Excedido por largo el lapso reglamentario, el Comandante en Jefe de las FFAA y presidente Javier Milei aún no dio a luz la nueva orientación política de defensa y en los hechos está vigente la DPDN 2021 de la administración Alberto Fernández cuando Agustín Rossi ocupaba el ministerio de Defensa.

Esa directiva definía el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake (Mar de Hoces) como “espacios compartidos” donde resulta fundamental fortalecer la “exploración, estudio y control conjunto” del lugar. Aserto que generó fricción diplomática y una nota de protesta de Chile, el Estrecho de Magallanes está bajo soberanía chilena según los tratados limítrofes vigentes (como el Tratado de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984).

En una exegesis precisa se diría que el aeronáutico Gustavo Valverde no cometió un yerro por sus dichos sobre Magallanes ya que seguía el orden legal vigente de 2021, claro, en todo caso sí exhibió una “conciencia situacional política” insólita tratándose de un alto jefe que fue designado en y por el gobierno libertario.

La polémica actual con los trasandinos por el paso Magallanes con cruce de notas entre los cancilleres Pablo Quirno y Francisco Pérez Mackenna, sumadas a comunicaciones de los zares de la defensa, Carlos Presti y Fernando Barros, pusieron otra vez en trámite exprés el escrito preliminar de la DPDN.

El proyecto de Petri que no llegó al status de decreto por morosidad administrativa, pero estaría en proceso de actualización, ponía atención vital al Atlántico Sur, las rutas marítimas, sus pasos australes y la proyección hacia la Antártida.

Del territorio al espacio estratégico nacional

Las Zonas de Seguridad de Frontera, el Atlántico Sur y la Antártida aparecían como espacios prioritarios, junto con corredores bioceánicos, rutas marítimas y aéreas, líneas logísticas e infraestructura crítica.

Defender el país implicaba garantizar la continuidad entre el territorio continental, el Atlántico Sur y la Antártida, se analizaba en el texto.

En esa arquitectura, Ushuaia tomó envergadura como polo logístico antártico y centro de gravedad para la Defensa. El extremo austral pasó a ocupar un lugar central en el planeamiento estratégico, según esa mirada.

Magallanes y Drake, en un momento de tensión con Chile

El proyecto de DPDN 2025 eliminó la referencia errónea a un espacio compartido y al control conjunto argentino-chileno del paso Magallanes que había plasmado la gestión Rossi.

El punto “Escenario Regional”, de aquel documento consolidado presenta Magallanes y Drake dentro de las cuatro principales líneas de comunicación marítima del hemisferio, junto con el Canal de Panamá y el Pasaje del Noroeste en Canadá.

El documento les da una valoración estratégica, geopolítica y de flujo comercial.

Con ese encuadre se convierte al extremo austral argentino en un asunto de interés estratégico hemisférico, no solamente nacional o bilateral.

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el Plan de Inteligencia Nacional reafirma como uno de sus ejes la prioridad sobre Atlántico Sur (soberanía, recursos), sector antártico y extremo austral del continente.

La Cancillería definió en fecha reciente al extremo austral como una zona de creciente centralidad por sus recursos, sus rutas marítimas y las cadenas globales de suministro.

En agosto de 2025, el titular del Comando Sur de EEUU señaló expresamente que, en el Cono Sur, las líneas marítimas vitales de comunicación —incluidos el Estrecho de Magallanes y el Pasaje de Drake— funcionan como “strategic choke points”, y vinculó explícitamente su importancia con la posibilidad de que China proyecte poder, perturbe el comercio y desafíe la soberanía regional o la neutralidad antártica.

Uno advierte que la formulación argentina coincide conceptualmente con la manera en que el aparato estratégico estadounidense observa el Cono Sur.

En el punto “Diagnóstico y Apreciación de Escenarios de Defensa” se percibe la secuencia que prevaleció en su elaboración: competencia entre grandes poderes, occidente Global vs este Global, (léase EEUU y sus aliados en rivalidad con China, Rusia y sus socios), competencia por recursos, necesidad de controlar rutas marítimas luego se desprende la importancia de los estrechos o pasos oceánicos.

