La cúpula sindical argentina vive horas de presión desde varios frentes. Por un lado, los sectores más radicalizados piden un paro general por tiempo indeterminado para frenar la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, el triunvirato de la CGT tiene en cuenta la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional, que se reflejó en el escaso acatamiento de los últimos dos paros y en las dificultades de ciertos gremios poderosos para ejercer la fuerza de otros tiempos.

En los últimos días, la Unión Obrera Metalúrgica -una de las más afectadas por la crisis de la industria nacional- suspendió un paro en la planta de Acindar, que viene reduciendo su actividad y la planta de personal. Una situación similar ocurrió en una fábrica santafecina de productos lácteos, paralizada por falta de insumos. Es la evidencia de un tipo de acción sindical diferente al tradicional: lejos de enfocarse en temas que afectan al ingreso de asalariados altos, como el impuesto a las Ganancias, el reclamo de las bases es el cuidado de los puestos de empleo.

El líder del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, les reclamó a los nuevos triunviros de la CGT –Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo– que convocaran a un paro general para el 11 de febrero, cuando el Congreso empiece a tratar la controvertida ley de modernización laboral.

Más lejos fue el secretario general del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, quien se quejó sin ambigüedades sobre lo que considera una actitud prescindente por parte de la CGT: “No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores”, expresó el sindicalista. Y agregó que, si él fuera secretario general de la CGT, “convocaría a un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene”.

¿Confrontar o negociar?

Pero hay señales que indican que esa no es la postura mayoritaria. Más bien al contrario, hay una situación más calma de lo esperado en gremios que suelen movilizarse en esta época del año, como los docentes y los empleados estatales.

En la provincia de Buenos Aires, ambos sectores aceptaron la propuesta de Axel Kicillof, que ofreció un 1,5% de ajuste más un retroactivo a diciembre.

A nivel nacional, se está haciendo más notorio que nunca la divergecia entre ATE, que mantiene una postura combativa, y la de UPCN -perteneciente a la CGT- que prefiere la negociación. El propio gobierno no ocultó su intención de que los empleados estatales vuelvan a ser una variable del ajuste fiscal.

Las cifras del gasto público muestran que la masa salarial cayó un 9,4% en términos reales, y que la participación de los salarios públicos de la administración central, que hace un año era un 12,2% de los gastos corrientes, cayó a 11,2%.

En cuanto a la nueva ley de trabajo, la cúpula de la CGT, compuesta por dirigentes de la facción de “los Gordos”, ha manifestado su preferencia por la negociación.

En su discurso de asunción en la jefatura tripartita, en noviembre pasado, el dirigente del gremio asegurador, Jorge Sola, había dejado en claro cuál sería la prioridad a la hora de negociar.

 “No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales”, fue la definición del nuevo triunviro.

La representatividad sindical, cada vez más devaluada

Esas definiciones dejan en claro no sólo la discrepancia política o ideológica con la ley de modernización laboral sino, sobre todo, el temor a una “devaluación” en la representatividad y el poder de la dirigencia sindical.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno -en particular, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido- creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la “ultraactividad” -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

También se explora la vía judicial, como adelantó el secretario general de la Uocra -gremio de la construcción-, Gerardo Martínez, que se quejó por la falta de disposición al diálogo que muestra el gobierno.

Gremios: una convocatoria que pierde peso

Pero la postura negociadora no es apenas una decisión estratégica: es también un reconocimiento de que la capacidad de movilización y presión sindical se encuentra en un punto bajo.

La jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de reforma laboral, tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. El gobierno aprovechó la situación para “ningunear” a los sindicalistas, argumentando que esa jornada había sido “un día normal”.

Y, sobre todo, en la cúpula sindical está fresco el recuerdo del fiasco de los últimos dos paros generales, que acentuaron esa imagen de debilidad.

