13 de noviembre 2025 – 16:43

En el mismo mes de 2024 la cifra había sido del 62,2%. Hasta ahora el máximo de la era Milei es el 63%.

La industria utilizó el 61,1% de su capacidad instalada en septiembre, según informó el INDEC este jueves. De este modo, superó el 60% por primera vez en diez meses, aunque en términos anuales se observó la tercera caída consecutiva.

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En agosto la cifra había sido del 59,4%, pero en septiembre del año pasado había dado 62,2%, en lo que supo ser hasta ahora el tercer mejor registro desde que Javier Milei es presidente (el máximo fue en octubre de 2024).

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De acuerdo con los datos del instituto, la principal incidencia negativa se observó en los productos de caucho y plástico, que presentaron retroceso desde el 49,9% al 42,9%, como consecuencia de los menores niveles de fabricación de neumáticos y de manufacturas de plástico.

En segundo lugar resaltó un derrumbe de más de 14 puntos porcentuales en productos textiles, producto menores niveles de elaboración de hilados de algodón y de tejidos.

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (88,9%), industrias metálicas básicas (70,4%), productos alimenticios y bebidas (69,2%), papel y cartón (65,0%) y sustancias y productos químicos (63,7%).

Los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (58,6%), industria automotriz (57,1%), edición e impresión (55,2%), productos del tabaco (48,7%), metalmecánica excepto automotores (43,5%), productos de caucho y plástico (42,9%) y productostextiles (37,1%).

Producto de la apertura de importaciones, la actividad metalúrgica atraviesa uno de sus peores momentos, solo comparable a la que experimentó durante la cuarentena por el coronavirus. En septiembre registró una caída interanual de 5,2% y retrocedió 1,1% respecto a agosto. Como consecuencia, el uso de la capacidad instalada está en su nivel más bajo desde junio de 2020.

Los datos se desprenden del informe mensual del Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA. En lo que va del año, el sector apenas acumuló un crecimiento de 0,7% respecto al año pasado. De esta manera, la producción se encuentra 18% por debajo de sus niveles máximos recientes y 30% por debajo de sus picos históricos.

En este sentido, el presidente de la cámara metalúrgica, Elio Del Re, advirtió que “la industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, en niveles casi idénticos a un año muy malo como fue 2024, lo que refleja la parálisis de la actividad”. Y enfatizó: “Necesitamos que la producción argentina se vuelva a tener en cuenta, porque si no afectará los niveles de empleo”.

El empleo sectorial registró una caída interanual de 3,2% y retrocedió 0,3% respecto a agosto. Sin embargo, fuentes de ADIMRA adelantaron a Ámbito que “todavía no repercutió en el desempleo” de manera completa. “Es un sector (80% pyme) que retarda todo lo posible en echar gente, están capacitados, en blanco, son de su ciudad. Hay un ‘gap’ de tiempo ahí que se sentirá más a fin de año”, plantearon.

El impacto provincial y la expectativa hacia delante

A nivel provincial, ningún distrito se salvó. Todos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en agosto. Santa Fe (-3,5%) volvió a terreno negativo tras ocho meses consecutivos de crecimiento, mostrando una marcada desaceleración.

Córdoba (-6,2%), Mendoza (-5,1%) y Entre Ríos (-3,2%) también mostraron descensos, revirtiendo los avances del primer semestre. Buenos Aires (-6,2%) continuó con el desempeño más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, sin señales de estabilización.

Las expectativas para los próximos meses tampoco son alentadoras. El 77,5% de las empresas prevé que su nivel de producción se mantendrá sin cambios o disminuirá, mientras que el 90,2% no proyecta aumentos en su dotación de personal e incluso anticipa reducciones.

El peligro de la apertura importadora

Desde la cámara empresarias cuestionaron la falta de “tasas para financiarse”, pero sobre todo la “apertura indiscriminada en sectores ultra competitivos, como maquinaria agrícola, que se agrava por la decisión de voltear la normativa que puso (Domingo) Cavallo en 1995 para importar maquinaria usada ”.

Maquinaria Agrícola, que había liderado el crecimiento desde comienzos de año, profundizó su desaceleración con una contracción de 4,8% interanual, confirmando el cambio de tendencia iniciado en agosto. En el resto de las categorías, Autopartes lideró las caídas con un derrumbe de 10,8%, seguido por Fundición (-9,7%) y Bienes de Capital (-3,1%). El único sector en terreno positivo fue Carrocerías y Remolques, con un avance de 5,4%.

En cuanto al uso de la capacidad instalada, el pico durante la gestión de Javier Milei se observó durante diciembre pasado, con 52,5%. Sin embargo, ese mismo mes ocurrieron dos hechos que perjudicaron al sector: el fin del impuesto PAIS, que abarató las importaciones, y la flexibilización del régimen de pequeñas compras internacionales. Desde entonces, el uso de capacidad instalada fue decreciendo hasta los niveles actuales.

“Encima, sin poder exportar con dólar planchado”, se lamentaron desde el sector metalúrgico. Las exportaciones de bienes metalúrgicos alcanzaron u$s445 millones, una caída de 6,2% respecto al mismo mes de 2024.

En agosto —último dato disponible— las importaciones de productos metalúrgicos totalizaron u$s2.281 millones, un incremento interanual de 28,4% en dólares y de 55,4% en toneladas. Por su parte, las compras al exterior crecieron a una tasa promedio de 4,8% mensual desde junio de 2024, cuando tocaron su nivel más bajo.