El triángulo estratégico austral

El nuevo proyecto en estudio permite leer el extremo sur como un sistema integrado: Atlántico Sur – Ushuaia/Magallanes – Antártida.

El Atlántico Sur concentra recursos naturales, rutas marítimas y accesos interoceánicos. Ushuaia constituye un nodo logístico. La Antártida representa el espacio de proyección bicontinental y uno de los escenarios donde el documento anticipa una creciente competencia geopolítica.

En ese esquema, Magallanes y el Paso Drake ganan peso por su función dentro de la conectividad estratégica austral.

La prioridad en la visión de la DPDN pasa por asegurar rutas, abastecimiento, comunicaciones, transporte y presencia hacia la Antártida. La Defensa se concibe en el planteo de LLA como un sistema integrado de accesos, nodos logísticos, sensores y capacidades militares.

Amenazas multidimensionales y Fuerzas Armadas multidominio

El cambio también amplía la definición de amenaza. La pesca ilegal, las economías ilícitas transnacionales, el sabotaje, los ciberataques, las agresiones electromagnéticas, las amenazas contra infraestructura crítica y las vulnerabilidades de las rutas logísticas ingresan en la apreciación estratégica.

La respuesta requiere inteligencia, anticipación, vigilancia y capacidad de reacción gradual, decía el proyecto.

Al mismo tiempo, el instrumento militar es concebido como un sistema multidominio, que integra tierra, mar, aire, ciberespacio, espectro electromagnético y espacio ultraterrestre.

El documento asigna importancia a sistemas C4ISR, información satelital, sensores, vehículos no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras y ciberinteligencia.

Cooperación sin renunciar a capacidades propias

La nueva estrategia plantea profundizar ejercicios combinados, intercambio de inteligencia, interoperabilidad y adquisición e incorporación de tecnología.

Pero introduce una condición: la cooperación no debe sustituir la capacidad nacional ni limitar la autonomía estratégica argentina.

La fórmula que emerge es utilizar los vínculos internacionales como multiplicadores de capacidades, pero sobre la base de un instrumento militar propio.

La Defensa como política de capacidades

La comparación entre la Directiva de Política de Defensa Nacional de 2021 del gobierno de Alberto Fernández y el nuevo proyecto no nato de la gestión Milei pasa de una concepción centrada principalmente en la prevención de una agresión militar estatal externa —cuestión que se modificó parcialmente con el decreto N°1112/24—; la cooperación regional y la autonomía cooperativa a otra que coloca en primer plano la disuasión por negación, la presencia permanente, la vigilancia, el control de los espacios estratégicos y la recuperación de capacidades.

La disuasión por negación supone que las Fuerzas Armadas deben disponer de medios suficientes para impedir que un eventual adversario pueda alcanzar sus objetivos. Contar con capacidades visibles y creíbles que hagan demasiado costoso o difícil concretar una acción militar.

Los cazas F-16 permiten reconstruir una capacidad de combate aéreo supersónico que había quedado severamente degradada, mientras que los Stryker aportan movilidad, protección y potencia de fuego a las fuerzas terrestres.

La principal capacidad convencional ausente

El punto da para aclaraciones de especialistas. La ausencia de submarinos deja huérfano al poder naval de la nueva concepción de disuasión.

El país tiene una carencia estratégica crítica: la capacidad submarina, que constituye actualmente la principal capacidad convencional ausente en el componente naval de la disuasión por negación.

La Argentina perdió su último submarino operativo, el ARA San Juan, tras su naufragio en noviembre de 2017.

La Armada no dispone de una capacidad submarina efectiva, déficit crucial para un país con extensa plataforma marítima, enormes espacios oceánicos, recursos pesqueros y energéticos y responsabilidades estratégicas en el Atlántico Sur.

No hay espacio para la disuasión por negación sin la capacidad submarina. Brasil y su programa Prosub de fabricación de submarinos se enfoca en volver el acceso al océano demasiado peligroso y prohibitivo para un posible agresor, consolidando su soberanía sobre la denominada «Amazonia Azul”.