El primero fue el 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

La ruptura llegó al extremo que, en los sectores más combativos, circulaba el chiste de que la sigla CGT quería decir, en realidad, “Confederación General de Twitter”, por la preferencia de los dirigentes de estar más activos con comunicados en las redes sociales que con medidas de protesta callejera.

Finalmente, ante la presión interna, y condicionados también por las críticas por su falta de apoyo al reclamo de los jubilados, los dirigentes de la CGT convocaron a un paro en abril del año pasado. Otra protesta con floja adhesión, dada la actividad de los colectivos. El resultado fue que sólo se sintió el acatamiento en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.

Javier Milei hizo jugar esa situación en su favor, argumentando que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que “se niegan a perder privilegios” y por eso se oponen a la agenda reformista.

Moyano se enfoca en los convenios

Esos paros fallidos contrastaron con las demostraciones de fuerza de la CGT cuando recién había asumido Milei, y el tema de la convocatoria era la oposición a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, algo que afectaba al núcleo de los gremios grandes, donde los promedios salariales son relativamente altos.

Pero cuando la convocatoria tiene un tinte más político, se vuelve a plantear el temor a la pérdida de representatividad. De hecho, el tema más comentado en los últimos paros fue la dificultad de convocar a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio. La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen “changas” en la absoluta informalidad.

Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas con la irrefutable frase de “si no voy a trabajar, no cobro el día”.

Esa situación hace que el desempleo creciente en sectores como la industria, lejos de ser un factor que favorezca las medidas de fuerza, pueda restar apoyo a la cúpula sindical. El gobierno usa los datos de la economía informal como argumento de que la actual ley de trabajo es anacrónica.

Mientras el debate por la reforma toma temperatura, Hugo Moyano decidió centrarse en un tema estratégico: atacar la política de Toto Caputo de “topear” los acuerdos salariales por la vía de no homologar convenios. Y, ante el repunte inflacionario, dijo que no hay condiciones para que se firmen acuerdos de seis meses, sino que se debe incluir revisiones más frecuentes.

El extenso documento, compuesto por un total de 196 artículos, ingresó la semana pasada al Congreso de la Nación a través del Senado en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el oficialismo, en las que también se tratará el Presupuesto 2026, para el cual el oficialismo junta voto tras voto. Las luces estarán puestas en la discusión sobre el costo salarial, las indemnizaciones y los convenios colectivos, pero La Libertad Avanza también trabajará para que se sancione un particular punto: el 91.

En la práctica, sin poner plazos concretos, el texto que se incorporó en la antesala del envío de la iniciativa al Parlamento marca el rumbo hacia donde avanzan el Ejecutivo nacional y su par de CABA: la transferencia de una serie de competencias en materia judicial que aún le restan asumir a la jurisdicción porteña y que se encuadran dentro de la capacidad autonómica que le concedió la reforma de la Constitución de 1994.

El paso final se concretará a través de la firma de un convenio. Su redacción aún está en fase de borrador, pero considerando las coincidencias y el objetivo que persiguen ambas jurisdicciones, Nación optó por anticiparse a lo que vendrá y decidieron despejar las dudas respecto a la intención que persigue Milei sobre el futuro del fuero laboral: su traspaso a la Ciudad.

“La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, indica el artículo. Para luego remarcar: “Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”.

justicia laboral

La inclusión de la aclaratoria dentro de un proyecto de calibre como es la modernización de la legislación laboral representa una clara señal de avanzada del Ejecutivo nacional en su plan de desarticular los juzgados nacionales que actualmente fallan sobre los expedientes que se tramitan en la Ciudad de Buenos Aires. En el oficialismo nacional lo ven como un signo del pasado pre-reforma constitucional, ya que el resto de las provincias cuentan con sus propios fueros, y no dudan en señalarlos como “anti empresas” y “cercanos al kirchnerismo”.

“Es muy auspicioso ese artículo, que no hace más que reflejar el compromiso de cumplir con la letra de la Constitución nacional en torno a consolidar la autonomía de la Ciudad y terminar de transferir aquellas competencias aún pendientes, entre ellas las judiciales”, planteó a Ámbito una alta fuente del Gobierno porteño.

