el consultor Christian Buteler pone la lupa sobre la relación de la crisis de morosidad y la política monetaria contractiva del gobierno. «La solución es de mercado, lo que no implica que el gobierno no deba hacer nada, al contrario. El gobierno debe dejar de rolear la deuda por sobre el 100% del vencimiento, si es que tiene superávit, para que el excedente de pesos produzca una caída en las tasas».

La crítica alude a la política del ministro Caputo, que en las licitaciones del Tesoro no se limita a renovar los montos de deuda pública que vencen, sino que emite nuevos bonos en exceso, para retirar liquidez del mercado. Varios analistas dijeron que la consecuencia de esa estrategia es una restricción del capital disponible para el crédito, lo cual presiona al alza de las tasas de interés.

Otros analistas estimaron que el costo fiscal de la «mano dura» de Caputo equivale a 2,9% del PBI, por los premios de las nuevas emisiones de bonos. Es un número que duplicaría el nivel previsto de superávit primario para este año.

Lo que ya están haciendo los bancos

Desde la oposición se habla de «tasas usurarias» y de la necesidad de que haya una medida oficial para solucionar una crisis que ya pasó a ser estructural. La irregularidad en los pagos en el segmento de familias ya afecta al 12,7% en el sector bancario, pero llega al 16% si, además, se toma en cuenta al crédito no bancario, como el de las billeteras digitales, las financieras no bancarias, las financiaciones de las propias cadenas retail y los prestamistas informales.

Y uno de los argumentos que se plantean como respuesta al gobierno es que, de hecho, el subsidio desde los buenos pagadores hacia los que están en mora ya está ocurriendo. El síntoma de esa situación sería el ensanchamiento de la brecha entre las tasas pasivas y las activas, que se encuentra en uno de sus puntos máximos.

Hablando en números, a los ahorristas se les paga un 20% por el dinero que colocan en plazo fijo -es decir, una tasa real negativa frente a la inflación- mientras que a quienes toman préstamos se les cobra muy por encima de 100% por el costo financiero total. Y, fuera del sistema bancarios, las tasas pueden llegar al 800% cuando se agregan los punitorios a los morosos.

En el segmento de los bancos, ya se están poniendo en práctica planes para ayudar a que los morosos regularicen la situación, aunque todavía se está lejos de superar la crisis.

En la banca estatal hay refinanciaciones en planes de hasta 96 cuotas -ocho años- con ajuste según el Coeficiente de Variación Salarial, para los casos de atrasos con la tarjeta de crédito.

También hay bancos que aplican cuotas fijas, con plazos de hasta 36 meses. No es extraño que las negociaciones sean personales, de manera que las tasas y plazos pueden ser variables, según el nivel de ingresos y la gravedad de la mora. Claro que, en todos estos casos, se trata de deudores con ingresos fijos y trabajos asalariados del sector formal.

De todas formas, los economistas apuntan que se necesita una participación del gobierno, al menos en un rol de coordinación, porque las propuestas de los bancos tomadas de manera individual pierden eficacia para mejorar la situación del sistema en su conjunto.

Aun dentro del turbulento panorama político actual y asumiendo incluso la hipótesis extrema de que ocurra lo peor en la principal coalición opositora —ante desacuerdos y virulentos intercambios entre figuras— cada sector seguirá subsistiendo con sus visiones y posturas que, entre muchos temas, incluyen las comunicaciones.

Partidos y coaliciones, identificados con distintos espacios (libertarios, bullrichistas, larretistas, radicales o versiones de la izquierda) participarán todos ellos como opositores en las próximas PASO y algunos afrontarán también las elecciones presidenciales.

En este sentido, iProfesional se propuso compendiar (y analizar) las propuestas de esos espacios opositores en temas de libertad de expresión, medios, telecomunicaciones (TIC).