Un submarino convencional aporta vigilancia, inteligencia, capacidad de permanencia y, sobre todo, incertidumbre, el atributo del sigilo eleva el costo y el riesgo de cualquier operación naval enemiga.

De la amenaza militar a la amenaza multidimensional

Otro cambio relevante es la ampliación del concepto de amenaza. Pesca ilegal, explotación irregular de recursos, economías ilícitas transnacionales, sabotaje, terrorismo, ciberataques, agresiones electromagnéticas, amenazas contra infraestructura crítica y restricciones a rutas logísticas pasan a integrar la apreciación estratégica.

El cambio consiste en reconocer que los intereses vitales pueden ser afectados mediante mecanismos que no necesariamente adoptan la forma de una invasión militar convencional.

El instrumento militar pasa a ser concebido como un sistema multidominio, incorporando tierra, mar, aire, ciberespacio, espectro electromagnético y espacio ultraterrestre.

El Estado Mayor Conjunto deberá integrar información satelital, cibernética, naval, aérea y terrestre. El proyecto contempla sistemas C4ISR, sensores, satélites, vehículos no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras y ciberinteligencia.

Cooperación, pero con capacidades propias

La nueva estrategia plantea profundizar ejercicios combinados, intercambio de inteligencia, interoperabilidad, participación multinacional e incorporación de tecnología.

Pero establece un límite: la cooperación no debe restringir la autonomía estratégica argentina.

Es decir, utilizar la cooperación como multiplicador de capacidades, pero no como sustituto del instrumento militar nacional.

El proyecto habla de una “refundación de la Defensa” y plantea revertir años de postergación en inversión, modernización y sostenimiento.

La agenda incluye previsibilidad presupuestaria, recuperación de sistemas críticos, logística, industria nacional de defensa, investigación y desarrollo, inteligencia artificial, vehículos no tripulados, guerra electrónica, ciberdefensa, sistemas espaciales y capacidades C4ISR.

Malvinas, equilibrio y seguridad en Atlántico Sur y Antártida

En el proyecto de DPDN el archipiélago aparece en dos escenarios: el de la controversia soberana, pero también como parte de uno de mayor alcance: la seguridad estratégica del Atlántico Sur.

Incorpora distintos factores que convergen sobre la región: la seguridad marítima, la protección de los recursos pesqueros, el control del espacio marítimo, la presencia de actores extrarregionales y la importancia geopolítica de la conexión entre el Atlántico Sur y la Antártida.

Plantea que Atlántico Sur, Malvinas y Antártida deben ser considerados como un único complejo estratégico, donde la diplomacia, la cooperación regional y la reconstrucción de capacidades militares resultan complementarias para preservar los intereses nacionales argentinos.

La iniciativa de DPDN reafirma la vía diplomática y el Derecho Internacional como mecanismos para la recuperación de la soberanía, pero advierte sobre la asimetría militar existente y el despliegue británico permanente y semipermanente en el Atlántico Sur.

Sostiene que el reclamo diplomático requiere ser acompañado por la reconstrucción de capacidades militares, capaces de respaldar los objetivos políticos y estratégicos argentinos.

Introduce un párrafo crítico: “La política de Defensa de años previos a la actual no tuvo una orientación clara en torno a la reconstrucción de capacidades militares que permitan acompañar de manera asertiva el reclamo que se realiza de manera incansable por la vía diplomática. En años anteriores, los mayores esfuerzos estuvieron concentrados en manifestar una sucesión de declamaciones que nunca se tradujeron en capacidades militares reales”.

El texto preliminar destaca la preeminencia hemisférica de Estados Unidos y considera limitada, al menos en el corto plazo, la capacidad china para proyectar poder sustantivo sobre el Atlántico Sur.

