Las políticas de devaluación y ajuste que llevó adelante la administración de Javier Milei agudizó la crisis que vive la Argentina en la actualidad, e impulsaron las tasas de pobreza e indigencia a niveles alarmantes.

Si bien las transferencias monetarias y los subsidios del gobierno hacia sectores menos pudientes lograron contener parcialmente el impacto, las cifras indican un deterioro significativo de las condiciones de vida de millones de argentinos.

Sin los planes sociales, aún más pobreza

De acuerdo al informe de la consultora exQuanti, basada en los datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, la indigencia del primer trimestre de 2024 habría alcanzado un preocupante 24,7% si no se hubieran mantenido los planes oficiales de asistencia. Por lo tanto, uno de cada cuatro argentinos viviría en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Esos números reflejan un salto de siete puntos porcentuales, en relación al cuarto trimestre el 2023. En ese momento y sin considerar los planes, la indigencia se ubicaba en 17,7%.

Además, los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) corroboran esta tendencia, y muestran que la indigencia alcanzó el 19,1% en el mismo período. De todas formas, con la implementación de los programas de asistencia social, la indigencia oficial se elevó a 20,3% en el primer trimestre de 2024, según la consultora.

La cifra representa un incremento significativo respecto al 14,6% registrado en el último trimestre de 2023 y casi el doble del 8,9% observado un año atrás. No obstante, los indicadores revelan un deterioro profundo, a pesar de los esfuerzos del gobierno por mitigar el impacto de la crisis.

Proceso de empobrecimiento

El coordinador del Observatorio de la Deuda de la UCA, Agustín Salvia, señaló que Argentina atravesando un proceso de empobrecimiento en dos niveles: “Vemos clases medias bajas que caen en la pobreza en términos estadísticos y monetarios, principalmente por la pérdida de poder adquisitivo, sin posibilidad de compensar con más trabajo”.

También había advertido que los programas sociales no eran suficientes para sostener un “piso bajo” de pobreza extrema. En esa línea, los datos de exQuanti subrayan que la efectividad de los planes sociales es limitada, especialmente en lo que respecta a la pobreza.

En el primer trimestre de 2024, la pobreza con planes sociales se situó en 55%, mientras que sin ellos habría sido ligeramente superior, alcanzando el 55,4%. Esto indica que, aunque las transferencias del Estado ayudan a mitigar la pobreza extrema, su impacto en la reducción de la pobreza general es mínimo.

El porcentaje de los ingresos de los hogares pobres provenientes de subsidios y transferencias directas del Estado fue de 7,4% en el primer trimestre de este año, mientras que para los hogares indigentes fue de 17,9%. Estos son los registros más bajos desde 2016, lo que refleja la erosión del poder de compra.

La pobreza y la indigencia han alcanzado niveles alarmantes pese a los esfuerzos del gobierno por mitigar la crisis, la situación se mantiene crítica, pero hay optimismo en cuanto a la eficacia de los planes sociales para mitigar el impacto de la pobreza extrema en aquellos en situación de calle.

“Fue una decisión personal y cada uno debe hacerse cargo”, planteó la funcionaria tras la cita con Alfredo Astiz, exoficial de la Marina condenado a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.

“Fue una decisión personal, cada uno debe hacerse cargo de lo que hace y esa es la libertad“, afirmó la ministra en una entrevista al programa “Si pasa, pasa,”, que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

En la misma línea, amplió: “Estoy a cargo del sistema, no quiero evaluar a qué preso podes ir a ver o cuál no. Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina lo puede ir a ver”.

La Justicia le pide explicaciones a Patricia Bullrich por la visita de diputados a represores

Este viernes la Justicia le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informes sobre las características y circunstancias del encuentro. Lo hizo el juez del Tribunal Oral Federal n° 5 de CABA, Daniel Obligado, que presidió varios juicios de lesa humanidad donde fueron condenados decenas de represores, entre ellos el marino Alfredo Astiz.

Con la asunción de Javier Milei, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), pasó a depender del ministerio a cargo de Patricia Bullrich. Por lo tanto, la Unidad 31 del penal de Ezeiza donde están detenidos los represores visitados por los diputados libertarios, depende de Bullrich.

Este pedido se suma al hecho anteriormente por el juez Alejandro Slokar, miembro de la Cámara de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad, quien ha intervenido a varios de estos casos.

Bullrich reveló que el juez Alejandro Slokar le solicitó detalles de la visita que protagonizaron Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci, algo que generó malestar en el Ministerio de Seguridad.

“En qué términos me hace esa pregunta porque en todo caso me podría preguntar sobre todos los que entran a la cárcel. Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Cuando pedían ir a ver a Lazaro Báez o a Devido, condenados, no preguntaban por qué“, criticó Bullrich, y agregó: “Por qué un juez me pregunta a mi por qué entraron. Entraron a ver a cualquier persona que piden ir a ver a personas condenadas por asesinato”.

Por último, la ministra de Seguridad enfatizó en que los detenidos habilitados para recibir visitas “pueden hacerlo dentro del marco de la ley”, y manifestó sorpresa ante el pedido de Slokar.

“Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no cuando entran agrupaciones de Derechos Humanos que entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara para todos”, concluyó.