Ciudad y Nación avanzan en el traspaso del fuero laboral

Persiguiendo la autonomía, en diciembre del 2024, la Legislatura porteña aprobó por 30 votos a favor y 28 en contra la ley 6789 que modificó la norma orgánica del Poder Judicial porteño y dio luz verde a la creación del nuevo fuero, integrado por diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y por la Cámara de Apelaciones del Trabajo, conformada por dos salas.

Desde entonces, el Consejo de la Magistratura de CABA resolvió dar inicio a la puesta en funcionamiento de la nueva instancia judicial local e instó a la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público a que pusiera en marcha los concursos. Pero la reglamentación generó alarma en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que a través de una cautelar logró la suspensión preventiva de su implementación.

En paralelo a la sanción de la ley porteña, la Corte Suprema de la Nación dictó el fallo “Levinas” que habilitó al Tribunal Superior de Justicia porteño a resolver causas civiles, comerciales, laborales y penales de la justicia nacional ordinaria, en otro guiño hacia la órbita capitalina que suscitó celebraciones en los despachos de CABA y en sectores empresarios, dada la potestad que se le otorgó al TSJ para intervenir en causas sobre el mundo del trabajo en un contexto en que se acumulan juicios.

El traspaso de las competencias de la Justicia Laboral al ámbito porteño es vista con buenos ojos por el Gobierno nacional ya que también esperan recibir allí un mejor trato sobre las presentaciones que surjan como contrapartida a las modificaciones que buscan implementar sobre la legislación del trabajo. Hasta ahora, buena parte de los cambios que intentaron introducir a través del DNU 70/23 fueron suspendidos o declarados inconstitucionales. En algunos casos se dio lugar a presentaciones realizadas por las principales organizaciones gremiales como la Confederación General del Trabajo (CGT).

Por ese motivo, en abril pasado Milei autorizó la creación de una comisión, conformada por representantes del Ministerio de Justicia de la Nación y su par de CABA, para trabajar en la redacción del acuerdo. “Desde entonces estamos transitando una comisión sobre las transferencias donde estamos escuchando a todos los actores, desde representantes de la Justicia ordinaria nacional y de la Ciudad como también a asociaciones diversas”, añadió otro funcionario con despacho en Uspallata. El objetivo es avanzar prontamente en el convenio.

Desde CABA aseguran que ya están preparados para recibir las competencias. “En diciembre del año pasado pusimos en funcionamiento el fuero local de la Ciudad para conflictos individuales con prestación efectiva del trabajo en CABA y sancionamos el código de procedimiento laboral”, explicó una persona cercana al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

“Avanzamos también con los concursos para cubrir cargos que hoy están en etapa de revisión de exámenes”, añadió la misma fuente que sigue el paso a paso de las discusiones y del proceso de transferencia. Uno de los puntos que juega a favor de CABA es que las condiciones laborales que se les ofrece a los jueces son más favorables que las que tienen actualmente en el ámbito nacional.

La reacción de los jueces al traspaso del fuero laboral

Pero la AMFJN sigue firme en su rechazo al traspaso. En un comunicado reciente, firmado por su presidente Andrés Basso y al secretaria general María Carolina Ocampo, la asociación declaró su rechazo “de manera categórica” a las modificaciones que contiene el proyecto de Ley de Modernización Laboral.

Consideraron “inadmisibles” los artículos que impliquen “atentar contra la vida del fuero nacional citado” y, para concluir, pidieron que cualquier cambio que se introduzca se de “dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”.

El traspaso de competencias que empujan Javier Milei y Jorge Macri abre el paraguas ante la ola de juicios que puede acarrear la modificación a la Ley de Contrato de Trabajo que busca sancionar LLA en el Congreso, con apoyo del PRO. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, advirtió en las últimas horas que la norma pasará indudablemente por el filtro de la Justicia.

