Lo hizo a través de un comunicado del Ministerio de Capital Humano. El viernes advirtió que aplicaría sanciones a los sindicatos si no cumplían con ese límite.

El Gobierno redobló la presión a los sindicatos docentes para limitar la magnitud del paro nacional del sector previsto para el lunes y martes próximo. El ministerio de Capital Humano advirtió este sábado que supervisará el cumplimiento del 75% de las actividades, tan como lo establece la reforma laboral sancionada en febrero. El viernes ya había hecho un anuncio similar.

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En un comunicado, Capital Humano anunció que «desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo». De incumplir ese porcentaje, advirtió nuevamente que aplicará sanciones.

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Si bien no tiene escuelas a su cargo (depende de las provincias), desde el ministerio justificaron la medida afirmando que «el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía». También exhortaron a todos los agentes del sistema educativo a priorizar «el derecho a la educación» y cumplir «la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas».

CTERA reclama por la paritaria nacional

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó el miércoles a un paro nacional docente para el próximo lunes 3 de agosto en reclamo por la «grave situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores de la educación» y contra el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Bajo la consigna «Basta de ajuste en la educación», la medida fue definida en el marco del congreso de la gremial y coincide con el regreso a clases en la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero tras el receso por las vacaciones de invierno.

En un comunicado informaron que responde «a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente», al cual acusaron de incumplir la legislación vigente y de desconocer «un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa».

Lo que tenés que saber:

• El empleo formal en Córdoba cayó un 9,0% en la cantidad de empleadores desde noviembre de 2023.
• El sector de Comercio perdió 1.364 empleadores, siendo el más afectado.
• Las unidades productivas con hasta 500 trabajadores concentran el 99,9% de las pérdidas de empleadores.

Análisis del mercado de trabajo en Córdoba

Este informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para la provincia de Córdoba, con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros 29 meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

Retroceso en el empleo formal

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.

Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 4.719 casos (-9,0%).

En términos absolutos, el sector de Comercio fue el más afectado, con una pérdida de 1.364 empleadores.

Sectores más afectados

En términos relativos, el sector más afectado es Servicio de transporte y almacenamiento, que ha registrado una pérdida del 23,3% en el total de empleadores.

En el mismo período, se perdieron 22.544 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-3,6%).

El sector Industria manufacturera es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 7.435 trabajadores.

Impacto por tamaño de unidad productiva

Si se analiza la reducción de casos en unidades productivas, se observa que los principales afectados en la gestión de Milei son los empleadores de hasta 500 trabajadores/as: 99,9% del total de los casos (4.712 menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,1% (7 casos).

Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de unidad productiva, se observa que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 la expulsión de trabajadores/as es más significativa en los empleadores de menor porte: 57,4% de la pérdida de empleo (-12.929 trabajadores registrados) se focalizó en unidades productivas con hasta 500 trabajadores/as.

Variación nominal de empleadores

En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de los empleadores con más de 500 trabajadores/as fue menor: -9.615 casos, explicando el 42,6% del total.

En términos nominales, mientras que los empleadores de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 152.722 a 143.107 (-6,3% de variación relativa), los empleadores de hasta 500 disminuyeron su dotación de 477.680 a 464.751 (-2,7% de variación relativa).

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Lo que tenés que saber:

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Lo que tenés que saber:

• Milei planea un shutdown al estilo EE.UU.
• El cierre afectaría servicios no esenciales
• Requiere cambios legales en Argentina
• No hay claridad sobre salarios y servicios esenciales

Javier Milei, presidente de Argentina, busca implementar un mecanismo de shutdown similar al de Estados Unidos. La propuesta genera incertidumbre sobre su aplicación y consecuencias en el país. Mientras en EE.UU. el shutdown paraliza servicios no esenciales hasta resolver disputas presupuestarias, en Argentina necesitaría cambios legales significativos.

Shutdown: qué es y cómo funciona

En Estados Unidos, el shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto, paralizando el gobierno federal. Solo servicios esenciales como seguridad y defensa continúan operando. Los empleados públicos de áreas no esenciales son licenciados sin goce de sueldo hasta que se resuelvan las disputas presupuestarias.

Este sistema obliga a las agencias a tener planes de contingencia para determinar qué actividades continúan. En Argentina, Milei sugiere apagar el Estado al agotar el presupuesto, pero no detalla cómo funcionaría.

Diferencias institucionales con EE.UU.

