13 de febrero 2026 – 18:35

La medida de fuerza fue anunciada por el Frente de Sindicatos Unidos, que agrupa a ATE, UOM, Aceiteros y las dos CTA, entre otros.

El Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) anunció este viernes la convocatoria a un nuevo paro general con movilización al Congreso de la Nación para cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

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Luego de la masiva marcha de la CGT del miércoles pasado, gremios alistan los cañones y se preparan para salir a la calle en rechazo del proyecto de “modernización laboral” que recibió media sanción en el Senado.

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El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, uno de los impulsores del frente, llamó a “construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores” para lograr “voltear la ley” o “al menos que se empantane su tratamiento”. “No es una utopía”, afirmó.

Además de ATE, el FRESU está integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros, Luz y Fuerza, el Centro de Patrones, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), CTERA y las CTA de los Trabajadores y de los Argentinos.

El sindicalista aseguró que el Gobierno libertario “tomó nota” en las últimas horas de que en la sociedad “crece la conciencia sobre la gravedad de esta norma” y de “los perjuicios que acarreará rápidamente en el mundo laboral”.

Por ese motivo, convocó al paro y movilización gremial para “frenar la corrupción y los sobornos en Diputados”. “El miércoles había más valijas en el Congreso que en la Terminal de Retiro en época de vacaciones”, denunció.

Aguiar anunció que el gremio de estatales avanzará en la convocatoria a las “instancias orgánicas” para ratificar la medida de fuerza, con el objetivo de planificar su implementación para cuando Diputados defina la fecha de tratamiento.

La cúpula sindical argentina vive horas de presión desde varios frentes. Por un lado, los sectores más radicalizados piden un paro general por tiempo indeterminado para frenar la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, el triunvirato de la CGT tiene en cuenta la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional, que se reflejó en el escaso acatamiento de los últimos dos paros y en las dificultades de ciertos gremios poderosos para ejercer la fuerza de otros tiempos.

En los últimos días, la Unión Obrera Metalúrgica -una de las más afectadas por la crisis de la industria nacional- suspendió un paro en la planta de Acindar, que viene reduciendo su actividad y la planta de personal. Una situación similar ocurrió en una fábrica santafecina de productos lácteos, paralizada por falta de insumos. Es la evidencia de un tipo de acción sindical diferente al tradicional: lejos de enfocarse en temas que afectan al ingreso de asalariados altos, como el impuesto a las Ganancias, el reclamo de las bases es el cuidado de los puestos de empleo.

El líder del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, les reclamó a los nuevos triunviros de la CGT –Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo– que convocaran a un paro general para el 11 de febrero, cuando el Congreso empiece a tratar la controvertida ley de modernización laboral.

Más lejos fue el secretario general del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, quien se quejó sin ambigüedades sobre lo que considera una actitud prescindente por parte de la CGT: “No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores”, expresó el sindicalista. Y agregó que, si él fuera secretario general de la CGT, “convocaría a un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene”.

¿Confrontar o negociar?

Pero hay señales que indican que esa no es la postura mayoritaria. Más bien al contrario, hay una situación más calma de lo esperado en gremios que suelen movilizarse en esta época del año, como los docentes y los empleados estatales.

En la provincia de Buenos Aires, ambos sectores aceptaron la propuesta de Axel Kicillof, que ofreció un 1,5% de ajuste más un retroactivo a diciembre.

A nivel nacional, se está haciendo más notorio que nunca la divergecia entre ATE, que mantiene una postura combativa, y la de UPCN -perteneciente a la CGT- que prefiere la negociación. El propio gobierno no ocultó su intención de que los empleados estatales vuelvan a ser una variable del ajuste fiscal.

Las cifras del gasto público muestran que la masa salarial cayó un 9,4% en términos reales, y que la participación de los salarios públicos de la administración central, que hace un año era un 12,2% de los gastos corrientes, cayó a 11,2%.

En cuanto a la nueva ley de trabajo, la cúpula de la CGT, compuesta por dirigentes de la facción de “los Gordos”, ha manifestado su preferencia por la negociación.

En su discurso de asunción en la jefatura tripartita, en noviembre pasado, el dirigente del gremio asegurador, Jorge Sola, había dejado en claro cuál sería la prioridad a la hora de negociar.

 “No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales”, fue la definición del nuevo triunviro.

La representatividad sindical, cada vez más devaluada

Esas definiciones dejan en claro no sólo la discrepancia política o ideológica con la ley de modernización laboral sino, sobre todo, el temor a una “devaluación” en la representatividad y el poder de la dirigencia sindical.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno -en particular, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido- creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la “ultraactividad” -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

También se explora la vía judicial, como adelantó el secretario general de la Uocra -gremio de la construcción-, Gerardo Martínez, que se quejó por la falta de disposición al diálogo que muestra el gobierno.