Advierte sobre un posible deterioro del régimen antártico y el traslado a la región de dinámicas de competencia observadas en el Ártico. La exploración de recursos, el empleo de drones de uso dual, las disputas sobre áreas marinas protegidas y las capacidades espaciales constituyen, según el documento, indicadores de futuras tensiones.

El gobierno de Javier Milei modificó el esquema financiero previsto para la privatización de Belgrano Cargas y Logística y estableció un nuevo destino para los recursos que se obtengan por la venta del material rodante de la empresa estatal. A través del Decreto 718/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso que el dinero proveniente tanto del remate público del material rodante como de la venta de los trenes que sean incluidos en los futuros contratos de concesión de las vías sea depositado en un fideicomiso que determinará el Ministerio de Economía.

El cambio establece que esos fondos tendrán un destino específico: financiar y pagar las obras que estarán a cargo de los concesionarios ferroviarios. La modificación alcanza al esquema establecido previamente por el Decreto 282/2026.

Qué estableció el decreto de Milei

El Decreto 718/2026 instruyó al Ministerio de Economía a implementar el nuevo fideicomiso y a establecer las normas operativas necesarias para su funcionamiento.

La cartera que conduce Luis Caputo también deberá determinar el precio de venta del material rodante que sea incluido en los contratos de concesión, tomando como referencia mínima la valuación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. El decreto fue firmado por Javier Milei y Luis Caputo y entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Privatización de Belgrano Cargas: cómo funcionará el nuevo esquema

Belgrano Cargas y Logística fue incluida entre las empresas sujetas a privatización por la Ley Bases. El esquema aprobado originalmente contempla una desintegración vertical de la compañía y la separación de sus actividades y bienes según cada unidad de negocio.

El Decreto 67/2025 había establecido que el material rodante sería vendido mediante remate público, mientras que las vías y sus inmuebles aledaños serían entregados mediante contratos de concesión de obra pública. También se contempló la concesión para el uso de los talleres ferroviarios.

En una primera instancia, el producido de la venta de los trenes debía ser destinado a un fideicomiso de obra o a otro instrumento financiero que definiera el Ministerio de Economía, con el objetivo de financiar las obras vinculadas con las vías que serían concesionadas.

Ahora, el Gobierno decidió avanzar con un mecanismo específico. Según argumentó en el decreto, la creación de un fideicomiso destinado exclusivamente a las obras permitirá administrar los recursos con mayor eficiencia y acelerar los desembolsos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en los contratos de concesión.

El Ministerio de Economía deberá implementar un fideicomiso específico y establecer el precio de venta del material rodante incluido en las concesiones.

Qué pasará con el material rodante de Belgrano Cargas

Uno de los puntos centrales de la modificación es que los recursos generados por la venta de los trenes quedarán vinculados directamente con el financiamiento de las obras ferroviarias.

El nuevo decreto alcanza tanto al material rodante que sea vendido mediante remate público como a aquel que eventualmente sea incluido dentro de los contratos de concesión de las vías. En ambos casos, los fondos deberán ingresar al fideicomiso que determine Economía.

Además, el Ministerio de Economía quedó facultado para determinar el precio de venta del material rodante que sea incorporado a los contratos de concesión. Para establecer el valor mínimo de referencia deberá utilizarse la tasación del valor venal realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

De esta manera, el Gobierno busca que los recursos obtenidos por la venta de activos ferroviarios queden afectados al desarrollo de infraestructura dentro del propio proceso de privatización.

El Gobierno busca acelerar las obras ferroviarias

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el mecanismo anterior podía generar demoras debido a que los recursos quedaban dentro de un fideicomiso de objeto múltiple, que concentra distintas fuentes de financiamiento y beneficiarios.

La nueva estructura apunta a crear un fideicomiso con destino único para el financiamiento y pago de las obras a cargo de los concesionarios. Según el Gobierno, esto permitirá acelerar los desembolsos y facilitar el cumplimiento de las inversiones obligatorias previstas en los contratos.

El cambio no modifica el objetivo general de avanzar con la privatización de Belgrano Cargas, sino que introduce una modificación sobre el circuito financiero de los recursos obtenidos por la venta de los activos ferroviarios.