El sistema institucional de Argentina difiere del estadounidense, lo que complica la implementación de un shutdown. En EE.UU., el Congreso y el Ejecutivo deben llegar a un acuerdo para reactivar los fondos. En Argentina, esto requeriría reformas legales y un debate sobre su alcance.

Milei no aclaró qué partidas quedarían afectadas ni cómo se garantizarían los servicios esenciales. Tampoco explicó qué sucedería con salarios estatales y prestaciones sociales.

Impacto en el gasto público

Milei busca restringir el gasto público, alineando su propuesta de shutdown con su intención de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. El objetivo es evitar actualizaciones en las partidas presupuestarias, estableciendo mayores restricciones institucionales.

Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se financiarían servicios esenciales y obligaciones estatales genera preocupación. El impacto en el gasto público dependería de la implementación efectiva de estas restricciones.

Posibles consecuencias para las pymes

Las pymes podrían enfrentar incertidumbre ante un shutdown argentino. La interrupción de servicios públicos y trámites administrativos podría afectar sus operaciones diarias. Además, la falta de claridad sobre la continuidad de servicios esenciales representa un riesgo significativo.

Para las pymes, la estabilidad institucional es crucial. Un shutdown sin garantías claras podría desestabilizar el entorno económico, dificultando la planificación y el crecimiento empresarial.

Analizá cómo un shutdown podría afectar tus operaciones y planificá contingencias para mitigar riesgos. Evaluá posibles impactos en tu flujo de caja y operaciones diarias.

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La cúpula sindical argentina vive horas de presión desde varios frentes. Por un lado, los sectores más radicalizados piden un paro general por tiempo indeterminado para frenar la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, el triunvirato de la CGT tiene en cuenta la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional, que se reflejó en el escaso acatamiento de los últimos dos paros y en las dificultades de ciertos gremios poderosos para ejercer la fuerza de otros tiempos.

En los últimos días, la Unión Obrera Metalúrgica -una de las más afectadas por la crisis de la industria nacional- suspendió un paro en la planta de Acindar, que viene reduciendo su actividad y la planta de personal. Una situación similar ocurrió en una fábrica santafecina de productos lácteos, paralizada por falta de insumos. Es la evidencia de un tipo de acción sindical diferente al tradicional: lejos de enfocarse en temas que afectan al ingreso de asalariados altos, como el impuesto a las Ganancias, el reclamo de las bases es el cuidado de los puestos de empleo.

El líder del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, les reclamó a los nuevos triunviros de la CGT –Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo– que convocaran a un paro general para el 11 de febrero, cuando el Congreso empiece a tratar la controvertida ley de modernización laboral.

Más lejos fue el secretario general del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, quien se quejó sin ambigüedades sobre lo que considera una actitud prescindente por parte de la CGT: «No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores», expresó el sindicalista. Y agregó que, si él fuera secretario general de la CGT, «convocaría a un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene».

¿Confrontar o negociar?

Pero hay señales que indican que esa no es la postura mayoritaria. Más bien al contrario, hay una situación más calma de lo esperado en gremios que suelen movilizarse en esta época del año, como los docentes y los empleados estatales.

En la provincia de Buenos Aires, ambos sectores aceptaron la propuesta de Axel Kicillof, que ofreció un 1,5% de ajuste más un retroactivo a diciembre.

A nivel nacional, se está haciendo más notorio que nunca la divergecia entre ATE, que mantiene una postura combativa, y la de UPCN -perteneciente a la CGT- que prefiere la negociación. El propio gobierno no ocultó su intención de que los empleados estatales vuelvan a ser una variable del ajuste fiscal.

Las cifras del gasto público muestran que la masa salarial cayó un 9,4% en términos reales, y que la participación de los salarios públicos de la administración central, que hace un año era un 12,2% de los gastos corrientes, cayó a 11,2%.

En cuanto a la nueva ley de trabajo, la cúpula de la CGT, compuesta por dirigentes de la facción de «los Gordos», ha manifestado su preferencia por la negociación.

En su discurso de asunción en la jefatura tripartita, en noviembre pasado, el dirigente del gremio asegurador, Jorge Sola, había dejado en claro cuál sería la prioridad a la hora de negociar.

 «No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales», fue la definición del nuevo triunviro.

