El gobierno de Javier Milei modificó el esquema financiero previsto para la privatización de Belgrano Cargas y Logística y estableció un nuevo destino para los recursos que se obtengan por la venta del material rodante de la empresa estatal. A través del Decreto 718/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dispuso que el dinero proveniente tanto del remate público del material rodante como de la venta de los trenes que sean incluidos en los futuros contratos de concesión de las vías sea depositado en un fideicomiso que determinará el Ministerio de Economía.

El cambio establece que esos fondos tendrán un destino específico: financiar y pagar las obras que estarán a cargo de los concesionarios ferroviarios. La modificación alcanza al esquema establecido previamente por el Decreto 282/2026.

Qué estableció el decreto de Milei

El Decreto 718/2026 instruyó al Ministerio de Economía a implementar el nuevo fideicomiso y a establecer las normas operativas necesarias para su funcionamiento.

La cartera que conduce Luis Caputo también deberá determinar el precio de venta del material rodante que sea incluido en los contratos de concesión, tomando como referencia mínima la valuación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. El decreto fue firmado por Javier Milei y Luis Caputo y entró en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Privatización de Belgrano Cargas: cómo funcionará el nuevo esquema

Belgrano Cargas y Logística fue incluida entre las empresas sujetas a privatización por la Ley Bases. El esquema aprobado originalmente contempla una desintegración vertical de la compañía y la separación de sus actividades y bienes según cada unidad de negocio.

El Decreto 67/2025 había establecido que el material rodante sería vendido mediante remate público, mientras que las vías y sus inmuebles aledaños serían entregados mediante contratos de concesión de obra pública. También se contempló la concesión para el uso de los talleres ferroviarios.

En una primera instancia, el producido de la venta de los trenes debía ser destinado a un fideicomiso de obra o a otro instrumento financiero que definiera el Ministerio de Economía, con el objetivo de financiar las obras vinculadas con las vías que serían concesionadas.

Ahora, el Gobierno decidió avanzar con un mecanismo específico. Según argumentó en el decreto, la creación de un fideicomiso destinado exclusivamente a las obras permitirá administrar los recursos con mayor eficiencia y acelerar los desembolsos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en los contratos de concesión.

El Ministerio de Economía deberá implementar un fideicomiso específico y establecer el precio de venta del material rodante incluido en las concesiones.

Qué pasará con el material rodante de Belgrano Cargas

Uno de los puntos centrales de la modificación es que los recursos generados por la venta de los trenes quedarán vinculados directamente con el financiamiento de las obras ferroviarias.

El nuevo decreto alcanza tanto al material rodante que sea vendido mediante remate público como a aquel que eventualmente sea incluido dentro de los contratos de concesión de las vías. En ambos casos, los fondos deberán ingresar al fideicomiso que determine Economía.

Además, el Ministerio de Economía quedó facultado para determinar el precio de venta del material rodante que sea incorporado a los contratos de concesión. Para establecer el valor mínimo de referencia deberá utilizarse la tasación del valor venal realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

De esta manera, el Gobierno busca que los recursos obtenidos por la venta de activos ferroviarios queden afectados al desarrollo de infraestructura dentro del propio proceso de privatización.

El Gobierno busca acelerar las obras ferroviarias

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el mecanismo anterior podía generar demoras debido a que los recursos quedaban dentro de un fideicomiso de objeto múltiple, que concentra distintas fuentes de financiamiento y beneficiarios.

La nueva estructura apunta a crear un fideicomiso con destino único para el financiamiento y pago de las obras a cargo de los concesionarios. Según el Gobierno, esto permitirá acelerar los desembolsos y facilitar el cumplimiento de las inversiones obligatorias previstas en los contratos.

El cambio no modifica el objetivo general de avanzar con la privatización de Belgrano Cargas, sino que introduce una modificación sobre el circuito financiero de los recursos obtenidos por la venta de los activos ferroviarios.

La cúpula sindical argentina vive horas de presión desde varios frentes. Por un lado, los sectores más radicalizados piden un paro general por tiempo indeterminado para frenar la reforma laboral. Pero, al mismo tiempo, el triunvirato de la CGT tiene en cuenta la crisis de representatividad del sindicalismo tradicional, que se reflejó en el escaso acatamiento de los últimos dos paros y en las dificultades de ciertos gremios poderosos para ejercer la fuerza de otros tiempos.

En los últimos días, la Unión Obrera Metalúrgica -una de las más afectadas por la crisis de la industria nacional- suspendió un paro en la planta de Acindar, que viene reduciendo su actividad y la planta de personal. Una situación similar ocurrió en una fábrica santafecina de productos lácteos, paralizada por falta de insumos. Es la evidencia de un tipo de acción sindical diferente al tradicional: lejos de enfocarse en temas que afectan al ingreso de asalariados altos, como el impuesto a las Ganancias, el reclamo de las bases es el cuidado de los puestos de empleo.

El líder del gremio metalúrgico, Abel Furlán, cercano al kirchnerismo, les reclamó a los nuevos triunviros de la CGT –Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo– que convocaran a un paro general para el 11 de febrero, cuando el Congreso empiece a tratar la controvertida ley de modernización laboral.