Se espera que, en caso de ser aprobada tal como está, las organizaciones gremiales y los trabajadores afectados acudan al Poder Judicial para que declare su inconstitucionalidad, si corresponde. Entre los puntos más polémicos vinculados a la actuación judicial en casos laborales aparece la modificación del artículo 9 sobre el principio de norma más favorable para el trabajador.

norma actual

La norma vigente indica que “Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba, en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador, cuando hubieran agotado todos los medios de investigación a su alcance y persistiera duda probatoria insuperable, valorando los principios de congruencia y defensa en juicio”.

proyecto reforma labroal

En tanto que la nueva redacción elimina el párrafo anterior, cortando con la potestad del juez de interpretar y decidir en caso de duda. Con todo, el proyecto promete extender la discusión hasta último minuto, siendo aún incierta cuál será su redacción final a la hora de ser tratado en ambas cámaras, aunque ya recibió fuertes críticas de parte de sindicatos por el efecto que tendrá sobre los convenios colectivos y los estatutos vigentes, por caso el de prensa, que propone su derogación.

El Gobierno espera contar con los votos para su aprobación antes de fin de año, para que luego sea discutido en Diputados en el período de verano. Para ello necesitará del apoyo de aliados cercanos como el PRO, que a la par de las discusiones sobre el traspaso de la Justicia laboral también presiona para que se cumpla con el pago de la deuda por la coparticipación. El apoyo a la Ley de Leyes podría quedar supeditado a si, finalmente, ambos equipos logran sellar un acuerdo.

El exministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró que “hay personal militar que cumple sus horas de trabajo en alguna dependencia y el resto del tiempo hace Uber, Cabify, o alguna cuestión de esas para completar su salario”.

Milei mejora en las encuestas y recupera imagen positiva tras su triunfo electoral

Salarios

Además señaló que “la baja de los salarios” registra “una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 30%”.

El exjefe de Gabinete recordó que durante la gestión anterior se realizaban “dos adecuaciones salariales en enero y marzo, que el Gobierno del presidente (Javier) Milei apenas asumió, suspendió”.

Valdés viaja a la India en busca de inversiones y no estará en Corrientes para recibir a Javier Milei

IOSE

También remarcó que existe “un deterioro enorme de la obra social, el IOSE, que se ha quedado sin prestadores en muchos lugares del país”.

Rossi expresó que el IAF (Instituto de Ayuda Financiera), que es “el que paga los retiros al personal militar”, hasta hace tres o cuatro meses “tenía una deuda de cerca de 300.000 millones de pesos”.

“Hay un deterioro importante de todo lo que significa la vida diaria y cotidiana del personal militar” agregó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

“El gobierno tiene un discurso que reivindica y trata de empatizar con las Fuerzas Armadas, pero poco ha hecho para mejorar la performance y la calidad de vida del personal militar y el equipamiento de las fuerzas”, finalizó Rossi.

En rechazo al último aumento recibido, la Federación Nacional Docente (FND) convocó para este jueves a una jornada de lucha en todo el país con medidas de fuerza en las provincias y una marcha con concentración a las 12 frente al ministerio de Educación, para luego movilizarse hacia la Casa de Jujuy, contra las medidas del gobernador y precandidato presidencial Gerardo Morales, a quien acusan de “criminalizar la protesta social y laboral”.

Los gremios denunciaron que la paritaria nacional docente se reunió “sin mandato de bases, fijando salarios que no llegan a cubrir siquiera la canasta básica de pobreza, con un inicial nacional de 145.000 pesos en junio y 165.000 pesos recién en julio, ante una línea de pobreza fijada en 203.361 pesos en mayo por el INDEC.

La FND está compuesta por sindicatos de base, seccionales, delegados y agrupaciones de distintas provincias, quienes rechazaron “el ajuste del Gobierno nacional, con el ministro Sergio Massa y el FMI, junto a los gobernadores de ambos lados de la grieta, expresada en bajos salarios y recortes presupuestarios, entre otras medidas”.