La representatividad sindical, cada vez más devaluada

Esas definiciones dejan en claro no sólo la discrepancia política o ideológica con la ley de modernización laboral sino, sobre todo, el temor a una «devaluación» en la representatividad y el poder de la dirigencia sindical.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno -en particular, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido- creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la «ultraactividad» -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

También se explora la vía judicial, como adelantó el secretario general de la Uocra -gremio de la construcción-, Gerardo Martínez, que se quejó por la falta de disposición al diálogo que muestra el gobierno.

Gremios: una convocatoria que pierde peso

Pero la postura negociadora no es apenas una decisión estratégica: es también un reconocimiento de que la capacidad de movilización y presión sindical se encuentra en un punto bajo.

La jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de reforma laboral, tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. El gobierno aprovechó la situación para «ningunear» a los sindicalistas, argumentando que esa jornada había sido «un día normal».

Y, sobre todo, en la cúpula sindical está fresco el recuerdo del fiasco de los últimos dos paros generales, que acentuaron esa imagen de debilidad.

El primero fue el 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

La ruptura llegó al extremo que, en los sectores más combativos, circulaba el chiste de que la sigla CGT quería decir, en realidad, «Confederación General de Twitter», por la preferencia de los dirigentes de estar más activos con comunicados en las redes sociales que con medidas de protesta callejera.

Finalmente, ante la presión interna, y condicionados también por las críticas por su falta de apoyo al reclamo de los jubilados, los dirigentes de la CGT convocaron a un paro en abril del año pasado. Otra protesta con floja adhesión, dada la actividad de los colectivos. El resultado fue que sólo se sintió el acatamiento en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.

Javier Milei hizo jugar esa situación en su favor, argumentando que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que «se niegan a perder privilegios» y por eso se oponen a la agenda reformista.

Moyano se enfoca en los convenios

Esos paros fallidos contrastaron con las demostraciones de fuerza de la CGT cuando recién había asumido Milei, y el tema de la convocatoria era la oposición a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, algo que afectaba al núcleo de los gremios grandes, donde los promedios salariales son relativamente altos.

Pero cuando la convocatoria tiene un tinte más político, se vuelve a plantear el temor a la pérdida de representatividad. De hecho, el tema más comentado en los últimos paros fue la dificultad de convocar a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio. La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen «changas» en la absoluta informalidad.

Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas con la irrefutable frase de «si no voy a trabajar, no cobro el día».

Esa situación hace que el desempleo creciente en sectores como la industria, lejos de ser un factor que favorezca las medidas de fuerza, pueda restar apoyo a la cúpula sindical. El gobierno usa los datos de la economía informal como argumento de que la actual ley de trabajo es anacrónica.

Mientras el debate por la reforma toma temperatura, Hugo Moyano decidió centrarse en un tema estratégico: atacar la política de Toto Caputo de «topear» los acuerdos salariales por la vía de no homologar convenios. Y, ante el repunte inflacionario, dijo que no hay condiciones para que se firmen acuerdos de seis meses, sino que se debe incluir revisiones más frecuentes.

Un reciente informe elaborado por la consultora Focus Market pone de manifiesto la profunda disparidad fiscal y operativa que divide actualmente a la economía argentina. El relevamiento expone la brecha existente entre las grandes compañías que acceden al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). El dato más contundente que arroja el estudio es la diferencia en la carga impositiva: la presión fiscal efectiva que recae sobre el sector pyme se ubica en torno al 45%, mientras que los proyectos amparados bajo el nuevo régimen de promoción gozan de una carga significativamente menor, que oscila entre el 20% y el 25%.

El análisis subraya que el RIGI fue diseñado por el gobierno de Javier Milei como una herramienta central para atraer capitales extranjeros y reactivar la economía, apuntando especialmente a sectores intensivos como la energía y la minería. Sin embargo, su implementación ha derivado en un escenario de dos velocidades. Por un lado, las grandes corporaciones globales operan con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales; por el otro, el 99% del tejido empresarial local enfrenta condiciones estructurales desventajosas que dificultan su competitividad.

Al respecto, Damián Di Pace, director de Focus Market, recordó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se consolidó como una de las estrategias del gobierno para reactivar la economía a través de la llegada de capitales extranjeros. Según el analista, presentado como un motor de arranque para la inversión, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, con estabilidad normativa garantizada por 30 años. Di Pace agregó que la meta es atraer proyectos de gran envergadura, en sectores intensivos en capital y de largo plazo, donde la previsibilidad resulta clave para decidir inversiones, aunque advirtió que el gran desafío ahora es cómo lograr el crecimiento de la inversión privada local.