Existen muchos inconvenientes para obtener declaraciones directas en esas cuestiones, aunque sean generales, de los precandidatos: prefieren reservarse para medios de alto impacto y hablar de temas más acuciantes (inflación, presión impositiva, inseguridad, corrupción) cuando no posicionarse en sus internas.

Sin embargo, iProfesional conversó con referentes especializados de sectores opositores —cuando los tienen, lo que no siempre parece ser el caso— para obtener indicios de las posturas y proyectos que estas fuerzas pueden llevar adelante si llegan al gobierno.

Mientras Juntos por el Cambio (JxC) debería todavía consensuar una propuesta entre los equipos técnicos y fundaciones de sus sectores, el espacio de Javier Milei —aunque es mucho más heterogéneo de lo que parece— no tiene ese problema y en él rige la visión ortodoxa de su líder. 

Por supuesto, ninguna posición explicitada o plataforma escrita de gobierno despejará la incógnita de hasta qué punto los partidos podrán o querrán aplicar esos planes. No hay políticos actuales que no sean elocuentes, asertivos o convincentes para prometer. 

Quizás es importante también analizar trayectorias, sus ideologías (implícitas o explícitas), sus entornos y otros elementos contextuales. Eso es lo que pretende esta nota, además de reseñar afirmaciones de los mismos precandidatos, asesores o especialistas.

Definiciones, generalidades y señales de Milei

Desde La Libertad Avanza, indicaron que no iban a formular declaraciones porque estaban «definiendo posiciones». Fue además infructuosa la gestión para obtener declaraciones del candidato. La plataforma de Javier Milei no tiene referencias concretas a libertad de expresión, medios privados o públicos o pauta oficial.

Esto, a pesar que esa misma plataforma electoral es completa y detallada en cuanto a medidas expuestas en capítulos como «seguridad nacional» y, como podía preverse, en cuestiones fiscales o impositivas.

En su sección de «tecnología e infraestructura» dicha plataforma habla de turismo, pesca o aún de la «industria naval», pero apenas se limita a postular «mejorar las comunicaciones», «incentivar la inversión» en el sector y «allanar los impedimentos para la tecnología 5G», una posición que no deja de tener casi ningún sector político.

También se habla de promover «unicornios tecnológicos, tecnología digital e inteligencia artificial», posición que en el primer caso puede diferenciarlo del actual gobierno, pero no del resto de la oposición que no sea (realmente) de izquierda.

Por supuesto, la plataforma anticipa la «privatización de las empresas públicas deficitarias» —sin aclarar que haría con algunas superavitarias—, lo cual abarca a casi todas ellas y comprendería también a los medios públicos actuales, si es que se los considera empresas estatales convencionales.

La incertidumbre al respecto desaparece con las muy claras declaraciones de Milei: «voy a cerrar todos los medios públicos y voy a terminar con la pauta oficial, ya que me parece que robarle a la gente para propaganda política y condicionar periodistas vía la pauta oficial está mal».

Sin embargo, parece no considerar eventuales medios públicos despojados de propaganda o seudoperiodismo como vehículos culturales-artísticos plurales (tal como en otro plano pueden ser el Teatro Colón, un museo estatal o la Biblioteca Nacional) para proveer expresiones que no genere el mercado.

Tampoco el funcionamiento de tales medios en zonas aisladas o sin potencial de rentabilidad, como posible único medio de comunicación de sus habitantes. Ni sugiere el uso mesurado, equitativo y no propagandístico de mensajes oficiales para campañas de salud o educación o para hacer conocer a ciudadanos derechos y obligaciones.

Precisamente, en el campo cultural no resulta claro cómo la plataforma puede compatibilizar el prometido «respecto irrestricto al proyecto de vida del prójimo» con un Estado que «garantice estilos tradicionales de vida», aunque puede tratarse de una concesión para satisfacer a sectores nacionalistas o aún confesionales de su agrupación.