Críticas a Milei y a la conducción de CTERA

También apuntaron contra el precandidato libertario, Javier Milei que “plantea la privatización y cierre del ministerio de Educación”, al tiempo que cuestionaron “el silencio y la pasividad de la conducción de CTERA, que aísla las luchas, avalando así el ajuste y la subordinación a las políticas del gobierno nacional y provinciales”.

La Federación anunció que esta jornada nacional de lucha también convoca a “la más amplia unidad de acción, junto a sectores de la salud y estatales, como también con estudiantes y la comunidad de las escuelas que coincidan en defender la escuela pública”.

Asimismo, señalaron que “si bien el conflicto más emblemático hoy está en Jujuy -con el reclamo de otros sectores del trabajo-, también hay demandas insatisfechas en Salta, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Santa Cruz, Misiones, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego y Santa Fe.

Apuntan contra el precandidato libertario, Javier Milei, que “plantea la privatización y cierre del ministerio de Educación”

Andrea Lanzette, de SUTEBA Multicolor (opositora a la conducción de Roberto Baradel) sostuvo que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof “dice ir por más ‘derechos’ ante la ‘derecha’, pero aplica un duro ajuste para cumplir con los bonistas, Massa y el FMI. Ajustan nuestros salarios, condiciones laborales, de infraestructura y también recortan contenidos pedagógicos”. Esta organización decidió continuar con el paro, por lo que será de 48 horas, ya que se sumará a la medida de fuerza de la CTA Autónoma y ATE, que se realizará este viernes.

Conflictos en las provincias: exigen un paro nacional

Por su parte, Maxi Masquijo, secretario de Prensa de ATECh Chubut, manifestó que “por mandato de las escuelas y del Plenario provincial, esta semana desarrollamos un paro de 5 días en Chubut y nos sumamos a la Jornada Nacional este jueves y al acto en Educación. Un docente que se inicia cobra 100.000 pesos por el ajuste salarial del gobernador Arcioni y las escuelas tampoco están en condiciones. Por eso nuestro plan de lucha con paros progresivos toma cada vez más fuerza”.

En tanto, Vanesa Gagliardi, directiva de Ademys y legisladora porteña (MST-FIT Unidad), relató: “Para dar continuidad al plan de lucha por nuestro salario, ante la última oferta insuficiente de Larreta, por 100 por ciento de aumento por cargo, mejores condiciones laborales, de infraestructura en las escuelas, contra el cierre de carreras y cupos en los 29 profesorados y en rechazo a la UNICABA, en asamblea abierta resolvimos un nuevo paro y movilizar al ex Pizzurno con las provincias en conflicto”.

La Federación exhortó a la conducción de “CTERA y demás entidades nacionales (CEA, UDA, AMET, SADOP) la convocatoria a un paro nacional que unifique las luchas de Salta, Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Jujuy, San Juan, La Rioja, así como las que se desenvuelven en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires” y añadió: “Mientras ratificamos el compromiso de seguir nuestra batalla contra el ajuste y en defensa de la educación pública, uniendo por abajo lo que una dirigencia claudicante se empeña en desunir”.

Los reclamos abarcan desde los salarios a obras de infraestructura

Entre las demandas figuran: “Salario igual a la canasta familiar por cargo e indexación mensual por inflación. Ni un docente pobre. Incorporación de todas las sumas no remunerativas al básico, incluido el Incentivo, Material Didáctico. Conectividad, lo que impactará también positivamente en las jubilaciones y en toda la escala salarial.  Aumento de las jubilaciones provinciales y de docentes transferidos al Anses, 82% móvil real en todo el país, defensa de las cajas y los fondos previsionales”.  