El auge de las importaciones de bienes de capital

Consultado por Ámbito, Del Re comentó que “en los últimos meses se observa un incremento significativo de las importaciones metalúrgicas generalizado, siendo maquinaria y equipos, productos eléctricos y otros bienes intermedios” las principales categorías. Sobre este punto, comentó que “la mayor parte de estas importaciones proviene de países como China y Brasil, lo que genera un fuerte impacto para la producción local”.

Los datos oficiales respaldan eso. De acuerdo a los datos del Ministerio de Economía, durante el tercer trimestre de 2025 las importaciones de bienes de capital productivo (BKP) alcanzaron los u$s3.483 millones. Se trata de un crecimiento interanual del 77,2% y de 42,9% contra el mismo trimestre de 2023. Al segmentar el valor importado, el rubro asociado al transporte lideró la demanda con un 43% de participación, seguido por los BKP de uso específico (34%) y, por último, los BKP de uso general (23%).

“A nivel de producto se destacaron las importaciones de aviones y demás vehículos aéreos, vehículos automóviles para el transporte de mercancías, tractores, topadoras y excavadoras e instrumental y aparatos de medicina y cirugía”, explicó el informe realizado por la secretaría de política económica.

El Mercosur, principalmente por la industria brasileña, se consolidó como el principal proveedor de las compras totales, con una participación del 28% del valor total, motorizado por su alta participación en los BKP asociados al transporte, que representó 47% del total.

Por su parte, para las categorías de uso específico y uso general, el principal origen fue China, con 40% y 35%, del total, respectivamente. “Este modelo de libre mercado te lleva a China. En este momento ya están todos (los empresarios) comprando en la feria de Cantón”, reconoció a este medio una fuente con fluidos contactos con empresas importadoras.

Mientras, un importante ejecutivo desestimó que la situación actual se trate de un “boom” de importaciones. “Es simplemente una sensación por el exceso de oferta y variedad que tenemos en la góndola y que hace veinte años no tenemos”. Sobre este punto, consideró que se trata de “un efecto que el gobierno estuvo buscando para que el precio se desplome”.

La investigación fue realizada por el fiscal Sergio Rodríguez, quien el último jueves resolvió, en un expediente de 31 páginas, efectuar la denuncia penal por hechos que se encuadran en el de “acción pública previsto en el artículo 157” del Código Penal.

Ese artículo prevé penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que “revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”.

El viernes último, la causa fue sorteada y será el Juzgado Federal y Correccional N° 3 el que en adelante investigue los hechos.

En las actuaciones previas, el fiscal había consignado que tomó conocimiento a partir de notas periodísticas de posibles irregularidades en el “uso de datos biométricos por parte del Gobierno de la Ciudad” provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en el marco de un Convenio de Cooperación Técnica suscripto en febrero de 2019 entre ese organismo nacional y el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA.

En ese entonces, el Renaper estaba a cargo de Juan José D’Amico y al frente del ministerio de Justicia y Seguridad porteño se encontraba el hoy diputado nacional Diego Santilli, precandidato a gobernador bonaerense por Juntos por el Cambio.

En ese Convenio de Cooperación Técnica se estableció que el Renaper brindaría “información disponible en sus sistemas informáticos” para “identificar y/o verificar la identidad de las personas humanas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma”.

Pero en el mismo acuerdo se establecía que “se encontraba prohibida la utilización de la información brindada” para “fines distintos a los mencionados”.

En otro pasaje del documento, al que tuvo acceso Télam, el fiscal Rodríguez precisó que el delito de “violación de secretos” sanciona a todo aquel funcionario que “se introduce o penetra de cualquier forma a un banco de datos personales sin autorización, pero no especifica la manera de acceso, admitiéndose cualquier vía de ingreso”.

Sobre ese punto, observó que “el acceso/consultas” a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en el marco del citado convenio “parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados, por lo que podría calificárselos de ilegales”.

Reconocimiento facial

En 2019, se incorporó en CABA el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que se contrastaría con la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc), pero “salvo orden judicial, se encontraba prohibido incorporar imágenes y registros de otras personas que no se encuentren registradas”, advirtió Rodríguez.

A partir del análisis de los datos, Rodríguez llegó a la conclusión que “existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del SRFP”.

“Tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos”, agregó.

Lo llamativo para Rodríguez es que hasta 2020 el Conarc tenía 40.000 registros de personas buscadas por el Poder Judicial, mientras que de los datos del Renaper se desprende que el número de consultas anuales del Ministerio de Justicia porteño fue 2.563.190 en 2019; 5.420.590 en 2020; 6.969.878 2021 y 3.367.330 en 2022.

Por lo tanto, el fiscal presentó la denuncia penal contra las autoridades del Gobierno porteño en la Justicia federal de la Capital, y además instó al Renaper a iniciar un sumario administrativo “a los fines de investigar las posibles irregularidades” y para efectuar las correcciones necesarias en el caso de advertirse errores o inconsistencias en la puesta en práctica del Convenio de Cooperación Técnica acordado febrero de 2019.

Datos

Entre las personas por las que el Gobierno porteño solicitó datos se encuentran la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman; el dirigente social Juan Grabois.

El fiscal Rodríguez relevó que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta  (226 consultas), el desaparecido policía proteño Arshak Karhanyan (92 veces) y el presidente Alberto Fernández (76 consultas).

Pero también hay dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y personas afines al principal partido de la oposición: la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el diputado de Avanza la Libertad José Luis Espert; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; el diputado radical Facundo Manes y el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei.