Los haberes públicos volvieron a ser el segmento más perjudicado: subieron solo 1% nominal durante diciembre y sufrieron una pérdida de 1,8% del poder adquisitivo. En tanto, los privados aumentaron un 2,5%, experimentando una caída real del 0,3%, según el cálculo de Ámbito en base a los datos del INDEC. Los ingresos de estos últimos trabajadores se retrotrajeron “a niveles de septiembre-octubre de 2024”, precisó el economista Gabriel Caamaño.

En la medición interanual, los salarios registrados en su totalidad cerraron 2025 con una caída real del 2,1%. Subieron 28,8% nominal frente a una inflación de 31,5%. Aunque esta baja interanual se explica exclusivamente por el retroceso del último cuatrimestre, cuando el poder adquisitivo se hundió 2,5% real.

El pronunciado descenso de los últimos cuatro meses del año se explicó por la aceleración inflacionaria, ya que -tal como explicó a este medio el sociólogo Daniel Schteingart– los haberes se actualizan por la inflación pasada, que en general es más baja que la del mes corriente. “Por ese motivo caen los salarios reales. También cuando se desaceleran los precios suele ocurrir lo inverso”, subrayó el especialista.

Teniendo en cuenta este punto, vale aclarar que en 2024 los salarios ganaron poder adquisitivo. Sin embargo, si se toma como referencia noviembre de 2023 -cuando se produjo el salto inflacionario del 25% tras la devaluación del Gobierno de Javier Milei- se observa una caída real del poder adquisitivo. Se trata únicamente de una diferencia en la base de comparación, ya que la pérdida real y abrupta de los salarios se dio en el último mes del año.

Al tomar como base noviembre de 2023 (llegada de Milei al Ejecutivo), la caída de los salarios es aún más pronunciada: todo el universo de registrados bajó 7,1% real. Pero desagregando los sectores, el público perdió 17,03% de su poder adquisitivo, mientras que los privados solo cedieron 1,55%.

Salarios del SIPA

La Secretaría de Trabajo informó este miércoles que el salario real de los trabajadores asalariados en el sector privado cayó 0,5% en diciembre, según una proyección elaborada en base a información parcial. De esta manera, los ingresos en este segmento acumularon cuatro meses consecutivos a la baja, en línea con los datos del INDEC.

Con estos números, los salarios cerraron 2025 con una merma interanual del 2% y quedaron más de 3% por debajo del nivel de febrero de 2025. “En comparación con noviembre de 2023, muestra un aumento del 1%, pero considerando el IPC corregido por la actualización de la canasta en función de la ENGHo 2017/18, presenta una caída del 3,5%”, señaló LCG.

¿Cuánto cayeron los salarios con el IPC actualizado?

Otra de las polémicas gira en torno al IPC del INDEC en base a la canasta de bienes y servicios de 2017/18, que el Gobierno de Javier Milei decidió no publicar y que desencadenó la salida de Marco Lavagna del ente.

“Es necesario aclarar que esta pérdida de salario real sería mayor si el Gobierno no hubiera decidido continuar la estimación de la inflación minorista con el IPC de 2004/05, en lugar de hacerlo con el oficial de 2017/18, que el propio Gobierno reconoció”, subrayó el economista Pablo Ferrari.

Según precisaron a este medio desde Vectorial, la pérdida del poder adquisitivo del sector público habría sido del 22,6% con la ENGHo 2017/18 durante 2025, mientras que los privados habrían caído un 8,1%.

Estas variaciones podrían explicar la percepción de una caída aún mayor del poder adquisitivo de los trabajadores. Cabe destacar que el índice actualizado del IPC contenía un mayor peso de los servicios y menor de los bienes, lo cual genera una disparidad entre la estructura de gasto de los hogares de años atrás y la que representan actualmente.

Luego de dos años con los haberes del Poder Ejecutivo sin modificaciones, el presidente Javier Milei firmaría este martes un decreto para recomponer los salarios de la planta jerárquica del Estado. La medida, que se publicaría en el Boletín Oficial el próximo 2 de enero, abarcará al Presidente, la Vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios.

Según explicaron en Casa Rosada, la decisión se apoya en la fuerte pérdida del poder adquisitivo que sufrió ese segmento desde el inicio de la gestión libertaria, estimada en torno al 60%, y en la necesidad de sostener y retener cuadros técnicos frente a la creciente brecha con los ingresos del sector privado. La información fue confirmada por fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

La SIDE ejecutó $ 29.000 millones en 16 días de diciembre, siete veces más que en noviembre

Desde el entorno presidencial aclararon que la recomposición no implicará un trato diferencial respecto del resto de la administración pública. “No habrá un esquema distinto al que percibieron los empleados estatales bajo la paritaria nacional”, señalaron, en referencia al acuerdo salarial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

Hasta el momento, los salarios brutos del Ejecutivo se mantienen en torno a los 4 millones de pesos para el Presidente, 3,58 millones para los ministros y 2,8 millones para los subsecretarios. En el oficialismo reconocen que esos montos quedaron desfasados frente a otros poderes del Estado: actualmente, un senador percibe alrededor de 9,5 millones de pesos.

El verdadero Milei

El Gobierno sostiene que el congelamiento salarial complicó el armado y la continuidad de equipos estratégicos, ya que profesionales de áreas clave rechazaron asumir cargos por considerar insuficiente la remuneración en comparación con la oferta del sector privado. Esa dificultad, admiten en Balcarce 50, impactó en la gestión cotidiana y en la ejecución de políticas públicas.

El decreto fue trabajado en las últimas semanas por la mesa chica del Ejecutivo, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor Federico Sturzenegger; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según trascendió, la iniciativa buscó equilibrar la necesidad de recomponer ingresos sin desalinearse del discurso de austeridad que el Gobierno sostiene desde su llegada al poder.