Con la paritaria nacional docente, los salarios no llegan a cubrir siquiera la canasta básica de pobreza

Agregó: “Funcionamiento a pleno de nuestras obras sociales. Mejores condiciones de trabajo: infraestructura dañada, creación de todos los cargos faltantes, envío de partidas o elementos para las tareas administrativas, de limpieza y mantenimiento. Resguardo ante situaciones de violencia.  Basta de precarización y sobrecarga laboral y educativa como la 5ta hora en la Primaria y el avance de docentes contratados, monotributistas o programas sin los derechos de los Estatutos. Solución a las demandas habitacionales y de alimentos”.  

Planteó, además, la necesidad de un “plan de refacción y construcción de más y mejores aulas, salas, jardines y escuelas, partidas a los comedores suficientes y nutritivas, becas estudiantiles, libros, útiles y material didáctico. No a las reformas anti educativas en los distintos niveles, que siguen los lineamientos del Banco Mundial, la OCDE y el FMI y avanzan a una enseñanza por áreas y ciclos (como en los ´90), recortando materias y contenidos valiosos para la formación y continuidad de estudios superiores.  Congreso Nacional de Educación donde docentes, estudiantes y la comunidad decidamos qué educación necesita nuestro país”.

El exfuncionario formó parte en los años 90 de varias privatizaciones de empresas públicas. Se suma al equipo de Carlos Rodríguez y Roque Fernández

Por iProfesional

05/06/2023 – 21,34hs

Javier Milei incorporó a un exfuncionario menemista a su Consejo de Asesores Económicos. Se trata de Darío Epstein, quien se integrará al equipo que forman Roque Fernández y Carlos Rodríguez, otros exfuncionarios del gobierno de Carlos Menem.

La semana pasada el diputado anunció que estará al frente de la lista de Diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires a la economista Diana Mondino.

Darío Epstein destacó su perfil en temas financieros y no en cuestiones macroeconómicoas, por lo que su rol “se complementa con lo que ya están haciendo Carlos y Roque”, dijo el nuevo integrante del Consejo de Asesores Económicos de Milei.

Milei anunció la incorporación de Epstein al Consejo que preside Rodríguez, el exviceministro de Economía y exjefe de Gabinete de Asesores de Menem, y que también integra el exministro de Economía de Menem, Roque Fernández.

“Hoy estamos sumando al Consejo de Asesores Económicos del Presidente a @DarioEpstein, especialista en temas financieros y mercado de capitales”, anunció el candidato presidencial por La Libertad Avanza. “Bienvenido al dream team!!! Viva la libertad carajo”, agregó.

Los tres economistas serán los encargados de asesorar a Milei sobre la forma de concretar las propuestas establecidas en las “Bases de Acción Política y Plataforma Electoral Nacional”, que Milei presentó el mes pasado en el juzgado de María Servini.

“Bienvenido al dream team!!! Viva la libertad carajo”, dijo Milei en su cuenta de Twitter

Quién es Darío Epstein

Milei se reunió con Epstein este lunes y dijo al respecto: “Estuvimos hablando sobre los contornos financieros del programa económico. Darío se suma al Consejo desde su expertise financiera. A partir de los desafíos financieros que dejará planteado el actual gobierno, y sumada a su férrea convicción de terminar con la inflación y extirpar el riesgo de hiperinflación, profundizaremos los trabajos en términos de avanzar hacia la dolarización”.

Epstein es un economista que se especializa en mercados de capitales, director de la consultora Research for Traders y es profesor invitado y consejero del Venture Capital Center de la Universidad de Michigan. Participó en varias privatizaciones durante el gobierno menemista, entre las que destacó las de Entel, Gas del Estado e YPF.

Además Epstein fue designado por Menem, en 1992, como director de la Comisión Nacional de Valores, donde estuvo a cargo de las áreas de Emisiones de Títulos Valores, Fondos Comunes de Inversión y Calificadoras de Riesgo. A lo largo de su carrera, tuvo cargos ejecutivos en Citibank, Booz Allen Hamilton y Banco Mayo, entre otros.