Más lejos fue el secretario general del Sindicato de Aceiteros, Daniel Yofra, quien se quejó sin ambigüedades sobre lo que considera una actitud prescindente por parte de la CGT: «No podemos esperar que los gobernadores decidan sobre la vida de los trabajadores», expresó el sindicalista. Y agregó que, si él fuera secretario general de la CGT, «convocaría a un paro general desde el inicio del debate por la reforma laboral y no lo levanto hasta que se frene».

¿Confrontar o negociar?

Pero hay señales que indican que esa no es la postura mayoritaria. Más bien al contrario, hay una situación más calma de lo esperado en gremios que suelen movilizarse en esta época del año, como los docentes y los empleados estatales.

En la provincia de Buenos Aires, ambos sectores aceptaron la propuesta de Axel Kicillof, que ofreció un 1,5% de ajuste más un retroactivo a diciembre.

A nivel nacional, se está haciendo más notorio que nunca la divergecia entre ATE, que mantiene una postura combativa, y la de UPCN -perteneciente a la CGT- que prefiere la negociación. El propio gobierno no ocultó su intención de que los empleados estatales vuelvan a ser una variable del ajuste fiscal.

Las cifras del gasto público muestran que la masa salarial cayó un 9,4% en términos reales, y que la participación de los salarios públicos de la administración central, que hace un año era un 12,2% de los gastos corrientes, cayó a 11,2%.

En cuanto a la nueva ley de trabajo, la cúpula de la CGT, compuesta por dirigentes de la facción de «los Gordos», ha manifestado su preferencia por la negociación.

En su discurso de asunción en la jefatura tripartita, en noviembre pasado, el dirigente del gremio asegurador, Jorge Sola, había dejado en claro cuál sería la prioridad a la hora de negociar.

 «No somos necios. Sabemos que el mundo del trabajo ha cambiado y que las actualizaciones con la tecnología y la robótica son necesarias, pero tenemos una herramienta fenomenal, que son los convenios colectivos de trabajo. Es allí donde las dos partes que más saben, los empleadores y los trabajadores, pueden crear sus reglas, y es ahí donde se modifican y se modernizan las relaciones laborales», fue la definición del nuevo triunviro.

La representatividad sindical, cada vez más devaluada

Esas definiciones dejan en claro no sólo la discrepancia política o ideológica con la ley de modernización laboral sino, sobre todo, el temor a una «devaluación» en la representatividad y el poder de la dirigencia sindical.

Y, de hecho, no solamente están buscando la alianza con gobernadores provinciales del peronismo, sino que también hay acercamiento con cámaras empresariales que objetan algunos de los puntos del proyecto de ley.

Es así que en los últimos días hubo reuniones con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara de Comercio y la Asociación de la industria Metalúrgica. Aunque los empresarios comparten buena parte del proyecto del gobierno -en particular, en lo que respecta a las indemnizaciones por despido- creen que hay otros puntos que pueden incrementar la conflictividad. Entre ellos se encuentra la alteración del orden de preeminencia de las negociaciones -en la ley, el acuerdo de empresa tendrá prioridad sobre el de rama laboral- y el cese de la «ultraactividad» -es decir, la continuidad posterior a la fecha de finalización- de convenios que no hayan sido renovados.

También se explora la vía judicial, como adelantó el secretario general de la Uocra -gremio de la construcción-, Gerardo Martínez, que se quejó por la falta de disposición al diálogo que muestra el gobierno.

Gremios: una convocatoria que pierde peso

Pero la postura negociadora no es apenas una decisión estratégica: es también un reconocimiento de que la capacidad de movilización y presión sindical se encuentra en un punto bajo.

La jornada del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, convocada específicamente para repudiar la ley de reforma laboral, tuvo una asistencia discreta, pese a la logística que pusieron a disposición los mayores gremios. El gobierno aprovechó la situación para «ningunear» a los sindicalistas, argumentando que esa jornada había sido «un día normal».

Y, sobre todo, en la cúpula sindical está fresco el recuerdo del fiasco de los últimos dos paros generales, que acentuaron esa imagen de debilidad.

El primero fue el 30 de octubre de 2024, cuando bajo el liderazgo de Pablo Moyano se convocó a una paralización total del transporte, lo que, en los hechos, suponía un paro general. Pero hubo una ruptura interna, que dejó a camioneros, ferroviarios y empleados aeronáuticos sosteniendo un discurso político de oposición, mientras que del otro lado los colectiveros estaban negociando una mejora salarial. Resultado: hubo colectivos y prácticamente no se notó una disminución de la actividad.

El líder camionero, entonces, redobló su apuesta, con un reclamo a que toda la CGT lo acompañara en un nuevo paro, pero su postura fue rechazada en el debate interno. Ni siquiera lo acompaño su padre, el legendario Hugo Moyano.

La ruptura llegó al extremo que, en los sectores más combativos, circulaba el chiste de que la sigla CGT quería decir, en realidad, «Confederación General de Twitter», por la preferencia de los dirigentes de estar más activos con comunicados en las redes sociales que con medidas de protesta callejera.