Desde su puesta en marcha en julio de 2024, el RIGI ha permitido la aprobación de proyectos por un valor superior a los 15.700 millones de dólares. Entre los incentivos que facilitaron estos desembolsos se destacan la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la exención gradual de derechos de exportación y la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital. A esto se suma la libertad para disponer de las divisas generadas, un factor determinante para las inversiones de largo plazo que contrasta con las restricciones del resto de la economía.

Asimetrías en la carga fiscal y burocrática

La comparación con la realidad de las pymes, responsables de más del 60% del empleo formal en el país, revela desventajas estructurales. El informe detalla que una empresa fuera del régimen debe afrontar una alícuota del 35% en el Impuesto a las Ganancias, diez puntos porcentuales por encima de las beneficiarias del RIGI. La diferencia se profundiza en el comercio exterior: mientras el régimen de fomento exime el pago de derechos de importación, las pymes deben abonar aranceles habituales que varían entre el 7% y el 14% en promedio según el producto.

La situación se repite en los derechos de exportación. El esquema para grandes inversiones prevé exenciones totales a partir de los dos o tres años de iniciado el proyecto, mientras que el resto de las compañías tributa un promedio del 8% al 12%. Asimismo, el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) marca otra distinción relevante: el RIGI permite la cancelación mediante Certificados de Crédito Fiscal, un mecanismo mucho más ágil que los complejos regímenes de saldo a favor, IVA diferido o reintegros que deben gestionar las empresas locales.

Uno de los puntos más críticos señalados en el estudio es la estabilidad normativa. Los proyectos RIGI cuentan con una garantía de estabilidad por 30 años, lo que blinda sus operaciones frente a cambios políticos o económicos futuros. En la vereda opuesta, las pymes operan bajo una alta volatilidad regulatoria y una burocracia extensa. Según los datos recopilados por la consultora, abrir una empresa en Argentina requiere un promedio de 4.496 horas, y mantener la operación dentro de la formalidad demanda otras 2.156 horas al año, cifras que ubican al país en uno de los niveles más altos de complejidad administrativa de toda Latinoamérica.

El costo del financiamiento y la operación

El informe también aborda las dificultades de financiamiento y los costos operativos que enfrentan las empresas nacionales. En lo que va de 2025, unas 62.116 pymes lograron acceder a créditos respaldados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos públicos. Si bien esto representa un avance, el número resulta insuficiente frente a un universo total de más de 600.000 firmas registradas. Además, el 77% de las empresas que acceden a estas herramientas son microempresas. Por el contrario, los beneficiarios del RIGI acceden a financiamiento directo de capital externo sin las restricciones del mercado local.

En el plano de los costos, la energía industrial también juega en contra de la competitividad local, con una tarifa promedio de 96 dólares por MWh, manteniéndose por encima de los niveles más competitivos de la región. A esto se suma la presión sindical y la rigidez de los convenios colectivos de trabajo, que agregan complejidad a la gestión diaria. El estudio subraya además que las pymes poseen una alta dependencia de insumos importados y enfrentan un acceso a divisas condicionado por declaraciones juradas, plazos y regulaciones del Banco Central, mientras que el RIGI garantiza la libre disponibilidad y liquidación de divisas.

El contraste evidencia que las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una desventaja estructural que limita su capacidad de crecimiento. Este desequilibrio plantea la necesidad urgente de pensar en un esquema de incentivos equivalente para medianas y pequeñas empresas, que permita canalizar recursos hacia el sector productivo local y fortalecer el entramado laboral existente.

Hacia un régimen de incentivo pyme

Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de avanzar en un esquema de incentivos para las empresas locales. La discusión sobre un “RIGI PyME” ya tiene antecedentes en el proyecto de ley RIMI, presentado en noviembre de 2024 bajo la iniciativa de Promoción de Inversiones y Empleo. Esta propuesta contempla inversiones desde 150.000 dólares para microempresas hasta 30 millones de dólares para medianas y grandes, ofreciendo beneficios como amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados, prolongando la desigualdad de condiciones.

Focus Market detalla que un régimen orientado a pymes debería basarse en seis pilares fundamentales para equiparar la competencia. En primer lugar, se propone la simplificación tributaria, unificando cargas y eliminando tasas e impuestos en cascada para aliviar las más de 900 horas anuales que las empresas dedican exclusivamente a trámites impositivos. En segundo lugar, se destaca la necesidad de estabilidad fiscal por al menos 10 años, evitando la creación de nuevos impuestos o cambios abruptos en las alícuotas para ofrecer previsibilidad.

