En el marco del evento Argentina Week 2026, que se realizará entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York, el Gobierno aprovechará uno de los paneles principales para darle visibilidad internacional al proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. La exposición estará a cargo de Alejandro Núñez, presidente de Trenes Argentinos Cargas, quien contará con 15 minutos en el escenario para presentar el proyecto ante inversores, bancos y organismos multilaterales.

Según fuentes cercanas al Gobierno, el objetivo no será buscar oferentes directamente en ese ámbito, que tiene más de 300 invitados, sino “darle visibilidad al proyecto” y, en paralelo, avanzar en conversaciones con organismos de financiamiento internacional.

“Argentina ha hecho las cosas muy bien en términos económicos y estructurales, pero todavía no tiene muchos proyectos concretos para un público inversor internacional. Uno de los pocos que sí existen es la privatización de Belgrano Cargas”, señaló un entendido de la materia.

En ese marco, el Gobierno mantiene conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Financiera Internacional -brazo financiero del Banco Mundial- y la agencia federal Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos. Además, en Nueva York estarán presentes bancos internacionales.

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El financiamiento internacional buscaría rubricar la inversión de los futuros actores privados que tomen la concesión de la empresa. “Cada entidad privada presenta su propio modelo de negocio y se lo presenta a la institución financiera, que definirá monto a prestar, tasa y plazo”, explica la fuente en diálogo con Ámbito.

En paralelo, el equipo oficial organizará otro evento en el Consulado Argentino en Nueva York, con capacidad para 40 o 50 personas, orientado a cuadros técnicos de entidades financieras y analistas especializados.

“Argentina Week es un evento de muy alto rango; pero solo habrá 20 minutos para contar y darle visibilidad al proyecto. En el consulado es donde realmente habrá un intercambio más técnico”, entiende una fuente que tendrá participación especial en el evento.

El consorcio de cerealeras espera los pliegos para fines de marzo

La privatización contempla una inversión mínima obligatoria en vías cercana a los u$s800 millones entre los tres ramales, el Belgrano, el San Martín y el Urquiza. ¿Cuánto podrá conseguir el Gobierno de inversores internacionales? Aspira a obtener entre el 50% y el 70% del financiamiento de capital.

Los pliegos, según confirmaron, están terminados del lado técnico y atraviesan la etapa de revisión final. “Seguramente esté listo para publicarse a fines de marzo”, comentan a este medio. El objetivo es finalizar el proceso este año. “Tenemos que terminar el año con esto entregado al sector privado”, concluyeron.

En ese sentido, el presidente Javier Milei señaló en su discurso de la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso: “En un año tendremos toda la red experimentando su modernización más grande en más de un siglo”.

El modelo prevé fuertes inversiones durante los primeros seis años y una reducción progresiva de costos logísticos. El objetivo es que el tren pase de transportar del 5% al 20% de la carga en pocos años, con los ferrocarriles concentrados en trayectos cortos entre pueblos y estaciones ferroviarias.

La expectativa privada también incluye, en el mediano plazo, sumar el transporte de minerales como cobre, plata y litio del norte argentino.

Por el potencial del proyecto, y tras el cambio en el diseño original de la licitación para la habilitación de ofertas integrales por activos y operación, las grandes cerealeras no tardaron en aparecer para disputar la concesión de la empresa. Así, constituyeron legalmente el Consorcio Pro-Ferrocarril Belgrano, integrado por: Aceitera General Deheza (AGD), vocera del grupo, Dreyfus, Cargill, Asociación de Cooperativas Argentinas y Bunge, recientemente fusionada con Viterra.

Entre las cinco empresas representan el 85% de la carga actual del Belgrano Cargas, cuyo principal producto son cereales y oleaginosas con destino a los puertos del Gran Rosario.

El planteo del consorcio es directo: si concentran la carga y pueden incrementarla mediante inversión en vías y logística -incluidas estaciones- competirán por la concesión, considerando al Belgrano Cargas estratégico para mejorar competitividad internacional.

Actualmente, según remarcan, el costo por tonelada de un camión que traslada maíz desde Salta a Rosario es más caro que enviar esa tonelada por barco desde Rosario a Vietnam.

El grupo ya confirmó que competirá y se encuentra a la espera de la última versión del pliego.

El peso del acuerdo EEUU–Argentina en la presentación del proyecto

Una fuente vinculada al sector agroexportador plantea una explicación más profunda respecto de la presentación del plan de privatización en New York: el proyecto aterriza en territorio norteamericano en el marco de la acuerdo comercial firmado con Estados Unidos. “No me extrañaría que los pliegos pasen por Washington”, analiza.

En ese acuerdo aparecen referencias a la participación de empresas estadounidenses para la inversión en sectores estratégicos e importación por parte de Argentina de bienes de capital usados, vehículos y partes.

Los puntos mencionados en el acuerdo son los siguientes:

• Argentina facilitará la inversión de empresas estadounidenses en sectores estratégicos, incluyendo: minerales críticos, energía (incluyendo hidrocarburos, energías renovables e infraestructura asociada) e infraestructura logística vinculada a exportaciones energéticas.
• Argentina otorgará trato no menos favorable que el otorgado a inversionistas nacionales o de terceros países, sujeto a su legislación interna.
• Las partes cooperarán para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro estratégicas.

Y detalló una serie de compromisos específicos:

• Bienes Usados y Remanufacturados: Argentina, respecto de su prohibición de importación de bienes usados, eximirá bienes de capital adicionales, incluidos equipos de construcción, agrícolas y mineros y dispositivos médicos, mediante la modificación de la normativa relacionada con el Decreto 273/2025, y continuará trabajando con los Estados Unidos para ampliar el acceso al mercado para bienes remanufacturados.
• Vehículos Automotores y Partes: Argentina aceptará, conforme a sus leyes y reglamentos, vehículos y partes fabricados conforme a las Normas Federales de Seguridad Vehicular de EE.UU. (FMVSS) y estándares de emisiones de EE.UU., y vendidos en Estados Unidos, aceptando los procedimientos de cumplimiento estadounidenses sin requisitos adicionales de conformidad.