Gremios: una convocatoria que pierde peso

Pero la postura negociadora no es apenas una decisión estratégica: es también un reconocimiento de que la capacidad de movilización y presión sindical se encuentra en un punto bajo.

La jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de reforma laboral, tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. El gobierno aprovechó la situación para “ningunear” a los sindicalistas, argumentando que esa jornada había sido “un día normal”.

Y, sobre todo, en la cúpula sindical está fresco el recuerdo del fiasco de los últimos dos paros generales, que acentuaron esa imagen de debilidad.

El primero fue el 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

La ruptura llegó al extremo que, en los sectores más combativos, circulaba el chiste de que la sigla CGT quería decir, en realidad, “Confederación General de Twitter”, por la preferencia de los dirigentes de estar más activos con comunicados en las redes sociales que con medidas de protesta callejera.

Finalmente, ante la presión interna, y condicionados también por las críticas por su falta de apoyo al reclamo de los jubilados, los dirigentes de la CGT convocaron a un paro en abril del año pasado. Otra protesta con floja adhesión, dada la actividad de los colectivos. El resultado fue que sólo se sintió el acatamiento en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.

Javier Milei hizo jugar esa situación en su favor, argumentando que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que “se niegan a perder privilegios” y por eso se oponen a la agenda reformista.

Moyano se enfoca en los convenios

Esos paros fallidos contrastaron con las demostraciones de fuerza de la CGT cuando recién había asumido Milei, y el tema de la convocatoria era la oposición a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, algo que afectaba al núcleo de los gremios grandes, donde los promedios salariales son relativamente altos.

Pero cuando la convocatoria tiene un tinte más político, se vuelve a plantear el temor a la pérdida de representatividad. De hecho, el tema más comentado en los últimos paros fue la dificultad de convocar a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio. La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen “changas” en la absoluta informalidad.

Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas con la irrefutable frase de “si no voy a trabajar, no cobro el día”.

Esa situación hace que el desempleo creciente en sectores como la industria, lejos de ser un factor que favorezca las medidas de fuerza, pueda restar apoyo a la cúpula sindical. El gobierno usa los datos de la economía informal como argumento de que la actual ley de trabajo es anacrónica.

Mientras el debate por la reforma toma temperatura, Hugo Moyano decidió centrarse en un tema estratégico: atacar la política de Toto Caputo de “topear” los acuerdos salariales por la vía de no homologar convenios. Y, ante el repunte inflacionario, dijo que no hay condiciones para que se firmen acuerdos de seis meses, sino que se debe incluir revisiones más frecuentes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este martes con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) en medio de las negociaciones en el Congreso para lograr las reformas laboral y tributaria. “Quedamos en repetirla periódicamente y en trabajar juntos para seguir bajando el costo argentino”, afirmó en sus redes sociales.

El titular del Palacio de Hacienda compartió en su cuenta de X una foto en la que se lo ve junto al presidente Martín Rappallini y la cúpula del organismo. “Hablamos sobre la reforma laboral, la importancia de la formalización y la inversión“, detalló.

El encuentro se produjo en el medio del debate sobre la modificación de las leyes laborales que propone el Gobierno de Javier Milei. En tal sentido, Caputo aseguró haber acordado repetir la reunión “periódicamente”, con el fin de “hacer nuestra industria cada día más competitiva”.

Hace algunos días, Rapallini defendió el trabajo que realizó como miembro del Consejo de Mayo -uno de los organismos impulsores de la propuesta- y señaló su sanción como una de las prioridades para una presunta mejoría del mercado de trabajo nacional.

“Hay que ubicar la ley en un contexto en el cual hace 15 años que no se genera empleo formal. El sistema laboral argentino tiene un fracaso importante”, interpretó el dirigente industrial, que describió que en el mercado laboral subsiste la “alta litigiosidad, falta de empleabilidad e incentivos que no estaban enfocados en la productividad sino en generar conflictos judiciales a las empresas”.

La CGT se moviliza el 18 de diciembre contra la reforma laboral

La semana pasada, tras conocerse los detalles de la reforma, la CGT convocó una movilización que se llevará a cabo este 18 de diciembre a las 15 con epicentro en Plaza de Mayo. “Claramente nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este este proyecto de reforma laboral. Es una situación que, efectivamente, transita por la precarización laboral. Es un paso más a esa informalidad”, dijo Sola el jueves pasado.

Cristian Jerónimo marcó la cancha al advertir que la iniciativa oficial “es regresiva” y que no existe voluntad de generar un ámbito de negociación real. El dirigente del Sindicato del Vidrio insistió en que, sin una mesa formal con representación del mundo del trabajo, la CGT no acompañará ningún cambio que retroceda derechos adquiridos.

La semana pasada, la CGT también mantuvo una reunión con legisladores nacionales del peronismo para analizar la reforma laboral y la situación de los trabajadores del citrus y del sector avícola en Entre Ríos. Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Adán Bahl visitaron la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, donde se reunieron con Sola y Jerónimo, además de los dirigentes Carlos Molinari (Carne) y Pablo Flores (AEFIP).

Así es el proyecto de reforma laboral del Gobierno

La propuesta presentada por el Poder Ejecutivo reescribió aspectos centrales de la legislación laboral vigente: define nuevas reglas para vacaciones, introduce la figura del banco de horas, modifica criterios de indemnizaciones, redefinió el régimen de despidos e incorpora cambios en procedimientos judiciales y administrativos vinculados al mundo del trabajo.

La reforma, según explicaron en el oficialismo, procura establecer un marco moderno que impacte sobre los sectores público y privado, generando lo que describen como un “reordenamiento” de la relación laboral.

El propósito declarado es adaptar la normativa a un esquema más flexible e incorporar herramientas consideradas “actualizadas” por los redactores del proyecto.

El extenso documento, compuesto por un total de 196 artículos, ingresó la semana pasada al Congreso de la Nación a través del Senado en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el oficialismo, en las que también se tratará el Presupuesto 2026, para el cual el oficialismo junta voto tras voto. Las luces estarán puestas en la discusión sobre el costo salarial, las indemnizaciones y los convenios colectivos, pero La Libertad Avanza también trabajará para que se sancione un particular punto: el 91.

En la práctica, sin poner plazos concretos, el texto que se incorporó en la antesala del envío de la iniciativa al Parlamento marca el rumbo hacia donde avanzan el Ejecutivo nacional y su par de CABA: la transferencia de una serie de competencias en materia judicial que aún le restan asumir a la jurisdicción porteña y que se encuadran dentro de la capacidad autonómica que le concedió la reforma de la Constitución de 1994.

El paso final se concretará a través de la firma de un convenio. Su redacción aún está en fase de borrador, pero considerando las coincidencias y el objetivo que persiguen ambas jurisdicciones, Nación optó por anticiparse a lo que vendrá y decidieron despejar las dudas respecto a la intención que persigue Milei sobre el futuro del fuero laboral: su traspaso a la Ciudad.

“La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, indica el artículo. Para luego remarcar: “Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”.

justicia laboral

La inclusión de la aclaratoria dentro de un proyecto de calibre como es la modernización de la legislación laboral representa una clara señal de avanzada del Ejecutivo nacional en su plan de desarticular los juzgados nacionales que actualmente fallan sobre los expedientes que se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires. En el oficialismo nacional lo ven como un signo del pasado pre-reforma constitucional, ya que el resto de las provincias cuentan con sus propios fueros, y no dudan en señalarlos como “anti empresas” y “cercanos al kirchnerismo”.

“Es muy auspicioso ese artículo, que no hace más que reflejar el compromiso de cumplir con la letra de la Constitución nacional en torno a consolidar la autonomía de la Ciudad y terminar de transferir aquellas competencias aún pendientes, entre ellas las judiciales”, planteó a Ámbito una alta fuente del Gobierno porteño.

Ciudad y Nación avanzan en el traspaso del fuero laboral

Persiguiendo la autonomía, en diciembre del 2024, la Legislatura porteña aprobó por 30 votos a favor y 28 en contra la ley 6789 que modificó la norma orgánica del Poder Judicial porteño y dio luz verde a la creación del nuevo fuero, integrado por diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y por la Cámara de Apelaciones del Trabajo, conformada por dos salas.

Desde entonces, el Consejo de la Magistratura de CABA resolvió dar inicio a la puesta en funcionamiento de la nueva instancia judicial local e instó a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público a que pusiera en marcha los concursos. Pero la reglamentación generó alarma en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que a través de una cautelar logró la suspensión preventiva de su implementación.

En paralelo a la sanción de la ley porteña, la Corte Suprema de la Nación dictó el fallo “Levinas” que habilitó al Tribunal Superior de Justicia porteño a resolver causas civiles, comerciales, laborales y penales de la justicia nacional ordinaria, en otro guiño hacia la órbita capitalina que suscitó celebraciones en los despachos de CABA y en sectores empresarios, dada la potestad que se le otorgó al TSJ para intervenir en causas sobre el mundo del trabajo en un contexto en que se acumulan juicios.

El traspaso de las competencias de la Justicia Laboral al ámbito porteño es vista con buenos ojos por el Gobierno nacional ya que también esperan recibir allí un mejor trato sobre las presentaciones que surjan como contrapartida a las modificaciones que buscan implementar sobre la legislación del trabajo. Hasta ahora, buena parte de los cambios que intentaron introducir a través del DNU 70/23 fueron suspendidos o declarados inconstitucionales. En algunos casos se dio lugar a presentaciones realizadas por las principales organizaciones gremiales como la Confederación General del Trabajo (CGT).

Por ese motivo, en abril pasado Milei autorizó la creación de una comisión, conformada por representantes del Ministerio de Justicia de la Nación y su par de CABA, para trabajar en la redacción del acuerdo. “Desde entonces estamos transitando una comisión sobre las transferencias donde estamos escuchando a todos los actores, desde representantes de la Justicia ordinaria nacional y de la Ciudad como también a asociaciones diversas”, añadió otro funcionario con despacho en Uspallata. El objetivo es avanzar prontamente en el convenio.

Desde CABA aseguran que ya están preparados para recibir las competencias. “En diciembre del año pasado pusimos en funcionamiento el fuero local de la Ciudad para conflictos individuales con prestación efectiva del trabajo en CABA y sancionamos el código de procedimiento laboral”, explicó una persona cercana al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

“Avanzamos también con los concursos para cubrir cargos que hoy están en etapa de revisión de exámenes”, añadió la misma fuente que sigue el paso a paso de las discusiones y del proceso de transferencia. Uno de los puntos que juega a favor de CABA es que las condiciones laborales que se les ofrece a los jueces son más favorables que las que tienen actualmente en el ámbito nacional.

La reacción de los jueces al traspaso del fuero laboral

Pero la AMFJN sigue firme en su rechazo al traspaso. En un comunicado reciente, firmado por su presidente Andrés Basso y al secretaria general María Carolina Ocampo, la asociación declaró su rechazo “de manera categórica” a las modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

Consideraron “inadmisibles” los artículos que impliquen “atentar contra la vida del fuero nacional citado” y, para concluir, pidieron que cualquier cambio que se introduzca se de “dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”.

El traspaso de competencias que empujan Javier Milei y Jorge Macri abre el paraguas ante la ola de juicios que puede acarrear la modificación a la Ley de Contrato de Trabajo que busca sancionar LLA en el Congreso, con apoyo del PRO. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió en las últimas horas que la norma pasará indudablemente por el filtro de la Justicia.

Se espera que, en caso de ser aprobada tal como está, las organizaciones gremiales y los trabajadores afectados acudan al Poder Judicial para que declare su inconstitucionalidad, si corresponde. Entre los puntos más polémicos vinculados a la actuación judicial en casos laborales aparece la modificación del artículo 9 sobre el principio de norma más favorable para el trabajador.

norma actual

La norma vigente indica que “Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba, en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador, cuando hubieran agotado todos los medios de investigación a su alcance y persistiera duda probatoria insuperable, valorando los principios de congruencia y defensa en juicio”.

proyecto reforma labroal

En tanto que la nueva redacción elimina el párrafo anterior, cortando con la potestad del juez de interpretar y decidir en caso de duda. Con todo, el proyecto promete extender la discusión hasta último minuto, siendo aún incierta cuál será su redacción final a la hora de ser tratado en ambas cámaras, aunque ya recibió fuertes críticas de parte de sindicatos por el efecto que tendrá sobre los convenios colectivos y los estatutos vigentes, por caso el de prensa, que propone su derogación.

El Gobierno espera contar con los votos para su aprobación antes de fin de año, para que luego sea discutido en Diputados en el período de verano. Para ello necesitará del apoyo de aliados cercanos como el PRO, que a la par de las discusiones sobre el traspaso de la Justicia laboral también presiona para que se cumpla con el pago de la deuda por la coparticipación. El apoyo a la Ley de Leyes podría quedar supeditado a si, finalmente, ambos equipos logran sellar un acuerdo.

El presidente Javier Milei llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para tratar, entre otros temas clave de la gestión, la reforma laboral o el Proyecto de Modernización Laboral que el Ejecutivo enviaría a consideración legislativa. Un borrador de dicho proyecto entró en circulación este viernes, y el mismo prevé la eliminación de varios regimenes especiales de trabajo. Esto incluye la derogación de la Ley de Teletrabajo (Ley N°27.555)

En caso de aprobarse el proyecto, ¿qué significa para quienes trabajan con esa modalidad? Quienes fueron contratados cuando la Ley de Teletrabajo estaba vigente, deberían poder hacer valer los derechos y obligaciones que determinaba esa normativa. 