Finalmente, ante la presión interna, y condicionados también por las críticas por su falta de apoyo al reclamo de los jubilados, los dirigentes de la CGT convocaron a un paro en abril del año pasado. Otra protesta con floja adhesión, dada la actividad de los colectivos. El resultado fue que sólo se sintió el acatamiento en aquellas actividades dominadas por sindicatos grandes y con poder de presión -los bancos, la logística, la administración central, la industria petrolera, el transporte ferroviario-, mientras que en el comercio, las empresas pequeñas y todo el universo con baja penetración del sindicalismo, la actividad fue casi normal.

Javier Milei hizo jugar esa situación en su favor, argumentando que el paro era la expresión de los sectores retrógrados que «se niegan a perder privilegios» y por eso se oponen a la agenda reformista.

Moyano se enfoca en los convenios

Esos paros fallidos contrastaron con las demostraciones de fuerza de la CGT cuando recién había asumido Milei, y el tema de la convocatoria era la oposición a la reinstauración del impuesto a las Ganancias, algo que afectaba al núcleo de los gremios grandes, donde los promedios salariales son relativamente altos.

Pero cuando la convocatoria tiene un tinte más político, se vuelve a plantear el temor a la pérdida de representatividad. De hecho, el tema más comentado en los últimos paros fue la dificultad de convocar a los trabajadores que no están en situación de dependencia y protegidos por un convenio. La estadística marca que entre cuentapropistas y monotributistas suman unos tres millones, lo que equivale a la cuarta parte de los trabajadores en la estadística oficial. Hay, además, un extenso número de empleados que hacen «changas» en la absoluta informalidad.

Es por eso que ante cada paro se está haciendo costumbre que los medios reflejen testimonios de trabajadores de las nuevas modalidades laborales, como los deliverys con locomoción propia y por contrato de monotributo, que responden a las consultas con la irrefutable frase de «si no voy a trabajar, no cobro el día».

Esa situación hace que el desempleo creciente en sectores como la industria, lejos de ser un factor que favorezca las medidas de fuerza, pueda restar apoyo a la cúpula sindical. El gobierno usa los datos de la economía informal como argumento de que la actual ley de trabajo es anacrónica.

Mientras el debate por la reforma toma temperatura, Hugo Moyano decidió centrarse en un tema estratégico: atacar la política de Toto Caputo de «topear» los acuerdos salariales por la vía de no homologar convenios. Y, ante el repunte inflacionario, dijo que no hay condiciones para que se firmen acuerdos de seis meses, sino que se debe incluir revisiones más frecuentes.

El presidente Javier Milei llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para tratar, entre otros temas clave de la gestión, la reforma laboral o el Proyecto de Modernización Laboral que el Ejecutivo enviaría a consideración legislativa. Un borrador de dicho proyecto entró en circulación este viernes, y el mismo prevé la eliminación de varios regimenes especiales de trabajo. Esto incluye la derogación de la Ley de Teletrabajo (Ley N°27.555)

En caso de aprobarse el proyecto, ¿qué significa para quienes trabajan con esa modalidad? Quienes fueron contratados cuando la Ley de Teletrabajo estaba vigente, deberían poder hacer valer los derechos y obligaciones que determinaba esa normativa. 

A la vez, quienes a partir de la derogación de la ley 27.555 fuesen contratados para teletrabajar, pasarían a regirse por la ley laboral general, la Ley de Contrato de Trabajo (N°20.744) que también es modificada por el mencionado proyecto de ley. En ese caso, la modalidad a distancia pasaría a ser algo a negociar entre partes y no a depender de una ley específica de esa forma de trabajo remoto. 

Más aún, la reforma laboral, si se aprueba como figura en el documento difundido en el día de la fecha, también modificaría el artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite al empleador hacer cambios en la forma y modalidad de la prestación del trabajo siempre que no altere modalidades esenciales del contrato ni cause perjuicio material o moral al empleado. Esto ya está vigente en la legislación laboral actual.

Qué dice la Ley de Teletrabajo

La Ley de Teletrabajo 27.555 consagra responsabilidades de trabajadores y empleadores en un contrato laboral con modalidad de desempeño a distancia total o parcial respecto de lugares distintos al establecimiento del empleador, mediante tecnologías de información y comunicación. Algunos de los puntos clave de la normativa son: 

• Derechos y obligaciones: Los teletrabajadores gozan de los mismos derechos que los presenciales (remuneración igual o superior, licencias, seguridad social); incluyen derecho colectivo a representación sindical, anexándolos a centros de trabajo presenciales.​
• Desconexión digital: Prohíbe contactar al trabajador fuera de jornada laboral o licencias; no se pueden exigir tareas ni comunicaciones extracurriculares, bajo pena de sanciones. Plataformas de control deben respetar horarios.​
• Jornada laboral: Debe pactarse por escrito, respetando límites legales/convencionales (por hora u objetivos); revocable unilateralmente por el trabajador, obligando al empleador a reubicarlo presencialmente.​
• Compensación de gastos: El empleador cubre incrementos en conectividad, energía u otros servicios por teletrabajo (exentos de Ganancias); provee herramientas/IT sin cargo.​
• Contrato y reversibilidad: Requiere acuerdo escrito; el empleador no puede imponerlo sin consentimiento, y el trabajador puede revertirlo con reubicación prioritaria.

Hasta el momento, la Ley de Teletrabajo sigue vigente y regula este tipo de vínculo laboral cuando desde el inicio se pacta esta modalidad y normativa en un contrato laboral. 

Teletrabajo y trabajo híbrido

Vale la pena aclarar que estos cambios, en caso de aprobarse la reforma tal como figura en el borrador, solo aplican a personas que estaban contratadas bajo el régimen de Teletrabajo y la ley 27.555.

No aplica en absoluto a quienes trabajan enmarcados en otros convenios o que fueron contratados bajo la LCT, y reciben de su empleador el beneficio de teletrabajo de manera voluntaria. Tampoco aplica a los plus (como pago de Internet) que negocian algunos convenios colectivos. 

Las personas contratadas bajo un convenio particular o que teletrabajan por acuerdo con la compañía en la que prestan tareas, no se verán impactadas en ese aspecto si se aprueba la reforma laboral como se plantea en este borrador. 

De acuerdo a un estudio dado a concoer por WTW en noviembre, el teletrabajo es el segundo beneficio más valorado por los empleados de grandes empresas y filiales de multinacionales, solo por detrás de la cobertura de salud. La gran mayoría de las compañías relevaas aplican el modelo híbrido y el 28% ofrece días de teletrabajo a todo el personal, el48% a los empleados que pueden hacer a distancia su trabajo, el 17% al personal fuera de convenio y el 7% solo al administrativo. 

La mayoría (39%) se decanta por 3 días a la semana de presencialidad, y otro 22% solo acude a la oficina dos días. Luego hay un 12% que define el régimen de teletrabajo de común acuerdo con el empleado, y otro 12% en donde es variable de acuerdo a la posición. Las demás compañías de la muestra de WTW no optan por el modelo híbrido. 

La consultora preguntó en octubre si había planes de cambiar los esquemas actuales de asistencia y el 71% dijo que no. Del 21% que lo está analizando, y el 8% que tiene el plan de cambiar, el 65% solo adicionaría un día más de presencialidad a la semana en caso de concretar la modificación.

Nuevamente, la reforma laboral no impactaría en estos acuerdos entre empresas y empleados que realizan teletrabajo ni en los acuerdos por convenio que incluyen plus por realizar tareas a distancia. Solamente se derogaría hacia adelante la posibilidad de contratar bajo la Ley de Teletrabajo 27,555. 

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) reglamentó este viernes la moratoria impositiva impulsada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y sancionada por la Legislatura porteña con el aporte de votos de los bloques opositores del peronismo y La Libertad Avanza, entre otros. Se trata del Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias previsto en la ley 6.842. En qué consiste y cómo acceder.

La iniciativa destinada a beneficiar a los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires entrará en vigencia el 3 de noviembre, fecha a partir de la cual se podrán regular deudas vencidas hasta el 31 de agosto de 2025. En el plan se incluirán condonación de intereses y sanciones y contará con un esquema de facilidades de pagos de hasta 48 cuotas.

La moratoria fue oficializada a través de la resolución 461 del organismo que conduce Germán Krivocapich en la que se fijan «las condiciones para el acogimiento, el alcance de los beneficios fiscales, los términos de caducidad, la configuración de la mora y los parámetros para la cancelación de las obligaciones, entre otros aspectos».

Tributos alcanzados

La normativa remarca que su aplicación abarcará a «las obligaciones tributarias adeudadas de cualquier naturaleza» que se encuentren vencidas al día 31 de agosto de 2025 inclusive, sea que estén en instancia administrativa o judicial y que se trate de gravámenes que recauda, determina y fiscaliza la AGIP. En ese sentido, su alcance permitirá regularizar Ingresos Brutos, ABL, impuesto inmobiliario y Patentes de automotor, entre otros. Además permitirá incorporar multas con sentencia firme y habilitará la reformulación de planes de pagos vigente, con excepciones.

Quiebras y fechas de adhesión

En ese marco, la AGIP determinó una serie de exclusiones expresas. Por caso, no podrán acceder a la moratoria los declarados en quiebras sin continuidad de explotación, quienes estén condenados por delitos tributarios con sentencia firme o con acuerdo de avenimiento homologado y los condenados por delitos contra el GCBA. Estarán excluidos las caducidades de planes establecidos por el régimen de regularización, los planes vigentes con beneficios de condonación y los agentes de recaudación por montos retenidos, según explicó el tributarista Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

El período de adhesión a la moratoria comenzará el 3 de noviembre de 2025 y finalizará el 31 de enero de 2026, ambas fechas inclusive. Según estipula la ley, la AGIP tendrá la facultad para prorrogar el plazo por 90 días corridos.

Planes de pago

El Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias ofrecerá un abanico de opciones de pago al contribuyente. Se podrán cancelar al contado o en hasta 48 cuotas, con condonación parcial o total de intereses, según la fecha de adhesión y tipo de contribuyentes.

En el caso de los «Contribuyentes generales», la modalidad de pago al contado ofrecerá una condonación del 100% de los intereses si se abona en 30 días, del 70% si es entre 31-60 días, del 50% si se opta por 61-80 días y del 40% desde 81 días. Para el caso de que opten por un plan de pago en cuotas se ofrecerá una condonación del 70% en el plazo de 30 días, del 50% entre 31-60 días, del 40% entre 61-80 días y del 30% a partir de los 81 días.