El tercer pilar se centra en el acceso real al crédito, ampliando líneas en moneda local y extranjera para reducir la dependencia de recursos propios. Como cuarto punto, se sugieren beneficios por reinversión, que incluyan la exención o diferimiento del impuesto a las ganancias sobre utilidades reinvertidas en capital productivo o innovación. El quinto eje apunta a los incentivos para exportar y encadenar con proveedores locales, mediante la desgravación temporal de exportaciones y beneficios para quienes provean a los grandes proyectos. Finalmente, se incluye el apoyo a la transición digital y capacitación mediante créditos fiscales.

El potencial económico de implementar estas medidas es significativo. Se estima que el ahorro privado en Argentina, situado fuera del sistema financiero formal en depósitos y efectivo, supera los 250.000 millones de dólares. Según la consultora, captar apenas entre el 5% y el 10% de esos fondos mediante los incentivos correctos podría volcar entre 12.000 y 25.000 millones de dólares a la inversión productiva local, generando empleo formal y competitividad genuina.

Para finalizar, Di Pace concluyó que la experiencia del RIGI demuestra que los incentivos bien diseñados funcionan y que el desafío pendiente es trasladar esta lógica a las PyMEs locales, transformando la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento económico real y sostenible.

El director de la consultora enfatizó que mientras el RIGI Pyme siga postergado en el Congreso, la brecha entre grandes inversores y empresas locales persiste, limitando el desarrollo de un sector que sostiene más de la mitad del empleo formal y constituye el corazón de la economía argentina. El camino hacia un crecimiento inclusivo, cerró, depende de convertir esta potencialidad en políticas concretas capaces de transformar recursos ociosos en inversión, empleo y competitividad.

La nota original fue publicada en Infobae.

La desaceleración del consumo y el avance de las importaciones están generando un impacto profundo en la industria nacional. En este contexto, una de las marcas más emblemáticas del sector metalúrgico —conocida por sus “ollas indestructibles”— tomó una decisión que encendió las alarmas gremiales: Essen despidió a 30 trabajadores de su planta ubicada en Santa Fe.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, la compañía inició un proceso de reemplazo parcial de su producción local por artículos terminados importados. Este cambio en la estructura productiva derivó en una reducción del 10% de su plantilla.

Importaciones y recorte productivo

El conflicto se profundizó cuando la empresa resolvió sustituir cerca del 45% de su manufactura nacional con componentes provenientes de China. La medida, combinada con la fuerte caída de la demanda interna, provocó la paralización de varias áreas de producción.

Oscar Infante, secretario general de la UOM de Venado Tuerto, expresó su preocupación por la situación que enfrentan los trabajadores. “Ha bajado la producción y los empleados lo ven día a día en sus puestos”, sostuvo. Desde el gremio denunciaron que la empresa estaría aprovechando el contexto económico para avanzar en un proceso de “achique” o reestructuración.

La inquietud del sindicato no se limita a Essen. Infante advirtió que Corven, otra de las firmas metalúrgicas más importantes de la provincia, también evalúa aplicar recortes de personal que podrían alcanzar a unos 40 operarios.

En un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la apertura del mercado a productos importados, el panorama laboral en la industria metalúrgica santafesina se vuelve cada vez más delicado.

“Abróchense los cinturones”, el disparador de Javier Milei en su alocución en la Corporación América durante esta última semana es útil para graficar una crisis en el sector productivo que llegó para quedarse. En diálogo con Ámbito, un representante de la industria dijo que el sector está en alerta por una caída de la actividad que trae como consecuencia “altos niveles de incobrabilidad” y la ruptura del mercado.

“Tenemos que reventar stock para cubrir gastos corrientes”, explicó el dirigente que también es dueño de una fábrica en el conurbano bonaerense. En paralelo, las importaciones de bienes de consumo siguen creciendo. Según un trabajo del economista Martín Polo tocaron un techo de u$s1.190 millones este año por un aumento del 59,4% en las cantidades y a pesar de una baja en los precios del 6,7%.

Todo parece indicar que este será el panorama hacia adelante para los fabricantes locales: un mercado acotado por los bajos niveles de consumo y una mayor oferta por la apertura comercial y la ventaja cambiaria. Como en 2024, el Gobierno apunta a reanimar la demanda con el regreso del crédito.