Lo que tenés que saber:

• El empleo formal en Córdoba cayó un 9,0% en la cantidad de empleadores desde noviembre de 2023.
• El sector de Comercio perdió 1.364 empleadores, siendo el más afectado.
• Las unidades productivas con hasta 500 trabajadores concentran el 99,9% de las pérdidas de empleadores.

Análisis del mercado de trabajo en Córdoba

Este informe tuvo como propósito analizar las principales variables del mercado de trabajo publicadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) para la provincia de Córdoba, con foco en la evolución de los/as trabajadores/as registrados/as y empleadores durante los primeros 29 meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y abril de 2026.

Retroceso en el empleo formal

Del análisis se desprende un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados.

Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, se redujo la cantidad de empleadores en 4.719 casos (-9,0%).

En términos absolutos, el sector de Comercio fue el más afectado, con una pérdida de 1.364 empleadores.

Sectores más afectados

En términos relativos, el sector más afectado es Servicio de transporte y almacenamiento, que ha registrado una pérdida del 23,3% en el total de empleadores.

En el mismo período, se perdieron 22.544 puestos de trabajo registrados en unidades productivas (-3,6%).

El sector Industria manufacturera es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 7.435 trabajadores.

Impacto por tamaño de unidad productiva

Si se analiza la reducción de casos en unidades productivas, se observa que los principales afectados en la gestión de Milei son los empleadores de hasta 500 trabajadores/as: 99,9% del total de los casos (4.712 menos). Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores/as explican sólo el 0,1% (7 casos).

Al analizar la caída del empleo registrado por tamaño de unidad productiva, se observa que entre noviembre de 2023 y abril de 2026 la expulsión de trabajadores/as es más significativa en los empleadores de menor porte: 57,4% de la pérdida de empleo (-12.929 trabajadores registrados) se focalizó en unidades productivas con hasta 500 trabajadores/as.

Variación nominal de empleadores

En cambio, en el mismo período, la reducción de personal por parte de los empleadores con más de 500 trabajadores/as fue menor: -9.615 casos, explicando el 42,6% del total.

En términos nominales, mientras que los empleadores de más de 500 trabajadores/as redujeron su personal de 152.722 a 143.107 (-6,3% de variación relativa), los empleadores de hasta 500 disminuyeron su dotación de 477.680 a 464.751 (-2,7% de variación relativa).

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Ante la vuelta del plantel tras la final del Mundial, el Ejecutivo analiza opciones para facilitar el traslado de los hinchas. Qué implica cada medida

19/07/2026 – 18:35hs

La expectativa por el regreso de la Selección Argentina tras la final frente a España en el Mundial paraliza al país. Con el plantel listo para emprender el retorno a Buenos Aires, tras caer en el juego decisivo, la atención pública no solo está puesta en las decisiones administrativas que pueda tomar el Gobierno nacional. En las últimas horas, los rumores sobre una medida oficial para permitir que los hinchas acompañen la llegada de los jugadores crecieron en las redes sociales.

Frente a este escenario de fervor popular, en la Casa Rosada se analizan herramientas legales para atenuar el impacto de la jornada laboral de mañana y permitir una movilización masiva y ordenada. Decretar un descanso no es un proceso lineal y cada variante implica consecuencias muy distintas para los trabajadores de los diferentes sectores. La gran duda entre empleados, comerciantes y estudiantes es cuál será la figura jurídica elegida si el Ejecutivo decide intervenir.

Diferencias entre feriado nacional, día no laborable y asueto

La opción de máxima y que genera mayor impacto económico es el feriado nacional. Esta medida tiene aplicación obligatoria tanto para el sector público como para el privado. Si el Gobierno determina esta opción, rigen las pautas del descanso dominical: la mayoría de las actividades cierran y, en caso de que un empleador requiera que su personal trabaje, deberá abonar una remuneración doble por esa jornada.

Por el contrario, la figura del día no laborable plantea un escenario diferente para el sector privado, ya que el descanso es optativo para el empleador. Si una empresa decide abrir, el empleado está obligado a asistir a cumplir sus tareas y el pago de esa jornada es simple, sin ningún tipo de plus. Si el empleador decide cerrar, el día se abona igualmente como jornada normal. La única excepción obligatoria donde no se trabaja suele ser en bancos, seguros y dependencias públicas.

Finalmente, la alternativa más frecuente para el Estado en este tipo de situaciones es el asueto administrativo. Esta es una disposición dictada por el Poder Ejecutivo que posee un alcance limitado, ya que afecta principalmente al personal de la administración pública nacional. Los empleados estatales quedan eximidos de concurrir a sus puestos, pero no tiene vigencia obligatoria para el sector privado, comercios ni escuelas, los cuales continúan con su ritmo habitual.

Cuándo se define qué hará el Gobierno tras la final de Argentina

Se espera que Javier Milei defina cómo será la jornada laboral de este lunes para los argentinos. Desde el Gobierno saben que pese a la derrota la gente se volcará a las calles para recibir a la Scaloneta de Lionel Messi y agradecerle por la etapa más dorada de la historia albiceleste.

Hace cuatro años, tras la locura de Qatar millones de personas salieron a las calles y el micro de la Selección no pudo arribar donde tenía previsto para el agazajo final. Ahora la alternativa más fuerte es que el plantel se aloje en el predio de Ezeiza y que desde allí partan en helicópteros para saludar desde el mítico balcón de Casa Rosada, aunque esto terminará de definirlo el plantel.

Lo que tenés que saber:

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Lo que tenés que saber:

• Milei planea un shutdown al estilo EE.UU.
• El cierre afectaría servicios no esenciales
• Requiere cambios legales en Argentina
• No hay claridad sobre salarios y servicios esenciales

Javier Milei, presidente de Argentina, busca implementar un mecanismo de shutdown similar al de Estados Unidos. La propuesta genera incertidumbre sobre su aplicación y consecuencias en el país. Mientras en EE.UU. el shutdown paraliza servicios no esenciales hasta resolver disputas presupuestarias, en Argentina necesitaría cambios legales significativos.

Shutdown: qué es y cómo funciona

En Estados Unidos, el shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba el presupuesto, paralizando el gobierno federal. Solo servicios esenciales como seguridad y defensa continúan operando. Los empleados públicos de áreas no esenciales son licenciados sin goce de sueldo hasta que se resuelvan las disputas presupuestarias.

Este sistema obliga a las agencias a tener planes de contingencia para determinar qué actividades continúan. En Argentina, Milei sugiere apagar el Estado al agotar el presupuesto, pero no detalla cómo funcionaría.

Diferencias institucionales con EE.UU.

El sistema institucional de Argentina difiere del estadounidense, lo que complica la implementación de un shutdown. En EE.UU., el Congreso y el Ejecutivo deben llegar a un acuerdo para reactivar los fondos. En Argentina, esto requeriría reformas legales y un debate sobre su alcance.

Milei no aclaró qué partidas quedarían afectadas ni cómo se garantizarían los servicios esenciales. Tampoco explicó qué sucedería con salarios estatales y prestaciones sociales.

Impacto en el gasto público

Milei busca restringir el gasto público, alineando su propuesta de shutdown con su intención de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. El objetivo es evitar actualizaciones en las partidas presupuestarias, estableciendo mayores restricciones institucionales.

Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se financiarían servicios esenciales y obligaciones estatales genera preocupación. El impacto en el gasto público dependería de la implementación efectiva de estas restricciones.

Posibles consecuencias para las pymes

Las pymes podrían enfrentar incertidumbre ante un shutdown argentino. La interrupción de servicios públicos y trámites administrativos podría afectar sus operaciones diarias. Además, la falta de claridad sobre la continuidad de servicios esenciales representa un riesgo significativo.

Para las pymes, la estabilidad institucional es crucial. Un shutdown sin garantías claras podría desestabilizar el entorno económico, dificultando la planificación y el crecimiento empresarial.

Analizá cómo un shutdown podría afectar tus operaciones y planificá contingencias para mitigar riesgos. Evaluá posibles impactos en tu flujo de caja y operaciones diarias.

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Un reciente informe elaborado por la consultora Focus Market pone de manifiesto la profunda disparidad fiscal y operativa que divide actualmente a la economía argentina. El relevamiento expone la brecha existente entre las grandes compañías que acceden al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). El dato más contundente que arroja el estudio es la diferencia en la carga impositiva: la presión fiscal efectiva que recae sobre el sector pyme se ubica en torno al 45%, mientras que los proyectos amparados bajo el nuevo régimen de promoción gozan de una carga significativamente menor, que oscila entre el 20% y el 25%.

El análisis subraya que el RIGI fue diseñado por el gobierno de Javier Milei como una herramienta central para atraer capitales extranjeros y reactivar la economía, apuntando especialmente a sectores intensivos como la energía y la minería. Sin embargo, su implementación ha derivado en un escenario de dos velocidades. Por un lado, las grandes corporaciones globales operan con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales; por el otro, el 99% del tejido empresarial local enfrenta condiciones estructurales desventajosas que dificultan su competitividad.

Al respecto, Damián Di Pace, director de Focus Market, recordó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se consolidó como una de las estrategias del gobierno para reactivar la economía a través de la llegada de capitales extranjeros. Según el analista, presentado como un motor de arranque para la inversión, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, con estabilidad normativa garantizada por 30 años. Di Pace agregó que la meta es atraer proyectos de gran envergadura, en sectores intensivos en capital y de largo plazo, donde la previsibilidad resulta clave para decidir inversiones, aunque advirtió que el gran desafío ahora es cómo lograr el crecimiento de la inversión privada local.

Desde su puesta en marcha en julio de 2024, el RIGI ha permitido la aprobación de proyectos por un valor superior a los 15.700 millones de dólares. Entre los incentivos que facilitaron estos desembolsos se destacan la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la exención gradual de derechos de exportación y la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital. A esto se suma la libertad para disponer de las divisas generadas, un factor determinante para las inversiones de largo plazo que contrasta con las restricciones del resto de la economía.

Asimetrías en la carga fiscal y burocrática

La comparación con la realidad de las pymes, responsables de más del 60% del empleo formal en el país, revela desventajas estructurales. El informe detalla que una empresa fuera del régimen debe afrontar una alícuota del 35% en el Impuesto a las Ganancias, diez puntos porcentuales por encima de las beneficiarias del RIGI. La diferencia se profundiza en el comercio exterior: mientras el régimen de fomento exime el pago de derechos de importación, las pymes deben abonar aranceles habituales que varían entre el 7% y el 14% en promedio según el producto.

La situación se repite en los derechos de exportación. El esquema para grandes inversiones prevé exenciones totales a partir de los dos o tres años de iniciado el proyecto, mientras que el resto de las compañías tributa un promedio del 8% al 12%. Asimismo, el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) marca otra distinción relevante: el RIGI permite la cancelación mediante Certificados de Crédito Fiscal, un mecanismo mucho más ágil que los complejos regímenes de saldo a favor, IVA diferido o reintegros que deben gestionar las empresas locales.

Uno de los puntos más críticos señalados en el estudio es la estabilidad normativa. Los proyectos RIGI cuentan con una garantía de estabilidad por 30 años, lo que blinda sus operaciones frente a cambios políticos o económicos futuros. En la vereda opuesta, las pymes operan bajo una alta volatilidad regulatoria y una burocracia extensa. Según los datos recopilados por la consultora, abrir una empresa en Argentina requiere un promedio de 4.496 horas, y mantener la operación dentro de la formalidad demanda otras 2.156 horas al año, cifras que ubican al país en uno de los niveles más altos de complejidad administrativa de toda Latinoamérica.