Para «Grandes Contribuyentes», el esquema de pago al contado será el siguiente: 70% de condonación de intereses en 30 días, 60% entre 31-60 días, 40% entre 61-80 días y 30% a partir de los 81 días. Si se elige el plan en cuotas, la condonación será del 60% si se elige la cancelación en 30 días, 40% entre 31-60 días, 30% entre 61-80 días y 10% desde los 81 días.

Financiación

La tasa de financiación en cuotas será del 2% mensual para los contribuyentes generales. En el caso de los grandes contribuyentes ascenderá al 3%. En ambos casos el monto mínimo por cuota es de $5.000. Para que el plan no pierda vigencia, el pago único debe concretarse antes del día 10 del mes posterior a la adhesión o, en su defecto, el primer día hábil siguiente en caso de inhabilidad. Si se trata de un plan de pagos, la primera cuota vencerá bajo idéntico calendario.

Deudas en instancia judicial

Si se tratara de deudas en instancia judicial, el contribuyente deberá realizar una adhesión por cada juicio incluyendo la totalidad de la deuda ejecutada. En ese caso se suspenderán los plazos procesales hasta que se cancele el total adeudado y se levantarán las medidas cautelares. Para acceder, se deberá abonar la tasa de justicia, gastos y honorarios del mandatario, que se podrán pagar en hasta 6 cuotas.

En cuanto a los casos que se encuentren encuadrados dentro del Régimen Penal Tributario, el acogimiento al régimen de regularización suspende la acción penal durante el proceso. En caso de que se complete el plan, quedará extinguida. Caso contrario, continuarán las acciones penales contra el contribuyente.

En cuanto a las sanciones formales, su condonación de oficio quedarán supeditadas al cumplimiento del deber formal omitido hasta el día 31 de agosto de 2025. Si el deber formal infringido no fuese susceptible de ser cumplido con posterioridad, la condonación operará de oficio cuando la falta se hubiere cometido con anterioridad a dicha fecha. Además, establece que quedarán condonadas «de oficio» todas las multas que sobre las que no hubiere recaído sentencia firme, siempre que se hubieran cancelado, incorporado a un plan de facilidades de pago vigente o regularizadas.

Caducidad del plan

La caducidad del plan se produce por tres motivos. Por un lado cuando se produce la falta de cancelación de 2 cuotas, sea de manera consecutivas o alternadas, dentro de los 60 días corridos posteriores a la fecha de vencimiento de la segunda de ellas. Lo mismo ocurrirá en caso de la falta de ingreso de la/s cuota/s no cancelada/s, a los 60 corridos contados desde la fecha de vencimiento de la última cuota del plan. Por último, cuando no se registre el pago de la cuota correspondiente a la cancelación anticipada rehabilitada. La caducidad implicará la pérdida de los beneficios, restableciéndose las sanciones, los intereses resarcitorios y punitorios y se continuará con las acciones penales.

Cómo adherirse al Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias de CABA

La adhesión se debe realizar a través de www.agip.gob.ar, al que se accede con clave miBA Nivel 3. El contribuyente deberá informar las deudas, la modalidad de pago y los datos bancarios para el débito automático en caso de pago en cuotas.

En caso de optar por pago de contado, debe realizarse hasta el día 10 del mes inmediato siguiente al del acogimiento o día hábil posterior si ese fuera feriado, no laborable o inhábil administrativo o bancario. Si se cancela en cuotas, la primera cuota vencerá el día 10 del mes inmediato siguiente al del acogimiento o día hábil posterior si ese fuera feriado, no laborable o inhábil administrativo o bancario.

Para Domínguez, el régimen de regularización «representa una herramienta estratégica para normalizar pasivos tributarios con importantes beneficios económicos y legales. La condonación parcial o total de intereses y sanciones, junto con la posibilidad de regularizar en hasta 48 cuotas, lo convierte en una alternativa financieramente conveniente, especialmente en un contexto de alta carga fiscal y costos financieros crecientes”.

El tributarista recomendó tener en cuenta seis puntos a la hora de analizar si es recomendable acogerse a la moratoria. En ese sentido, destacó:

• Evaluar el acogimiento temprano: Cuanto antes se adhiera, mayor será el porcentaje de condonación de intereses. Esto impacta directamente en el costo final de la regularización.
• Revisar integralmente el estado fiscal de la empresa: No limitarse a las deudas ya identificadas. Es conveniente realizar un relevamiento integral del estado tributario de la empresa. Puede ser conveniente realizar una auditoría impositiva para detectar contingencias que se puedan regularizar en este plan.
• Analizar el impacto penal: En casos con riesgo de sanciones penales tributarias, el acogimiento no solo evita acciones judiciales, sino que también permite la extinción de la acción penal con el cumplimiento del plan.
• Considerar la reformulación de planes vigentes: Si los planes actuales tienen tasas más altas o menor flexibilidad, reformularlos bajo este régimen puede mejorar las condiciones financieras. Esto siempre que no estén dentro de los que no se permite la reformulación.
• Planificar el flujo de fondos: Aunque hay facilidades, la caducidad del plan implica la pérdida total de beneficios. Es importante proyectar los pagos mensuales y prever fondos para cumplir sin demoras. En contribuyentes desordenados, que no llevan controles de los saldos bancarios, puede ser conveniente cancelar de contado o en una menor cantidad de cuotas.
• Consultar con su asesor tributario: Cada caso tiene particularidades (judiciales, contables, penales o financieras) que requieren un análisis profesional integral para tomar la mejor decisión.

Las prepagas pueden ajustar cuotas por edad, pero la ley limita los aumentos para mayores de 65: así protege el bolsillo de los adultos mayores

18/10/2025 – 11:29hs

A medida que las personas envejecen, suelen necesitar más atención en salud. Sin embargo, muchos adultos mayores cuentan con ingresos reducidos, lo que dificulta afrontar los costos de una prepaga o incluso de una obra social privada. En este escenario, surge una pregunta clave: ¿cómo garantizar que quienes más necesitan asistencia médica puedan mantener su cobertura de manera sostenible y accesible?

Prepagas y adultos mayores: cómo regula la ley los aumentos después de los 65 años

La normativa vigente, a través del DNU70/2023, que eliminó el control estatal sobre los aumentos, posibilita que las prepagas fijen sus precios libremente, aunque establece límites a los aumentos de cuotas para personas mayores de 65 años.

Según la regulación, la edad no puede ser el único factor a la hora de calcular incrementos: también se considera la antigüedad del afiliado, buscando equilibrar la sostenibilidad del sistema con la protección del bolsillo de los adultos mayores.

El objetivo de estas disposiciones es doble. Por un lado, asegurar que los adultos mayores puedan mantener su cobertura sin que los aumentos se vuelvan prohibitivos. Por el otro, brindar previsibilidad a las prepagas para gestionar los costos asociados al envejecimiento de su población afiliada. De esta manera, se busca proteger tanto el derecho a la salud como la estabilidad financiera de los planes privados.

¿Pueden las prepagas cobrar lo que quieran a cualquier edad? 

Aunque muchas veces se cree que las prepagas pueden aumentar sus cuotas sin restricciones, la ley establece límites precisos. Según el artículo 17 de la Ley 26.682, el valor de la cuota correspondiente a la franja etaria más alta no puede superar tres veces el de la más baja.

En la práctica, esto significa que:

• Los afiliados mayores de 65 años con más de 10 años de antigüedad no deberían enfrentar aumentos por edad.
• Si la antigüedad es menor, la prepaga puede ajustar la cuota según la edad, pero debe respetar los máximos establecidos en la tabla oficial de aumentos publicada por la Superintendencia de Servicios de Salud (Resolución 2407/2023).

Prepagas y obras sociales: límites y notificaciones de aumentos para mayores de 65

Al momento de afiliarse, es importante que el usuario conozca cómo evolucionarán sus cuotas según los rangos etarios. Además, las prepagas están obligadas a notificar los aumentos de manera formal: primero a la Superintendencia, luego al afiliado con al menos 30 días de anticipación, y dentro de los cinco días posteriores a la publicación del IPC mensual.

Este mecanismo refleja un equilibrio curioso: aunque el Estado liberó el control de precios, la vinculación de los ajustes con el IPC sugiere una referencia implícita para mantener cierta coherencia económica.

La discusión detrás de estos límites es evidente: a medida que la edad avanza, las personas suelen «consumir más salud», pero también cuentan con menos ingresos para afrontarla. La normativa intenta entonces garantizar que el derecho a la cobertura médica se mantenga sin que los aumentos por edad resulten prohibitivos.

En definitiva, la legislación intenta equilibrar dos necesidades esenciales: que los adultos mayores accedan a servicios médicos de calidad y que las prepagas mantengan la sustentabilidad de sus planes. Conocer los derechos y los límites a los aumentos de cuotas es clave para no perder cobertura cuando más se necesita.

El Merval experimentó una fuerte baja en el desarrollo de la jornada como así también los bonos soberanos. Es que en el mercado existen dudas acerca de la gobernabilidad de Javier Milei

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Mauro Natalucci, de Rava Bursátil, quien habló sobre la situación del mercado bursátil.

La situación del mercado bursátil

“Era previsible que bajara desde el lado técnico, veníamos con subas muy débiles y esta corrección podía llegar”, dijo Natalucci, quien luego completó: “Las principales empresas crecieron en lo que va del mes”.

“Los bancos tuvieron una gran suba en el mes, hay un balance positivo a nivel mensual”, disparó el entrevistado. “El Merval en pesos cae 2% y en dólares otro tanto pero no hay grandes fluctuaciones en el tipo de cambio y eso lleva tranquilidad”, complementó.

Finalmente, Natalucci dijo que los bonos soberanos marcan un riesgo país alto. “Argentina está expuesta a shocks externos y eso se ve, el mercado está esperando a que Estados Unidos baje la tasa”, concluyó.

Se terminan las vacaciones de invierno y aquellos que tuvieron la posibilidad de viajar al exterior para descansar y conocer nuevos destinos comienzan a para emprender el regreso a casa. Al momento de hacer las valijas, es importante que los viajeros tengan en cuenta el régimen de equipaje de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para no llevarse sorpresas al llegar al país.

Este sistema de franquicias que el gobierno de Javier Milei prometió reformar en el corto plazo, sigue vigente y con topes que hay que respetar para no tener que pagar más impuestos.

Viajes al exterior: qué es el régimen de equipaje de AFIP

Los viajeros que llegan a nuestro país sólo tendrán que realizar la declaración de Aduanas cuando deban abonar el tributo correspondiente por haber superado la franquicia vigente, trasladen mercaderías reguladas por SENASA o ingresen dinero en efectivo y/o instrumentos monetarios – en moneda extranjera o nacional de curso legal – por un valor igual o superior al equivalente a u$s10.000.

La declaración de Aduanas se realiza completando el formulario digital de declaración de equipaje de entrada que se puede encontrar en las aplicaciones para dispositivos móviles o en las terminales de autogestión. Si no se puede realizar la declaración de Aduanas digital, hay que realizarla de manera manual mediante el formulario OM-2087/G5 o OM-2087/G6, según corresponda.

Cuando los viajeros constituyan un grupo familiar – matrimonios, uniones convivenciales e hijos menores de 16 años no emancipados -, la franquicia podrá ser utilizada en forma conjunta. A la salida del país, todo viajero que lleve bienes originarios de terceros países como parte de su equipaje deberá declararlos y exhibirlos ante el servicio aduanero mediante su registro en el formulario OM 121.

Este servicio permite cargar datos personales, fecha y lugar de salida del país, y los objetos que se transportan. De esta manera, se podrá imprimir el formulario para presentarlo en la Aduana al momento de viajar. El formulario OM 121 es personal e intransferible y deberá presentarse ante el servicio aduanero al retorno.

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Cuando los viajeros constituyan un grupo familiar, la franquicia podrá ser utilizada en forma conjunta.

Pixabay

Viajes al exterior: qué mercadería se puede ingresar al país sin pagar impuestos

Los productos que se pueden ingresar al país sin pago de arancel son:

• Ropas y objetos de uso personal y sin fines comerciales, incluye una computadora portátil que no requiera para su funcionamiento fuente exterior de energía (tipo notebook o tablet) y un teléfono celular.
• Libros, folletos y periódicos,
• Remedios recetados

Viajes al exterior: de cuánto es la franquicia de ingreso

Quienes salgan del país podrán ingresar objetos comprados en el exterior por un importe igual o inferior a la franquicia establecida para cada caso, que será mensual y no acumulable. El monto depende de la manera en la que se ingresa a territorio argentino.

Vía terrestre o fluvial:

• u$s300 en equipaje
• Sin franquicia en el free shop de llegada, excepto en Puerto Iguazú que será de u$s500

Vía aérea o marítima:

• u$s500 en equipaje
• u$s500 en el free shop de llegada

Además, los viajeros gozan de una franquicia adicional de u$s500 o su equivalente en otra moneda, respecto de los bienes adquiridos en las tiendas libres (free shops) de llegada. En el caso de menores de 16 años, la franquicia corresponde al 50%.

Cuando los viajeros constituyan un grupo familiar – matrimonios, uniones convivenciales e hijos menores de 16 años no emancipados -, la franquicia podrá ser utilizada en forma conjunta.

Viajes al exterior AFIP: ¿Qué pasa si excedo la franquicia y cómo calcular el impuesto que hay que pagar?

Si el valor del objeto a ingresar supera la franquicia, se deberá abonar un arancel igual al 50% del total excedido.

Por ejemplo, en el caso de una franquicia aérea:

• Valor del objeto (USD 600) – franquicia permitida (USD 500) = excedente (USD 100) – arancel del 50% = total a pagar (USD 50)

Viajes al exterior: cuánto dinero puede ingresarse o retirarse del país

La AFIP establece que está permitido el ingreso y retiro de sumas inferiores a u$s10.000 o su equivalente en otra moneda.

De requerir el ingreso de un monto superior, deberá realizarse una declaración especial en Aduana, mediante el formulario OM 2249A. Los egresos monetarios superiores al monto permitido deberán realizarse por transferencia bancaria. En el caso de menores de 16 años el importe límite es de u$s5.000.

Tras conocerse que el nivel de desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, pegaron un fuerte salto en Argentina y tocó máximos en 16 años, los analistas estiman que la pobreza se ubicó cerca del 55,5% en el primer trimestre de 2024, un nivel máximo en 20 años. Históricamente, con las sucesivas crisis económicas, Argentina toca nuevos picos de pobreza. Ahora, ante un nuevo contexto recesivo, vuelve a surgir la duda acerca de cuál será la cantidad de nuevos pobres que dejará este ciclo económico.