La nota original fue publicada en Ámbito.

Luego del 2,1% de septiembre, la inflación presentó una leve aceleración en octubre, al alcanzar el 2,3%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este dato, la variación para los últimos doce meses fue de 31,3% y acumuló 24,8% en lo que va del 2025.

De acuerdo al informe del Indec, Transporte registró el mayor incremento mensual, con un 3,5%. A continuación, se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%. En cuanto a la incidencia regional en la variación del mes, Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%) fue el rubro de mayor impacto, salvo en la región Patagonia, donde ese lugar correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Por otro lado, Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura presentaron los aumentos más bajos, ambos con 1,6%. Entre las categorías, los precios estacionales encabezaron el alza con 2,8%, seguidos por los regulados (2,6%) y el IPC núcleo (2,2%), que no contempla ni regulados ni estacionales.

Cabe destacar que el mes pasado se vio atravesado por las elecciones legislativas nacionales y por ende, la incertidumbre y la volatilidad cambiaria aumentó. Estos dos factores incidieron en el avance de 0,2 puntos porcentuales en el IPC del mes pasado. El traslado a precios de las variaciones del dólar continúa en niveles bajos, considerando el estancamiento de la actividad y del consumo en particular.

Tras conocerse el dato de inflación, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que variación interanual del indicador inflacionario registró “dieciocho meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior” y subrayó que “esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018”.

Al mismo tiempo, el titular del Palacio de Hacienda ponderó que la dinámica inflacionaria acumulada en los primeros 10 meses del año fue “la menor para este período del año desde 2017 (19,4%)”. “La media móvil de 6 meses de la inflación general continuó descendiendo y se ubicó en 1,88%, siendo la más baja desde enero de 2018”, sumó.

“Así, el proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses. Esto refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario en reducir el impacto de la volatilidad financiera sobre el poder adquisitivo de los argentinos”, concluyó Caputo en su cuenta de X.

Vale mencionar que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había anticipado una inflación de 2,2% para octubre.

En relación a las proyecciones de los próximos meses, los principales analistas del mercado estiman que el IPC será de 1,9% en noviembre, de 2% en diciembre y de 1,8% en enero de 2026. Esperan que 2025 cierre con un nivel general de precios del 29,6%.

El presidente Javier Milei afirmó semanas atrás: “Pasada la pirotecnia electoral, hay un consenso a donde tiene que ir la Argentina. Mi compromiso es con los argentinos: bajar la inflación. El 30% me produce asco. Nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Si el rezago de la política monetaria, acorde a nuevos estudios que dicen que son 26 meses, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero”.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó que bajar la inflación del 2% “es más difícil” que reducirla de porcentajes de dos cifras. Sin embargo, vaticinó que “dentro de los próximos doce meses, la Argentina va a ir convergiendo a inflaciones internacionales”. En ese sentido, deslizó que podría perforar el 1% mensual hacia mediados de 2026.

El IPC nacional se ubicó en línea con el nivel general de precios registrado en igual mes en la Ciudad de Buenos Aires, que mostró una suba del 2,2%. De esta manera, el índice porteño marcó mismo incremento que en septiembre, pese a las presiones cambiarias en un contexto de volatilidad electoral, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba).

En los primeros diez meses del año, la inflación en la Ciudad acumuló 25,3%, mientras que la variación interanual alcanzó 33,6%, lo que implica una baja de 1,4 puntos porcentuales respecto de septiembre.

Las divisiones con mayor incidencia en el alza general fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud, que en conjunto explicaron 64,8% de la variación total. El Idecba precisó que todas las divisiones aportaron de manera positiva al índice.

Entre los sectores con mayores aumentos interanuales se destacaron Seguros y servicios financieros (62%), Educación (44,8%), Salud (37,3%), Vivienda y servicios básicos (38,8%) y Restaurantes y hoteles (38,1%).

También sobresalieron Recreación y cultura, con un incremento mensual del 3,2% y 36,1% interanual, y Cuidado personal, protección social y otros productos, que subió 3,3% en el mes y 39,1% en los últimos doce meses.

La nota original fue publicada en Infobae.

El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, pagó durante años los impuestos inmobiliarios de tres departamentos en el estado de Florida cuyas valuaciones superan los 2 millones de dólares, propiedades que nunca declaró como funcionario público ante la Oficina Anticorrupción (OA), según surge de nueva documentación pública oficial del condado de Miami-Dade que obtuvo LA NACION.