Según la fuente consultada, el Gobierno buscaría encuadrar la presentación de la privatización de Belgrano Cargas dentro de este esquema de infraestructura estratégica, junto con Urquiza, San Martín y Ferrosur (que conecta Vaca Muerta con Bahía Blanca). “El Gobierno está bastante urgido de lograr que esto salgan rápido por el famoso tema dólares”, afirmó.

Luis Caputo, ministro de Economía, señaló en recientes declaraciones que se avanzará en la privatización o concesión de empresas como AySA, Intercargo y Belgrano Cargas, y la venta de acciones de Transener. “Van a estar todas traccionando a partir de junio de este año” y “va a dar buen impulso a la economía”, aseguró.

Sin embargo, el cronograma tentativo que se analiza en el consorcio contempla la apertura de sobres y la revisión técnica entre agosto y octubre, con eventual adjudicación en noviembre. “Los dólares que lleguen quizás no se vean en 2026”, dijo una de las fuentes.

El proyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación contempla, además de la baja de la edad de imputabilidad, la creación de “institutos especializados de detención”. Cómo funcionarán, qué objetivos perseguirán y quiénes estarán a cargo de los establecimientos.

El presidente Javier Milei, junto con los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, y de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora Patricia Bullrich, trazaron los lineamientos de la iniciativa que será tratada el miércoles en la Cámara de Diputados y que, entre sus principales objetivos, apunta a reducir a trece años la edad mínima de punibilidad.

El texto ingresó en las últimas horas a los despachos legislativos, pero aún no tiene el respaldo necesario para ser aprobado, ya que, como informó Ámbito, sectores de la oposición cuestionan el umbral etario propuesto por La Libertad Avanza (LLA). De no mediar cambios, correrá riesgo de ser rechazado.

Sin embargo, el oficialismo negocia voto a voto para que sea aprobado antes de que finalice el período de sesiones extraordinarias, el cual concluirá a finales de febrero. Entre los puntos salientes del texto, también se propone la creación de institutos de detención para menores.

Especialistas coinciden en que estadísticas de delitos juveniles no justifican bajar edad de imputabilidad

Creación de Institutos de detención para menores

El Capítulo 8 marca los principios generales sobre los que, en caso de ser sancionado, deberá sustentarse la reglamentación e implementación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, plantea que el adolescente detenido “deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención”, separado de la sección de los adultos.

El establecimiento carcelario debe ser adecuado para el tratamiento de menores y contar con personal especializado en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal. Además, determina que “deberá ser dirigido por personal capacitado”, aunque no especifica el tipo y nivel de capacitación.

La creación de los institutos perseguirá el objetivo de mantener a los adolescentes alojados en secciones diferentes de aquellas en las que se encuentran personas mayores de edad. Según plantea el texto oficial, deberán ser alojados “en módulos especiales”.

Las reglas y criterios de detención de adolescentes

Cada lugar de alojamiento estarán regidos por una serie de reglas. Por un lado, ningún adolescente imputado o condenado podrán tener contacto con personas detenidas mayores de edad. Recién podrán ser trasladados a establecimientos penitenciarios para adultos una vez que alcance la mayoría de edad y mientras aún no hubiere concluido la pena establecida.

También remarcan que los lugares de detención de adolescentes deberán contar, en lo posible, con módulos separados organizados en base a una serie de criterios. Se mencionan por un lado las características personales y condiciones de salud del detenido, su edad (debiéndose procurar el respeto de las franjas etarias), la identidad cultural y educativa y la naturaleza cautelar o punitiva de la privación de la libertad.

Otro aspecto que contempla el proyecto tiene que ver con la atención médica, psicológica y psiquiátrica de los detenidos. En ese sentido, deberá garantizarse “el acceso a asistencia médica y psicológica a cargo de profesionales de la salud especializados en adolescentes”.

Asimismo, aclaran que, en caso de que el menor deba ser atendido fuera del establecimiento, solo “el tribunal competente podrá autorizar las salidas” del lugar de detención, a menos que existan condiciones “de urgencia” que también deberán ser notificadas al juzgado.

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Educación y capacitación laboral

El proyecto también refiere a las características de la detención, la cual deberá tener una serie de objetivos. Se deberá orientar a la educación del adolescente, pero también apuntará a brindar formación, ambos puntos enfocados en la “resocialización y reinserción social del adolescente”.

El artículo 31 pone énfasis sobre las actividades a las que deberá poder acceder el adolescente para formarse y capacitarse con miras a una salida laboral futura. “El adolescente privado de la libertad tendrá derecho a recibir formación y capacitación laboral a fin de lograr una futura inserción social y laboral”, señala.

Aclaran que deberá brindarse “en lo posible” una “amplia oferta de cursos y talleres” que le permitan elegir entre aquellos de acuerdo con sus intereses y capacidades.

Los establecimientos deberán contar con espacios que permitan promover actividades deportivas, culturales, religiosas y recreativas de acuerdo “a la preferencia del adolescente y recreativas” y que, al igual que los cursos profesionales, persigan el objetivo de lograr “una efectiva inclusión social” cuando el menor cumpla su condena.

Por último, el proyecto indica que los institutos deberán realizar un informe trimestral de cada adolescente a fin de conocer su situación durante el proceso de detención. El encargado de redactar y aprobar la evaluación será “el director del instituto especializado o de la sección separada de un establecimiento penitenciario” y deberá enviar las conclusiones a la autoridad judicial.

Un reciente informe elaborado por la consultora Focus Market pone de manifiesto la profunda disparidad fiscal y operativa que divide actualmente a la economía argentina. El relevamiento expone la brecha existente entre las grandes compañías que acceden al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). El dato más contundente que arroja el estudio es la diferencia en la carga impositiva: la presión fiscal efectiva que recae sobre el sector pyme se ubica en torno al 45%, mientras que los proyectos amparados bajo el nuevo régimen de promoción gozan de una carga significativamente menor, que oscila entre el 20% y el 25%.

El análisis subraya que el RIGI fue diseñado por el gobierno de Javier Milei como una herramienta central para atraer capitales extranjeros y reactivar la economía, apuntando especialmente a sectores intensivos como la energía y la minería. Sin embargo, su implementación ha derivado en un escenario de dos velocidades. Por un lado, las grandes corporaciones globales operan con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales; por el otro, el 99% del tejido empresarial local enfrenta condiciones estructurales desventajosas que dificultan su competitividad.

Al respecto, Damián Di Pace, director de Focus Market, recordó que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones se consolidó como una de las estrategias del gobierno para reactivar la economía a través de la llegada de capitales extranjeros. Según el analista, presentado como un motor de arranque para la inversión, el régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios excepcionales, con estabilidad normativa garantizada por 30 años. Di Pace agregó que la meta es atraer proyectos de gran envergadura, en sectores intensivos en capital y de largo plazo, donde la previsibilidad resulta clave para decidir inversiones, aunque advirtió que el gran desafío ahora es cómo lograr el crecimiento de la inversión privada local.

Desde su puesta en marcha en julio de 2024, el RIGI ha permitido la aprobación de proyectos por un valor superior a los 15.700 millones de dólares. Entre los incentivos que facilitaron estos desembolsos se destacan la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la exención gradual de derechos de exportación y la eliminación de aranceles para la importación de bienes de capital. A esto se suma la libertad para disponer de las divisas generadas, un factor determinante para las inversiones de largo plazo que contrasta con las restricciones del resto de la economía.

Asimetrías en la carga fiscal y burocrática

La comparación con la realidad de las pymes, responsables de más del 60% del empleo formal en el país, revela desventajas estructurales. El informe detalla que una empresa fuera del régimen debe afrontar una alícuota del 35% en el Impuesto a las Ganancias, diez puntos porcentuales por encima de las beneficiarias del RIGI. La diferencia se profundiza en el comercio exterior: mientras el régimen de fomento exime el pago de derechos de importación, las pymes deben abonar aranceles habituales que varían entre el 7% y el 14% en promedio según el producto.

La situación se repite en los derechos de exportación. El esquema para grandes inversiones prevé exenciones totales a partir de los dos o tres años de iniciado el proyecto, mientras que el resto de las compañías tributa un promedio del 8% al 12%. Asimismo, el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) marca otra distinción relevante: el RIGI permite la cancelación mediante Certificados de Crédito Fiscal, un mecanismo mucho más ágil que los complejos regímenes de saldo a favor, IVA diferido o reintegros que deben gestionar las empresas locales.

Uno de los puntos más críticos señalados en el estudio es la estabilidad normativa. Los proyectos RIGI cuentan con una garantía de estabilidad por 30 años, lo que blinda sus operaciones frente a cambios políticos o económicos futuros. En la vereda opuesta, las pymes operan bajo una alta volatilidad regulatoria y una burocracia extensa. Según los datos recopilados por la consultora, abrir una empresa en Argentina requiere un promedio de 4.496 horas, y mantener la operación dentro de la formalidad demanda otras 2.156 horas al año, cifras que ubican al país en uno de los niveles más altos de complejidad administrativa de toda Latinoamérica.

El costo del financiamiento y la operación

El informe también aborda las dificultades de financiamiento y los costos operativos que enfrentan las empresas nacionales. En lo que va de 2025, unas 62.116 pymes lograron acceder a créditos respaldados por Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y fondos públicos. Si bien esto representa un avance, el número resulta insuficiente frente a un universo total de más de 600.000 firmas registradas. Además, el 77% de las empresas que acceden a estas herramientas son microempresas. Por el contrario, los beneficiarios del RIGI acceden a financiamiento directo de capital externo sin las restricciones del mercado local.

En el plano de los costos, la energía industrial también juega en contra de la competitividad local, con una tarifa promedio de 96 dólares por MWh, manteniéndose por encima de los niveles más competitivos de la región. A esto se suma la presión sindical y la rigidez de los convenios colectivos de trabajo, que agregan complejidad a la gestión diaria. El estudio subraya además que las pymes poseen una alta dependencia de insumos importados y enfrentan un acceso a divisas condicionado por declaraciones juradas, plazos y regulaciones del Banco Central, mientras que el RIGI garantiza la libre disponibilidad y liquidación de divisas.

El contraste evidencia que las pequeñas y medianas empresas se encuentran en una desventaja estructural que limita su capacidad de crecimiento. Este desequilibrio plantea la necesidad urgente de pensar en un esquema de incentivos equivalente para medianas y pequeñas empresas, que permita canalizar recursos hacia el sector productivo local y fortalecer el entramado laboral existente.

Hacia un régimen de incentivo pyme

Ante este escenario, el informe plantea la necesidad de avanzar en un esquema de incentivos para las empresas locales. La discusión sobre un “RIGI PyME” ya tiene antecedentes en el proyecto de ley RIMI, presentado en noviembre de 2024 bajo la iniciativa de Promoción de Inversiones y Empleo. Esta propuesta contempla inversiones desde 150.000 dólares para microempresas hasta 30 millones de dólares para medianas y grandes, ofreciendo beneficios como amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido tratado en la Cámara de Diputados, prolongando la desigualdad de condiciones.

Focus Market detalla que un régimen orientado a pymes debería basarse en seis pilares fundamentales para equiparar la competencia. En primer lugar, se propone la simplificación tributaria, unificando cargas y eliminando tasas e impuestos en cascada para aliviar las más de 900 horas anuales que las empresas dedican exclusivamente a trámites impositivos. En segundo lugar, se destaca la necesidad de estabilidad fiscal por al menos 10 años, evitando la creación de nuevos impuestos o cambios abruptos en las alícuotas para ofrecer previsibilidad.

El tercer pilar se centra en el acceso real al crédito, ampliando líneas en moneda local y extranjera para reducir la dependencia de recursos propios. Como cuarto punto, se sugieren beneficios por reinversión, que incluyan la exención o diferimiento del impuesto a las ganancias sobre utilidades reinvertidas en capital productivo o innovación. El quinto eje apunta a los incentivos para exportar y encadenar con proveedores locales, mediante la desgravación temporal de exportaciones y beneficios para quienes provean a los grandes proyectos. Finalmente, se incluye el apoyo a la transición digital y capacitación mediante créditos fiscales.

El potencial económico de implementar estas medidas es significativo. Se estima que el ahorro privado en Argentina, situado fuera del sistema financiero formal en depósitos y efectivo, supera los 250.000 millones de dólares. Según la consultora, captar apenas entre el 5% y el 10% de esos fondos mediante los incentivos correctos podría volcar entre 12.000 y 25.000 millones de dólares a la inversión productiva local, generando empleo formal y competitividad genuina.

Para finalizar, Di Pace concluyó que la experiencia del RIGI demuestra que los incentivos bien diseñados funcionan y que el desafío pendiente es trasladar esta lógica a las PyMEs locales, transformando la desigualdad en oportunidad y el ahorro privado inactivo en un motor de crecimiento económico real y sostenible.

El director de la consultora enfatizó que mientras el RIGI Pyme siga postergado en el Congreso, la brecha entre grandes inversores y empresas locales persiste, limitando el desarrollo de un sector que sostiene más de la mitad del empleo formal y constituye el corazón de la economía argentina. El camino hacia un crecimiento inclusivo, cerró, depende de convertir esta potencialidad en políticas concretas capaces de transformar recursos ociosos en inversión, empleo y competitividad.

La nota original fue publicada en Infobae.

La desaceleración del consumo y el avance de las importaciones están generando un impacto profundo en la industria nacional. En este contexto, una de las marcas más emblemáticas del sector metalúrgico —conocida por sus “ollas indestructibles”— tomó una decisión que encendió las alarmas gremiales: Essen despidió a 30 trabajadores de su planta ubicada en Santa Fe.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, la compañía inició un proceso de reemplazo parcial de su producción local por artículos terminados importados. Este cambio en la estructura productiva derivó en una reducción del 10% de su plantilla.

Importaciones y recorte productivo

El conflicto se profundizó cuando la empresa resolvió sustituir cerca del 45% de su manufactura nacional con componentes provenientes de China. La medida, combinada con la fuerte caída de la demanda interna, provocó la paralización de varias áreas de producción.

Oscar Infante, secretario general de la UOM de Venado Tuerto, expresó su preocupación por la situación que enfrentan los trabajadores. “Ha bajado la producción y los empleados lo ven día a día en sus puestos”, sostuvo. Desde el gremio denunciaron que la empresa estaría aprovechando el contexto económico para avanzar en un proceso de “achique” o reestructuración.

La inquietud del sindicato no se limita a Essen. Infante advirtió que Corven, otra de las firmas metalúrgicas más importantes de la provincia, también evalúa aplicar recortes de personal que podrían alcanzar a unos 40 operarios.

En un escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la apertura del mercado a productos importados, el panorama laboral en la industria metalúrgica santafesina se vuelve cada vez más delicado.

“Abróchense los cinturones”, el disparador de Javier Milei en su alocución en la Corporación América durante esta última semana es útil para graficar una crisis en el sector productivo que llegó para quedarse. En diálogo con Ámbito, un representante de la industria dijo que el sector está en alerta por una caída de la actividad que trae como consecuencia “altos niveles de incobrabilidad” y la ruptura del mercado.

“Tenemos que reventar stock para cubrir gastos corrientes”, explicó el dirigente que también es dueño de una fábrica en el conurbano bonaerense. En paralelo, las importaciones de bienes de consumo siguen creciendo. Según un trabajo del economista Martín Polo tocaron un techo de u$s1.190 millones este año por un aumento del 59,4% en las cantidades y a pesar de una baja en los precios del 6,7%.

Todo parece indicar que este será el panorama hacia adelante para los fabricantes locales: un mercado acotado por los bajos niveles de consumo y una mayor oferta por la apertura comercial y la ventaja cambiaria. Como en 2024, el Gobierno apunta a reanimar la demanda con el regreso del crédito.

La nota original fue publicada en Ámbito.

Luego del 2,1% de septiembre, la inflación presentó una leve aceleración en octubre, al alcanzar el 2,3%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este dato, la variación para los últimos doce meses fue de 31,3% y acumuló 24,8% en lo que va del 2025.

De acuerdo al informe del Indec, Transporte registró el mayor incremento mensual, con un 3,5%. A continuación, se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%. En cuanto a la incidencia regional en la variación del mes, Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%) fue el rubro de mayor impacto, salvo en la región Patagonia, donde ese lugar correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Por otro lado, Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura presentaron los aumentos más bajos, ambos con 1,6%. Entre las categorías, los precios estacionales encabezaron el alza con 2,8%, seguidos por los regulados (2,6%) y el IPC núcleo (2,2%), que no contempla ni regulados ni estacionales.

Cabe destacar que el mes pasado se vio atravesado por las elecciones legislativas nacionales y por ende, la incertidumbre y la volatilidad cambiaria aumentó. Estos dos factores incidieron en el avance de 0,2 puntos porcentuales en el IPC del mes pasado. El traslado a precios de las variaciones del dólar continúa en niveles bajos, considerando el estancamiento de la actividad y del consumo en particular.

Tras conocerse el dato de inflación, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que variación interanual del indicador inflacionario registró “dieciocho meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior” y subrayó que “esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018”.

Al mismo tiempo, el titular del Palacio de Hacienda ponderó que la dinámica inflacionaria acumulada en los primeros 10 meses del año fue “la menor para este período del año desde 2017 (19,4%)”. “La media móvil de 6 meses de la inflación general continuó descendiendo y se ubicó en 1,88%, siendo la más baja desde enero de 2018”, sumó.

“Así, el proceso de desinflación continuó a pesar de la caída en la demanda de dinero generada por la incertidumbre electoral y los intentos de la oposición de romper el ancla fiscal en los últimos meses. Esto refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario en reducir el impacto de la volatilidad financiera sobre el poder adquisitivo de los argentinos”, concluyó Caputo en su cuenta de X.

Vale mencionar que el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había anticipado una inflación de 2,2% para octubre.

En relación a las proyecciones de los próximos meses, los principales analistas del mercado estiman que el IPC será de 1,9% en noviembre, de 2% en diciembre y de 1,8% en enero de 2026. Esperan que 2025 cierre con un nivel general de precios del 29,6%.

El presidente Javier Milei afirmó semanas atrás: “Pasada la pirotecnia electoral, hay un consenso a donde tiene que ir la Argentina. Mi compromiso es con los argentinos: bajar la inflación. El 30% me produce asco. Nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado. Si el rezago de la política monetaria, acorde a nuevos estudios que dicen que son 26 meses, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero”.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó que bajar la inflación del 2% “es más difícil” que reducirla de porcentajes de dos cifras. Sin embargo, vaticinó que “dentro de los próximos doce meses, la Argentina va a ir convergiendo a inflaciones internacionales”. En ese sentido, deslizó que podría perforar el 1% mensual hacia mediados de 2026.

El IPC nacional se ubicó en línea con el nivel general de precios registrado en igual mes en la Ciudad de Buenos Aires, que mostró una suba del 2,2%. De esta manera, el índice porteño marcó mismo incremento que en septiembre, pese a las presiones cambiarias en un contexto de volatilidad electoral, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (Idecba).

En los primeros diez meses del año, la inflación en la Ciudad acumuló 25,3%, mientras que la variación interanual alcanzó 33,6%, lo que implica una baja de 1,4 puntos porcentuales respecto de septiembre.

Las divisiones con mayor incidencia en el alza general fueron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Restaurantes y hoteles, Transporte y Salud, que en conjunto explicaron 64,8% de la variación total. El Idecba precisó que todas las divisiones aportaron de manera positiva al índice.

Entre los sectores con mayores aumentos interanuales se destacaron Seguros y servicios financieros (62%), Educación (44,8%), Salud (37,3%), Vivienda y servicios básicos (38,8%) y Restaurantes y hoteles (38,1%).

También sobresalieron Recreación y cultura, con un incremento mensual del 3,2% y 36,1% interanual, y Cuidado personal, protección social y otros productos, que subió 3,3% en el mes y 39,1% en los últimos doce meses.

La nota original fue publicada en Infobae.

El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, pagó durante años los impuestos inmobiliarios de tres departamentos en el estado de Florida cuyas valuaciones superan los 2 millones de dólares, propiedades que nunca declaró como funcionario público ante la Oficina Anticorrupción (OA), según surge de nueva documentación pública oficial del condado de Miami-Dade que obtuvo LA NACION.

Esos documentos oficiales muestran que Vázquez abonó los impuestos a título personal, con cheques electrónicos (“e-checks”) emitidos a su nombre, sobre tres propiedades ubicadas en las avenidas Brickell números 495 y 1060 de Miami, y en Collins número 17.475 de Sunny Isles, en el extremo sudeste de Estados Unidos. Según dos fuentes con acceso a las actuaciones judiciales, todavía no está comprobado si Vázquez declaró esos inmuebles y/o el entramado societario utilizado ante el organismo para el cual trabaja: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).

Vázquez administra dos de esas propiedades en Florida –la tercera la vendió–, mediante un esquema de sociedades offshore que controla desde hace trece años. Esas compañías, de acuerdo a la documentación disponible, continúan activas. La estructura abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para controlar los inmuebles en Miami.

LA NACION, en una investigación conjunta con el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP), reveló la existencia de esas tres propiedades en diciembre pasado, lo que generó la apertura de una investigación judicial por la presunta comisión de los delitos de omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos.

La pesquisa quedó primero en manos del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Rívolo, quien requirió exhortos a Estados Unidos y varios paraísos fiscales. En septiembre Vázquez hizo una presentación a partir de la cual logró que el expediente pasara al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Guillermo Marijuán (que ya instruían otra causa sobre él).

La investigación judicial se encuentra ahora en pleno desarrollo, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. El juez ordenó múltiples medidas que solicitó el Ministerio Público Fiscal; es decir, Marijuán y dos fiscalías especializadas: las procuradurías de Investigaciones Administrativas (PIA) y de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Designado en octubre de 2024 por el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria, al asumir Vázquez colocó en puestos estratégicos a su pareja y a colegas de su confianza del área de fiscalización, varios de los cuales habían acumulado cuestionamientos por su rol dentro de la AFIP durante las investigaciones sobre Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros íconos kirchneristas.

LA NACI0N consultó al funcionario desde el jueves. Le envió una serie de preguntas escritas, a través de una vocera, pero al cierre de esta edición no había respondido.

Cuáles son los inmuebles

Funcionario desde 1990 de la por entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Vázquez se convirtió con el paso de los años en un referente clave del área de inteligencia fiscal del ente recaudador y director de la estratégica Regional Sur Metropolitana entre 2009 y 2016, período en el que afrontó denuncias penales; entre otras, por un operativo contra el Grupo Clarín durante el apogeo del kirchnerismo.

Fue también durante el kirchnerismo cuando Vázquez adquirió los tres inmuebles en Miami. Los compró entre 2013 y 2015, a nombre de la firma Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, según surge de documentos oficiales de esa ciudad. Meses después, Vázquez reconfiguró la estructura y las tres propiedades quedaron bajo las órbitas de Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, dos sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI).

La ley de ética pública, de 1999, obliga a los funcionarios estatales a presentar una declaración jurada al año en la que consten todas las propiedades y bienes a su nombre o a los de su familia inmediata.

El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp adquirió la unidad 3504 en el complejo Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por 710.000 dólares. Un día después, esa misma sociedad compró otro departamento, en el 1060 de la avenida Brickell, por 350.000 dólares. Y en 2015, Pompeya Group Corp compró la tercera propiedad, la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles Beach, por 980.000 dólares.

Según la documentación tributaria y registral que obtuvo LA NACION, el primer inmueble es un condominio de 140 metros cuadrados. El 29 de noviembre de 2014 figura que “Andrés E. Vázquez” pagó 13.649,91 dólares en concepto de “Real Estate Property Tax” con el echeck 15-070721; en 2015, “Andrés Edgardo Vázquez” pagó 14.051,70 con el echeck 16-113095; y en 2016 fueron 13.798,24 con el echeck 17-022080, práctica que continuó hasta que a partir de 2019 Alcorta Group se encargó del pago anual.

Según esa misma documentación, el segundo inmueble está tasado hoy en 419.200 dólares. Y el mismo día de 2014, 29 de noviembre, y con el mismo echeck que usó para pagar la propiedad anterior -el 15-070721-, “Andrés E. Vázquez” pagó 8077,24 dólares en concepto de “Real Estate Property Tax”. Y también figuró por su nombre completo al abonar las obligaciones en 2015 y 2016, siempre con cheques electrónicos.

El tercer inmueble, en tanto, se trata de un condominio de 136 metros cuadrados y en 2019 fue puesto otra vez en el mercado con una valuación de 1.190.000 dólares. Como en las anteriores dos propiedades, “Andrés Edgardo Vázquez” figura como el que pagó el impuesto inmobiliario con echecks entre 2016 y 2018, para luego figurar Alcorta Corp.

De Vázquez a los inmuebles

Los registros tributarios del condado de Miami no son el único eslabón que conecta a Vázquez con los tres inmuebles. En la sociedad Panchy Ventures Limited aparece en los registros junto a Silvia Ivone Rodríguez –su primera esposa, también funcionaria de la AFIP–, con un título de copropiedad con derecho de supervivencia, y un paquete de 50.000 acciones que repartieron entre ambos por mitades, hasta que la sociedad se disolvió en 2022.

En la sociedad Galanthus Capital Limited, Vázquez figura como único director de la compañía creada por el bufete Trident Trust, que lo categorizó como cliente de riesgo por su condición de funcionario público y “Persona Políticamente Expuesta (PEP)“, por lo que abrió un legajo de ”debida diligencia reforzada“. En ese legajo constan la fotocopia de su pasaporte, su email personal y una dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, la misma que obra en su pasaporte.

La reconocida simpatía futbolística de Vázquez aportó un último dato que lo ata al entramado. Identificado con el club Huracán, su correo electrónico privado alude a ese club (”La Quema”), y los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a esa institución: el estadio de Huracán queda sobre la avenida Alcorta, en el barrio de Pompeya.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/politica/andres-vazquez-jefe-de-la-dgi-pago-con-cheques-a-su-nombre-impuestos-de-tres-condominios-en-miami-nid07112025/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPNTY3MDY3MzQzMzUyNDI3AAGnHHfb3TNngnK9siXUA669_vVu_nNWT_HlxOhaiLV8VBRrPkPDXN5V8kQ0t08_aem_on8MHIyT_GoY-dFtFiMD-w

La nota original fue publicada en LA NACION.

6 de noviembre 2025 – 14:49

El diputado nacional preside la comisión de relaciones exteriores. La justicia lo investigó en 2021 por cuentas no declaradas en el exterior.

El gobierno nacional postuló a Fernando Iglesias como embajador argentino ante la Unión Europea, un cargo vacante hace más de un año en la sede diplomática de Bruselas. El diputado nacional es actualmente titular de la comisión de relaciones exteriores en la Cámara Baja y la propuesta de designación deberá ser aprobada en la comisión de acuerdos del Senado.

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Iglesias es un diputado cercano a Milei que suele asistir a las ceremonias de designaciones en Casa Rosada. La semana pasada estuvo sentado junto a Daniel Scioli en la jura de Pablo Quirno como nuevo Canciller, y ya había acompañado al Presidente en algunos viajes como la cumbre del G 7 en Italia celebrada el año pasado.

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Además de profesor de volley, la formación académica de Iglesias publicada en la web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación incluye el título de bachiller de la Escuela Normal Superior de Avellaneda (ENSPA), técnico Superior en periodismo (TEA) y licenciado del programa Alto Rendimiento Deportivo (ARD) de la Universidad de Lomas de Zamora (Facultad de Ciencias Sociales).

La denuncia contra Fernando Iglesias

Iglesias fue además investigado por la Justicia en una causa donde en 2021 se dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre y se solicitaron sus declaraciones juradas a distintos organismos, en el marco de una denuncia en la que estaba imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. El caso fue denunciado en febrero del 2021 pasado por el diputado Rodolfo Tailhade y lo llevó adelante el fiscal Ramiro González en un expediente que quedó radicado ante el juez Sebastián Casanello. Fue el diputado Tailhade quien informó sobre cuentas en el exterior que se atribuyen a Fernando Iglesias. Se trata de cuentas bancarias que según el denunciante nunca fueron consignadas en las declaraciones juradas que presentó en su carácter de funcionario público.

Iglesias logró acercarse a LLA a partir de su alineamiento con Patricia Bullrich dentro de la interna del PRO y es uno de los dirigentes que apoya la absorción del partido de Mauricio Macri por la agrupación que conduce Karina Milei. Luego de la ultima y tensa reunión del Presidente con el jefe del PRO en Olivos, Iglesia destacó la cercanía entre el partido amarilo y La Libertad Avanza, afirmando que la reunión entre Macri y Milei va en sintonía con esa relación.

Originario de la Coalición Cívica de Elisa Carrió en su primera etapa, Iglesias fue un férreo defensor de la presidencia de Mauricio Macri y luego se pegó a La Libertad Avanza. De avanzar la propuesta de designación, el diputado ocupará la sede diplomática en Bruselas, vacante desde que en junio se oficializó en el Boletín Oficial el traslado de su último embajador, Atilio Berardi.

Acuerdo con la Unión Europea

El diputado termina su mandato el 10 de diciembre en el Congreso y no renovó su banca en las legislativas del 26 de octubre en medio de las tratativas con la Casa Rosada para saltar definitivamente al muno diplomático a pesar de no haber pisado nunca el Servicio Exterior de la Nación. De confirmarse su designación tendrá un rol clave a partir del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Union Europea que podría tener avances el mes próximo.

En diciembre, Brasil será anfitrión de la cumbre semestral del Mercosur donde se debatirán detalles del estratégico acuerdo con la Union Europea justo cuando el gobierno de Javier Milei se inclina por un acuerdo comercial y arancelario con los Estados Unidos. El canciller brasileño Mauro Vieira afirmó esta semana que la intención de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, es firmar el acuerdo comercial este 20 de diciembre en Río de Janeiro. El intercambio comercial entre ambas regiones alcanza los 109.500 millones de euros (USD 115.904 millones) anuales, y en 2023 la UE representó el 16,9% del comercio total del Mercosur. La UE es el segundo socio comercial más inportante del bloque sudamericano, detrás de China.

Tierra del Fuego 04/11/2025.- Las fotos son recientes: el presidente Javier Milei recorriendo las instalaciones de Newsan en Ushuaia, aplaudido por directivos de la firma e incluso trabajadores. Rubén Cherñajovsky, fundador del grupo, y Luis Galli, su CEO, lo recibían con bombos y platillos como símbolo de “la nueva etapa del país productivo”. Algunas semanas después, esa misma empresa protagoniza una ola de despidos que deja a unos 150 trabajadores en la calle, violando el acuerdo de estabilidad laboral vigente en la provincia.

Los telegramas llegaron sin previo aviso. Según denunciaron los propios trabajadores, fueron despedidos sin causa —incluso algunos estando de vacaciones, con licencia médica o en tratamiento de salud—. “Nos echaron a todos por igual, sin previo aviso. Hay compañeros con más de 14 años de antigüedad que se enteraron de un día para el otro”, relató uno de los operarios afectados, visiblemente indignado.

El golpe fue doble: no solo por la pérdida del empleo en un contexto de crisis, sino también por la sensación de traición. La empresa, que había firmado un compromiso de estabilidad laboral, actuó con el aval tácito de la conducción de la UOM Ushuaia, que —según los trabajadores— “miró para otro lado” mientras se concretaban las cesantías. “Nos sentimos abandonados. No hubo ninguna defensa del sindicato; fue una entrega total”, denunciaron los despedidos.

De acuerdo con los testimonios, la empresa cesanteó a todo el personal contratado que no integraba el Plan Joven, mientras que algunos beneficiarios de ese programa fueron reubicados sin capacitación y, en ciertos casos, asignados a tareas para las que no cuentan con libreta sanitaria ni formación específica. Un escenario que no solo vulnera derechos laborales básicos, sino que también expone irregularidades en materia de seguridad e higiene.

El contraste entre la imagen de prosperidad exhibida durante la visita presidencial y la realidad actual de los trabajadores resulta imposible de ignorar. Newsan, convertida en emblema del “nuevo modelo productivo” que Milei prometió impulsar, parece ahora replicar en el extremo sur del país las mismas lógicas de ajuste que el Gobierno nacional celebra desde Buenos Aires.

Mientras la dirigencia empresaria y política intercambia elogios y discursos de “eficiencia y libertad de mercado”, en los portones de la planta de Ushuaia la historia es otra: familias enteras que no saben qué pasará mañana, obreros que ven diluirse años de esfuerzo y un sindicato que calla frente a los atropellos.

En Tierra del Fuego, la promesa de “recuperar la industria nacional” se desvanece entre telegramas de despido y silencios cómplices.

La nota original fue publicada en La Licuadora TDF.

El Banco Central publicó el balance cambiario de septiembre y confirmó un dato que sorprendió a propios y extraños: la compra de dólares por parte de personas físicas alcanzó un récord histórico.

La Formación de Activos Externos (FAE) sumó USD 7.759 millones, el nivel más alto desde agosto de 2019. «FAE septiembre: 7.759 millones. El máximo valor desde agosto 2019. Tranquila, doña Rosa», ironizó el analista Federico Machado, de Economía Open.

La cifra es impactante por varias razones. Desde que el gobierno de Javier Milei firmó el acuerdo con el FMI en abril, la salida de divisas por FAE viene escalando mes a mes.

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que dirige Hernan Letcher resaltaron, en los últimos seis meses la fuga de divisas equivale al 169 % del crédito desembolsado por el propio Fondo durante el mismo período.

Los intereses de deuda y el turismo absorbieron el 82 % del saldo comercial de bienes desde que Milei asumió. Aunque la cuenta corriente cambiaria fue positiva en USD 5.510 millones por la liquidación récord del agro, tras la reducción de retenciones a 0 %, esa ganancia se evaporó rápidamente por la demanda privada de divisas.

¿Cómo vas a comprar 6.500 millones de USD en un mes? Somos una cosa divina los argentinos.

El sector de oleaginosas y cereales registró ingresos netos extraordinarios de USD 29.327 millones en los primeros nueve meses de 2025, con un salto de 348 % interanual solo en septiembre, impulsado por la baja impositiva. Como sintetizó el economista Juancito Nieve en X: «Eso financió la rebaja de retenciones. Los chacareros, en lugar de tener granos, ahora tienen dólares».

El balance del BCRA también mostró que el turismo y los consumos en el exterior volvieron a ocupar un rol central en la salida de divisas. El rubro de viajes y pasajes arrojó un déficit de USD 588 millones, y si se suma el gasto con tarjetas, transporte de pasajeros y agencias, el rojo asciende a USD 840 millones. A esto se suma el dato menos comentado: la inversión extranjera directa (IED) fue negativa en USD 437 millones, acumulando un saldo de USD 1.446 millones desde diciembre.

Desde Roma Equity Research sintetizaron el desconcierto del mercado con una frase irónica: «¿Cómo vas a comprar 6.500 millones de USD en un mes? Somos una cosa divina los argentinos».

El dato corresponde a la adquisición de dólares oficiales por personas físicas. En efecto apenas un millón ochocientas mil personas adquirieron USD 6.578 solo durante septiembre. La lectura es clara: «Vamos a necesitar un par de Bessents más», ironizó uno de los analistas consultados.

La nota original fue publicada en La Política Online.

Después de arrasar en las elecciones y ganar robustez en el Congreso, el Gobierno analiza la letra chica de una reforma laboral, incluida entre las transformaciones de “primer” y “segundo grado” previstas en el Pacto de Mayo durante el primer año de administración libertaria. Desde los gremios afirman que no se presentó una propuesta concreta en el marco del Consejo de Mayo y se atribuyen el bloqueo del capítulo laboral del decreto 70/2023 (fue suspendido por la Justicia).

El presidente Javier Milei tildó el régimen actual de “anacrónico” y propuso una nueva reglamentación en la que los empleadores y los trabajadores del sector informal puedan “acordar” y formalizar la relación. Las palabras del libertario surgieron un día después de las elecciones, aunque son cambios que el Gobierno analiza desde antes del gran evento de la democracia.

Un nuevo régimen laboral. ¿Cómo sería? En principio se analizan dos variantes: que el convenio de empresa tenga prioridad sobre el convenio de actividad o que, como ocurre actualmente, el convenio de actividad prevalezca, permitiendo que el de empresa solo pueda mejorar las condiciones del primero. Sin embargo, esta segunda opción es la que rige hoy, donde el piso de aumento lo establece la paritaria sectorial, mientras que el empleador puede otorgar mejoras adicionales según su situación. En definitiva, el trabajador queda cubierto con un incremento mínimo garantizado, aunque las empresas con más margen pueden mejorar las condiciones.

Si bien el proyecto de ley no es mismo que el presentado por la diputada de LLA Romina Diez, desde el oficialismo aseguran que podría servir como punto de partida, en línea con lo que ya se había contemplado en la vieja Ley Bases. No obstante, dado que esa iniciativa incluía indemnizaciones en cuotas y un aumento en la cantidad de horas laborales, entre otros cambios, el Gobierno remarca que no se incorporará ninguna medida que afecte derechos adquiridos de los trabajadores, según enfatizó el propio secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La reforma laboral -que estaría finalizada el 15 de diciembre- prevé que los convenios por empresa “ajusten sus cláusulas a las realidades de cada compañía, sus trabajadores y la región donde desarrolla su actividad económica”.

Para ello, afirman que se requiere una “modernización laboral” que debe darse en el marco del diálogo con empresarios y gremios. Sin embargo, estos últimos sostienen que las reuniones en torno al Consejo de Mayo no incluyeron una propuesta concreta. Lejos de eso, remarcan que solo se planteó la intención de ratificar las modificaciones previstas en el decreto 70/2023, que la propia CGT logró frenar mediante una cautelar.

“Cordero podrá decirle al empresariado lo que quiere escuchar en IDEA, pero para plantear una reforma de esta característica tienen que hablar con los gobernadores y la parte sindical”, insiste una alta fuente del sector, que niega que exista algo más que trascendidos de prensa y la exposición del titular de la Secretaría de Trabajo en el coloquio.

Paritarias previstas en la reforma laboral

Dentro de los puntos que analiza el Gobierno se encuentra la figura de “salario dinámico” que está atado al mérito del trabajador y la productividad de cada empresa. Si bien se presenta como uno de los ejes centrales de la modernización laboral, los aumentos por mérito de cada trabajador y la productividad actualmente existen, solo que los convenios colectivos funcionan como una red de contención, evitando remuneraciones por debajo de lo pactado.

De esta manera, el Gobierno busca incorporar objetivos de rendimiento y resultados en las negociaciones colectivas, acuerdos de empresa o individuales. La intención también sería dejar atrás la indexación de las remuneraciones por inflación que aún rige en varias negociaciones sectoriales.

Como el ancla salarial es una de las variables que utiliza el Gobierno para contener la inflación -junto con el control del tipo de cambio-, en el relevamiento mensual de 21 convenios colectivos de trabajo (CCT) que realiza CP-Consultores se observa que, en casi todos los meses de 2025, las paritarias quedaron por debajo de la inflación.

Aunque lo inverso ocurre en algunos meses de los promedios de incrementos salariales del INDEC: aumentan por encima de la inflación, y CP explica que esto se debe a los aumentos superiores a los previstos en las paritarias para los cargos jerárquicos y en los sectores que atraviesan una mejor situación. A modo de ejemplo, los salarios registrados (públicos y privados) subieron un 2,2% en julio, mientras que la inflación fue del 1,9%.

El Gobierno asegura que “el incremento salarial dinámico propone que el salario básico remunerativo se complemente con componentes variables vinculados al desempeño, la productividad y la eficacia”. De esta manera, plantea que la remuneración funcione como un “motor de mejora continua, con incentivos reales tanto para el trabajador como para la empresa”.

Además, destacan que “un sistema puramente solidario, donde todos perciben lo mismo sin importar el esfuerzo o los resultados, desincentiva la productividad y promueve la mediocridad”. “El objetivo es eliminar rigideces que frenan la creación de empleo, simplificando procesos y modernizando normas, manteniendo y fortaleciendo los derechos esenciales de los trabajadores”, resumen.

Aspectos evaluados para incluir en la reforma

Entre las reformas mencionadas por el Presidente, que podrían discutirse dentro de los convenios colectivos de trabajo, se encuentran:

• Digitalización de los procesos de registro.
• Eliminación de trabas burocráticas.
• Libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte.
• Implementación de bancos de horas.