Sucede que, a medida que van pasando las crisis, los pisos de este indicador cada vez son más altos. El más alarmante fue el de 2002, a la salida de la Convertibilidad. Para analizar esta dinámica, es clave hacer un recorrido de cómo fue la relación entre pobreza y crisis en los 40 años de democracia:

• Crisis de hiperinflación (1989): la pobreza llegó al 46,3%. Con la llegada del menemismo, la inflación encontró un piso del 23% tras la estabilización mediante la Convertibilidad.
• Crisis de la convertibilidad (2002): luego del estallido político-social del 2001 y con la profundización de preocupante situación económica la pobreza se disparó al 74,6% y la indigencia alcanzó al 31,4% de la población. Con la estabilización del kirchnerismo el indicador encontró un piso entorno al 25%. Sin embargo, durante la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner la pobreza volvió a crecer, pero en 2017, ya en el gobierno de Mauricio Macri, volvió a estar en torno al 25,7%.
• Crisis financiera/de deuda (2018): tras la baja de la pobreza en 2017 que se logró gracias a la baja de la inflación, volvió a elevarse la cantidad de personas en situación de pobreza y, en 2019, llegó al 35,5%.
• Crisis de la pandemia del coronavirus (2020): lejos de mejorar esa situación, producto de la impetuosa pandemia de coronavirus, ya en el gobierno de Alberto Fernández, la pobreza alcanzó al 42% de la población y la indigencia al 10,5%, debido al parate de la actividad. Sin embargo, con la reactivación, algo descendió ese dato hasta el 37,3% en 2021, pero pronto volvió a crecer. Fernández dejó un país con un 148,2% de inflación, una pobreza del 41,7% y una indigencia del 11,9%.

Pobreza en la era Milei

La pobreza en Argentina subió en 2024 y se ubicó en el 55,5% en el primer trimestre del año, según estimaron datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Al extrapolarlo, esto implica que alcanzó a unas 25 millones de personas, de las cuales el 17,5% (8 millones) se encuentra bajo el umbral de indigencia, según precisó el economista y director del Observatorio, Agustín Salvia.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informará el dato de pobreza recién en septiembre, aunque los datos son del primer semestre, o sea, incluyen tanto el primer trimestre como el segundo.

La pobreza básicamente es la radiografía de un país con indicadores económicos totalmente rojos: aumento del desempleo, ya que entre enero y marzo se perdieron 150.000 puestos de trabajo, según explicó el economista Daniel Schteingart. Además, con salarios extremadamente bajos, con caídas de 14% entre diciembre y abril, y una fuerte baja del consumo de 7,7% interanual en mayo.

Pobreza en los niños

A esto se suma el dato desgarrador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de que unos 10 millones de chicas y chicos en Argentina comen menos carne y lácteos en comparación con el año pasado por falta de dinero. Además, añade que los ingresos de casi la mitad de los hogares en los que viven niñas y niños no alcanzan para cubrir gastos básicos de alimentación, salud y educación.

Además, desde UNICEF, advirtieron sobre los recortes en gastos dirigidos a niñez y adolescencia, que muestran una caída del 25% en términos reales. Esto se da en un contexto en el que el Gobierno retuvo más de 5.000 toneladas de alimentos en dos galpones del Ministerio de Capital Humano, que, tras un revés judicial que motivó la denuncia del dirigente Juan Grabois, informó que entregará los productos a escuelas vulnerables con la ayuda de CONIN, el Ejército y el Ministerio de Defensa. Ahora, esa batalla inició un nuevo capítulo con la denuncia de venta de leche en polvo en plataformas de «e-commerce» de la que estaba destinada a ese fin. Asimismo, aún no hay novedades sobre la distribución de esos alimentos por parte del oficialismo.

¿Quién pagó el ajuste?

El pasado 10 de diciembre, con la llegada de Javier Milei al sillón de Rivadavia, todos los índices de la economía quedaron supeditados al equilibrio fiscal. Tal es así, que en los primeros cinco meses de gobierno acumula un superávit primario superior al 1% del PIB y uno financiero de 0,4% del PIB, según el Ministerio de Economía. Sin embargo, este saldo positivo se dio a costa de una fuerte licuación de jubilaciones y pensiones, recorte de subsidios y una mayor recaudación del impuesto PAIS.

En ese sentido, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió al Gobierno sobre los recortes en partidas sociales. Es que, en los hechos, las jubilaciones, que venían en un piso muy bajo, y con la devaluación del 54% se hundieron, aunque con la modificación de la ley de movilidad previsional por decreto que realizó Milei, los haberes de los adultos mayores comenzaron a recuperarse en mayo. Sin embargo, en el empalme perdieron 8 puntos, que son los que pretende devolverle el Congreso con la modificación de la norma.

Pobreza e indigencia: perspectivas para 2024

En medio de un escenario recesivo, la baja de la pobreza para fines de 2024 dependerá de que la inflación continúe en un sendero de desaceleración, de que comiencen a llegar inversiones y se reactive la economía, según precisó Salvia. «Pero no sabemos cuánto más durará esta recesión. Si la inflación no baja por los ajustes de tarifas y no se genera inversión, la pobreza seguirá cercana al 50% y la indigencia en el 15%», añadió.

«Para que baje la pobreza, debería ceder la inflación y generarse nuevos puestos de trabajo con salarios que crezcan por encima del IPC, al igual que los programas sociales. Así, para fin de año, la proyección de la pobreza estaría en un piso cercano al 38%/40% y la indigencia del 12%, siempre y cuando se genere un contexto de baja de inflación y reactivación económica», evaluó Salvia.