Esos documentos oficiales muestran que Vázquez abonó los impuestos a título personal, con cheques electrónicos (“e-checks”) emitidos a su nombre, sobre tres propiedades ubicadas en las avenidas Brickell números 495 y 1060 de Miami, y en Collins número 17.475 de Sunny Isles, en el extremo sudeste de Estados Unidos. Según dos fuentes con acceso a las actuaciones judiciales, todavía no está comprobado si Vázquez declaró esos inmuebles y/o el entramado societario utilizado ante el organismo para el cual trabaja: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).

Vázquez administra dos de esas propiedades en Florida –la tercera la vendió–, mediante un esquema de sociedades offshore que controla desde hace trece años. Esas compañías, de acuerdo a la documentación disponible, continúan activas. La estructura abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para controlar los inmuebles en Miami.

LA NACION, en una investigación conjunta con el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), reveló la existencia de esas tres propiedades en diciembre pasado, lo que generó la apertura de una investigación judicial por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos.

La pesquisa quedó primero en manos del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Rívolo, quien requirió exhortos a Estados Unidos y varios paraísos fiscales. En septiembre Vázquez hizo una presentación a partir de la cual logró que el expediente pasara al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Guillermo Marijuán (que ya instruían otra causa sobre él).

La investigación judicial se encuentra ahora en pleno desarrollo, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. El juez ordenó múltiples medidas que solicitó el Ministerio Público Fiscal; es decir, Marijuán y dos fiscalías especializadas: las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Designado en octubre de 2024 por el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, al asumir Vázquez colocó en puestos estratégicos a su pareja y a colegas de su confianza del área de fiscalización, varios de los cuales habían acumulado cuestionamientos por su rol dentro de la AFIP durante las investigaciones sobre Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros íconos kirchneristas.

LA NACI0N consultó al funcionario desde el jueves. Le envió una serie de preguntas escritas, a través de una vocera, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Cuáles son los inmuebles

Funcionario desde 1990 de la por entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Vázquez se convirtió con el paso de los años en un referente clave del área de inteligencia fiscal del ente recaudador y director de la estratégica Regional Sur Metropolitana entre 2009 y 2016, período en el que afrontó denuncias penales; entre otras, por un operativo contra el Grupo Clarín durante el apogeo del kirchnerismo.

Fue también durante el kirchnerismo cuando Vázquez adquirió los tres inmuebles en Miami. Los compró entre 2013 y 2015, a nombre de la firma Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, según surge de documentos oficiales de esa ciudad. Meses después, Vázquez reconfiguró la estructura y las tres propiedades quedaron bajo las órbitas de Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, dos sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

La ley de ética pública, de 1999, obliga a los funcionarios estatales a presentar una declaración jurada al año en la que consten todas las propiedades y bienes a su nombre o a los de su familia inmediata.

El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp adquirió la unidad 3504 en el complejo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por 710.000 dólares. Un día después, esa misma sociedad compró otro departamento, en el 1060 de la avenida Brickell, por 350.000 dólares. Y en 2015, Pompeya Group Corp compró la tercera propiedad, la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles Beach, por 980.000 dólares.

Según la documentación tributaria y registral que obtuvo LA NACION, el primer inmueble es un condominio de 140 metros cuadrados. El 29 de noviembre de 2014 figura que “Andrés E. Vázquez” pagó 13.649,91 dólares en concepto de “Real Estate Property Tax” con el echeck 15-070721; en 2015, “Andrés Edgardo Vázquez” pagó 14.051,70 con el echeck 16-113095; y en 2016 fueron 13.798,24 con el echeck 17-022080, práctica que continuó hasta que a partir de 2019 Alcorta Group se encargó del pago anual.

Según esa misma documentación, el segundo inmueble está tasado hoy en 419.200 dólares. Y el mismo día de 2014, 29 de noviembre, y con el mismo echeck que usó para pagar la propiedad anterior -el 15-070721-, “Andrés E. Vázquez” pagó 8077,24 dólares en concepto de “Real Estate Property Tax”. Y también figuró por su nombre completo al abonar las obligaciones en 2015 y 2016, siempre con cheques electrónicos.

El tercer inmueble, en tanto, se trata de un condominio de 136 metros cuadrados y en 2019 fue puesto otra vez en el mercado con una valuación de 1.190.000 dólares. Como en las anteriores dos propiedades, “Andrés Edgardo Vázquez” figura como el que pagó el impuesto inmobiliario con echecks entre 2016 y 2018, para luego figurar Alcorta Corp.

De Vázquez a los inmuebles

Los registros tributarios del condado de Miami no son el único eslabón que conecta a Vázquez con los tres inmuebles. En la sociedad Panchy Ventures Limited aparece en los registros junto a Silvia Ivone Rodríguez –su primera esposa, también funcionaria de la AFIP–, con un título de copropiedad con derecho de supervivencia, y un paquete de 50.000 acciones que repartieron entre ambos por mitades, hasta que la sociedad se disolvió en 2022.

En la sociedad Galanthus Capital Limited, Vázquez figura como único director de la compañía creada por el bufete Trident Trust, que lo categorizó como cliente de riesgo por su condición de funcionario público y «Persona Políticamente Expuesta (PEP)“, por lo que abrió un legajo de ”debida diligencia reforzada“. En ese legajo constan la fotocopia de su pasaporte, su email personal y una dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, la misma que obra en su pasaporte.

La reconocida simpatía futbolística de Vázquez aportó un último dato que lo ata al entramado. Identificado con el club Huracán, su correo electrónico privado alude a ese club (”La Quema”), y los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a esa institución: el estadio de Huracán queda sobre la avenida Alcorta, en el barrio de Pompeya.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/andres-vazquez-jefe-de-la-dgi-pago-con-cheques-a-su-nombre-impuestos-de-tres-condominios-en-miami-nid07112025/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPNTY3MDY3MzQzMzUyNDI3AAGnHHfb3TNngnK9siXUA669_vVu_nNWT_HlxOhaiLV8VBRrPkPDXN5V8kQ0t08_aem_on8MHIyT_GoY-dFtFiMD-w

La nota original fue publicada en LA NACION.

Tierra del Fuego 04/11/2025.- Las fotos son recientes: el presidente Javier Milei recorriendo las instalaciones de Newsan en Ushuaia, aplaudido por directivos de la firma e incluso trabajadores. Rubén Cherñajovsky, fundador del grupo, y Luis Galli, su CEO, lo recibían con bombos y platillos como símbolo de “la nueva etapa del país productivo”. Algunas semanas después, esa misma empresa protagoniza una ola de despidos que deja a unos 150 trabajadores en la calle, violando el acuerdo de estabilidad laboral vigente en la provincia.

Los telegramas llegaron sin previo aviso. Según denunciaron los propios trabajadores, fueron despedidos sin causa —incluso algunos estando de vacaciones, con licencia médica o en tratamiento de salud—. “Nos echaron a todos por igual, sin previo aviso. Hay compañeros con más de 14 años de antigüedad que se enteraron de un día para el otro”, relató uno de los operarios afectados, visiblemente indignado.

El golpe fue doble: no solo por la pérdida del empleo en un contexto de crisis, sino también por la sensación de traición. La empresa, que había firmado un compromiso de estabilidad laboral, actuó con el aval tácito de la conducción de la UOM Ushuaia, que —según los trabajadores— “miró para otro lado” mientras se concretaban las cesantías. “Nos sentimos abandonados. No hubo ninguna defensa del sindicato; fue una entrega total”, denunciaron los despedidos.

De acuerdo con los testimonios, la empresa cesanteó a todo el personal contratado que no integraba el Plan Joven, mientras que algunos beneficiarios de ese programa fueron reubicados sin capacitación y, en ciertos casos, asignados a tareas para las que no cuentan con libreta sanitaria ni formación específica. Un escenario que no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que también expone irregularidades en materia de seguridad e higiene.

El contraste entre la imagen de prosperidad exhibida durante la visita presidencial y la realidad actual de los trabajadores resulta imposible de ignorar. Newsan, convertida en emblema del “nuevo modelo productivo” que Milei prometió impulsar, parece ahora replicar en el extremo sur del país las mismas lógicas de ajuste que el Gobierno nacional celebra desde Buenos Aires.

Mientras la dirigencia empresaria y política intercambia elogios y discursos de “eficiencia y libertad de mercado”, en los portones de la planta de Ushuaia la historia es otra: familias enteras que no saben qué pasará mañana, obreros que ven diluirse años de esfuerzo y un sindicato que calla frente a los atropellos.

En Tierra del Fuego, la promesa de “recuperar la industria nacional” se desvanece entre telegramas de despido y silencios cómplices.

La nota original fue publicada en La Licuadora TDF.