El costo del financiamiento y la operación

El informe también aborda las dificultades de financiamiento y los costos operativos que enfrentan las empresas nacionales. En lo que va de 2025, unas 62.116 pymes lograron acceder a créditos respaldados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos públicos. Si bien esto representa un avance, el número resulta insuficiente frente a un universo total de más de 600.000 firmas registradas. Además, el 77% de las empresas que acceden a estas herramientas son microempresas. Por el contrario, los beneficiarios del RIGI acceden a financiamiento directo de capital externo sin las restricciones del mercado local.

En el plano de los costos, la energía industrial también juega en contra de la competitividad local, con una tarifa promedio de 96 dólares por MWh, manteniéndose por encima de los niveles más competitivos de la región. A esto se suma la presión sindical y la rigidez de los convenios colectivos de trabajo, que agregan complejidad a la gestión diaria. El estudio subraya además que las pymes poseen una alta dependencia de insumos importados y enfrentan un acceso a divisas condicionado por declaraciones juradas, plazos y regulaciones del Banco Central, mientras que el RIGI garantiza la libre disponibilidad y liquidación de divisas.

El contraste evidencia que las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una desventaja estructural que limita su capacidad de crecimiento. Este desequilibrio plantea la necesidad urgente de pensar en un esquema de incentivos equivalente para medianas y pequeñas empresas, que permita canalizar recursos hacia el sector productivo local y fortalecer el entramado laboral existente.

Hacia un régimen de incentivo pyme

Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de avanzar en un esquema de incentivos para las empresas locales. La discusión sobre un “RIGI PyME” ya tiene antecedentes en el proyecto de ley RIMI, presentado en noviembre de 2024 bajo la iniciativa de Promoción de Inversiones y Empleo. Esta propuesta contempla inversiones desde 150.000 dólares para microempresas hasta 30 millones de dólares para medianas y grandes, ofreciendo beneficios como amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados, prolongando la desigualdad de condiciones.

Focus Market detalla que un régimen orientado a pymes debería basarse en seis pilares fundamentales para equiparar la competencia. En primer lugar, se propone la simplificación tributaria, unificando cargas y eliminando tasas e impuestos en cascada para aliviar las más de 900 horas anuales que las empresas dedican exclusivamente a trámites impositivos. En segundo lugar, se destaca la necesidad de estabilidad fiscal por al menos 10 años, evitando la creación de nuevos impuestos o cambios abruptos en las alícuotas para ofrecer previsibilidad.

El tercer pilar se centra en el acceso real al crédito, ampliando líneas en moneda local y extranjera para reducir la dependencia de recursos propios. Como cuarto punto, se sugieren beneficios por reinversión, que incluyan la exención o diferimiento del impuesto a las ganancias sobre utilidades reinvertidas en capital productivo o innovación. El quinto eje apunta a los incentivos para exportar y encadenar con proveedores locales, mediante la desgravación temporal de exportaciones y beneficios para quienes provean a los grandes proyectos. Finalmente, se incluye el apoyo a la transición digital y capacitación mediante créditos fiscales.

El potencial económico de implementar estas medidas es significativo. Se estima que el ahorro privado en Argentina, situado fuera del sistema financiero formal en depósitos y efectivo, supera los 250.000 millones de dólares. Según la consultora, captar apenas entre el 5% y el 10% de esos fondos mediante los incentivos correctos podría volcar entre 12.000 y 25.000 millones de dólares a la inversión productiva local, generando empleo formal y competitividad genuina.

Para finalizar, Di Pace concluyó que la experiencia del RIGI demuestra que los incentivos bien diseñados funcionan y que el desafío pendiente es trasladar esta lógica a las PyMEs locales, transformando la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento económico real y sostenible.

El director de la consultora enfatizó que mientras el RIGI Pyme siga postergado en el Congreso, la brecha entre grandes inversores y empresas locales persiste, limitando el desarrollo de un sector que sostiene más de la mitad del empleo formal y constituye el corazón de la economía argentina. El camino hacia un crecimiento inclusivo, cerró, depende de convertir esta potencialidad en políticas concretas capaces de transformar recursos ociosos en inversión, empleo y competitividad.

La nota original fue publicada en Infobae.