Es cierto que los dirigentes políticos pueden cambiar (y de hecho lo hacen más de lo deseable) e incluso aprender de sus eventuales errores. Pero hoy día, la escasa tolerancia a la crítica por parte de Milei y varios de sus seguidores, con todo lo que eso implica, podría anticipar rumbos futuros.

El condicionamiento a medios para que no formulen ciertas preguntas (como el caso de La Gaceta de Tucumán), así como las demandas judiciales o maltratos a periodistas por sus opiniones (que normalmente no son parte de la discusión pública en la Argentina, aun cuando esas opiniones sean injustas o fuertes) parecen augurar un gobierno que manejará de modo similar la comunicación pública.

Se podría argumentar que se trata de modalidades extrañas a una democracia liberal, tal como se la entiende en el mundo occidental y que no se limite solo a un eventual liberalismo económico.

A pesar de contar con sus filas con economistas expertos —como Diana Mondino o Carlos Rodríguez—, Milei no ha dado a conocer si cuenta con referentes o especialistas en política de medios, telecomunicaciones o tratamiento, difusión o acceso de la información pública.

Milei sostiene que dar a conocer a esos referentes les ocasionaría problemas o serían prematuramente criticados o «difamados» por parte de «la casta» o «los medios», (otra señal negativa en cuanto a un manejo futuro de la información pública). Pero podría ser simplemente que el espacio, al menos por ahora, carece de tales especialistas o incluso que se trate de temas que no le revistan mayor interés.

El sector de Patricia Bullrich y sus referentes

El exsecretario de Comunicaciones (TIC) en la gestión 2015-2019, Héctor Huici, integra los equipos técnicos de Patricia Bullrich —dirigidos por Federico Pinedo, quien también tiene entre sus especializaciones las telecomunicaciones— y trabaja en Fundación Pensar con el exministro de Modernización Andrés Ibarra.

En declaraciones «a título personal» para este medio dijo que debería derogarse el decreto 690/20 del actual gobierno. Esa norma declaró a las telecomunicaciones «servicio público» pese a ser prestaciones competitivas y estableció un control de precios. «Ha generado incertidumbre y desalentado la inversión», señaló Huici.

También centró su atención en un tema no siempre abordado, pero que mueve miles de millones de pesos: el Fondo del Servicio Universal. Es el impuesto se cobra a los operadores de telecomunicaciones sobre el 1% de su facturación y que se destina a subsidios para proyectos de promoción de servicios TIC.

Expresó el referente que «debe ajustarse su uso a su finalidad legal: zonas de alto costo« y para «beneficiar a personas de escasos recursos« a acceder a las TIC.

Huici dijo que «es imperioso transparentar el proceso de adjudicación y hacerlo más competitivo para optimizar el uso de los fondos dándole más escala a los proyectos«. Pero opinó que «no debe haber restricciones en cuanto a los destinatarios de estos fondos».

De hecho, se han denunciado aparentes direccionamientos a gran escala de esos subsidios a entidades afines al gobierno actual y al kirchnerismo, algunos incluso con poca o ninguna capacidad o experiencia en temas de telecomunicaciones. 

Según informó el periodista José Crettaz, por ejemplo, en 2020 el grupo El Hormiguero —una organización social barrial que se referencia en el diputado Máximo Kirchner— fue el octavo grupo que más dinero obtuvo de estos subsidios, casi un cuarto de lo que obtuvo toda la Provincia del Chaco.

Huici postuló también la «simplificación administrativa» en el sector: «hay que evitar duplicación de pedidos de informes [a los operadores] y eliminar autorizaciones previas [de servicios TIC] cuando el interés público no esté comprometido».

En cuanto al espectro radioeléctrico, vehículo indispensable para las comunicaciones inalámbricas —incluyendo el 5G— «su adjudicación debe priorizar la inversión y no la recaudación. Agregó que «hay que facilitar el despliegue de infraestructura simplificando o eliminando normas locales que atentan contra un servicio de regulación federal».

Asimismo, señaló Huici, «la carga impositiva del sector debe ser revisada en forma urgente tan pronto lo permita el déficit fiscal», mientras que la compañía mayorista estatal ARSAT de provisión de enlaces troncales por fibra óptica y satélite debe tener en su opinión un rol de promoción, pero «subsidiario».

Patricia Bullrich, por su parte, dijo recientemente en la señal TN que si bien Argentina debe jugar con las democracias occidentales, Estados Unidos se quedó atrás en el desarrollo del 5G. Y que otros países ofrecen soluciones más baratas para su implementación, lo que se interpreta como la no imposición de vetos a la controvertida tecnología china.

Medios y libertad de expresión en el sector bullrichista

Desde el sector de Hernán Lombardi —referente de Bullrich en medios y temas expresivos, pero también un todoterreno de alta densidad política— no se obtuvieron respuestas. 

Pero si se analiza su gestión pasada en medios públicos, pueden recordarse programas donde editores de diarios de todas las líneas editoriales (desde La Nación a Página/12) discutían pluralmente, a la misma Hebe de Bonafini insultar a Mauricio Macri y aun a los «cocineros argentinos» mofándose del entonces mandatario.

Fueron hechos bastante inusuales, si bien esos medios en la historia argentina nunca dejaron de ser —en mayor o menor medida— voceros gubernamentales (y de destemplada propaganda en el kirchnerismo o bastante sesgados hoy). También resultaron costosos lugares para ubicar amigos políticos, aportando poco al pluralismo o a la calidad de contenidos.

La gestión de Lombardi fue ferozmente combatida por el kirchnerismo, a través de sindicatos y figuras políticas, quienes con desdén calificaban actos de pluralismo como mero «marketing», a la rotación o cese de comunicadores y programas (dinámica típica de cualquier medio para trazar su perfil) como «censura» o «persecución ideológica» y a la intención de controlar sus enormes déficits y despilfarro como «vaciamiento».

Existió también el caso de la agencia Télam: un recorte de personal y periodistas de un medio claramente sobredimensionado, en el que se denunciaron «injusticias» con algunos profesionales, mostró los inconvenientes para adoptar este tipo de medidas.

Lombardi dijo hace poco que los medios públicos «deben vivir de sus propios recursos« y los justificó entre otros casos para «zonas de frontera». Sin embargo, parece haber radicalizado su posición ya que de no ser así «habrá que ver si se cierran».

Una referente como la extitular del Enacom y actual directora por la oposición, Silvana Giudici, integra también el grupo bullrichista. Exradical y especializada en medios antes que en telecomunicaciones, defiende igualmente la libertad de expresión en el sentido que la entienden el PRO y JxC en general.

Sin embargo, puede tener posturas más «intervencionistas» (en cuotas o subsidios de contenidos, gravámenes y hasta alguna aprehensión por la participación de las telefónicas en medios) antes que las más bien filoliberales que predominan en el sector bullrichista.

Todo esto puede llevar a cortocircuitos durante una eventual gestión. No es una mera conjetura, ya que algo de eso —aun con bastante sordina— fue lo que aconteció por momentos entre el regulador Enacom y la Secretaría de Comunicaciones (TIC) durante la gestión de 2015-2019.

Así, las tensiones y confrontaciones internas no ya dentro de JxC sino de cada uno de sus componentes —en este caso el ya histórico PRO, pero también en la UCR y hasta el pequeño sector de Ricardo López Murphy— pueden ir más allá de una sana competencia, ya que se evidencian hasta subsectores dentro de las mismas líneas internas de cada partido integrante de la coalición.

Todo dependerá de cómo se administren las diferencias (o las apetencias por cargos, dándole este punto alguna razón a Milei). Como casi todo en la Argentina de los próximos meses, habrá que esperar y ver.

(Próxima nota: Rodríguez Larreta, los radicales y la izquierda)