A la vez, quienes a partir de la derogación de la ley 27.555 fuesen contratados para teletrabajar, pasarían a regirse por la ley laboral general, la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744) que también es modificada por el mencionado proyecto de ley. En ese caso, la modalidad a distancia pasaría a ser algo a negociar entre partes y no a depender de una ley específica de esa forma de trabajo remoto. 

Más aún, la reforma laboral, si se aprueba como figura en el documento difundido en el día de la fecha, también modificaría el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite al empleador hacer cambios en la forma y modalidad de la prestación del trabajo siempre que no altere modalidades esenciales del contrato ni cause perjuicio material o moral al empleado. Esto ya está vigente en la legislación laboral actual.

Qué dice la Ley de Teletrabajo

La Ley de Teletrabajo 27.555 consagra responsabilidades de trabajadores y empleadores en un contrato laboral con modalidad de desempeño a distancia total o parcial respecto de lugares distintos al establecimiento del empleador, mediante tecnologías de información y comunicación. Algunos de los puntos clave de la normativa son: 

• Derechos y obligaciones: Los teletrabajadores gozan de los mismos derechos que los presenciales (remuneración igual o superior, licencias, seguridad social); incluyen derecho colectivo a representación sindical, anexándolos a centros de trabajo presenciales.​
• Desconexión digital: Prohíbe contactar al trabajador fuera de jornada laboral o licencias; no se pueden exigir tareas ni comunicaciones extracurriculares, bajo pena de sanciones. Plataformas de control deben respetar horarios.​
• Jornada laboral: Debe pactarse por escrito, respetando límites legales/convencionales (por hora u objetivos); revocable unilateralmente por el trabajador, obligando al empleador a reubicarlo presencialmente.​
• Compensación de gastos: El empleador cubre incrementos en conectividad, energía u otros servicios por teletrabajo (exentos de Ganancias); provee herramientas/IT sin cargo.​
• Contrato y reversibilidad: Requiere acuerdo escrito; el empleador no puede imponerlo sin consentimiento, y el trabajador puede revertirlo con reubicación prioritaria.

Hasta el momento, la Ley de Teletrabajo sigue vigente y regula este tipo de vínculo laboral cuando desde el inicio se pacta esta modalidad y normativa en un contrato laboral. 

Teletrabajo y trabajo híbrido

Vale la pena aclarar que estos cambios, en caso de aprobarse la reforma tal como figura en el borrador, solo aplican a personas que estaban contratadas bajo el régimen de Teletrabajo y la ley 27.555.

No aplica en absoluto a quienes trabajan enmarcados en otros convenios o que fueron contratados bajo la LCT, y reciben de su empleador el beneficio de teletrabajo de manera voluntaria. Tampoco aplica a los plus (como pago de Internet) que negocian algunos convenios colectivos. 

Las personas contratadas bajo un convenio particular o que teletrabajan por acuerdo con la compañía en la que prestan tareas, no se verán impactadas en ese aspecto si se aprueba la reforma laboral como se plantea en este borrador. 

De acuerdo a un estudio dado a concoer por WTW en noviembre, el teletrabajo es el segundo beneficio más valorado por los empleados de grandes empresas y filiales de multinacionales, solo por detrás de la cobertura de salud. La gran mayoría de las compañías relevaas aplican el modelo híbrido y el 28% ofrece días de teletrabajo a todo el personal, el48% a los empleados que pueden hacer a distancia su trabajo, el 17% al personal fuera de convenio y el 7% solo al administrativo. 

La mayoría (39%) se decanta por 3 días a la semana de presencialidad, y otro 22% solo acude a la oficina dos días. Luego hay un 12% que define el régimen de teletrabajo de común acuerdo con el empleado, y otro 12% en donde es variable de acuerdo a la posición. Las demás compañías de la muestra de WTW no optan por el modelo híbrido. 

La consultora preguntó en octubre si había planes de cambiar los esquemas actuales de asistencia y el 71% dijo que no. Del 21% que lo está analizando, y el 8% que tiene el plan de cambiar, el 65% solo adicionaría un día más de presencialidad a la semana en caso de concretar la modificación.

Nuevamente, la reforma laboral no impactaría en estos acuerdos entre empresas y empleados que realizan teletrabajo ni en los acuerdos por convenio que incluyen plus por realizar tareas a distancia. Solamente se derogaría hacia adelante la posibilidad de contratar bajo la Ley de Teletrabajo 27,555.