La decisión se formalizará una vez superado el calendario electoral de octubre y responde al compromiso que Milei había asumido con su gabinete de revisar la situación salarial a partir de enero de 2026, tras un período de ajuste y congelamiento como parte de su programa económico.

GD / EM

Después de arrasar en las elecciones y ganar robustez en el Congreso, el Gobierno analiza la letra chica de una reforma laboral, incluida entre las transformaciones de “primer” y “segundo grado” previstas en el Pacto de Mayo durante el primer año de administración libertaria. Desde los gremios afirman que no se presentó una propuesta concreta en el marco del Consejo de Mayo y se atribuyen el bloqueo del capítulo laboral del decreto 70/2023 (fue suspendido por la Justicia).

El presidente Javier Milei tildó el régimen actual de “anacrónico” y propuso una nueva reglamentación en la que los empleadores y los trabajadores del sector informal puedan “acordar” y formalizar la relación. Las palabras del libertario surgieron un día después de las elecciones, aunque son cambios que el Gobierno analiza desde antes del gran evento de la democracia.

Un nuevo régimen laboral. ¿Cómo sería? En principio se analizan dos variantes: que el convenio de empresa tenga prioridad sobre el convenio de actividad o que, como ocurre actualmente, el convenio de actividad prevalezca, permitiendo que el de empresa solo pueda mejorar las condiciones del primero. Sin embargo, esta segunda opción es la que rige hoy, donde el piso de aumento lo establece la paritaria sectorial, mientras que el empleador puede otorgar mejoras adicionales según su situación. En definitiva, el trabajador queda cubierto con un incremento mínimo garantizado, aunque las empresas con más margen pueden mejorar las condiciones.

Si bien el proyecto de ley no es mismo que el presentado por la diputada de LLA Romina Diez, desde el oficialismo aseguran que podría servir como punto de partida, en línea con lo que ya se había contemplado en la vieja Ley Bases. No obstante, dado que esa iniciativa incluía indemnizaciones en cuotas y un aumento en la cantidad de horas laborales, entre otros cambios, el Gobierno remarca que no se incorporará ninguna medida que afecte derechos adquiridos de los trabajadores, según enfatizó el propio secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La reforma laboral -que estaría finalizada el 15 de diciembre- prevé que los convenios por empresa “ajusten sus cláusulas a las realidades de cada compañía, sus trabajadores y la región donde desarrolla su actividad económica”.

Para ello, afirman que se requiere una “modernización laboral” que debe darse en el marco del diálogo con empresarios y gremios. Sin embargo, estos últimos sostienen que las reuniones en torno al Consejo de Mayo no incluyeron una propuesta concreta. Lejos de eso, remarcan que solo se planteó la intención de ratificar las modificaciones previstas en el decreto 70/2023, que la propia CGT logró frenar mediante una cautelar.

“Cordero podrá decirle al empresariado lo que quiere escuchar en IDEA, pero para plantear una reforma de esta característica tienen que hablar con los gobernadores y la parte sindical”, insiste una alta fuente del sector, que niega que exista algo más que trascendidos de prensa y la exposición del titular de la Secretaría de Trabajo en el coloquio.

Paritarias previstas en la reforma laboral

Dentro de los puntos que analiza el Gobierno se encuentra la figura de “salario dinámico” que está atado al mérito del trabajador y la productividad de cada empresa. Si bien se presenta como uno de los ejes centrales de la modernización laboral, los aumentos por mérito de cada trabajador y la productividad actualmente existen, solo que los convenios colectivos funcionan como una red de contención, evitando remuneraciones por debajo de lo pactado.

De esta manera, el Gobierno busca incorporar objetivos de rendimiento y resultados en las negociaciones colectivas, acuerdos de empresa o individuales. La intención también sería dejar atrás la indexación de las remuneraciones por inflación que aún rige en varias negociaciones sectoriales.

Como el ancla salarial es una de las variables que utiliza el Gobierno para contener la inflación -junto con el control del tipo de cambio-, en el relevamiento mensual de 21 convenios colectivos de trabajo (CCT) que realiza CP-Consultores se observa que, en casi todos los meses de 2025, las paritarias quedaron por debajo de la inflación.

Aunque lo inverso ocurre en algunos meses de los promedios de incrementos salariales del INDEC: aumentan por encima de la inflación, y CP explica que esto se debe a los aumentos superiores a los previstos en las paritarias para los cargos jerárquicos y en los sectores que atraviesan una mejor situación. A modo de ejemplo, los salarios registrados (públicos y privados) subieron un 2,2% en julio, mientras que la inflación fue del 1,9%.

El Gobierno asegura que “el incremento salarial dinámico propone que el salario básico remunerativo se complemente con componentes variables vinculados al desempeño, la productividad y la eficacia”. De esta manera, plantea que la remuneración funcione como un “motor de mejora continua, con incentivos reales tanto para el trabajador como para la empresa”.

Además, destacan que “un sistema puramente solidario, donde todos perciben lo mismo sin importar el esfuerzo o los resultados, desincentiva la productividad y promueve la mediocridad”. “El objetivo es eliminar rigideces que frenan la creación de empleo, simplificando procesos y modernizando normas, manteniendo y fortaleciendo los derechos esenciales de los trabajadores”, resumen.

Aspectos evaluados para incluir en la reforma

Entre las reformas mencionadas por el Presidente, que podrían discutirse dentro de los convenios colectivos de trabajo, se encuentran:

• Digitalización de los procesos de registro.
• Eliminación de trabas burocráticas.
• Libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte.
• Implementación de bancos de horas.